20 de octubre al 25 de octubre de 2006.

20/10/06. Decisión presidencial: firme defensa de los principios constitucionales
EDITORIAL
La República
(1982: Hugo Cores con Tota Quinteros)

Ayer viernes, en horas de la mañana, la ministra de Defensa Nacional, Dra. Azucena Berrutti, en acuerdo con el Presidente de la República, decidió relevar al comandante en jefe del Ejército, Carlos Díaz. El jerarca castrense había proyectado una serie de reuniones con líderes políticos de los partidos tradicionales. De esas entrevistas solo se realizó la primera, cuando, el jueves por la noche Díaz se reunió en su residencia particular con el ex presidente Dr. Julio María Sanguinetti.

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Las reuniones habían sido hechas públicas en la edición de ayer del semanario Búsqueda pero, de acuerdo a la información divulgada posteriormente, el general Díaz no había solicitado autorización a sus superiores ni siquiera los había informado de las reuniones programadas con dirigentes políticos.

Ante esto el mando superior que la Constitución de la República establece para las Fuerzas Armadas, compuesto por la ministra de Defensa Nacional y el Presidente de la República, decidió el relevo de Díaz de la comandancia del Ejército. De acuerdo a la información oficial, el puesto será desempeñado, en forma provisoria, por general Manuel Saavedra, el oficial superior con mayor antigüedad.

El trámite seguido por las autoridades de gobierno recorrió las vías legales y constitucionales previstas. Salvo la evidencia de la firmeza con que se actuó por parte del gobierno, el episodio no tiene ninguna particularidad digna de mención.

Lo que resulta insólito es que un alto funcionario militar desconozca las normas que lo inhabilitan para la realización de actividades políticas como la emprendida. Idéntica reflexión se puede realizar en relación a la actitud asumida por dos dirigentes políticos experimentados – en cuyas trayectorias políticas no han dado muestras precisamente de ingenuidad - como Julio María Sanguinetti y Yamandú Fau.

Ambas personalidad no pueden menos que conocer al dedillo las normas legales que regulan el delicado terreno de las relaciones entre el área de la acción política y las limitaciones que, en este terreno, tienen los funcionarios militares.

Las connotaciones del episodio son transparentes. El país vive un momento singular. Desde fuentes militares, con más precisión del Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea, se ha sostenido que, en un vuelo procedente de Argentina, se habían trasladado una veintena de ciudadanos uruguayos a dependencias de la fuerza de tierra.
Las revelaciones del Comandante Bonelli abrieron un capítulo hasta ahora oculto en la historia de la represión política durante la dictadura.

A partir de ese testimonio procedente del alto mando de la aviación, el Ejército nacional tiene sobre sí la delicada responsabilidad de brindar una información que dé cuenta del destino sufrido por los ciudadanos secuestrados en Argentina y trasladados posteriormente a nuestro país.

Hasta el momento, la jerarquía del Ejército no ha terminado de elaborar la información que se había comprometido ante las autoridades nacionales.

A partir de ese contexto vale la pena analizar la decisión del Comandante Díaz de reunirse con los dirigentes de los partidos de la oposición. Dirigentes políticos que conviene no olvidar se encuentran en plena campaña contra el gobierno.

Justamente, uno de los tópicos en los que insisten los dirigentes de la oposición, jefes de partidos en campaña contra el gobierno, atañe a las cuestiones militares y se basa, entre otras cosas, en su defensa activa de la impunidad.

El gobierno ha actuado con firmeza y absoluta transparencia. Las normas tienen que ser preservadas y tienen sentido si se aplican cuando las circunstancias lo exigen. Tal es la situación actual.

21/10/06. Sanguinetti: incansable defensor de la impunidad
EDITORIAL
La República

El episodio de la destitución del General Carlos Díaz de la comandancia general del Ejército se ha convertido en otro pretexto para ataques desmelenados de la oposición.
En el punto más delicado de la situación se encuentra el senador del Partido Colorado Julio María Sanguinetti.

En el episodio y en los comentarios realizados a posteriori, el discurso brindado públicamente por Sanguinetti pone el acento en la situación de aislamiento a que se somete a la oposición.
Digamos para empezar resulta difícil explicar la existencia de tal aislamiento. Sanguinetti tiene la magra representación legislativa que el pueblo le asigno en las últimas elecciones. Como dirigente del P. Colorado, el actual senador es el responsable de la grave derrota sufrida por su partido en las elecciones de octubre de 2004. Convertido, como lo está, en un defensor de los intereses más conservadores y de los militares acusados de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, Sanguinetti es la opción preferencial del poderoso oligopolio mediático que abre sus emisores y canales como si él fuera el jefe de un pujante partido de amplia base electoral.

