20 de octubre al 25 de octubre de 2006.

20/10/06. Decisión presidencial: firme defensa de los principios constitucionales
EDITORIAL
La República
(1982: Hugo Cores con Tota Quinteros)

Ayer viernes, en horas de la mañana, la ministra de Defensa Nacional, Dra. Azucena Berrutti, en acuerdo con el Presidente de la República, decidió relevar al comandante en jefe del Ejército, Carlos Díaz. El jerarca castrense había proyectado una serie de reuniones con líderes políticos de los partidos tradicionales. De esas entrevistas solo se realizó la primera, cuando, el jueves por la noche Díaz se reunió en su residencia particular con el ex presidente Dr. Julio María Sanguinetti.

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Las reuniones habían sido hechas públicas en la edición de ayer del semanario Búsqueda pero, de acuerdo a la información divulgada posteriormente, el general Díaz no había solicitado autorización a sus superiores ni siquiera los había informado de las reuniones programadas con dirigentes políticos.

Ante esto el mando superior que la Constitución de la República establece para las Fuerzas Armadas, compuesto por la ministra de Defensa Nacional y el Presidente de la República, decidió el relevo de Díaz de la comandancia del Ejército. De acuerdo a la información oficial, el puesto será desempeñado, en forma provisoria, por general Manuel Saavedra, el oficial superior con mayor antigüedad.

El trámite seguido por las autoridades de gobierno recorrió las vías legales y constitucionales previstas. Salvo la evidencia de la firmeza con que se actuó por parte del gobierno, el episodio no tiene ninguna particularidad digna de mención.

Lo que resulta insólito es que un alto funcionario militar desconozca las normas que lo inhabilitan para la realización de actividades políticas como la emprendida. Idéntica reflexión se puede realizar en relación a la actitud asumida por dos dirigentes políticos experimentados – en cuyas trayectorias políticas no han dado muestras precisamente de ingenuidad - como Julio María Sanguinetti y Yamandú Fau.

Ambas personalidad no pueden menos que conocer al dedillo las normas legales que regulan el delicado terreno de las relaciones entre el área de la acción política y las limitaciones que, en este terreno, tienen los funcionarios militares.

Las connotaciones del episodio son transparentes. El país vive un momento singular. Desde fuentes militares, con más precisión del Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea, se ha sostenido que, en un vuelo procedente de Argentina, se habían trasladado una veintena de ciudadanos uruguayos a dependencias de la fuerza de tierra.
Las revelaciones del Comandante Bonelli abrieron un capítulo hasta ahora oculto en la historia de la represión política durante la dictadura.

A partir de ese testimonio procedente del alto mando de la aviación, el Ejército nacional tiene sobre sí la delicada responsabilidad de brindar una información que dé cuenta del destino sufrido por los ciudadanos secuestrados en Argentina y trasladados posteriormente a nuestro país.

Hasta el momento, la jerarquía del Ejército no ha terminado de elaborar la información que se había comprometido ante las autoridades nacionales.

A partir de ese contexto vale la pena analizar la decisión del Comandante Díaz de reunirse con los dirigentes de los partidos de la oposición. Dirigentes políticos que conviene no olvidar se encuentran en plena campaña contra el gobierno.

Justamente, uno de los tópicos en los que insisten los dirigentes de la oposición, jefes de partidos en campaña contra el gobierno, atañe a las cuestiones militares y se basa, entre otras cosas, en su defensa activa de la impunidad.

El gobierno ha actuado con firmeza y absoluta transparencia. Las normas tienen que ser preservadas y tienen sentido si se aplican cuando las circunstancias lo exigen. Tal es la situación actual.

21/10/06. Sanguinetti: incansable defensor de la impunidad
EDITORIAL
La República

El episodio de la destitución del General Carlos Díaz de la comandancia general del Ejército se ha convertido en otro pretexto para ataques desmelenados de la oposición.
En el punto más delicado de la situación se encuentra el senador del Partido Colorado Julio María Sanguinetti.

En el episodio y en los comentarios realizados a posteriori, el discurso brindado públicamente por Sanguinetti pone el acento en la situación de aislamiento a que se somete a la oposición.
Digamos para empezar resulta difícil explicar la existencia de tal aislamiento. Sanguinetti tiene la magra representación legislativa que el pueblo le asigno en las últimas elecciones. Como dirigente del P. Colorado, el actual senador es el responsable de la grave derrota sufrida por su partido en las elecciones de octubre de 2004. Convertido, como lo está, en un defensor de los intereses más conservadores y de los militares acusados de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, Sanguinetti es la opción preferencial del poderoso oligopolio mediático que abre sus emisores y canales como si él fuera el jefe de un pujante partido de amplia base electoral.

