23/08/06. Buscando la verdad sobre “el segundo vuelo”
EDITORIAL
La República
Por primera vez en más de treinta años, la justicia uruguaya ha comenzado a indagar acerca de una de las denuncias de crímenes más graves en la historia reciente del país. Efectivamente algunos de los principales operadores de la dictadura empezaron a ser interrogados por el juez Luis Charles y la fiscal Mirtha Guianze para conocer acerca de su participación los operativos de represión llevados adelante en Argentina.
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El pasado lunes Charles y Guianze concurrieron al Hospital Central de las Fuerzas Armadas registrando la declaración a Rama. El oficial, sobre quien pesa un pedido de extradición de la Justicia argentina, está internado en ese centro de atención.
Para ayer martes estaban citados Luis Maurente y Juan Antonio Rodríguez Buratti, quienes al igual que Ramas, Gilberto Vázquez, José Nino Gavazzo, Jorge Silveira, Ricardo Arab, Ricardo Medina y Juan Carlos Blanco han sido denunciados por las desapariciones de Adalberto Soba, Alberto Mechoso y Washington Barrios.
De acuerdo a los trascendidos de prensa, “Ramas reconoció haber formado parte de la OCOA Órgano Coordinador de Operaciones Antisubversivas. Reconoció asimismo haber viajado en una ocasión a Buenos Aires por tareas que nada tenían que ver con la represión política, y dijo desconocer la existencia del denominado “Segundo vuelo”, en que fueron trasladados clandestinamente desde Argentina y luego desaparecidos ciudadanos uruguayos y argentinos.
Las investigaciones judiciales sobre lo que se ha dado en llamar segundo vuelo, sin duda habrán de continuar en los próximos días. Con el aporte de nuevos testigos la situación irá avanzando hacia una mayor clarificación de los hechos.
El grupo de personas desaparecidas, la mayor parte de la cuáles tenían vinculaciones entre sí ya que militaban en la misma organización política de resistencia a la dictadura, sobrepasa la treintena.
Hay personas cuyo secuestro fue denunciado en abril de 1976, como Ary Cabrera Prates, otro como Gerardo Gatti en junio de lo mismo año. Otros, como León Duarte en julio. Ninguno de los tres formó parte del llamado ‘primer vuelo’ en el que fueron trasladados a Uruguay Sara Méndez, Asilú Maceiro, Ariel Soto, Ana Salvo, Ana Inés Quadros, Enrique Rodríguez, Margarita Michelini, Raul Altuna, Sergio López y otros ciudadanos uruguayos que militaban en la Argentina contra la dictadura.
Entre los detenidos en el “Segundo Vuelo” se hallaban varios niños que fueron de inmediato separados de sus padres y padecieron distintos destinos.
La hija de María Emilia Islas de Zaffaroni, que a su vez esperaba un segundo bebé, Mariana Zaffaroni, se le despojó de su identidad, se le asignó otra, falsificada y entregada a un represor argentino de apellido Furci. Solo muchos años después, su abuela María Esther Gatti consiguió reencontrarse con su nieta.
Un padecimiento igualmente cruel se le impuso a dos niños hijos del matrimonio Grisonas-Julién, quienes fueron, en un operativo militar de muy dudoso heroísmo, trasladados clandestinamente a Chile- ¡Y abandonados en una plaza de la ciudad del Valparaíso!
No había límites para los centuriones. Para ellos no existían las fronteras. Ni las constituciones. Ni las leyes civiles. Ni los acuerdos y tratados internacionales del derecho humanitario.
¿Cuál fue el destino de los casi treinta uruguayos trasladados en avión desde Argentina?
El asunto importa por que el destino de esos ciudadanos uruguayos nos pone ante un nuevo de violación a los derechos humanos. Si fueron ultimados, se trata de ejecuciones sumarias, sin juicio, realizadas por funcionarios del Estado. Ejecuciones sumarias en un número tal que configura una tipología nueva: habrán sido objeto de una masacre, al estilo de las realizadas en Chile, con la caravana de la muerte o el Argentina con los asesinatos en Margarita Belén, entre otros casos no menos atroces.
28/08/06. ¿Vamos a cancelar en 60 días lo que hemos sostenido durante 35 años?