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Desde esa posición de privilegio Sanguinetti da indicios de desmesura creciente. Se erige en el fiscal implacable del gobierno actual, sentencia que el presidente recurre a métodos autoritarios, que pone en riesgo el estado de derecho, la seguridad jurídica y la estabilidad institucional del país.

Desde esa posición ‘combativa’, formulada desde una plataforma de pachequismo revivido, Sanguinetti pretende enconar la situación política, enardecer los ánimos, generar la idea de un gobierno extremista y radicalizado.

Todo parece indicar que con énfasis creciente en esos alegatos el senador colorado pretende que se desdibuje cuales son los objetivos por los que trabaja, a qué responden sus impertinente incursiones en el terreno de la política militar del gobierno progresista.

No obstante este posicionamiento confortable ante la opinión pública, de tanto en tanto se produce un episodio en el que muestra la hilacha. Es lo que acaba de ocurrir en la insólita reunión celebrada con el Comandante Carlos Díaz.
En un momento donde la fuerza de tierra se enfrenta a las acusaciones graves provenientes de otro sector de las Fuerzas Armadas, el jefe del arma, en forma totalmente equivocada (que le valió la destitución) convoca a una reunión con dirigentes políticos colorados estrechamente ligados a las campañas públicas de defensa de la impunidad.

El carácter “amistoso”, casi banal que se le pretende dar a la reunión parece dirigido a una población de párvulos y no a una ciudadanía madura y conciente que ya ha dado pruebas de conocer a Sanguinetti, por eso él está donde está. Y su partido tiene tan poca significación política.
Algo similar ha ocurrido con el nombramiento de Mirtha Guianze. Por un lado se apela a que su nombramiento (al que el gobierno se vio obligado por los obstáculos erigidos en el Parlamento) constituiría una alteración grave de las normas institucional… Pero la hilacha aparece al fin.
Preguntado por el periodista Emiliano Cotelo: “Se ha interpretado que la oposición a la candidatura de la doctora Guianze viene por el hecho de que está impulsando estas investigaciones a contramano de lo que en principio, por ejemplo cuando usted fue presidente, se quiso establecer como camino de salida con la ley de caducidad.

Sanguinetti responde: - “No fui yo, fue el país entero. Es el camino de salida pacífico que se inspiró en España y que buscó la paz y la logró, porque no hay ninguna duda de que la transición uruguaya fue un éxito. (…) Fue una gran solución de paz que (…)pero desgraciadamente este gobierno la ha aplicado mal, ha estado abriendo causas mal, porque una cosa es indagar, informar, la búsqueda de la verdad, que la ley perfectamente habilitaba y me parece bien porque fue lo que quiso, pero la ley se hizo para no juzgar a nadie más por aquellos episodios de esa época tan violenta que felizmente el país superó y cuyos odios no queremos reproducir”.

24/10/06. La ofensiva desestabilizadora.
La República
Editorial

Desde esta página, en más de una ocasión, nos hemos referido críticamente a ciertas medidas de lucha adoptadas por algunos sindicatos. Hemos señalado el error que significan las posturas intransigentes ante un gobierno que, desde que asumió, ha mostrado una preocupación notoria por la condición de los asalariados. En mayo pasado, escribimos: "A nadie escapa el grado de deterioro a que había llegado el nivel salarial de los uruguayos merced a una política económica nefasta y, fundamentalmente, a la crisis de 2002. Salarios depreciados, desempleo y actividad sindical desprotegida era la tónica al asumir el gobierno progresista. Es explicable, entonces, que las grandes masas postergadas, los eternos perjudicados por la política neoliberal, aspiren a mejorar su condición y reclamen a las autoridades medidas urgentes para paliar la situación y empezar a emerger. Lo que no se explica es la intransigencia que últimamente están exhibiendo algunos gremios.