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Desde esa posición de privilegio Sanguinetti da indicios de desmesura creciente. Se erige en el fiscal implacable del gobierno actual, sentencia que el presidente recurre a métodos autoritarios, que pone en riesgo el estado de derecho, la seguridad jurídica y la estabilidad institucional del país.

Desde esa posición ‘combativa’, formulada desde una plataforma de pachequismo revivido, Sanguinetti pretende enconar la situación política, enardecer los ánimos, generar la idea de un gobierno extremista y radicalizado.

Todo parece indicar que con énfasis creciente en esos alegatos el senador colorado pretende que se desdibuje cuales son los objetivos por los que trabaja, a qué responden sus impertinente incursiones en el terreno de la política militar del gobierno progresista.

No obstante este posicionamiento confortable ante la opinión pública, de tanto en tanto se produce un episodio en el que muestra la hilacha. Es lo que acaba de ocurrir en la insólita reunión celebrada con el Comandante Carlos Díaz.
En un momento donde la fuerza de tierra se enfrenta a las acusaciones graves provenientes de otro sector de las Fuerzas Armadas, el jefe del arma, en forma totalmente equivocada (que le valió la destitución) convoca a una reunión con dirigentes políticos colorados estrechamente ligados a las campañas públicas de defensa de la impunidad.

El carácter “amistoso”, casi banal que se le pretende dar a la reunión parece dirigido a una población de párvulos y no a una ciudadanía madura y conciente que ya ha dado pruebas de conocer a Sanguinetti, por eso él está donde está. Y su partido tiene tan poca significación política.
Algo similar ha ocurrido con el nombramiento de Mirtha Guianze. Por un lado se apela a que su nombramiento (al que el gobierno se vio obligado por los obstáculos erigidos en el Parlamento) constituiría una alteración grave de las normas institucional… Pero la hilacha aparece al fin.
Preguntado por el periodista Emiliano Cotelo: “Se ha interpretado que la oposición a la candidatura de la doctora Guianze viene por el hecho de que está impulsando estas investigaciones a contramano de lo que en principio, por ejemplo cuando usted fue presidente, se quiso establecer como camino de salida con la ley de caducidad.

Sanguinetti responde: - “No fui yo, fue el país entero. Es el camino de salida pacífico que se inspiró en España y que buscó la paz y la logró, porque no hay ninguna duda de que la transición uruguaya fue un éxito. (…) Fue una gran solución de paz que (…)pero desgraciadamente este gobierno la ha aplicado mal, ha estado abriendo causas mal, porque una cosa es indagar, informar, la búsqueda de la verdad, que la ley perfectamente habilitaba y me parece bien porque fue lo que quiso, pero la ley se hizo para no juzgar a nadie más por aquellos episodios de esa época tan violenta que felizmente el país superó y cuyos odios no queremos reproducir”.

24/10/06. La ofensiva desestabilizadora.
La República
Editorial

Desde esta página, en más de una ocasión, nos hemos referido críticamente a ciertas medidas de lucha adoptadas por algunos sindicatos. Hemos señalado el error que significan las posturas intransigentes ante un gobierno que, desde que asumió, ha mostrado una preocupación notoria por la condición de los asalariados. En mayo pasado, escribimos: "A nadie escapa el grado de deterioro a que había llegado el nivel salarial de los uruguayos merced a una política económica nefasta y, fundamentalmente, a la crisis de 2002. Salarios depreciados, desempleo y actividad sindical desprotegida era la tónica al asumir el gobierno progresista. Es explicable, entonces, que las grandes masas postergadas, los eternos perjudicados por la política neoliberal, aspiren a mejorar su condición y reclamen a las autoridades medidas urgentes para paliar la situación y empezar a emerger. Lo que no se explica es la intransigencia que últimamente están exhibiendo algunos gremios.

