5 artículos del 02 noviembre al 26 de octubre de 2006.

26/10/06. Firmeza imprescindible
EDITORIAL
La República
(Foto: 1979: Hugo Cores con dirigentes del APRA en Perú)
Editorial jueves 26 de octubre de 2006

Firmeza imprescindible


La experiencia autoritaria vivida por los países latinoamericanos en las últimas décadas ha generado en nuestras sociedades una legítima aprensión en relación a los actos de gobierno que puedan entrañar un desborde de autoridad o un uso abusivo de la fuerza.

Se trata de un sentimiento que nace de una experiencia vivida, de unas tribulaciones y padecimientos que cayeron en forma tan despiadada como sistemática sobre amplios sectores de la población, especialmente sobre los trabajadores sindicalizados, sobre la gente más joven y sobre los intelectuales, los periodistas, los universitarios y los artistas.

En la jornada de hoy, en las primeras horas del día, el gobierno frenteamplista debió recurrir a la declaración de servicios esenciales prevista en las normas legales para enfrentar los efectos de una decisión patronal de cese de actividades que ha traspasado todos los límites.

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El lock out patronal ha ido bastante más allá de un paro. De hecho, la acción concertada de los patrones del transporte carretero, los apoyos que le brindan sectores ganaderos y el respaldo brindado por los medios de comunicación y los dirigentes políticos blancos y colorados ha convertido la medida reivindicativa por demandas económicas en una pulseada acerca de dónde reside la toma de decisiones nacional. Si la tienen los empresarios del transporte, aliados a los rurales, o la ejercen los mandatarios elegidos para esa función por la ciudadanía.

La puesta en práctica de la medida permitió evidenciar otras características de la acción de la patronal de los transportistas. Características que colocan el episodio en un marco distinto a lo que puede ser un conflicto en defensa de determinados intereses corporativos por parte de un sector de la actividad.

De acuerdo a cómo se desarrollo la medida, el paro se amplió en una dirección de “acción directa” cuyos objetivos iban mucho más allá de la defensa de los intereses patronales. Al impedir, mediante piquetes, la entrada y salida de vehículos de algunos centros neurálgicos de la vida económica del país, como el puerto de Montevideo, la estación de La Tablada de ANCAP y el Mercado Modelo, el propósito era generar una situación de alarma.

De este modo, los propietarios de los camiones de transporte generaron una situación de violencia sobre accesos a puntos sensibles desde el punto de vista del funcionamiento del conjunto de la sociedad. Se convirtieron en los depositarios de un poder que no tienen, que es patrimonio del Estado, como garante y factor de preservación del orden.

En este contexto sin precedentes, el gobierno actuó con suma ponderación. Buscó formas de salida razonables con soluciones efectivas ante las demandas económicas. Pero con las arterias de la ciudad bloqueadas y con desabastecimiento de combustibles y alimentos actuó como debe hacerle el responsable del orden público: ejerció con claridad y firmeza el poder legítimo que dispone.

No hubiera resultado compartible ninguna vacilación ante el desborde impuesto por la fuerza. No se trata, como bien se ha señalado, que haya estado o se encuentre en este momento, de que esté en marcha un plan de desestabilización institucional de corte golpista.

Los dirigentes sindicales han hablado con claridad sobre el punto. No se trata de un golpe de Estado, ni siquiera un amago del mismo. Lo que ha estado y está en juego es una situación de hecho destinada a ponerle condiciones, espesas, severas condiciones, al ejercicio de la autoridad democrática.

Y, del mismo modo que el Poder Ejecutivo actuó con la celeridad que correspondía ante errores inaceptables cometidos por el Comandante en Jefe del Ejército, del mismo modo se hizo imprescindible una acción rápida y enérgica para decir que no al desborde patronal. Con serenidad y con el respaldo de la ley. En defensa de principios que van más allá de esta administración.