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Sus reclamos son justos pero no justifican las medidas extremas adoptadas. Sus reivindicaciones son legítimas pero no son legítimos los medios empleados algunas veces para lograrlas. Se tiene la impresión de que ciertos gremios han olvidado que el gobierno está abocado a mejorar la condición de los asalariados, sobre todo de los más sumergidos, y que, a la vez que encara una política tendiente a crear fuentes de trabajo genuinas, también hace lo posible por aliviar las penurias actuales con medidas de corto plazo". Hoy la situación es diferente. Si bien persisten conflictos sindicales, el gobierno está recibiendo fuego graneado desde otras tiendas. Ahora los embates realmente virulentos provienen del verdadero adversario: el empresariado conservador aliado a la derecha política. Cuando no se han apagado aún los ecos del episodio que concluyó en la destitución del comandante en jefe del Ejército, varias gremiales empresariales pretenden jaquear al gobierno con medidas de fuerza que causan mucho más daño a la economía y a la imagen del país que los conflictos sindicales a que aludimos antes. Y llama la atención el silencio de la oposición, tan proclive a denunciar toda medida gubernamental que lesiones sus intereses como una "mala señal para los inversores". La patronal de taxímetros, por un lado, y la corporación de transportistas de carga con el apoyo expreso de las gremiales agropecuarias, por otro, han adoptado la medida extrema de paralizar sus actividades. Las razones aducidas no tienen sustento, no son creíbles y tienen un fuerte componente político que nadie sensatamente puede negar. La propuesta gubernamental de gravar el gasoil destinado al transporte de carga como medio para lograr el abaratamiento del boleto está en el origen del conflicto aunque ha quedado demostrado que, con la posibilidad de descontar el iva, los costos del rubro transporte de cargas no se incrementarán. A la hora de escribir estas líneas, se informa de la decisión de la patronal de taxímetros de deponer su actitud irracional y de suspender la medida extrema. Los camioneros, en cambio, todavía no parecen dispuestos a abandonar el reclamo a pesar de las febriles negociaciones que se llevan a cabo. Resulta imposible no recordar cómo las movilizaciones y paros de los camioneros chilenos afectaron seriamente al gobierno popular de Salvador Allende. Por eso, precisamente, tales medidas deben ser denunciadas como un intento desestabilizador y deben ser enfrentadas con firmeza. En este sentido, el PIT-CNT ha dispuesto un paro general parcial para hoy, entre las 10 y las 15, con el objeto de manifestar su rechazo a la intransigencia criminal de las corporaciones.

23/10/06. La derecha sube la apuesta.
La República

Contratapa
Escribe Hugo Cores PVP567-Frente Amplio


La remoción del General Carlos Díaz parece formar parte de una sucesión de hechos más amplia y el desenlace está, en gran medida, por verse. No obstante, lo mostrado hasta ahora resulta sumamente interesante. La democracia uruguaya tiene un problema con los militares, especialmente con el Ejército. El reconocimiento de esto implica dar por perimida la tesis anterior, sustentada desde varias tribunas, de que no existían dificultades en esa zona. Este es el primer hecho nuevo para registrar.

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Como se recordará, en los últimos años no cesaron las voces que presentaban un panorama distinto: todo estaba en calma y discurría por los cauces normales, los problemas eran técnicos o logísticos. Como conclusión se sostenía la inutilidad o la inconveniencia de llevar adelante las definiciones programáticas del Frente Amplio que, en lo referido al tema militar, indicaban la necesidad de depurar las fuerzas armadas.

La negativa de los mandos a avanzar en la búsqueda de la verdad muestra la existencia en el seno de las fuerzas armadas de un factor, todavía muy pesado, de identificación y respaldo a lo actuado durante la dictadura. ¿Fue procurando una salida para sus dificultades de brindar información sobre el segundo vuelo lo que movió a Carlos Díaz a la ilegal ronda de reuniones con los dirigentes de la oposición? Todo parece indicar que ese fue, por lo menos, uno de los temas abordados.

El otro elemento nuevo y aleccionador es la respuesta del Presidente de la República a las maniobras de Sanguinetti. Contrariamente a lo que se ha sostenido, la drástica decisión del presidente indicó claridad y firmeza en una zona clave del debate democrático. Tratándose de un cargo político, ante una falta grave solo cabe la destitución, especialmente tratándose de una zona, la del mando de la fuerza armada, donde no se pueden permitir imprecisiones ni desbordes. Y menos en las circunstancias actuales, cuando los militares todavía no se han resignado a aceptar que institucionalmente no están habilitados para la acción política. Ni pueden asistir a actos contra el gobierno, como solía hacer el depuesto comandante haciendo presencia en las ceremonias rituales de los nostálgicos de la dictadura.

