11 setiembre al 15 de setiembre de 2006.

11/09/06. Mal momento para el ‘negacionismo’ criollo.
(1985: Julio acto aniversario PVP, atràs Carlos Coitinio)


Mal momento para el ‘negacionismo’ criollo

Escribe Hugo Cores PVP567-Frente Amplio

Vivimos un momento de una apasionante proliferación de debates: debate sobre defensa nacional, debate educativo, reforma tributaria, reforma del Estado, reforma de la Constitución.

Uno de los riesgos es, justamente, que se sumen demasiados problemas y que cuestiones que son de gran importancia para el futuro del país terminen discutiéndose de manera superficial o incompleta.

1- Aunque hoy no me voy a ocupar sino tangencialmente del tema, la posibilidad de firmar un acuerdo o tratado de libre comercio con los EE.UU. es, sin duda lo más apremiante, dado los plazos anunciados por el gobierno. Sobre el abordaje del tema hay hechos nuevos y positivos: por un lado se amplía el número de quienes participan en la discusión, ingresan voces que es necesario atender: teníamos los valiosos aportes de la Red de Economistas de Izquierda. Ahora se han suman Alberto Couriel, José Manuel Quijano y Gerardo Caetano quienes expresan, desde distintas disciplinas y ámbitos de actuación, una ampliación verdadera del debate pronunciándose claramente en un sentido de oposición a lo sostenido por el M. de Economía.

A su vez, la semana pasada tuvo lugar en la Federación ANCAP, la creación de la Comisión en defensa de la soberanía, integrada por FUCVAM, FEUU, ONAJPU y el PIT-CNT y distintas organizaciones políticas. A través de la Comisión, otros protagonistas piden la palabra. Por ahí pasa el desafío decisivo que tenemos los frenteamplistas.

La Comisión creada recoge la experiencia de otras movilizaciones cívicas que formaron parte de la resistencia popular a las arremetidas de la ofensiva neoliberal y en defensa del patrimonio durante los gobiernos blancos y colorados.

2- La proliferación de debates promovidos por el gobierno será un hecho muy positivo en la medida que se atiendan con cuidado criterios de transparencia sin los cuales será difícil que los intercambios tengan un desenlace de avance sobre lo actual.

En primer lugar es necesario brindar públicamente todos los elementos de juicio disponibles. El campo de lo secreto en función de ‘razones de Estado’ deberá ser el mínimo. No se podría entender que información sensible que manejan técnicos y funcionarios de otros partidos políticos no sean trasladados a las estructuras de conducción del Frente Amplio, como ocurrió hace unos días y dimos cuenta en estas páginas.

En segundo lugar, habría que situar con transparencia cuáles son los escollos que enfrentan el gobierno en cada terreno y, sobre eso, dar la información existente.

Por ejemplo, en la cuestión de la defensa nacional y las fuerzas armadas tiene una gran complejidad: aspectos técnicos, administrativos, profesionales, etc. Pero lo que importa para un debate abierto es la zona de temas en que el ejercicio de la autoridad democrática del gobierno se enfrenta con dificultades. Las demás cuestiones se deben ordenar a partir de la necesidad de democratización del pensamiento y la selección de los mandos superiores sobre la base del acatamiento irrestricto de las FF.AA. a las normas establecidas por la Constitución, terminando con cualquier tipo de autonomización de las FF.AA.


3- De todos los debates hay uno que conlleva una poderosa innovación: la enseñanza de la historia reciente. Si la canalización de esta propuesta se realiza adecuadamente por parte de la Televisión Nacional y retiene el interés del público, la discusión está llamada a tener una estimulante repercusión y esto en uno de los ámbitos en que el interés por el conocimiento es más deseable que se desarrolle como son las jóvenes generaciones.