27/10/06. Cuenta regresiva para el dictador Bordaberry
EDITORIAL
La República

Editorial viernes 27 de octubre


Cuenta regresiva para el dictador Bordaberry


De acuerdo con la información brindada ayer por La República, finalmente la Justicia uruguaya ha resuelta encarar el abordaje de una de las causas penales más revestida de contenidos simbólicos en la historia reciente de país.

El juicio sobre los hechos protagonizados por el presidente-dictador, quien ungido presidente por el voto popular en 1971 devino dictador contra su pueblo en 1973, violando el juramento prestado de defender la Constitución, se ha venido arrastrando desde los primeros tiempos de la restauración del poder civil. Efectivamente, ya en 1985 se presentaron contra Juan María Bordaberry denuncias judiciales por sus actos violatorios de la constitución y por su responsabilidad en crímenes como asesinatos políticos y desaparición forzada de personas.

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Solo la forma cómo se interpretó la Ley de Caducidad, que más allá de su letra, Julio María Sanguinetti, entre otros, transformó en “el espíritu de la ley de Caducidad”, o sea la institucionalización de la impunidad por encima de toda norma constitucional, humanitaria o en consonancia con los tratados internacionales.

Como señala la crónica citada, “la fiscal Ana María Tellechea presentó el martes la acusación ante la jueza Graciela Gatti, que puede expedirse antes de fin de año. El pedido de procesamiento con prisión implica al dictador por el golpe de Estado de 1973, los asesinatos de Ubagesner Chaves Sosa y Fernando Miranda y la desaparición de Arpino Vega, Montes de Oca, Correa Rodríguez, Arévalo, Brieba, Bleier y González González.

Una de las conclusiones del ministerio público sería que a Bordaberry le cabe responsabilidad en las muertes de Ubagesner Chaves Sosa y el escribano Fernando Miranda, cuyos cuerpos fueron encontrados en una chacra de Pando y en una unidad militar, treinta y dos años después de ser asesinados.

La Fiscalía también le adjudicaría culpabilidad al dictador en la "privación de libertad" en siete casos de desaparición forzada, probablemente las de: José Arpino Vega, Otermín Montes de Oca, Julio Correa Rodríguez, José Arévalo Arispe, Juan Manuel Brieba, Eduardo Bleier y Luis González González”.

El dictamen de la fiscal Ana María Tellechea se suma al pedido de procesamiento de la fiscal Mirtha Guianze, que acusa a Bordaberry y al canciller de la dictadura, Juan Carlos Blanco, por los homicidios en Buenos Aires de Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo y William Whitelaw, en 1976, y el secuestro y desaparición forzada del médico Manuel Liberoff, residente en Buenos Aires protagonizado en los mismos días del asesinato de Michelini, Gutiérrez, Whitelaw y Barredo.

El procesamiento de Juan María Bordaberry tiene una especial significación. Ya se han visto los esfuerzos, de toda índole, aplicados para impedir la marcha de las actuaciones judiciales o la intervención mediática en las actuaciones en un intento desorbitado por evitar el procesamiento.

Contra estas actuaciones de la justicia se puso en juego todo el peso de la gravitación política del coloradismo conservador, con su prolongada entonación autoritaria. El peso de figuras formaron parte del elenco ministerial de Bordaberry y que bajo su presidencia contribuyeron a darle a aquel reinado autoritario proyecciones políticas represivas amplias sobre el campo de la educación.

Bordaberry simboliza el prototipo del dirigente político carente de carisma y de votos, desligado de las estructuras políticas sobre las que se enanca para trepar en la escala del poder. Casi sin trayectoria y sin militancia partidaria, Bordaberry es hijo de la conjunción del poder económico con el poder del aparato del Estado.