Hugo Cores PVP567-Frente Amplio
Muchos temas de interés se desarrollaron durante la semana pasada: la reunión del Presidente con los representantes de los partidos acerca de las negociaciones con los Estados Unidos por asuntos vinculados al comercio; la interpelación del Senador Larrañaga a los Ministros de Economía y de Relaciones Exteriores; una publicación con referencias a la realidad interna del campo militar del que se difundió un largo fragmento en el semanario Búsqueda.
Finalmente el matutino ladiaria dio a conocer el jueves 24 fragmentos de los informes elevados por los técnicos del gobierno que trabajan en torno al posible acuerdo de libre comercio con los EE.UU. y los comparó con el informe entregado a los partidos, entre ellos al Frente Amplio. Los dos primeros hechos tienen que ver con este punto, al que me referiré más adelante.
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1- No voy a comentar el libro que devela aspectos de la interna militar. Será en otra oportunidad. De todos modos y más allá que buena parte de las ‘confesiones’ y acusaciones que allí se emiten se parecen demasiado a una operación de inteligencia, el volumen de información oficial que allí se maneja da una idea de algo sabido y a la vez nuevo: durante los veinte años de gobiernos colorados y blancos, los militares gozaron de una impunidad absoluta. Desde el Estado se les brindaron toda clase de protecciones, reaseguros y zalamerías.
De este modo, desde gobiernos que invocaban su carácter democrático, se contribuyó a fraguar, en el seno del colectivo militar, la idea que ellos estaban por encima de toda ley humana y divina. ‘La guerra’ les había otorgado la facultad de matar y perdonar, la suprimir la identidad a niños y la de desaparecer por treinta años a sus padres. La de matar sin siquiera un juicio sumario.
Gracias a los políticos conservadores (y cómplices), los vencedores de la guerra fueron también los triunfadores de la paz. Lo que ahora se publica muestra el poder y la ceguera de los antiguos represores. Muestra también el grado de chifladura que padecen ahora que sus soportes políticos ya no tienen la sartén por el mango. A los dispensadores del miedo les llegó la hora de probarlo.
2- En relación al abordaje de lo que se viene avanzando en materia de tratados, de la comparación de los dos documentos citados más arriba surge que el informe elaborado por los técnicos fue recortado y modificado para ser entregado a los partidos, entre ellos al Frente Amplio. En la versión modificada se eliminan alertas y señalamientos de las inconveniencias para Uruguay que podría contener un TLC con los EE.UU. Advertencias y señalamientos formulados, repetimos, por especialistas calificados de este gobierno y por él designados.
Dicho de otra manera, algún funcionario decidió que circularan dos versiones del informe. Una auténtica y otra trucha. Una para ser entregada a algunos legisladores y otra a los representantes de los partidos y del Frente Amplio.
¿Qué es lo que puede explicar una decisión tan desacertada como esta?
Recortar y maquillar los términos de un informe técnico acerca de un tratado a ser firmado por el país es una conducta inadmisible.
Dada la naturaleza de un tratado, donde un artículo suele condicionar la totalidad, las observaciones de alerta o riesgo para el país y su gente no pueden ser ni siquiera resumidas, invocando razones de tiempo o para no aburrir al lector.
¿Se ha medido las consecuencias de una actitud como la asumida?
Ha sido, además, una salida chapuceada. ¿A quiénes se les brindó el informe completo?
A quienes se suponía estaban en una actitud de apoyo incondicional a la suscripción de un tratado con los EE.UU. Pero el chapucero se equivocó y le entregó el documento ‘posta’ a alguien que, de inmediato, se lo pasó a la prensa.
Y si la prensa que responde a los partidos conservadores no hizo un escándalo con el asunto es porque ellos también están apoyando un TLC con los EE.UU.
Por eso el asunto no fue recogido por los ‘periodistas objetivos’ del oligopolio mediático. Quizás no falte quien argumente que ‘no habiendo aparecido en la TV, el asunto no existe’. Ya alguna vez se han oído argumentos de ese tipo, también equivocados. Respetar los términos de una discusión democrática dentro de la izquierda es un valor que no se puede dejar en suspenso por las ‘urgencias’ del momento o para evitar los tedios y las ‘incomodidades’ de una discusión prolongada.
