04/09/06. ¿Al TLC con los ojos cerrados?
(Foto: Hugo Cores, el Gral Oscar Baliñas acto del FA)
Hugo Cores PVP-567 Frente Amplio
Por parte del gobierno se ha insistido en la urgencia y la conveniencia de acordar un tratado comercial con los EE.UU.
Esa posibilidad ha suscitado la oposición de algunos sectores populares y una polarización creciente dentro de la fuerza política en el gobierno, el Frente Amplio. Más aún, posiciones antagónicas han surgido dentro de los partidos que componen en Frente Amplio.
¿Cuáles son las razones que explican este momento de tensión interna y externa del Frente Amplio?
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¿Se trata, acaso, de una discusión entre unos compañeros _que quieren hacer cosas efectivas_ a favor del pueblo que enfrentan a otros compañeros _cuyo deseo más ferviente es discutir, cotejar frases retóricas y darle impulso a la ideologización del debate_?
¿Se trata de un torneo entre pragmáticos e idealistas que andan en las nubes?
O ¿una confrontación de opiniones entre algunas personas y grupos que, por fin, se han abierto a las _nuevas ideas_ que propone el siglo (la apertura irrestricta, el achicamiento del Estado) y otros que han quedado amarrados al perimido ideario izquierdista de los sesenta?
Cualquier persona o grupo de personas que se acerque al debate verá que no es así.
Para muchos frenteamplistas la suscripción, en este momento y bajo estas condiciones de un tratado de libre comercio con los Estados Unidos, porque de eso se trata, pondría al país en una situación sumamente desfavorable.
En primer lugar porque ni el país ni el gobierno de Uruguay están en condiciones de resolver, en un lapso breve, el cúmulo de problemas que al país chico le plantea asociarse con un país del peso económico y comercial de los EE.UU.
Pensar que en un período de pocos meses se van a resolver todas las carencias y deficiencias que tiene nuestra adecuación como nación, en el plano económico, como propuestas de desarrollo, de adecuación institucional y normativa, aparece como contradictorio con la lentitud que se exhibe en el desarrollo de las políticas del gobierno en otros terrenos. Y eso no se puede hacer a los ponchazos, dejando divergencias e insatisfacciones por todos lados.
La comprensión de los obstáculos y la paciencia para sobrellevar la demora se debiera aplicar en la instancia de asumir compromisos externos, como el TLC, que pueden provocar daños irreparables en el tejido económico y social del país.
Por lo demás, el debate, como instancia nacional, recién empieza. Hay muchos sectores sociales que por una razón u otra no han tenido la posibilidad de estudiar a fondo cuáles serían, para su campo de actividad, las consecuencias de un acuerdo con los EE.UU.
Pero además las modalidades específicas de un tratado como el que hoy aparece en el horizonte, presentan - por parte de los EE.UU.- algunos rasgos que llaman a la reflexión y preocupan. Características que tienen los convenios en curso con Colombia, Perú y los ya plasmados del acuerdo con Chile y los países centroamericanos.
Todo parece indicar que en el instante de concretar un convenio de _comercio administrado_, como le llaman algunos expertos, los representantes de la gran potencia no resultan demasiado accesibles ni dan demasiadas muestras de compresión y sensibilidad ante a los argumentos de la otra parte. Si el país de menor desarrollo relativo, es decir todos los demás del planeta, resulta perjudicado, no es asunto de ellos. Lo de ellos es acrecentar su expansión y la rentabilidad de sus empresas.
¿Torpedear al MERCOSUR?
Ahora bien, toda la cuestión del TLC contiene en su seno otra, bien acuciante por cierto.
Uruguay ya se haya embarcado, desde 1990, en una propuesta de integración regional, el MERCOSUR.
Para quien siga con atención las noticias acerca de cómo nuestros socios de la región tomarían una decisión _rumbo a Washington_ por parte de Uruguay, resulta evidente que nada firme se puede anticipar acerca de cuál sería la respuesta.
¿Se está dispuesto a ahondar las dificultades con Argentina y también con Brasil? O, por el contrario ¿sería más alcanzable la meta de reconstruir y avanzar en acuerdos con nuestro propio vecindario?
No me cabe ninguna duda acerca de que con la Casa Matriz del imperialismo contemporáneo será siempre más difícil relacionarse
Es una incertidumbre que remite a un proyecto de largo plazo, a una cierta estrategia de integración sobre la que se ha venido insistiendo desde hace mucho tiempo.