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Sus reclamos son justos pero no justifican las medidas extremas adoptadas. Sus reivindicaciones son legítimas pero no son legítimos los medios empleados algunas veces para lograrlas. Se tiene la impresión de que ciertos gremios han olvidado que el gobierno está abocado a mejorar la condición de los asalariados, sobre todo de los más sumergidos, y que, a la vez que encara una política tendiente a crear fuentes de trabajo genuinas, también hace lo posible por aliviar las penurias actuales con medidas de corto plazo". Hoy la situación es diferente. Si bien persisten conflictos sindicales, el gobierno está recibiendo fuego graneado desde otras tiendas. Ahora los embates realmente virulentos provienen del verdadero adversario: el empresariado conservador aliado a la derecha política. Cuando no se han apagado aún los ecos del episodio que concluyó en la destitución del comandante en jefe del Ejército, varias gremiales empresariales pretenden jaquear al gobierno con medidas de fuerza que causan mucho más daño a la economía y a la imagen del país que los conflictos sindicales a que aludimos antes. Y llama la atención el silencio de la oposición, tan proclive a denunciar toda medida gubernamental que lesiones sus intereses como una "mala señal para los inversores". La patronal de taxímetros, por un lado, y la corporación de transportistas de carga con el apoyo expreso de las gremiales agropecuarias, por otro, han adoptado la medida extrema de paralizar sus actividades. Las razones aducidas no tienen sustento, no son creíbles y tienen un fuerte componente político que nadie sensatamente puede negar. La propuesta gubernamental de gravar el gasoil destinado al transporte de carga como medio para lograr el abaratamiento del boleto está en el origen del conflicto aunque ha quedado demostrado que, con la posibilidad de descontar el iva, los costos del rubro transporte de cargas no se incrementarán. A la hora de escribir estas líneas, se informa de la decisión de la patronal de taxímetros de deponer su actitud irracional y de suspender la medida extrema. Los camioneros, en cambio, todavía no parecen dispuestos a abandonar el reclamo a pesar de las febriles negociaciones que se llevan a cabo. Resulta imposible no recordar cómo las movilizaciones y paros de los camioneros chilenos afectaron seriamente al gobierno popular de Salvador Allende. Por eso, precisamente, tales medidas deben ser denunciadas como un intento desestabilizador y deben ser enfrentadas con firmeza. En este sentido, el PIT-CNT ha dispuesto un paro general parcial para hoy, entre las 10 y las 15, con el objeto de manifestar su rechazo a la intransigencia criminal de las corporaciones.

23/10/06. La derecha sube la apuesta.
La República

Contratapa
Escribe Hugo Cores PVP567-Frente Amplio


La remoción del General Carlos Díaz parece formar parte de una sucesión de hechos más amplia y el desenlace está, en gran medida, por verse. No obstante, lo mostrado hasta ahora resulta sumamente interesante. La democracia uruguaya tiene un problema con los militares, especialmente con el Ejército. El reconocimiento de esto implica dar por perimida la tesis anterior, sustentada desde varias tribunas, de que no existían dificultades en esa zona. Este es el primer hecho nuevo para registrar.

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Como se recordará, en los últimos años no cesaron las voces que presentaban un panorama distinto: todo estaba en calma y discurría por los cauces normales, los problemas eran técnicos o logísticos. Como conclusión se sostenía la inutilidad o la inconveniencia de llevar adelante las definiciones programáticas del Frente Amplio que, en lo referido al tema militar, indicaban la necesidad de depurar las fuerzas armadas.

La negativa de los mandos a avanzar en la búsqueda de la verdad muestra la existencia en el seno de las fuerzas armadas de un factor, todavía muy pesado, de identificación y respaldo a lo actuado durante la dictadura. ¿Fue procurando una salida para sus dificultades de brindar información sobre el segundo vuelo lo que movió a Carlos Díaz a la ilegal ronda de reuniones con los dirigentes de la oposición? Todo parece indicar que ese fue, por lo menos, uno de los temas abordados.

El otro elemento nuevo y aleccionador es la respuesta del Presidente de la República a las maniobras de Sanguinetti. Contrariamente a lo que se ha sostenido, la drástica decisión del presidente indicó claridad y firmeza en una zona clave del debate democrático. Tratándose de un cargo político, ante una falta grave solo cabe la destitución, especialmente tratándose de una zona, la del mando de la fuerza armada, donde no se pueden permitir imprecisiones ni desbordes. Y menos en las circunstancias actuales, cuando los militares todavía no se han resignado a aceptar que institucionalmente no están habilitados para la acción política. Ni pueden asistir a actos contra el gobierno, como solía hacer el depuesto comandante haciendo presencia en las ceremonias rituales de los nostálgicos de la dictadura.