3- La materia sobre la que se discute, dentro y fuera del gobierno, es la posibilidad de un tratado de enorme importancia para el presente y el futuro del país.
Algunos frenteamplistas, entre los que estamos, piensan que un TLC como el propuesto sería altamente negativo y se apartaría de manera tajante no solo de las posiciones adoptadas recientemente por los órganos de conducción del FA sino también de una larga trayectoria de lucha antiimperialista, que está en los orígenes mismo del FA como instrumento popular.
En las últimas semanas muchas voces calificadas, del campo político de la izquierda y también de los medios académicos, se han alzado para reclamar una discusión franca y transparente sobre el tema.
No se trata sólo de un derecho que poseen los partidos, las organizaciones sociales y los ciudadanos todos. Se trata de la obligación que tenemos todos de escrutar con esmero los términos de un tratado de tan vasto alcance como el que se propone.
Una decisión que si se adopta tendrá la fuerza de una norma reguladora de áreas esenciales de nuestra realidad nacional. Un tratado de ‘comercio administrado’ nada menos que con la principal potencia económica y militar del planeta.
Como fuerza política mayoritaria debemos discutir la cuestión con todas las opiniones sobre la mesa. Por ejemplo, el punto de vista de la Red de Economistas de Izquierda.
También con las organizaciones sociales, el PIT-CNT, FUCVAM a las que nos unen momentos claves de nuestra trayectoria, como el plebiscito en defensa de ANCAP. Y las entidades que agrupan a los empresarios de las ramas industriales que podrían ser afectadas por el TLC.
4- Hay una observación, que desapareció de la versión podada, que tiene que ver el cese que un TLC impondría a las disposiciones del TOCAF que regulan las compras del Estado a favor de la producción nacional. Deberá conocerse el punto de vista de los técnicos y las autoridades de las empresas públicas y de las privadas.
Otras advertencias formuladas por los técnicos tienen importancia: “También (el TLC) limita la responsabilidad de los proveedores de servicios de Internet. Las disposiciones contenidas en el capítulo de Observancia inciden en derechos fundamentales de la personalidad como los referidos a la libertad, privacidad y datos personales, dice el informe que, en ese tramo fue censurado”. ¿Son desdeñables estas observaciones? No lo son. Atañen a las cuestiones de fondo de las definiciones de los partidos.
También habrá que oír a la cátedra. Cotejar más de una opinión en materia de doctrina. En suma un debate democrático sobre cuestiones de fondo.
¿Cuándo y cómo haremos esas evaluaciones? ¿De cuánto tiempo dispone la ciudadanía y el sistema político para resolver estas cuestiones?
¿O todo lo haremos a los apurones y chapuceramente porque ellos, los gobernantes norteamericanos, están apurados por los plazos que les impone su Congreso?
Para tener opinión propia, en nuestra democracia y no en la de ellos, la ciudadanía precisa tener todos los elementos de juicio que existan sobre el tratado. Y tiempo para estudiarlo y discutirlo.
30.08.06. La enseñanza de la historia reciente: avance impostergable en el proceso democrático
EDITORIAL
La República
Escribe Hugo Cores PVP 567-Frente Amplio.
Algunos temas presentes en el debate de hoy requieren no perder de vista sus orígenes. La justa demanda de reparación, por ejemplo, a la que convocan los compañeros de CRYSOL, tiene que ver con un aspecto de fondo del pasado de nuestra sociedad sobre el que existen opiniones encontradas y está relacionada con lo que durante la dictadura y el largo período de impunidad fue la actitud del Estado en relación a las víctimas de la represión.
En este como en otros terrenos, la memoria es un campo de batalla. Se enfrentan hombres, partidos y siempre, por encima y por debajo, todopoderosas, las clases sociales.
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Las que poseen el poder económico (la tierra, los bancos, las fábricas y los medios de comunicación) y que controlan el aparato estatal a través de los partidos tradicionales, trazan y reproducen una visión del curso histórico. Contrapuestas, otras crónicas registran la memoria de las luchas populares. De sus conquistas políticas, de los logros de su unidad.