Hasta ahora, la integración con los vecinos _de al lado_ había estado a cargo de gobiernos de entonación más bien neoliberal. Nunca esa tarea nacional y de dimensión latinoamericana, había estado en manos de un gobierno de izquierda. ¿Por qué no asumir los trabajos y los días de la integración con nuestra visión progresista?
La semana pasada, organizado con buen criterio por Carlos Viera de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, se realizó la Primera Jornada Nacional sobre Desarrollo. En la misma participaron economistas, como Ricardo French Davis y José Antonio Ocampo, de gran prestigio latinoamericano. Como quedó de manifiesto en el curso de las conferencias, hay una parte consistente y calificada de expertos, uruguayos y extranjeros, que ven con recelo las opciones de integración a través de tratados de libre comercio con los Estados Unidos.
Los excelentes aportes realizados en la Jornada no tuvieron, hasta ahora, la resonancia que merecían. Pero para quien tiene que estar atento a cómo evolucionan las corrientes de opinión, la reunión celebrada el jueves en la sede del MERCOSUR, debiera ser un indicador interesante. El equipo económico del gobierno ha dado pruebas de tenacidad, de firmeza para sostener sus criterios. ¿Garantiza eso que tenga razón? El jueves se vio que hay expertos que enuncian advertencias. No resultaría prudente ignorarlas.
Por una discusión transparente
Finalmente, el país se encuentra en los umbrales de una gran decisión. Sea en un sentido u otro. Con un TLC o sin él. Sea cual sea el sendero que se elija, la integración exigirá esfuerzos y adecuaciones de todo tipo.
Y ese esfuerzo no estará limitado a algunas áreas exportadoras (carne y textiles) o del Estado y sus empresas o las industrias locales amenazadas por las imposiciones de Washington, como puede ser la industria farmacéutica. Lo que estará bajo presión será el conjunto de la economía y por tanto toda la sociedad uruguaya.
Los proveedores del Estado, las pequeñas y medianas empresas, el destino de los servicios públicos, el desarrollo agrícola, entre otros tendrán que soportar un impacto fuerte.
Ahora bien, expuesta a ese desafío, la sociedad uruguaya ¿cómo está participando en el debate?
¿Cuál es el grado de información que se ha trasladado al Parlamento, a los partidos políticos?
¿Cómo ha venido discutiendo la fuerza política de gobierno esta cuestión acerca de la cual, en su propio seno, existen posiciones divergentes?
Es claro que no es el debate franco y abierto lo que suscita malestar.
Y ese debate debería hacerse antes de tomar resoluciones que después resultan irreversibles.
No es el sinceramiento de posiciones y la información exhaustiva una fuente de entredichos y malentendidos.
Justamente los malentendidos nacen _ en este y en otros temas- de los estilos de información recortada que se practica.
Otro estilo inconveniente es el recurso de _dar la callada por respuesta_. Ante determinadas críticas, a veces sobre manipulación de información sensible - si no son recogidas por ese centro de poder ajeno que es el oligopolio mediático _ no se responden.
¿Cómo se prepara la sociedad uruguaya para los desafíos que aparecen en el horizonte?
El gobierno debiera ser el principal interesado en promover y nutrir ese debate, para empezar en su propia estructura como partido y como bancada parlamentaria con mayoría absoluta en ambas cámaras.
Estimular también el debate en la sociedad, entre los empresarios, sobre todos los pequeños y mediano, con el mundo académico, con los cooperativistas y los sindicatos. Hay medios de comunicación del Estado que pueden estimular una mejoría del debate público. El país tiene tradición de debates. Las organizaciones sociales y profesionales han demostrado madurez como para intervenir en discusiones serias sobre los destinos del país.
04/09/06. La supervivencia amenazada
EDITORIAL
La República
Días pasados en su espectacular discurso antes la Asamblea General de las Naciones Unidas, el Presidente de Venezuela, Hugo Chávez realizó un conjunto de severas acusaciones contra George W. Bush presidente de los EE.UU. Como es habitual, de las afirmaciones del magistrado venezolano la prensa recogió apenas unas referencias más bien caricaturales y nada que pudiera dar una idea aproximada del pensamiento del dirigente latinoamericano.