La decisión del CODICEN ha desatado algunas inquietudes que todavía no han logrado tomar un cauce razonable. Algunos planteos de un senador nacionalista reclamando la destitución del profesor Carlos Demasi, palanqueados y apoyados desde la prensa conservadora, han alcanzado cimas del ridículo difíciles de superar.

El frenesí por linchar al docente cegó hasta tal punto las entendederas de los propios colaboradores del Senador que una página en solfa del matutino ladiaria fue colocada en la página WEBB del legislador como si se tratara de una iniciativa firme. Tardaron casi una semana en percibir que estaban difundiendo una página humorística que dejaba en ridículo a su conductor.

El negacionismo criollo

4 –Por su parte, el ex presidente Sanguinetti ha sostenido que sobre los sucesos del pasado reciente no es posible construir un relato histórico científico dado el peso de los componentes subjetivos en la labor de los historiadores.
El peso de lo subjetivo no solo gravita para el relato de la historia reciente. También para los períodos más remotos. Por ejemplo, la defensa irrestricta de la acción política de Fructuoso Rivera, en la que comulga Sanguinetti y el coloradismo, contiene de hecho una buena dosis de motivaciones no científicas emparentadas con el unitarismo porteño y las presiones sobre la región de los viejos imperios europeos.
A la vez, la versión sanguinettista de los hechos del pasado reciente se asienta en una justificación irrestricta de la represión, policial y luego militar, de todos los movimientos populares de resistencia desde el sindicalismo, los partidos de izquierda y los movimientos insurgentes. Coincidiendo, palabra más palabra menos, con los textos de los Comandantes publicados durante la dictadura, Sanguinetti es el constructor y reproductor de un discurso histórico puesto al servicio de políticas represivas que dañaron y obstaculizaron el ejercicio de las libertades y los derechos civiles y políticos de las mayorías. Su discurso fue funcional a una transformación profunda del Estado destinada a hacer viable modelos económicos contrarios a los intereses de los trabajadores.


5- Entre las protestas más estridentes y desmelenadas aparece un editorial del 3/9 del diario El País. Es un texto breve pero tan tilingo y tan inundado de arrogancia que se convierte en un prototipo.
El editorialista de El País se agravia porque Demasi sostiene que “la represión sobre los movimientos sindicales y estudiantiles en la década de los sesenta es anterior a la emergencia de la guerrilla como fenómeno político".
Es bien cierto que, desde la mirada interior, casi intimista, del diario El País ¿qué otra cosa se puede hacer sino negar?
Negar la represión a los gremios, la firma de la Primera Carta de Intención ante el FMI, el crecimiento del malestar social, la protesta, las bandas de extrema derecha y las amenazas autoritarias.
Negar la influencia del golpe de Estado de abril de 1964 en Brasil, promovido desde los EE.UU. contra el gobierno de Joao Goulart. Negar las amenazas de los militares golpistas en Uruguay.
Y como una negación lleva a la otra, negar la existencia de una central obrera, la CNT, que ese año decide declarar la huelga general y ocupar los lugares de trabajo en caso de golpe de Estado.

Basándose en la documentación sesgada que contiene la colección de El País, no hay ninguna razón para reconocer verdades inocultables como ser que el peligro de golpe fue denunciado en 1964 y que se previeron acciones (la huelga general) que luego se realizaron. Como, por lo demás, El País también ignoró la huelga general de junio-julio de 1973 y se plegó de inmediato a defender a la dictadura, la visión que representa y hoy defiende, siendo coherente, no es precisamente un modelo de discurso histórico científico. Es más bien el ejemplo vívido de una larga falsificación, de un relato histórico que no se sostiene ante el más mínimo cotejo con la realidad, con los testimonios y los documentos. Una historia hecha al servicio del mandamás de turno. Y del lado de los EE.UU. siempre.