1- En los 60 y 70, miles de hombres y mujeres se rebelaron contra las injusticias y los despojos que los gobiernos colorados de la época imponían a los trabajadores.
Creo que sería importante, al menos entre nosotros, ponerse de acuerdo que, en el principio fue la congelación salarial. Y la represión para quienes rechazaban el despojo. Los cuarteles y las cárceles se abrieron para alojar a los que protestaban contra eso. Así ingresaron la policía y el ejército, con un rol bien preciso, en la dinámica de las luchas sociales. Y lo hicieron, durante decenios, para volcar la balanza a favor de los empresarios, de los banqueros y de los estancieros. En defensa del orden. Del orden conservador, claro.
Para conocer en última instancia cuál ha sido el resultado social de esa intervención, basta salir a la calle a la hora que se mueven los carritos recolectores de residuos. Antes fueron textiles o metalúrgicos. Tenían sindicatos. Fueron despojados y expulsados de la ciudad. Saber cómo y cuándo se perpetró ese salto atrás social y a quiénes ha favorecido, es un dato clave.
Recién ahora, con este gobierno, se está intentando salir de esa criminalizacion histórica de la protesta. Por eso, la línea impulsada por el Dr. José Díaz en el campo específicamente laboral es uno de los puntos altos de toda la gestión de este gobierno, lo que explica entre otras cosas la animosidad con que lo atacan los reaccionarios.
2- Volvamos al campo de la memoria. ¿Cómo fueron presentados por el Estado los luchadores sociales y políticos de la década del 60 y 70? ¿Cómo se formuló por parte del Estado el ingreso de las Fuerzas Armadas a posiciones de gobierno antes y después del golpe de Estado?
Entre 1972 y marzo de 1985 desde el Estado se sostuvo que en Uruguay no existían lo presos políticos. Había sí delincuentes subversivos. Se prohibió a texto expreso llamarlos de otra manera que no fuera esa. Cerraban una emisora o clausuraban un diario si se los nombraba usando otras palabras.
Los obreros y los sindicalistas, los luchadores de las organizaciones guerrilleras, esos subversivos eran, para el Estado, agentes de una conspiración mundial con centro en Moscú y La Habana; se proponían construir un Imperio Rojo. “El Planisferio Rojo” publicado por El País fue la expresión gráfica más espectacular de estos postulados. Lo rojo avanzaba. No han faltado, en tiempos recientes, voluminosos aportes bibliográficos que apuntan en el mismo sentido.
Las fuerzas defensoras del orden conservador, eran, como expresamente lo dicen los textos de la Junta de Comandantes, “el último bastión de defensa de la patria ante la agresión externa”. Habían salido de los cuarteles para salvar al país. Todavía hoy, en los dichos y en los escritos de algunos oficiales esos postulados sobreviven.
Para ese pensamiento, los hombres y mujeres que estuvieron presos, lejos de ser víctimas de la represión del terrorismo de Estado, son “enemigos” a los que se derrotó, sobrevivientes de una agresión a la patria oportunamente conjurada por la acción sacrificada de las Fuerzas Armadas. ¿Fue preso? ¿Gavazzo secuestró su hijo? ¡Por algo habrá sido! Y hasta no falta un magistrado, que ha mandado a archivar causas en las que la ausencia de justicia es un verdadero escándalo.
3- Con el advenimiento del gobierno popular retoma vigencia la cuestión de la reparación a las víctimas de la dictadura, dando por descontado que nunca, nada ni nadie conseguirá reparar las desapariciones, los asesinatos, los años de inhumano cautiverio.
La reparación, se ha dicho bien, debe ser completa y empieza por el restablecimiento de la verdad. Y, en este terreno la acción de la justicia es fundamental. No todas las causas están en la misma situación. Sobre algunas se han reunido muchos testimonios.
En estos días, a partir de la demanda de extradición de la justicia argentina se ha producido una nueva detención. Se trata de Araujo Umpierrez, un oficial importante en el conjunto de represores del SID que actuaron en Argentina. Debo señalar mi sorpresa: Araujo es primer nombre nuevo que aparece después de las denuncias formuladas por el PVP en 1976.