Sin historia

Una de las dificultades ‘internas’ de las fuerzas armadas es que, en su alianza con los sectores más autoritarios y conservadores del espectro político, contribuyeron a una ‘salida política’ que no les exigió -y tampoco les permitió- reflexionar sobre su propia gestión. Entre 1973 y 1985 realizaron una intervención totalizadora y violenta sobre la política y no han extraído de ella ninguna enseñanza. No han incorporado ni los reflejos reflexivos mínimos. Se expusieron sin ningún provecho en el conocimiento de si mismos.

En lugar de cabildeos con los políticos colorados, lo que debieran pedir es que se les de una mano para reconstruir su propia memoria, la memoria de sus atrocidades, no solo en materia de derechos humanos. Sus atrocidades de los tiempos cuando, “haciendo política” a su manera, tuvieron en sus manos todo el poder. Sus barbaridades con la vivienda y el BHU, sus crímenes contra el salario, contra la salud pública, contra la educación. Contra los Bancos Oficiales y las empresas públicas. Contra el Poder Judicial. Su responsabilidad en el crecimiento vertiginoso de la deuda externa. Sus actos de corrupción como el Operativo Conserva, la compra de carteras, la represa de Palmar, entre otros.

Si se les hubiera exigido (y permitido) aprender de lo hecho, sabrían que los militares cuando hacen política comenten errores muy gruesos. Muchas veces irreparables. Por eso, después de 11 años de hegemonía militar, llevaron al país a la ruina. Teniendo todas las palancas del poder en sus manos, ellos fueron desalojados del gobierno porque la inmensa mayoría de los uruguayos había llegado a la conclusión que el despotismo militar era perjudicial para el país.


Privados de la narración de sus propios disparates, los mandos militares han terminado por acostumbrarse a oír solamente las palabras cómplices y zalameras de los políticos conservadores. Y todo parece indicar que no les resulta grato que se les hable con otro lenguaje que no sea el de la adulonería.

Los ataques al gobierno

En ese contexto los ataques de las derechas al gobierno han seguido subiendo de tono. Desde fines de setiembre, cuando el nones al TLC con los Estados Unidos, funciona un acuerdo tácito entre varios medios y dirigentes políticos conservadores de sumarse de manera automática a cualquier impugnación contra el gobierno. No se detienen ante ninguna guarangada. Y lo menos que se dice es que estamos en una dictadura. Algunos dirigentes de las cámaras empresariales han mostrado que su alianza con los políticos conservadores sigue en pie.

El tono de algunas declaraciones sobre la huelga de la patronal de camioneros y de taxis que se inician hoy parece mostrar la existencia de otra área en la que se intenta una desestabilización que tiene poco que ver con los objetivos proclamados. Una huelga general por tiempo indeterminado en el transporte tiene una carga política muy fuerte. En este terreno no es prudente dejar solo al gobierno. La fuerza política tiene que pedir la palabra. Y convocar a la ciudadanía para que se exprese.

En este cuadro, los ataques a los sindicatos también forman parte del paquete. De manera totalmente equivocada, desde la propia izquierda se repiten los tópicos de la necesidad del “voto secreto” para las decisiones sindicales. Jubilosa, la derecha los baraja en el aire.

Será necesario volver a discutirlo. Es un debate interno que aparece y reaparece cada equis años, pero su discusión abajo, entre los trabajadores, siempre deja enseñanzas positivas. Y, finalmente, los sindicatos clasistas terminan fortalecidos, mal que les pese a sus detractores.

Cuando la derecha sube la apuesta

Finalmente, el curso, estilo ‘venezolano’, tomado por la oposición conservadora está llamado a tener consecuencias sobre todo el sistema. Esta polarización política crispada, impulsada por los dirigentes políticos y corporativos de la derecha, con el apoyo irrestricto del oligopolio de los medios de comunicación, deberá ser enfrentada por el movimiento popular.

Parece claro que hay una parte del episodio que culminó con la destitución de Díaz que está por saberse. La publicación, por intermedio de Búsqueda, de la reunión en el Cortijo Vidiella, hace pensar que está en curso un movimiento destinado a poner a prueba a gobierno frenteamplista en el terreno militar. Allí hay tensiones en varios terrenos: las extradiciones a Chile, la disconformidad de algunos jerarcas de que sea, como corresponde, el Ministerio del Interior quien tenga a su cargo el control de la cárcel donde serán alojados los militares procesados y el informe sobre el segundo vuelo.