Para estos discursos negacionistas no corren tiempos propicios. Ha cambiado el gobierno. Después de decenios de impunidad, la verdad histórica y también la verdad de la justicia penal se abren camino, mal que le pese a todos los sostenedores de la historia oficial de la dictadura.
Un amplio auditorio de gente joven quiere saber de qué se trata. Quiere saber del pasado para afirmarse como ciudadanos en el presente. Las redes del pensamiento autoritario no los atrapan. Todo discurso de justificación de la dictadura ya fue. De ahí lo fermental y democrático del desafío emprendido.



13/09/06. La verdad y la justicia, ahora ante un nuevo tribunal.
Nota para revista Caras y Caretas

13-9-06 Caras y Caretas

La verdad y la justicia, ahora ante un nuevo tribunal.

Dos hechos de las últimas semanas empiezan a cambiar profundamente el panorama político con relación a la impunidad y sus consecuencias.
El más rotundo es el procesamiento de ocho de los represores más activos durante la dictadura. Entre ellos están algunos de los individuos más emblemáticos, cuyos nombres ya aparecían en las denuncias de torturas del año 1972.
No fue necesario esperar a que todos estuviéramos muertos para empezar a saber la verdad. Ni para verlos salir, como criminales, de las puertas de un juzgado, con las manos esposadas.
Frente a tantas vacilaciones y complicidades de jueces y políticos, corresponde el reconocimiento al buen desempeño de los magistrados actuantes.
Con sus sentencias, netas y sin ambigüedades, han hecho más por la credibilidad de las instituciones democráticas que muchos discursos e infinitos llamamientos la ‘reconciliación nacional’. La decisión nos concierne como ciudadanos de esta sociedad que blancos y colorados hicieron campo orégano a la impunidad. Nos atañe también, intensamente, porque en este capítulo de la historia hay muchos compañeros de nuestro partido.
2- En la construcción de la acusación que ha culminado judicialmente han participado muchas personas y lo han hecho durante muchos años. Testigos, víctimas, sobrevivientes. También nosotros como organización política.
Desde 1976. En el testimonio del sindicalista de FUNSA Washington Pérez, el ‘Perro’, ya estaban contenidas las verdades principales de lo que ahora es la acusación contra la patota que actuaba en Argentina. Casi enseguida fue el testimonio de Enrique Rodríguez Larreta, que recorrió buena parte del mundo con su relato minucioso y certero.
A lo largo de los años, esos y otros testimonios, fueron desoídos. Durante la dictadura y después. Con la complicidad de los mandos y también de los dirigentes políticos conservadores que le dieron soporte a la impunidad y silenciaron sistemáticamente las voces de denuncia.
Por lo demás, es de esperar que las prisiones resueltas por los magistrados se cumplan en establecimientos dependientes del Ministerio del Interior, sin ningún tipo de privilegios.

3- El otro hecho que resulta impactante es el anuncio realizado desde la Secretaría de la Presidencia en el sentido que el Comandante del Ejército ha reconocido que entre veinte y veintiún compañeros del PVP habrían sido trasladados el 5 de octubre de 1976 en el llamado segundo vuelo. El Ejército, se agrega, ha anunciado que en breve dará a conocer un informe dando cuenta del operativo.

Como es notorio, la información de la existencia de un segundo vuelo, trasladando personas secuestradas en Buenos Aires a Montevideo, es un dato que recién empezó a examinarse en el año 2002, a partir de las investigaciones periodísticas de Roger Rodríguez.

El reconocimiento que ahora se anuncia pone fin a un silencio herméticamente guardado. Y, al mismo tiempo, deja a la vista una vasta literatura de desinformación alentada desde el Estado. En la propalación de evasivas y mentiras, tanto los mandos militares como dirigentes conspicuos de los partidos tradicionales cumplieron una activa labor de respaldo.

El reconocimiento de hoy conlleva el derrumbe de una montaña de falsificaciones pergeñada laboriosamente desde el Estado.