El episodio no hace más que confirmar la estrecha relación entre el poder político instalado en Washington y las grandes cadenas de radio y televisión que pretender regular el flujo de información no solo en el interior de los EE.UU. sino en todo el planeta.
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En un tramo de su exposición, el presidente Hugo Chávez citó –y exhibió ante el auditorio- un libro reciente del gran pensador libertario norteamericano Noam Chomsky, figura intelectual y académica reconocida mundialmente por la agudeza de sus ensayos científicos y por el coraje que desde hace muchos años demuestra al publicarlos pese a la franca hostilidad del establishment norteamericano.
Aunque los grandes medios de prensa ocultaron la cita y la obra, la referencia pública de Chávez ha catapultado el libro de Chomsky –“Hegemonía o supervivencia: la búsqueda de Estados Unidos para lograr el dominio mundial” a los primeros lugares entre las obras más vendidas en los últimos meses. Si nos atenemos a algunas notas bibliográficas Se trata efectivamente de un ensayo agudo y extremadamente crítico con los lineamientos de política interior y exterior impulsados por la actual administración norteamericana.
Para Chomsky los factores de riesgo planetarios no han cesado de crecer en los ultimos años y esta situación de incertidumbre no ha hecho sino agravarse a partir del ataque anglo-norteamericano a Irak.
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En su obra explica que “Organizaciones de ayuda con experiencia amplia en Irak y estudios de organizaciones médicas respetadas advirtieron de que la invasión planificada podría precipitar una catástrofe humana. Washington ignoró las advertencias y los medios de comunicación se interesaron poco. Un batallón de alto rango norteamericano concluyó que los ataques con armas de destrucción masiva (ADM) dentro de Estados Unidos eran “probables” y que lo serían aún más en el caso de guerra con Irak. Numerosos especialistas y agencias de inteligencia emitieron advertencias similares, añadiendo que la beligerancia de Washington, no sólo en lo referido a Irak, aumentaba la amenaza a largo plazo de terrorismo internacional y la proliferación de ADM. Estas advertencias también se desestimaron”
Chomsky pasa revista también a la responsabilidad de la administración republicana en el deterioro planetario del medio ambiente: “El presidente Bush y sus asociados también persistieron en minar los esfuerzos internacionales de reducir las amenazas al medio ambiente reconocidas como severas, con pretextos que apenas ocultaron su devoción de estrechar sectores del poder privado”.
La obra del ensayista parece ir a fondo acerca de los graves problemas que a la tierra traerá aparejada la política predatoria y armamentista del actual gobierno norteamericano.
En pocos meses el pueblo de los EE.UU. tendrá la oportunidad de desplazar de los principales puestos de mando del Estado a Bush y sus colaboradores. Probablemente eso contribuya a mejorar las posibilidades, hoy tan cuestionadas, de supervivencia del hombre en la tierra.
01/09/06. Los “ejecutados” del segundo vuelo
Reportaje en La República
Consultado sobre las revelaciones del secretario de la Presidencia acerca de la ejecución en Montevideo de “21 o 22 militantes” del PVP trasladados en el segundo vuelo, Cores se mostró dolido por la forma en que se manejó esa información.
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—Acabo de leer algunos medios de prensa en los que se da cuenta de una información vertida por un representante del gobierno ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de diputados: 21 o 22 militantes secuestrados en 1976 en Argentina y trasladados a Montevideo en el llamado segundo vuelo fueron primero llevados al Batallón 13 y luego ejecutados. También acabo de leer las actas de esa reunión parlamentaria, realizada el miércoles 23 de agosto.*
Las personas a las que se hace referencia como habiendo sido asesinadas son integrantes del partido al que pertenezco.
Desde el punto de vista estrictamente formal, como ciudadanos, realizamos ante la justicia la denuncia de 11 de los casos de compañeros que formarían parte del grupo objeto del traslado y que habrían sido ejecutados (Gerardo Gatti, Pablo Recagno, María Emilia Islas, Pablo Errandonea, Cecilia Trías, Rafael Lezama, Ary Cabrera, Carlos Rodríguez Mercader). Muchos de los compañeros tienen familiares que también forman parte de nuestro partido.
Desde el inicio, como PVP colaboramos con las investigaciones realizadas por la justicia y por el Parlamento antes de la ley de impunidad. También en los años siguientes. Los datos aportados, que podrían ser fragmentarios o incompletos, nunca contuvieron falseamientos ni exageraciones.