Como estanciero acomodado y como ganadero enriquecido fue dirigente ruralista, senador del Partido Nacional y presidente colorado por obra y gracia de otra figura tristemente célebre de la historia del poder despótico en el país, Jorge Pacheco Areco.
A partir de ahora corre contra la cuenta regresiva de la justicia uruguaya, un poder del Estado que desconoció y agravió en sus tiempos de dictador

30/10/06. La derecha realizó un ensayo general: ¿que aprendimos nosotros? La República


La derecha realizó un ensayo general: ¿que aprendimos nosotros?
Escribe Hugo Cores PVP567 Frente Amplio

Desde principios del invierno, el Gral. Carlos Díaz tenía una brasa ardiendo en sus manos.
En agosto el Secretario de la presidencia, Dr. Gonzalo Fernández, había anunciado que el Comandante en Jefe del Ejército, Carlos Díaz reconocía que la veintena de personas transportadas por la Fuerza Área Uruguaya en el segundo vuelo habían sido conducidas a una unidad del Ejército. Sobre el punto, anunció Fernández, el Gral. Díaz preparaba un informe.

No es necesario insistir en la importancia de ese reconocimiento, primero de la Fuerza Aérea y luego de Díaz. Importancia desde el punto de vista humanitario y para la conformación de la memoria histórica hasta hoy impedida por el ocultamiento. Importancia también en el debate entablado con los defensores de la impunidad y con todos los involucrados en esa salida con “paz” cimentada sobre las mentiras y los silencios.

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Un paso errado

Con esas ascuas, Carlos Díaz decide reunirse con Sanguinetti el miércoles 18 de octubre. ¿A qué asesores consultó para paso tan osado?

Desde fines de setiembre, Sanguinetti y otros dirigentes de la oposición habían comenzado a subir el tono de sus ataques al gobierno frenteamplista. “Esto es una dictadura”, se oye un día sí y otro también; “el gobierno quebranta la seguridad jurídica”, “viola el estado de derecho”.

Sanguinetti: fiscal envenenado

El primero de los dirigentes opositores que comenzó a atacar al gobierno con ese lenguaje paroxístico y extremista fue Sanguinetti. El mismo que, exuberante de regocijo, celebraba del gobierno los anuncios de un posible TLC con los Estados Unidos.

Sanguinetti, hombre clave en el proceso de transición con impunidad en los 80, operador estable para mantener la impunidad en los 90 y en el segundo milenio, es el interlocutor elegido por Díaz para encarar los temas que lo preocupan y las ascuas que lo escaldan.
¿Cómo no entender el carácter inadmisible de esa reunión del 18 de octubre en el Cortijo Vidiella?

“Búsqueda” en la intriga

El 19 de octubre el país amaneció con el anuncio en Búsqueda de la realización la noche anterior de una reunión del Comandante Díaz con Sanguinetti y Fau.

Esa mañana, el presidente Vázquez estaba en Cabo Polonio. Informado de la reunión, en diálogo con la Ministra de Defensa, decidió el relevo del Gral. Díaz. Una resolución firme que era imprescindible desde el punto de vista político. La aceptación pasiva de ese tipo de reuniones hubiera debilitado la institución presidencial y mellado la fuerza política del gobierno.

No obstante la significación del relevo del militar, durante la jornada del 17, los medios controlados por la derecha pusieron el acento en que el presidente Vázquez se encontraba pescando. La oportunidad de ejercer un poco de manoseo y el darse franquicias para decir guarangadas prevalecieron. La remoción del militar y la reafirmación del poder civil y constitucional de la izquierda no eran del agrado de los graciosos que actúan en radios, diarios y canales de TV.


El miércoles se había anunciado la decisión del gobierno de aumentar 1.20 el litro de gasoil para financiar una rebaja en el precio del boleto. El ministro Rossi explicó que esa suba será acompañada por un aumento de los porcentajes de deducción del IVA, lo que permitirá a los transportistas compensar con creces el aumento del precio del gasoil.

No obstante, dos días después, se anunciaba la huelga general por tiempo indeterminado de los patrones del transporte de carga. A ella se sumaba la patronal de taxímetros. Los titulares de los diarios del domingo anunciaban la Apocalipsis: “20 mil camiones bloquean las rutas con apoyo de todas las gremiales ruralistas”. El país, decían, estaba “al borde de la parálisis”.