4- El histórico dictamen judicial del 11 de setiembre sobre los crímenes de Orletti adquiere una especial significación en momentos en que las autoridades de la educación deciden, auspiciosamente, encarar el estudio de la historia reciente en todos los establecimientos educativos del sistema.

Existen episodios acerca de los cuales se han formulado más de una versión y sobre los mismos se han emitido juicios a menudo antagónicos. La sentencia del 11 de setiembre permite avanzar sobre las incertidumbres: hubo Plan Cóndor y se construyó sobre sus crímenes un alto muro de mentiras y silencios. Y del mismo modo que hubo un discurso de Bordaberry disolviendo las Cámaras Legislativas y sobre eso nadie duda, existieron operaciones de secuestro y ejecuciones sumarias a presos políticos durante la dictadura. Estos hechos como aquel oprobioso discurso, tendrán su merecido lugar en los programas de estudio. Su palmaria existencia no obedece al impulso “subjetivo” de ningún cronista.

Difícilmente se pueda apelar a la laicidad cuando se de cuenta de ese pasado y de esos crímenes para ilustrar la figura del Estado Terrorista uruguayo. En ese sentido, las verdades hasta ayer enterradas, que ahora afloran, se dirigen a un nuevo y más amplio tribunal, un atento auditorio de miles de jóvenes compatriotas que tienen derecho a saber qué pasa y qué ha pasado en este país. Y de saberlo sin las mentiras piadosas o amenazantes con se intentó amordazar al país y su gente en estos veinte años de impunidad.

El efecto sanador de la verdad cumplirá su función estimulante. Es bueno para la democracia, para que el Estado y sus instituciones recobren credibilidad. Una credibilidad dañada por el escarnio de la impunidad, por existencia de normativas que se apartaban del principio elemental de la igualdad de todos ante la ley.

Estamos convencidos que en la senda del Juez Luis Charles y la Fiscal Mirtha Guianze el país empieza a ir mejor. Para avanzar deberíamos entre todos terminar con el escollo que significa la Ley de Caducidad. Al parecer hay cada vez más gente convencida de eso.



13/09/06. Bocanada de oxígeno para nuestra democracia
EDITORIAL
La República

Editorial miércoles 13 de setiembre de 2006

Bocanada de oxígeno para nuestra democracia

El procesamiento de los diez militares y policías acusados de violación a los derechos humanos durante la dictadura ha provocado una honda estela de emoción en buena parte del país. Lo que parecía inalcanzable, llegó. La verdad, todavía muy parcialmente despojada de los velos que la oscurecieron durante tantos años, empieza a ser conocida por todos. La sentencia de la justicia ha sido neta y rotunda, sin vacilaciones ni ambigüedades.

Con sencillez y discreción, con seriedad austera, los funcionarios de la fiscalía y su jerarca y el magistrado del Juzgado Penal de 19º Turno, dieron el último paso de un proceso judicial inédito y de enorme resonancia nacional.

Estos funcionarios judiciales culminaron un tarea que habían empezado otros, hace muchos años y desde lugares y bajo formas originales, a menudo a costa de grandes sacrificios.

Un proceso de búsqueda de datos que iniciaron casi siempre los compañeros y familiares de los desaparecidos. Hacerlo, tanto en el Uruguay de Bordaberry como en la Argentina de Videla, fue riesgoso y por largos momentos pareció que, además, era inútil. El triunfo de la bestia parecía definitivo.

Las víctimas y los testigos de los secuestros, los sobrevivientes, expresaron su verdad. No se trata de si tenían razón o no. ¿Qué quiere decir ‘tener razón’ en esa materia?
Lo que tenían y resultó decisivo, era verdad.

Las víctimas, los familiares, los sobrevivientes aportaron todo lo que hasta ahora se sabe. Y lo que se sabe, si nos atenemos a la sentencia del magistrado, terminó siendo, junto con el aporte del periodismo de investigación, factor que no debe ser minimizado, suficiente para condenar a las responsables.