Sobre los compañeros secuestrados en junio (Gatti), julio (Duarte), setiembre y octubre de 1976 ya hace mucho tiempo que venimos aportando testimonios, de toda índole, que fueron desoídos. Eran referencias verdaderas sobre compañeros a los que ahora se reconocerían como formando parte del segundo vuelo.
En ese como en otros terrenos se aceptaron las versiones del tipo “99 por ciento de las posibilidades”, elusivas, falsas y mentirosas por parte de los militares que han manejado y manejan lo que saben de acuerdo a sus intereses y sus manipulaciones.
El PVP es una organización que existió bajo la dictadura. Y aún existe, con representación en la Mesa Política del Frente Amplio y responsables conocidos. Tenemos derecho a saber de qué se trata. Nos hemos ganado ese derecho en la militancia y en la lucha. En la seriedad y la verdad de nuestras denuncias.
La ejecución de los compañeros no es un hecho insignificante. Es una masacre de presos. Ocultada por el Estado durante treinta años.
Estamos vivos, por eso el episodio nos indigna y nos subleva. No admitimos que una tragedia de esa magnitud se banalice. O se analice con los ojos del “cálculo político”.
Manejar como se ha hecho la información acerca de los compañeros asesinados es un estilo que no podemos admitir. Como frenteamplistas, ¿de qué clase de organizaciones políticas formamos parte? ¿Cuánto está en pie y cuánto está extinguido de los valores de izquierda y las referencias éticas de la izquierda?
Si es la que surge de este episodio, que quede claro que la combatiremos, como hemos hecho siempre.
No nos resignaremos a convivir con estas formas de actuar.
01/09/06. Actitudes frente a la inseguridad pública
EDITORIAL
La República
Varios voceros de la oposición, a cuyas estridentes declaraciones el oligopolio mediático concede una amplia zona de repercusión, la han emprendido nuevamente contra la labor del Ministro del Interior Dr. José Díaz Chávez.
Cualquiera que examine con atención la forma como son tratadas las noticias policiales podrá informar del tono sensacionalista y difusamente culpabilizador con que me emiten las noticias. ¡No hay un día, ni un tramo de esa información muy impresionística por cierto, sobre el que planee siempre una difusa imputación más o menos larvada sobre las autoridades del Ministerio.
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En síntesis, sobre la situación de las cárceles, las responsabilidades son del gobierno. Sobre el clima de inseguridad pública, la responsabilidad exclusiva es del actual gobierno. Sobre las dificultades de todo tipo que contiene el accionar de la policía, la responsabilidad es del gobierno. Todos los días, ante las más dolorosas situaciones que viven ciudadanos uruguayos que padecen rapiñas, hurtos y agresiones, la responsabilidad es del actual gobierno.
Este tipo de reiteración simplista y demagógica, tiene una tipología bastante conocido en estas regiones y estos tiempos. Parecería que la denuncia de la inseguridad existente en la actualidad se ha convertido en el único argumento para enfrentar los esfuerzos de la actual administración por sacar al país adelante.
Otras campañas y otros ataques se están produciendo en el momento actual procurando debilitar a otros gobiernos más o menos progresistas de la región, tal como ocurre con la llevada adelante desde hace ya muchos meses por el Ingeniero Blumber bajo cuya presión se aprobaron en el Parlamento argentino un conjunto de leyes de mano dura en aras de lograr mejores condiciones de seguridad pública.
Como comenta una periodística firmada por Emilia Marín “… solamente en un país confundido políticamente Blumberg pudo imponer su paquete de leyes a un Congreso a la defensiva durante 2004. De resultas de su lobby, todas las penas se agravaron notablemente, hasta un máximo de 50 años de prisión, doblando la cantidad que estaba pautada hasta ese momento.
Que ese mayor castigo para determinados delincuentes (no los de guante blanco, obviamente) haya redundado en mayor "seguridad", eso está por verse. A tal punto no se produjo ese resultado, que el empresario está organizando para el 31 de agosto su marcha número cuatro”
Dice más adelante Marín: “En aquel momento, asesorado por los cráneos Carlos Ruckauf y Jorge Casanovas, de la banda bonaerense del "meta bala a los delincuentes", el paquete se aprobó a mano alzada con honrosas excepciones. El hombrecito se llevó anotado en sus carpetas los nombres de esos legisladores amigos de los delincuentes que no querían llevar a 50 años el tiempo de encarcelamiento de las personas”.