4- Obsérvese la singular situación que se está creando en el país. Varios oficiales se encuentran detenidos: todos por la misma causa, la desaparición de María Claudia García de Gelman.
Todas las demás causas, por una ‘razón’ u otra, se encuentran detenidas. Por lo demás, salvo alguna excepción, no hay ninguna información nueva para avanzar en el conocimiento de la verdad salvo las que han aportado las víctimas. En su enorme mayoría se trata de desapariciones de uruguayos que deberían ser juzgadas en tribunales uruguayos.
Esta realidad con la que se encuentra el gobierno progresista es el resultado de una hermética política a favor de la impunidad llevada adelante durante más de veinte años por blancos y colorados.
Esa situación, como lo hemos dicho muchas veces, ha colocado a Uruguay en esta situación absurda e indeseable en que nos encontramos hoy. Por lo demás, tal como se ha consignado en los documentos aprobados en las instancias democráticas del Frente Amplio, Uruguay ya no puede seguir postergando su actualización en relación a la vigencia en el país de los Tratados Internacionales.
Dentro de pocas semanas habrá que dar respuesta a la Corte Interamericana. No se trata de una novedad, no es un hecho inesperado. Hace años que se sabe. El hecho es que el pensamiento de los jueces de ese tribunal, tanto los actuales como los que integraron antes ese organismo, como Hector Gros Espiell, no acepta el argumento de la existencia de Ley de Caducidad. La desaparición de personas, -sostienen el tratado, la doctrina, los jueces- es un delito continuado. Un delito contra la humanidad y por tanto debe saberse la verdad y debe actuar la justicia. Agosto nos espera. La Corte Internacional también. La impunidad no es compatible con los Tratados. Estamos en una hora clave para una fase específica de la inserción internacional del país.
La República, 31 de agosto de 2006.
31.08.06. Pedido de procesamiento a policías y militares
EDITORIAL
La República
Un nuevo paso se ha dado, la conocida decisión de la fiscal Mirtha Guianze de procesar a diez oficiales policiales y militares por la desaparición forzada de personas en Argentina.
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Resultan enteramente compartibles las expresiones formulada a El Espectador por parte del abogado del SERPAJ Guillermo Paysee “Es un muy buen anuncio porque hay una sanación dentro de una sociedad que se encontraba enferma por no haber podido juzgar a los autores de delitos de lesa-humanidad. Tiempo atrás, con situaciones iguales (...) el gobierno del doctor Sanguinetti concretamente lo que hizo fue poner a investigar a un coronel. Obviamente no encontró - en ningún caso- responsabilidad de las Fuerzas Armadas. Sobre todo ese proceso vergonzoso que se vivió en esa época, el gobierno actual ha actuado con otro criterio”, opinó.
El profesional agregó que “el tema de la búsqueda de la verdad y de los restos óseos no debe concluir con los eventuales procesamientos y pronosticó que se presentarán más denuncias”.
Desde las páginas de La República, con la inteligente y denodada labor del periodista Roger Rodríguez, hemos mantenido una información exhaustiva y rigurosa sobre lo que ahora culminado.
Durante muchos años, cuando el horizonte de la verdad y la justicia parecía muy alejado y virtualmente inalcanzable, La República se hizo eco de las denuncias y de las manifestaciones públicas que demandaban la búsqueda de la verdad y de la ansiada justicia.
No se desfalleció ante la rígida tesitura de gobierno que, perteneciendo a distintos partidos y fracciones, tuvieron sin embargo en común la tesitura de mantener la impunidad a cualquier precio, fuera cual fuera el delito que se les imputaba a los oficiales ahora imputados.
A lo largo de esos años, de hecho en soledad, este diario se batió por trasmitir las voces de las víctimas, por hacerse eco del punto de vista de los que aparecían débiles ante el poder pero fuertes en su mensaje de verdad y exigencia de justicia.
En estos momentos ha culminado una etapa en la vida del país.
Una etapa, quizás la más difícil, que consiguió quebrar la gran inercia de la dictadura. El quietismo de las autoridades, la complicidad de los gobiernos, la indiferencia de la “prensa” más poderosa, asociada a aquella conspiración del silencio sobre los desaparecidos que nuestro pueblo y nuestros magistrados acaban de derrotar.