Los victimarios nada aportaron, hasta ahora, para que se supiera la verdad. Tanto la judicial como la histórica. La verdad no vino del lado de los verdugos. Tampoco del Estado que amparó ocultó, protegió y hasta pretendió dar ‘legitimidad’ al vandalismo en aras de que los ‘excesos’ habían sido inevitables en la ‘lucha contra la subversión’.

Los efectos de estos procesamientos sobre la sociedad uruguaya son todavía difíciles de medir en toda su significación.

Lo que si se puede afirmar es que esta sentencia, fruto como decíamos de todos los esfuerzos que están atrás, ha hecho más por la democracia que cien discursos o proclamas.

Doce años de Estado terrorista dejaron una huella profunda en la sociedad. Los veinte años de impunidad que vinieron luego ahondaron esas marcas dolorosas. Hicieron pensar a muchos, y sobre todo a los más jóvenes, que la situación era imposible de modificar, que la imposición de la impunidad era una ortopedia deformante con la que había que habituarse vivir para siempre.

La nueva política en materia de derechos humanos impulsada por el gobierno del Frente Amplio ha empezado a disipar las espesas brumas que pesaban sobre las instituciones uruguayas.
Nuestra sociedad, que tiene ante sí un sinnúmero de desafíos en todos los campos, desde el educativo hasta el económico, pasando por los impuestos, la seguridad pública, el desarrollo productivo y la creación de fuentes de trabajo, puede contar o no con un instrumentos esencial aunque no el único, el Estado.

La cuestión de la impunidad, justamente, colocó al Estado en la nómina de los grandes sospechosos. Sospechoso de mentir, ocultar, violar sus propias normas, asesinar personas por móviles políticos y demás.

El instrumento representativo de lo público, la materialización orgánica de las instituciones, el Estado, apareció convalidando la acción de grupos terroristas. Y sobre eso la impunidad y silencio. ¿Qué otra cosa sino un profundo desprestigio podría generar un Estado aquiescente con el crimen, cómplice con el delitos, permisivo con los saqueadores y homicidas.

De ahí ese profundo sentimiento de purificación que se vive. La sociedad se deslastra de las tenebrosas complicidades del pasado. Y al hacerlo el miedo retrocede. Las instituciones colectivas de la sociedad salen de la impotencia, se elevan sobre el ‘progreso manuscrito’ y la irrealidad del derecho y se vuelven creíbles. La democracia recobra la energía y el prestigio de lo sano y lo saneado.



15/09/06. Un pensamiento militar polémico pero novedoso
EDITORIAL
La República
Editorial viernes 15 de setiembre de 2006-09-14


Un pensamiento militar polémico pero novedoso

Es su edición de ayer jueves el semanario Búsqueda publica una larga entrevista al General (R) Hebert Fígoli. En sus declaraciones el militar realiza una serie de reflexiones de carácter técnico específicamente militares. Estas tienen interés por provenir de un oficial superior que ha estado en la conducción hasta hace unos pocos meses.
"Nadie puede desear la violencia del Estado, pero tampoco se puede justificar la violencia revolucionaria. Nadie puede alentar la prisión por motivos político-ideológicos, o la falta de juicio ajustado a derecho, el apremio a conciudadanos o su desaparición.
Agregó que la confirmación de que los detenidos que llegaron en 1976 a Uruguay en el "segundo vuelo" desde Argentina fueron ejecutados, es un hecho "aberrante", situación que diferenció de la de otros camaradas de armas que murieron "en cumplimiento del deber".