Y concluye el articulista: “Del petitorio de la "Cruzada por Axel", firmada ingenuamente por millones de argentinos bajo instigación de los multimedios, quedó trancado el mayor sueño del ingeniero: bajar la edad de imputabilidad a los menores. Esa es la mayor bandera de la marcha convocada para fin de mes y tiene un sentido de clase: criminalizar la minoridad pobre. Blumberg repite el libreto de la derecha reaccionaria y en vez de terminar con la pobreza quiere acabar con los pobres”.
Que los menores de 18 años matan y se van a su casa a tomar cerveza y fumar porros es otra de las mentiras del personaje y su círculo áulico. Las estadísticas informan que en todo el país hay 20.000 menores con problemas con la ley penal. Si la sociedad los trata como basura tendrá que atenerse a las consecuencias. En los últimos años la población penal general se duplicó, pasando de 30.000 a más de 60.000 presos sin que haya redundado en seguridad. Como le espetó Adolfo Pérez Esquivel al ingeniero: su propuesta contra la inseguridad, es insegura.
01/09/06. Contra una visión descafeinada de la historia
Reportaje de Samuel Blixen en Brecha.
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—Impulsar el estudio de la historia reciente en la enseñanza media me parece que es un paso positivo. Forma parte de un momento histórico en el que la sociedad uruguaya se pregunta acerca de un tramo de su historia sobre el cual hubo un obstáculo de conocimiento muy importante.
Todo lo que fue la realidad de la sociedad uruguaya durante la dictadura y en los años previos, en que la prensa fue objeto de prohibiciones discriminatorias, es absolutamente desconocido por las nuevas generaciones. Mientras se informaba abundantemente sobre ciertas actividades, había otras censuradas, en especial de los sindicatos y los partidos opositores, que expresaban de palabra o de hecho un rechazo al autoritarismo del gobierno colorado de Pacheco Areco.
Conviene recordar que en el período que se inicia con el primer gobierno blanco hubo medidas de seguridad en 1959, en 1961, en 1963, y en 1965 dos veces. Una vez cada dos años medidas de seguridad que daban facultades al gobierno para intervenir la prensa, limitar el derecho de reunión, clausurar sindicatos, detener personas e internarlas en cuarteles. Con el gobierno colorado que emergió de las elecciones de 1966 hubo medidas de seguridad permanentes; se levantaron unos meses en 1968, y otros meses en 1969. Después siguieron ininterrumpidas hasta 1976. De hecho se convirtieron en el único ordenamiento constitucional que regía, porque el resto de la Constitución se suspendió en aras de combatir el “desorden”.
El decreto de mayo de 1968, que me sorprendió presidiendo una asamblea de 3 mil bancarios en el Palacio Peñarol, se fundamentaba sólo en la agitación sindical. En 1964, después del golpe en Brasil, la prensa brasileña tiene una dedicación constante a los que llamaba sindicatos “rojos” en Uruguay, una prédica que insistía en la existencia de una subversión sindical. Daban la imagen de que Uruguay era un país al borde de caer en manos del marxismo soviético. ¿Cuál era la realidad, cuáles eran los contextos de aquella época? En ese sentido, me parece fundamental la iniciativa del Codicen para dotar de contenidos al estudio de ese tramo de nuestra historia. Ciertamente hay algo irreparable. La gente que vivió su juventud en aquellos años, en el seno de una familia desinformada, no pudo trasmitirle a sus hijos las vivencias.
Este movimiento cultural que se propone conocer y difundir lo qué pasó realmente enfrenta otro problema: el papel que juega la televisión en la relación entre las personas, entre las generaciones y en la familia. Los de mi generación, cuando niños, tuvimos la suerte de recibir las vivencias de nuestros padres, de compartir los hechos, una huelga, un acto de solidaridad entre compañeros. Hoy esa trasmisión está minimizada. La avidez que hoy existe por el pasado tiene que ver con la carencia de información de los padres, y también porque hay menos vivencia de vida colectiva.
—¿La juventud está verdaderamente interesada en conocer el pasado?