Piquetes contra la izquierda: una ‘legítima medida gremial’

Los camioneros de la patronal de transportes llevaron adelante la medida de manera enérgica: bloquearon la salida el local de ANCAP en La Tablado, de donde salen los camiones surtidores para las gasolineras de todo el territorio nacional.

¿Cómo se puede calificar una medida que deja sin combustible a todo un país? ¿Cómo se puede examinar la conducta de una gremial empresarial que actúa de ese modo?
Los piquetes de los ambientalistas de Gualeguychú, que tantos perjuicios le han causado a la economía del país, no tienen la gravedad de un bloqueo, decidido de un día para el otros, sin diálogo ni negociación con el gobierno, que buscar asfixiar al país, dejándolo sin transporte.

Los patrones boquearon también los accesos al puerto de Montevideo, provocando también obstáculos serios para el desembarco de navíos con carga perecedera, entre otros. Similar actitud se asumió con relación a los mercados que abastecen a la población de la capital.

El paro patronal, con piquetes en encrucijadas claves, fue parte significativa del ensayo general. Como telón de fondo actuaron los canales de televisión que magnificaron al máximo los efectos del paro, intentando coadyuvar en la creación de un clima de alarma social, al tiempo que tendieron a minimizar ante la población la gravedad de los bloqueos realizados.

Las respuestas: los presentes y las omisiones


En el momento más crítico del ensayo patronal fue decisiva la acción del PIT-CNT.
La central obrera, que acaba de salir airosa de su 9º Congreso afirmando su unidad, sus lineamientos de lucha y su postura de independencia y, a la vez, de reconocimiento de los méritos del gobierno de izquierda, actuó con rapidez y eficacia.

Con claridad política y muchos elementos de información, los sindicatos uruguayos estuvieron en condiciones de brindar un cuadro detallado y exacto de la magnitud de los hechos que se vivían. Y de los riesgos que para el gobierno constitucional y por ende para la democracia, entrañaba cualquier vacilación.

Sin dudarlo, enunciaron su apoyo resuelto a la decisión de Tabaré Vázquez de destitución del General Díaz. Y denunciaron los alcances desestabilizadores del paro patronal. Dieron la cara en los medios y salieron airosos de las preguntas envenenadas.

Reunir información sería, de fuentes responsables, es clave en momentos de crisis. Debió hacerlo el Frente Amplio, en tanto estructura política de masas y de militantes experimentados que es. Y la conducción del FA no lo hizo. Su extensa estructura de base no fue preparada ni convocada en el momento crítico. Lo hacía notar bien Raúl Legnani, en sus reflexiones publicadas ayer.

Para aprender de su ensayo general

No fue, nadie dijo que fuera, un intento golpista. Fue una acción concertada para debilitar al gobierno y acotar su capacidad de llevar adelante las transformaciones populares de su programa. Como todo ensayo general permitió, a quien los hizo -los dirigentes de las derechas- ver las fuerzas de qué disponen, constatar quienes vacilan y verificar todo lo que les falta para imponer sus políticas o sus vetos a los cambios de signo popular.

No pudieron romper la unidad del FA. Pero siguen trabajando en esa dirección. No faltan de nuestro lado las muestras, en un sentido y en otro, de que hay compañeros demasiado obcecados, que les cuesta quedar en minoría en insisten con iniciativas, como el TLC con USA que están en contra de las opiniones predominantes en el FA.

Si siguen insistiendo, harán grieta. Y por ahí puede venir división. Por ahí ya la ha habido, en plebiscitos varios. Hay otras grietas de estridencia verbal, no menos peligrosas.

El FA precisa salir de su apatía programada. En el sindicalismo, la unidad es fuerte. Pero no puede permanecer como la única organización de masas capaz de convocar gente en la calle en defensa del gobierno constitucional y de la democracia.

Las presiones de los medios, los contactos con jerarcas militares y el apoyo a los piquetes que buscan ahogar la acción del gobierno popular deben ser enfrentadas con un alerta democrático, con movilización y presencia de pueblo. Saliendo de la atonía, FA puede hacerlo.