Los objetivos frentistas de la democratización de la sociedad y del Estado están más vigentes que nunca, así como el alerta democrático de las organizaciones populares para la defensa del gobierno y sus decisiones tanto en el rechazo al TLC como en materia de verdad y justicia.

Las organizaciones sociales se han pronunciado con claridad. Se declaran en estado de alerta. En este contexto, el Frente Amplio, como fuerza política, debiera convocar a la ciudadanía en defensa del gobierno y de los pasos dados. Como decía el General Seregni, “para no dejarnos trampear nuestro destino”.

25/10/06. Tensiones intensas y caminos abiertos
EDITORIAL
La República

La situación política y de gobierno ha tomado un curso más ágil. Acontecimientos importantes se suceden rápidamente. Afloran tensiones nuevas, hasta ahora sumergidas, pero el curso de la acción política y gremial es pacífico.

En un lapso breve se han agudizado las críticas y en algunos casos los ataques a la política del Ministerio del Interior en materia de seguridad ciudadana. La anunciada interpelación al Ministro Dr. José Díaz terminó, como era de esperar, sin que la oposición lograra que sus denuncias exhibieran contundencia ante la opinión pública.

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Resultó significativa la transmisión por Canal 5 TVEO de largos fragmentos de la jornada parlamentaria. No cabe ninguna duda que, al familiarizar a la audiencia a un debate de esa índole se contribuye de manera eficaz en el siempre plausible propósito de acercar las realidades políticas a la mirada del ciudadano. Un esfuerzo de democratización que permite a un amplísimo número de compatriotas examinar sin mediaciones las razones y las conductas que cada partido esgrime en los contenciosos que los enfrentan en el campo de su acción política.

La transmisión en vivo, por lo demás, achica el campo de acción de los manipulares de la información política. Exhibe el rostro, amplifica la voz de los protagonistas políticos desmitificando la función parlamentaria, volviéndola algo al alcance de la mirada y el oído crítica de todos.

En el lance con José Díaz, la oposición no pareció animada de argumentos convincentes y, sobre todo, a escala de los adjetivos apocalípticos anunciados con los que se pretendía acorralar, con voces demagógicas, al Secretario de Estado, un abogado de larga trayectoria, político experimentado y culto y parlamentario que, en el ejercicio de su banca, llevó adelante interpelaciones memorables.

Otro de los temas que marcó la jornada de ayer fueron las expresiones de apoyo a las medidas de gobierno tanto en el plano de la conducción de las fuerzas armadas como en la decisión de rebajar el precio del boleto.

Todo parece indicar que la mini-crisis desatada a partir de una reunión llevada adelante por el ex comandante en jefe del Ejército fue superada en los términos previsibles de una institucionalidad democrática que se sigue desarrollando en el camino de la consolidación y la transparencia.
Esos valores son los que han salido airosos en las jornadas políticas, sindicales y parlamentarias de los últimos días.

Las medidas gremiales adoptadas por los transportistas conmovieron al país. Pero al tiempo que en el gobierno prevalece el clima de serenidad y búsqueda de diálogo, los gremios obreros han dado una respuesta contundente a lo que ha sido visto y sentido por muchos sectores como una forma de presión extrema contra las autoridades legítimas del país.

Los hechos se han sucedido con rapidez, pero el anuncio del gobierno en el sentido que se propone llevar adelante medidas para rebajar el precio del boleto ha resultado un fuerte impacto en amplísimos sectores de la población de más modestos recursos.

Quizás existan pocos indicadores más elocuentes que el uso diario del transporte colectivo como señal de partencia a las clases más populares. Se podría agregar, indicio también de pertenecer a la felizmente muy extendida condición en nuestro país de ser estudiante del sistema público de enseñanza.

Los beneficiarios de la medida, que con inteligencia rápida fue apoyada por CUTCSA, son los trabajadores y trabajadoras de más bajos ingresos y los más jóvenes. Se trata entonces de una medida de redistribución de la riqueza fundada en un inequívoco sentido de la equidad.

Para llevarla adelante el gobierno ha programado una línea de acción que en su aplicación efectiva no genera costos para los productores rurales o los transportistas que mueven sus unidades con el gasoil. Es de esperar que en un lapso breve la continuidad del diálogo permita encontrar soluciones para todos, sin que el gobierno se vea obligado a renunciar a una medida que hace a un principio esencial de su identidad, el carácter popular y de justicia social que supone su ejercicio del poder democrático.