—Creo que sí. Pero la enseñanza del pasado va a contracorriente de los entretenimientos que tratan de ganar la atención de los muchachos, las maquinitas, los celulares, Internet, la propia televisión. Internet y celulares proporcionan un mayor contacto, aunque trivial, un área de comunicación entre personas de una misma generación. Son formas nuevas de relación, pero hay que ver en qué medida satisfacen ciertas inquietudes, porque esa intercomunicación está limitada por los contenidos.
—¿Por qué esa creciente avidez por el pasado no se daba hace diez años?
—Con el advenimiento de un gobierno progresista, con el protagonismo de militantes que fueron objeto de una campaña de difamación pública, socialistas, comunistas, tupamaros que hoy ejercen cargos de responsabilidad, de alguna manera se revela la intención de aquella difamación, y se reafirma que esos hombres y mujeres siempre estuvieron motivados por el deseo de intervenir en la cosa pública y de dar lo mejor de sí. Por otro lado, al perforarse la impunidad, y al verse obligados sus defensores a reiterar su viejo discurso, entre los historiadores más serios, más académicos, se refuerza la determinación, el desafío de plasmar en una síntesis de contenido científico las verdaderas causas de aquello que hoy sigue acaparando la atención.
—Pero la investigación histórica sigue estando condicionada por la imposibilidad de obtener los documentos y materiales que sirven de soporte para un trabajo de carácter científico.
—Son difíciles de conseguir documentos esenciales para el conocimiento del pasado. Todavía hoy es difícil de conseguir un documento hecho por parlamentarios de esta democracia sobre los desaparecidos. No estamos hablando de documentos secretos de la dictadura. Uno de los primeros pasos que podría dar este gobierno es editar esos documentos; una contribución sería editar las actas del Parque Hotel, donde aparece el grado de compromiso de los dirigentes políticos con las violaciones a los derechos humanos; sería revelador y aleccionante comprobar cómo se justificaban aquellos actos terroristas. Es absolutamente imprescindible obtener los documentos, porque hoy nos manejamos básicamente con testimonios de los protagonistas, y los testimonios tienen el defecto de la recreación de la memoria. No obstante, con las nuevas técnicas de investigación histórica, que se asemejan mucho a la investigación judicial, el testimonio es un punto de partida imprescindible.
—¿La reacción del Partido Nacional expresa un intento de evitar la investigación histórica del pasado?
—Hay una parte de las responsabilidades que le caben al Partido Nacional, sobre las que no se ha puesto el énfasis. Hemos tenido la tendencia a señalar como blanco principal de nuestras críticas a Pacheco, pero hay diez años que preceden a Pacheco, que están llenos de hechos determinantes: por ejemplo, la aceptación del viraje de la diplomacia estadounidense que impulsó la doctrina de la seguridad nacional imponiendo el concepto de enemigo interno. Por ejemplo, el protagonismo de Benito Nardone, que instaló la discusión de si era viable un fascismo uruguayo a partir de la prédica furibundamente anticomunista de quien era a la vez consejero de gobierno y conductor de un programa de radio. Por ejemplo, la firma de la primera carta de intención con el fmi, que incorporó dos conceptos desconocidos para los uruguayos: apretarse el cinturón y austeridad. Vino la represión contra las grandes huelgas; hubo un consejero ruralista, Faustino Harrison, que propuso “darle unas vacaciones a la democracia”. Aparecieron las bandas fascistas del Movimiento Estudiantil de Defensa de la Libertad y el Frente Estudiantil de Acción Nacionalista, que organizan el asalto a la Universidad en 1961 y que preanuncian a la Juventud Uruguaya de Pie. Todo esto está hoy pudorosamente silenciado. El debate y la polémica histórica forman parte de la disciplina histórica. Me llama la atención que se proteste tanto por la expresión del profesor Carlos Demasi, en un taller que duró ocho horas, de que Wilson Ferreira llevó al Partido Nacional a la catástrofe, cuando regresó al país en 1984 después de un largo exilio. Pero Demasi también dijo que Luis Alberto Lacalle formaba parte de aquellos “blancos baratos” de la época anterior a la dictadura, y nadie protestó.
—¿Por qué una reacción tan extemporánea acerca de una figura como la de Wilson, compleja y rica en sus contradicciones, como corresponde a alguien que se compromete con la realidad y por tanto se expone?