01/11/06. El MERCOSUR en la hora de Lula
EDITORIAL
La República

Editorial martes 1º de noviembre de 2006

El MERCOSUR en la hora de Lula


El triunfo de Luis Ignacio Lula da Silva tiene una profunda significación para la democracia latinoamericana. Significación para empezar para el propio pueblo brasileño, donde la victoria de Lula reafirma una línea con rasgos nuevos en el campo fundamental de las políticas sociales. Fueron las grandes mayorías que viven en la pobreza las que reconocieron en el gobierno de Lula la acción más enérgica a favor de los pobres de toda la historia de Brasil.

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La significación política de la victoria de Lula ha sido descripta con gran elocuencia por Emir Sader, Secretario General de CLACSO y uno de los analistas más lúcidos de Brasil: “Porque derrotamos al gran monopolio privado de los mass media (medios de comunicación de masas), demostrando que es posible e indispensable construir formas democráticas de expresión de la opinión pública, quitándola de las manos oligopólicas de las cuatro familias que se creían dueñas de lo que se piensa en Brasil. (…)
Pero sobre todo porque recuperamos la posibilidad de construir ese “otro Brasil”, camino que parecía clausurado por tanto superávit fiscal, tasas de interés exorbitantes y tantas denuncias. Nos recuperamos, en especial en la segunda vuelta, porque llamamos la derecha, derecha. Hablamos un poco de las desgracias que ellos causaron a Brasil: por fin abrimos el dossier de la “herencia maldita”. Criminalizamos las privatizaciones, posibilitando que apareciese a la superficie la condena mayoritaria de los brasileños a un proceso embellecido y sacralizado por los mass media y por los emisarios del gran capital privado dentro de ella. Porque apelamos a la movilización popular, porque hicimos una campaña de izquierda en la segunda vuelta. Porque comparamos el gobierno de ellos con el nuestro que, incluso con todas sus flojeras, se mostró incuestionablemente superior al de ellos. Fue eso lo que triunfó.
Triunfamos por lo que cambiamos, no por lo que mantuvimos. Ganamos porque nos mostramos diferentes y no iguales a ellos”.


En segundo lugar, la victoria de Lula irradia sus efectos progresistas sobre toda la constelación política latinoamericana en la que las experiencias de gobiernos populares se extienden para gran malestar de los círculos más poderosos del statu quo planetario. Desde Castro a Kirchner, desde Chavez hasta Evo Morales, todos los gobiernos de entonación progresista de América Latina hubieran experimentado los efectos negativos de una derrota del candidato del P.T.
La contundente victoria política de Lula gravitará en el futuro inmediato y mediato de los procesos de integración.
En tercer lugar, y esto tiene especial significación para nuestro país, es destacable que en su primer discurso público después de la victoria Lula haya hecho una referencia expresa a su voluntad de fortalecer al MERCOSUR, incluyendo una referencia precisa a la necesidad de atender la situación de los países, como el nuestro y Paraguay, de menor desarrollo relativo.

Cuando el presidente reelecto se refiere a la inserción internacional de su país lo hace para señalar que el proyecto ALCA, buque insignia del gobierno norteamericano para nuestra región, ha sido sepultado y que Brasil pondrá sus esfuerzos en la revitalización del MERCOSUR está señalando que el camino por el que está decidido a transitar el gobierno del presidente Tabaré Vázquez es el pertinente. Y tiene una base de sustentación que no es un capricho que nace de los buenos deseos de nuestros gobernantes sino que responde a una necesidad histórica de nuestros pueblos y en ese mismo sentido apunta el pensamiento del líder de la nación vecina.

02/11/06. Se estrecha el cerco sobre el dictador Bordaberry
EDITORIAL
La República

Editorial jueves 2 de noviembre de 2006-11-01

Se estrecha el cerco sobre el dictador Bordaberry


De acuerdo a sus tiempos y a las normas vigentes, las autoridades del Poder Judicial han empezado a actuar sobre los crímenes del pasado.
El retraso es largo, más de veinte años, pero la acción de la justicia ya se hace sentir.
Si no que lo diga Juan María Bordaberry. Una resolución judicial acaba de cerrar para él las fronteras del país.