Preguntado luego si ha sido integrante de la Legión Tenientes de Artigas, Fígoli responde: “Jamás lo he sido. Es más, es muy curioso, pero nunca me han invitado siquiera a integrarme a ninguna de las logias existentes. Y no hubiera ingresado en cualquier caso, ya que considero que se puede dar un conflicto de intereses, y uno se debe al Ejército. Mi hogar profesional ha sido el Ejército, no otro”.
Por dar un ejemplo, agrega el Gral Fígoli “¿qué pasaría si ciertos niveles de conducción del Ejército no coincidieran con eventuales orientaciones definidas por esos grupos de presión?
Como comprenderá me encuadran limitaciones de carácter jurídico militar en mi situación de retiro efectivo, por lo tanto no haré mayores comentarios al respecto. De todas maneras, siempre entendí que mas allá de interpretaciones jurídicas, quienes redactaron la "Ley de Caducidad" y luego el laudo ciudadano, lo que procuraron fue el definitivo encuentro quizás en la forma de una amnistía. Pero debo admitir que a más de veinte años la sociedad todavía no se ha reencontrado, persisten profundas brechas en relación al tema de los Derechos Humanos”.
Más adelante sostiene Fígoli: “Hoy en día el escenario es muy distinto al que prevaleció en las últimas décadas; inicialmente a partir de la activación de la Comisión para la Paz en la anterior Administración y particularmente desde que asumió el actual gobierno. Es evidente: informe de los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas, hallazgo de restos óseos de detenidos desaparecidos, detenciones administrativas y procesamientos de algunos involucrados, búsqueda infructuosa de lugares de enterramientos clandestinos, investigaciones en curso, etcétera”.
Finalmente, Fígoli desarrolla una idea acerca de la cual hay algunos antecedentes en nuestro país. Nos referimos al libro y a las declaraciones posteriores formuladas por el General (R) Oscar Pereira.
Aunque en muchos aspectos sus reflexiones transitan por senderos diferentes, no antagónicos, ambos oficiales coinciden en un punto: “las Fuerzas Armadas deben reconocer de forma explícita que violaron los derechos humanos” (…) y “deberían asumir su responsabilidad institucional por esos hechos "injustificables" desde los puntos de vista "ético y moral".
Las reflexiones de este general, de quien se decía hace unos meses era quien estaba destinado a sustituir al General Bertolotti en el cargo de Comandante en Jefe del Ejército tienen un gran interés. No resulta frecuente que militares de las generaciones, que desarrollaron gran parte de su carrera bajo en régimen dictatorial, reflexiones con un pensar que toma en cuenta no solo los aspectos militares ‘internos’ sino el conjunto de la problemática del país.