Sin historia

Una de las dificultades ‘internas’ de las fuerzas armadas es que, en su alianza con los sectores más autoritarios y conservadores del espectro político, contribuyeron a una ‘salida política’ que no les exigió -y tampoco les permitió- reflexionar sobre su propia gestión. Entre 1973 y 1985 realizaron una intervención totalizadora y violenta sobre la política y no han extraído de ella ninguna enseñanza. No han incorporado ni los reflejos reflexivos mínimos. Se expusieron sin ningún provecho en el conocimiento de si mismos.

En lugar de cabildeos con los políticos colorados, lo que debieran pedir es que se les de una mano para reconstruir su propia memoria, la memoria de sus atrocidades, no solo en materia de derechos humanos. Sus atrocidades de los tiempos cuando, “haciendo política” a su manera, tuvieron en sus manos todo el poder. Sus barbaridades con la vivienda y el BHU, sus crímenes contra el salario, contra la salud pública, contra la educación. Contra los Bancos Oficiales y las empresas públicas. Contra el Poder Judicial. Su responsabilidad en el crecimiento vertiginoso de la deuda externa. Sus actos de corrupción como el Operativo Conserva, la compra de carteras, la represa de Palmar, entre otros.

Si se les hubiera exigido (y permitido) aprender de lo hecho, sabrían que los militares cuando hacen política comenten errores muy gruesos. Muchas veces irreparables. Por eso, después de 11 años de hegemonía militar, llevaron al país a la ruina. Teniendo todas las palancas del poder en sus manos, ellos fueron desalojados del gobierno porque la inmensa mayoría de los uruguayos había llegado a la conclusión que el despotismo militar era perjudicial para el país.


Privados de la narración de sus propios disparates, los mandos militares han terminado por acostumbrarse a oír solamente las palabras cómplices y zalameras de los políticos conservadores. Y todo parece indicar que no les resulta grato que se les hable con otro lenguaje que no sea el de la adulonería.

Los ataques al gobierno

En ese contexto los ataques de las derechas al gobierno han seguido subiendo de tono. Desde fines de setiembre, cuando el nones al TLC con los Estados Unidos, funciona un acuerdo tácito entre varios medios y dirigentes políticos conservadores de sumarse de manera automática a cualquier impugnación contra el gobierno. No se detienen ante ninguna guarangada. Y lo menos que se dice es que estamos en una dictadura. Algunos dirigentes de las cámaras empresariales han mostrado que su alianza con los políticos conservadores sigue en pie.

El tono de algunas declaraciones sobre la huelga de la patronal de camioneros y de taxis que se inician hoy parece mostrar la existencia de otra área en la que se intenta una desestabilización que tiene poco que ver con los objetivos proclamados. Una huelga general por tiempo indeterminado en el transporte tiene una carga política muy fuerte. En este terreno no es prudente dejar solo al gobierno. La fuerza política tiene que pedir la palabra. Y convocar a la ciudadanía para que se exprese.

En este cuadro, los ataques a los sindicatos también forman parte del paquete. De manera totalmente equivocada, desde la propia izquierda se repiten los tópicos de la necesidad del “voto secreto” para las decisiones sindicales. Jubilosa, la derecha los baraja en el aire.

Será necesario volver a discutirlo. Es un debate interno que aparece y reaparece cada equis años, pero su discusión abajo, entre los trabajadores, siempre deja enseñanzas positivas. Y, finalmente, los sindicatos clasistas terminan fortalecidos, mal que les pese a sus detractores.

Cuando la derecha sube la apuesta

Finalmente, el curso, estilo ‘venezolano’, tomado por la oposición conservadora está llamado a tener consecuencias sobre todo el sistema. Esta polarización política crispada, impulsada por los dirigentes políticos y corporativos de la derecha, con el apoyo irrestricto del oligopolio de los medios de comunicación, deberá ser enfrentada por el movimiento popular.

Parece claro que hay una parte del episodio que culminó con la destitución de Díaz que está por saberse. La publicación, por intermedio de Búsqueda, de la reunión en el Cortijo Vidiella, hace pensar que está en curso un movimiento destinado a poner a prueba a gobierno frenteamplista en el terreno militar. Allí hay tensiones en varios terrenos: las extradiciones a Chile, la disconformidad de algunos jerarcas de que sea, como corresponde, el Ministerio del Interior quien tenga a su cargo el control de la cárcel donde serán alojados los militares procesados y el informe sobre el segundo vuelo.

Los objetivos frentistas de la democratización de la sociedad y del Estado están más vigentes que nunca, así como el alerta democrático de las organizaciones populares para la defensa del gobierno y sus decisiones tanto en el rechazo al TLC como en materia de verdad y justicia.