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Efectivamente, de acuerdo a lo que informa La República en su edición de ayer, “la jueza Penal de 7o Turno, Graciela Gatti, el martes 31 el cierre de fronteras para el ex presidente de facto Juan María Bordaberry, quien es investigado por los delitos de "atentado a la Constitución", "coautoría de privación de libertad" y "homicidio".
La orden judicial fue notificada a través de la sección Interpol-Uruguay a todos los pasos fronterizos de nuestro país”.

El martes 24 la fiscal Ana María Tellechea había presentado la acusación ante la jueza Dra. Gatti, que puede expedirse antes de fin de año. El pedido de procesamiento con prisión implica al dictador por el golpe de Estado de 1973, los asesinatos de Ubagesner Chaves Sosa y Fernando Miranda y la desaparición de Arpino Vega, Montes de Oca, Correa Rodríguez, Arévalo, Brieba, Bleier y González González.

Siempre desde las mismas fuentes según se desprende de las actuaciones, una de las conclusiones del ministerio público sería que a Bordaberry le cabe responsabilidad en las muertes de Ubagesner Chaves Sosa y el escribano Fernando Miranda, cuyos cuerpos fueron encontrados en una chacra de Pando y en una unidad militar, treinta y dos años después de ser asesinados. A estas imputaciones se suman la de las desapariciones forzadas que a diferencia del homicidio, como se ha hecho notar, constituyen delitos permanentes.

Aunque en lo inmediato el cierre de fronteras es en gran medida virtual, su significación simbólica no escapa a nadie.

Juan María Bordaberry personifica un factor esencial del proceso político uruguayo. Del tránsito entre un régimen constitucional a un sistema político signado por el autoritarismo.

En la instauración de ese régimen los civiles cumplieron un papel cardinal. Fueron ellos que le dieron cobertura legal en el campo internacional.

Como operador político de las corrientes políticas conservadoras blancas y coloradas (Bordaberry se amparó en las divisas de los dos partidos) desde la presidencia de la república se sumó a todos los ataques y agravios que los mandamases de turno infligieron a los partidos en los que había revistado.

En ese contexto elaboró sus propuestas políticas de una nueva institucionalidad sin partidos políticos.

Sus propuestas “institucionales” se encuentran fueron publicadas durante la dictadura en un libelo titulado “Las opciones” que no debiera faltar en la bolsillo del caballero o la cartera de la dama interesados en conocer la historia reciente. En el mismo Bordaberry lanza su artillería contra la democracia liberal, contra los partidos políticos, “fuente de corrupción y demagogia”.

Al mismo tiempo preconiza la conveniencia de gobiernos fuertes, en condiciones de combatir al marxismo que ya, según la experiencia vivida en los países del Cono Sur, había conseguido perforar las defensas de la democracia liberal.

La solución a los problemas de la organización política del Estado consistía en “radicar institucionalmente el Poder Público en las Fuerzas Armadas”.

Como mandatario y luego como ex presidente no ocultó sus simpatías por Augusto Pinochet. El mencionado folleto no es sino la trascripción de un conferencia brindada en la Corporación de Estudios Nacionales de Chile en 1979, en plena dictadura de Augusto Pinochet.

El curso de los hechos políticos le dio a Bordaberry la posibilidad de llevar adelante sus ideas fundamentalistas, su intolerancia y su larga prédica a favor de las soluciones autoritarias. No es sobre su pensamiento sino sobre sus acciones y sus omisiones, por sus silencios y sus decisiones autoritarias y represivas que está siendo juzgado. El dictador ha tenido, tiene y tendrá todas las garantías. Las que no tenían los presos políticos en los años que él era el presidente de la república y el país un inmenso territorio de violaciones a los derechos humanos.