15/09/06. La verdad y la justicia, ahora ante un nuevo tribunal
La República

La verdad y la justicia, ahora ante un nuevo tribunal
Escribe: Hugo Cores
Dos hechos de las últimas semanas empiezan a cambiar profundamente el panorama político con relación a la impunidad y sus consecuencias.
1. El más rotundo es el procesamiento de ocho de los represores más activos durante la dictadura. Entre ellos están algunos de los individuos más emblemáticos, cuyos nombres ya aparecían en las denuncias de torturas del año 1972.
No fue necesario esperar a que todos estuviéramos muertos para empezar a saber la verdad. Ni para verlos salir, como criminales, de las puertas de un Juzgado, con las manos esposadas. Frente a tantas vacilaciones y complicidades de jueces y políticos, corresponde el reconocimiento al buen desempeño de los magistrados actuantes. Con sus sentencias, netas y sin ambigüedades, han hecho más por la credibilidad de las instituciones democráticas que muchos discursos e infinitos llamamientos a la 'reconciliación nacional'. La decisión nos concierne como ciudadanos de esta sociedad que blancos y colorados hicieron campo orégano a la impunidad. Nos atañe también, intensamente, porque en este capítulo de la historia hay muchos compañeros de nuestro partido.
2. En la construcción de la acusación que ha culminado judicialmente han participado muchas personas y lo han hecho durante muchos años. Testigos, víctimas, sobrevivientes. También nosotros como organización política. Desde 1976. En el testimonio del sindicalista de FUNSA Washington Pérez, el 'Perro', ya estaban contenidas las verdades principales de lo que ahora es la acusación contra la patota que actuaba en Argentina. Casi enseguida fue el testimonio de Enrique Rodríguez Larreta, que recorrió buena parte del mundo con su relato minucioso y certero. A lo largo de los años, esos y otros testimonios fueron desoídos. Durante la dictadura y después. Con la complicidad de los mandos y también de los dirigentes políticos conservadores que le dieron soporte a la impunidad y silenciaron sistemáticamente las voces de denuncia.
Por lo demás, es de esperar que las prisiones resueltas por los magistrados se cumplan en
establecimientos dependientes del Ministerio del Interior, sin ningún tipo de privilegios.
3. El otro hecho que resulta impactante es el anuncio realizado desde la Secretaría de la Presidencia en el sentido que el Comandante del Ejército ha reconocido que entre veinte y veintiún compañeros del PVP habrían sido trasladados el 5 de octubre de 1976 en el llamado segundo vuelo. El Ejército, se agrega, ha anunciado que en breve dará a conocer un informe dando cuenta del operativo.
Como es notorio, la información de la existencia de un segundo vuelo, trasladando personas secuestradas en Buenos Aires a Montevideo, es un dato que recién empezó a examinarse en el año 2002, a partir de las investigaciones periodísticas de Roger Rodríguez.
El reconocimiento que ahora se anuncia pone fin a un silencio herméticamente guardado. Y, al mismo tiempo, deja a la vista una vasta literatura de desinformación alentada desde el Estado. En la propalación de evasivas y mentiras, tanto los mandos militares como dirigentes conspicuos de los partidos tradicionales cumplieron una activa labor de respaldo. El reconocimiento de hoy conlleva el derrumbe de una montaña de falsificaciones pergeñada laboriosamente desde el Estado.
4. El histórico dictamen judicial del 11 de setiembre sobre los crímenes de Orletti adquiere una especial significación en momentos en que las autoridades de la educación deciden, auspiciosamente, encarar el estudio de la historia reciente en todos los establecimientos educativos del sistema. Existen episodios acerca de los cuales se han formulado más de una versión y sobre los mismos se han emitido juicios a menudo antagónicos. La sentencia del 11 de setiembre permite avanzar sobre las incertidumbres: hubo Plan Cóndor y se construyó sobre sus crímenes un alto muro de mentiras y silencios. Y del mismo modo que hubo un discurso de Bordaberry disolviendo las Cámaras legislativas y sobre eso nadie duda, existieron operaciones de secuestro y ejecuciones sumarias a presos políticos durante la dictadura. Estos hechos, como aquel oprobioso discurso, tendrán su merecido lugar en los programas de estudio. Su palmaria existencia no obedece al impulso 'subjetivo' de ningún cronista.
Difícilmente se pueda apelar a la laicidad cuando se dé cuenta de ese pasado y de esos crímenes para ilustrar la figura del Estado terrorista uruguayo. En ese sentido, las verdades hasta ayer enterradas, que ahora afloran, se dirigen a un nuevo y más amplio tribunal, un atento auditorio de miles de jóvenes compatriotas que tienen derecho a saber qué pasa y qué ha pasado en este país. Y de saberlo sin las mentiras piadosas o amenazantes con que se intentó amordazar al país y su gente en estos veinte años de impunidad.
El efecto sanador de la verdad cumplirá su función estimulante. Es bueno para la democracia, para que el Estado y sus instituciones recobren credibilidad. Una credibilidad dañada por el escarnio de la impunidad, por la existencia de normativas que se apartaban del principio elemental de la igualdad de todos ante la ley. Estamos convencidos de que en la senda del juez Luis Charles y de la fiscal Mirtha Guianze el país empieza a ir mejor. Para avanzar deberíamos entre todos terminar con el escollo que significa la Ley de Caducidad. Al parecer hay cada vez más gente convencida de eso.