Las organizaciones sociales se han pronunciado con claridad. Se declaran en estado de alerta. En este contexto, el Frente Amplio, como fuerza política, debiera convocar a la ciudadanía en defensa del gobierno y de los pasos dados. Como decía el General Seregni, “para no dejarnos trampear nuestro destino”.

25/10/06. Tensiones intensas y caminos abiertos
EDITORIAL
La República

La situación política y de gobierno ha tomado un curso más ágil. Acontecimientos importantes se suceden rápidamente. Afloran tensiones nuevas, hasta ahora sumergidas, pero el curso de la acción política y gremial es pacífico.

En un lapso breve se han agudizado las críticas y en algunos casos los ataques a la política del Ministerio del Interior en materia de seguridad ciudadana. La anunciada interpelación al Ministro Dr. José Díaz terminó, como era de esperar, sin que la oposición lograra que sus denuncias exhibieran contundencia ante la opinión pública.

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Resultó significativa la transmisión por Canal 5 TVEO de largos fragmentos de la jornada parlamentaria. No cabe ninguna duda que, al familiarizar a la audiencia a un debate de esa índole se contribuye de manera eficaz en el siempre plausible propósito de acercar las realidades políticas a la mirada del ciudadano. Un esfuerzo de democratización que permite a un amplísimo número de compatriotas examinar sin mediaciones las razones y las conductas que cada partido esgrime en los contenciosos que los enfrentan en el campo de su acción política.

La transmisión en vivo, por lo demás, achica el campo de acción de los manipulares de la información política. Exhibe el rostro, amplifica la voz de los protagonistas políticos desmitificando la función parlamentaria, volviéndola algo al alcance de la mirada y el oído crítica de todos.

En el lance con José Díaz, la oposición no pareció animada de argumentos convincentes y, sobre todo, a escala de los adjetivos apocalípticos anunciados con los que se pretendía acorralar, con voces demagógicas, al Secretario de Estado, un abogado de larga trayectoria, político experimentado y culto y parlamentario que, en el ejercicio de su banca, llevó adelante interpelaciones memorables.

Otro de los temas que marcó la jornada de ayer fueron las expresiones de apoyo a las medidas de gobierno tanto en el plano de la conducción de las fuerzas armadas como en la decisión de rebajar el precio del boleto.

Todo parece indicar que la mini-crisis desatada a partir de una reunión llevada adelante por el ex comandante en jefe del Ejército fue superada en los términos previsibles de una institucionalidad democrática que se sigue desarrollando en el camino de la consolidación y la transparencia.
Esos valores son los que han salido airosos en las jornadas políticas, sindicales y parlamentarias de los últimos días.

Las medidas gremiales adoptadas por los transportistas conmovieron al país. Pero al tiempo que en el gobierno prevalece el clima de serenidad y búsqueda de diálogo, los gremios obreros han dado una respuesta contundente a lo que ha sido visto y sentido por muchos sectores como una forma de presión extrema contra las autoridades legítimas del país.

Los hechos se han sucedido con rapidez, pero el anuncio del gobierno en el sentido que se propone llevar adelante medidas para rebajar el precio del boleto ha resultado un fuerte impacto en amplísimos sectores de la población de más modestos recursos.

Quizás existan pocos indicadores más elocuentes que el uso diario del transporte colectivo como señal de partencia a las clases más populares. Se podría agregar, indicio también de pertenecer a la felizmente muy extendida condición en nuestro país de ser estudiante del sistema público de enseñanza.

Los beneficiarios de la medida, que con inteligencia rápida fue apoyada por CUTCSA, son los trabajadores y trabajadoras de más bajos ingresos y los más jóvenes. Se trata entonces de una medida de redistribución de la riqueza fundada en un inequívoco sentido de la equidad.

Para llevarla adelante el gobierno ha programado una línea de acción que en su aplicación efectiva no genera costos para los productores rurales o los transportistas que mueven sus unidades con el gasoil. Es de esperar que en un lapso breve la continuidad del diálogo permita encontrar soluciones para todos, sin que el gobierno se vea obligado a renunciar a una medida que hace a un principio esencial de su identidad, el carácter popular y de justicia social que supone su ejercicio del poder democrático.