En esta hora de conmoción y reconocimiento están presentes los incansables Familiares de los desaparecidos, las organizaciones sociales, como el PIT-CNT que los han rodeado siempre y los rodean con su solidaridad y su lucha incansable. Las organizaciones no gubernamentales que aportaron asesoramiento, respaldo técnico y moral. Y una amplia masa de ciudadanos sensibilizados ante la bárbara realidad del crimen sin castigo, del sistemático ocultamiento de la verdad por parte del Estado, por el desvalimiento en que el Estado terrorista confinó a los hombres y mujeres libres de nuestras patrias.
Los nuevos criterios que ha hecho prevalecer el gobierno progresista en el campo de las violaciones a los derechos humanos ha habilitado la apertura de un camino a transitar.
Con su acción, el gobierno ha mostrado palmariamente la gravedad de la omisión reiterada por parte de los gobiernos que lo precedieron. Una gran lección, política y ética.
Un camino que, según todo parece indicar, sería seguido no solo por el Juez de la Causa Mechoso-Soba sino también por otros magistrados que tienen sobre su mesa de trabajo otros casos nacidos de las denuncias de las atrocidades cometidas en Orletti y también en tierra uruguaya.
Bienvenidos sean los tiempos de la verdad y de la justicia en nuestra patria.
31/08/06. Del pasado y del presente.
Contratapa La República
Escribe Hugo Cores PVP 567-Frente Amplio.
Algunos temas presentes en el debate de hoy requieren no perder de vista sus orígenes. La justa demanda de reparación, por ejemplo, a la que convocan los compañeros de CRYSOL, tiene que ver con un aspecto de fondo del pasado de nuestra sociedad sobre el que existen opiniones encontradas y está relacionada con lo que durante la dictadura y el largo período de impunidad fue la actitud del Estado en relación a las víctimas de la represión.
En este como en otros terrenos, la memoria es un campo de batalla. Se enfrentan hombres, partidos y siempre, por encima y por debajo, todopoderosas, las clases sociales.
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Las que poseen el poder económico (la tierra, los bancos, las fábricas y los medios de comunicación) y que controlan el aparato estatal a través de los partidos tradicionales, trazan y reproducen una visión del curso histórico. Contrapuestas, otras crónicas registran la memoria de las luchas populares. De sus conquistas políticas, de los logros de su unidad.
1- En los 60 y 70, miles de hombres y mujeres se rebelaron contra las injusticias y los despojos que los gobiernos colorados de la época imponían a los trabajadores.
Creo que sería importante, al menos entre nosotros, ponerse de acuerdo que, en el principio fue la congelación salarial. Y la represión para quienes rechazaban el despojo. Los cuarteles y las cárceles se abrieron para alojar a los que protestaban contra eso. Así ingresaron la policía y el ejército, con un rol bien preciso, en la dinámica de las luchas sociales. Y lo hicieron, durante decenios, para volcar la balanza a favor de los empresarios, de los banqueros y de los estancieros. En defensa del orden. Del orden conservador, claro.
Para conocer en última instancia cuál ha sido el resultado social de esa intervención, basta salir a la calle a la hora que se mueven los carritos recolectores de residuos. Antes fueron textiles o metalúrgicos. Tenían sindicatos. Fueron despojados y expulsados de la ciudad. Saber cómo y cuándo se perpetró ese salto atrás social y a quiénes ha favorecido, es un dato clave.
Recién ahora, con este gobierno, se está intentando salir de esa criminalizacion histórica de la protesta. Por eso, la línea impulsada por el Dr. José Díaz en el campo específicamente laboral es uno de los puntos altos de toda la gestión de este gobierno, lo que explica entre otras cosas la animosidad con que lo atacan los reaccionarios.
2- Volvamos al campo de la memoria. ¿Cómo fueron presentados por el Estado los luchadores sociales y políticos de la década del 60 y 70? ¿Cómo se formuló por parte del Estado el ingreso de las Fuerzas Armadas a posiciones de gobierno antes y después del golpe de Estado?