—La imagen de Wilson ha sido descafeinada por sus propios correligionarios blancos. Todos los discursos de Wilson a lo largo de 1984 están silenciados. En uno de los momentos de mayor elocuencia de sus demandas democráticas, Wilson afirma que cuando las Fuerzas Armadas consideran “pichis” a toda la población, dejan de ser militares para convertirse en parásitos. Los blancos han silenciado toda la militancia de Wilson en el exilio, sus denuncias ante el Congreso de Estados Unidos, su participación en la Convergencia Democrática, su alianza con el Partido Comunista. Silencian la autocrítica de Wilson por haber votado la ley de guerra interna y la ley de seguridad nacional. Después del golpe, Wilson se entrevistó en Buenos Aires con Gerardo Gatti, tuvo una conversación muy franca. Admitió que el Partido Nacional era muy frágil en su estructura organizativa, que nunca había convocado a sus bases, y que por lo tanto era poco lo que podía hacer para combatir a la dictadura. Y le dijo a Gatti que sería muy oportuno atentar contra un toro propiedad del presidente Juan María Bordaberry que cosechaba éxito en la exposición del Prado. Eso lo cuento en mi libro Memorias de la resistencia. Es una anécdota que ejemplifica el carácter de Wilson, como su valentía de reconocer errores, que el Partido Nacional elude. ¿Cómo explicar la estatura de Wilson eludiendo sus contradicciones cuando la ley de caducidad? Los blancos son los principales responsables de la mutilación de la figura de Wilson.
—¿Qué hay detrás de esa actitud?
—La intención de impedir que su partido sea analizado en el contexto histórico. Su responsabilidad en la génesis del autoritarismo. Hay un episodio ilustrativo de 1960 o 1961. Una banda atacó un club comunista en la calle Yi, donde vivía una familia. Tiraron 11 cócteles molotov, provocando un incendio de proporciones. Cuando se estaban retirando dispararon con un revólver contra la puerta, y como consecuencia murió un niño. El predominio conservador, la hegemonía de derecha, en el primer gobierno blanco, borró ese episodio de la memoria colectiva. El episodio quedó impune, como quedaron impunes el asalto a la Universidad o el atentado contra Soledad Barret, la estudiante a la que una banda fascista le marcó una esvástica en el cuerpo con un cuchillo. Esto me lleva a reflexionar que la historia también tienen que escribirla las organizaciones sociales y los partidos políticos; eso favorecería la polémica. Y nos permitiría saber qué hicieron los políticos de los partidos tradicionales durante la dictadura, aquí, en Uruguay. Ese es otro capítulo sumergido. Por ejemplo: desde una postura liberal conservadora, Enrique Tarigo impulsó una visión crítica de la dictadura, pero Julio María Sanguinetti se limitó a administrar la rebeldía ajena, para neutralizarla. El discurso histórico, el alegato histórico, es campo de los historiadores, del reportaje, de las mesas redondas, no es tarea del aparato del Estado.
—¿Cómo sigue esto, a partir de las propuestas de Demasi?
—Hay cosas que ya han sido trabajadas. La cuestión de qué fue primero, si la represión o la guerrilla, por ejemplo. Hay trabajos de Caetano, de Rila, de Rico, de Trochón, de Freda, que ya tienen 20 años. La producción histórica se controla por sí misma. Si hay errores se rectifican, se debate. Para dar un ejemplo de debate: me parece relevante, provocadora, la afirmación de Demasi sobre el papel de Estados Unidos en la salida democrática uruguaya. El planteo permite ahondar. Yo creo que en esa actitud de Estados Unidos durante el gobierno de Jimmy Carter tuvieron un papel determinante los sectores minoritarios de la sociedad estadounidense, comprometidos con el drama de nuestros países, que denunciaban ante la prensa y ante el Congreso. Y esos activistas que expresaban su solidaridad se alimentaban de las informaciones que aportaban los exiliados, que a su vez amplificaban las denuncias que salían de la cárcel y que manejaban los que mantenían la resistencia en el país. Desde el Estado la contribución es la publicación de documentos que están ocultos. Hay, a mi juicio, lentitud en esa contribución, que favorecería no sólo la producción de investigación histórica, sino fundamentalmente el debate colectivo sobre nuestro pasado reciente.
BRECHA, el profesor Hugo Cores (dirigente del PVP) analizó uno de los puntos críticos de cualquier intento de producción histórica: el temor de ciertos actores a que el estudio de los orígenes del autoritarismo ponga en evidencia responsabilidades mayúsculas.
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