Entre 1972 y marzo de 1985 desde el Estado se sostuvo que en Uruguay no existían lo presos políticos. Había sí delincuentes subversivos. Se prohibió a texto expreso llamarlos de otra manera que no fuera esa. Cerraban una emisora o clausuraban un diario si se los nombraba usando otras palabras.
Los obreros y los sindicalistas, los luchadores de las organizaciones guerrilleras, esos subversivos eran, para el Estado, agentes de una conspiración mundial con centro en Moscú y La Habana; se proponían construir un Imperio Rojo. “El Planisferio Rojo” publicado por El País fue la expresión gráfica más espectacular de estos postulados. Lo rojo avanzaba. No han faltado, en tiempos recientes, voluminosos aportes bibliográficos que apuntan en el mismo sentido.
Las fuerzas defensoras del orden conservador, eran, como expresamente lo dicen los textos de la Junta de Comandantes, “el último bastión de defensa de la patria ante la agresión externa”. Habían salido de los cuarteles para salvar al país. Todavía hoy, en los dichos y en los escritos de algunos oficiales esos postulados sobreviven.
Para ese pensamiento, los hombres y mujeres que estuvieron presos, lejos de ser víctimas de la represión del terrorismo de Estado, son “enemigos” a los que se derrotó, sobrevivientes de una agresión a la patria oportunamente conjurada por la acción sacrificada de las Fuerzas Armadas. ¿Fue preso? ¿Gavazzo secuestró su hijo? ¡Por algo habrá sido! Y hasta no falta un magistrado, que ha mandado a archivar causas en las que la ausencia de justicia es un verdadero escándalo.
3- Con el advenimiento del gobierno popular retoma vigencia la cuestión de la reparación a las víctimas de la dictadura, dando por descontado que nunca, nada ni nadie conseguirá reparar las desapariciones, los asesinatos, los años de inhumano cautiverio.
La reparación, se ha dicho bien, debe ser completa y empieza por el restablecimiento de la verdad. Y, en este terreno la acción de la justicia es fundamental. No todas las causas están en la misma situación. Sobre algunas se han reunido muchos testimonios.
En estos días, a partir de la demanda de extradición de la justicia argentina se ha producido una nueva detención. Se trata de Araujo Umpierrez, un oficial importante en el conjunto de represores del SID que actuaron en Argentina. Debo señalar mi sorpresa: Araujo es primer nombre nuevo que aparece después de las denuncias formuladas por el PVP en 1976.
4- Obsérvese la singular situación que se está creando en el país. Varios oficiales se encuentran detenidos: todos por la misma causa, la desaparición de María Claudia García de Gelman.
Todas las demás causas, por una ‘razón’ u otra, se encuentran detenidas. Por lo demás, salvo alguna excepción, no hay ninguna información nueva para avanzar en el conocimiento de la verdad salvo las que han aportado las víctimas. En su enorme mayoría se trata de desapariciones de uruguayos que deberían ser juzgadas en tribunales uruguayos.
Esta realidad con la que se encuentra el gobierno progresista es el resultado de una hermética política a favor de la impunidad llevada adelante durante más de veinte años por blancos y colorados.
Esa situación, como lo hemos dicho muchas veces, ha colocado a Uruguay en esta situación absurda e indeseable en que nos encontramos hoy. Por lo demás, tal como se ha consignado en los documentos aprobados en las instancias democráticas del Frente Amplio, Uruguay ya no puede seguir postergando su actualización en relación a la vigencia en el país de los Tratados Internacionales.
Dentro de pocas semanas habrá que dar respuesta a la Corte Interamericana. No se trata de una novedad, no es un hecho inesperado. Hace años que se sabe. El hecho es que el pensamiento de los jueces de ese tribunal, tanto los actuales como los que integraron antes ese organismo, como Hector Gros Espiell, no acepta el argumento de la existencia de Ley de Caducidad. La desaparición de personas, -sostienen el tratado, la doctrina, los jueces- es un delito continuado. Un delito contra la humanidad y por tanto debe saberse la verdad y debe actuar la justicia. Agosto nos espera. La Corte Internacional también. La impunidad no es compatible con los Tratados. Estamos en una hora clave para una fase específica de la inserción internacional del país.
La República, 31 de agosto de 2006.
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