13 octubre al 19 de octubre de 2006

13/10/06. Estridencia inconveniente
EDITORIAL
La República
(1984: Hugo Cores junto a Gervasio Guillot presentando primer habeas corpus colectivo ante la justicia de Atgentina)


En la jornada de ayer se conocieron los términos de la renuncia del Profesor José Rilla, al cargo que ocupaba en la CODE (Comisión Organizadora del Debate Educativo).
Rilla integraba el organismo en representación del Partido Independiente y fue en el marco de una reunión con la dirigencia de esa organización partidaria que adoptó el criterio de renunciar a las funciones que venía desarrollando.

Su decisión revistió de inmediato un inequívoco perfil político. Más que movido por razones de tipo técnico o pedagógico, a partir de sus ampliamente difundidas cartas queda de manifiesto que su reflexión trasciende lo meramente circunstancial y lo estrictamente pedagógico.

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A partir de sus discrepancias con las autoridades de la enseñanza Rilla sostiene que estas manejan argumentos “que recuerdan los peores antecedentes de los peores momentos que terminaron en una dictadura”.

Refriéndose a las autoridades de la Educación el Profesor Rilla cita, con imprecisión que “Dijeron que este es el tiempo de la sociedad y que poco menos que los partidos políticos son los representantes de la burguesía”,

El profesor renunciante sostuvo asimismo que las “asambleas territoriales” no son otra cosa que “encuentros de militantes y de personas interesadas en la educación y la política”. “(...) No parece razonable esperar de ese ámbito novedades que abran el debate por caminos de incertidumbre que supongo los mejores en este y en otros asuntos. Juzgo –o prejuzgo, si se quiere– extremadamente difícil que el resultado de las asambleas territoriales (que tendrán el 70% de la presencia y votación) puedan sustraerse de la opinión organizada de las instituciones, gremios y sindicatos de la educación”, agregó.

“Los sindicatos en general (el PIT-CNT), o el ‘movimiento cooperativo tendrán mayor jerarquía que muchas instituciones de educación. Me animo a sostener, por ejemplo, que las minorías, los pequeños grupos e instituciones portadores de tradición educativa podrían haber sido más promovidos en su participación, en una suerte de ‘ciudadanía diferenciada que asegurara la audición de todas las voces … Tal vez esté equivocado, no lo sé; sí se que plantear esta idea en el seno de la CODE hubiera sido de alto riesgo para el proponente”. "Rilla agregó que a su juicio, el "sector estatal estará sobrerrepresentado con respecto al privado".

En sus referencias a que algunos criterios formulados por las autoridades actuales le “recuerdan a los peores argumentos de los peores momentos que terminaron en una dictadura” son expresiones desmesuradas que parecen más movidas por la necesidad del impacto político que por la ponderación en el juicio y el respeto por la delicada materia que se aborda.

El contenido de los argumentos y los ataques a los que se apela, en nombre de los intereses de la educación privada, tampoco parecen muy compartibles.

Resulta especialmente sorprendente la constancia que el Profesor Rilla deja caer en el sentido que “formular críticas a las autoridades hubiera sido de alto riesgo para él”.
No parece tratarse de un lenguaje preciso para definir un tema de tanta delicadeza como el que aborda en su carta el representante del Partido Independiente.
Las referencias a “los riesgos” que “por hacer saber sus opiniones” afronta un representante de la oposición es un hecho que no puede ser expresado con ligereza. En todo caso no es de las cosas que se pueden decir sin ser totalmente explícito.
¿Riesgos ante las represalias de quién? ¿En función de qué antecedentes se realizan estos pronósticos tenebrosos?
La situación por la que atraviesa la educación es seria, sus problemas se acuñaron en años de despotismo y de negligencia, de salarios de hambre, de falta de recursos, de desmoralización de la labor docente.
De toda esa herencia se está procurando salir. Quizás con errores ¿quién está libre de cometerlos?
Pero el lenguaje alarmista y panfletario con que se ataca a las autoridades educativas no parece constituir una contribución morigerada ni constructiva para quienes están procurando mejorar las condiciones de la educación en el país.

14/10/06. Documentos oficiales que acusan al Ejército
EDITORIAL
La República

El informe publicado en la página tres de la edición de ayer de La República constituye un impecable y por demás esclarecedor ordenamiento de datos.
Dada la naturaleza de los hechos, se trata de la eventual ejecución de veintiuna o veintidós personas, no habría que leer este informe con espíritu rutinario, con percepción desprovista de exigencias o falta de voluntad analítica. Todo lo contrario.

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Lo primero que habría que hacer notar es que, en este pedir la palabra para informar, el diario La República, una vez más, actúa en solitario.
No se trata, esta vez y en esta nota que comentamos, de una investigación periodística, que han destacado al profesional que, desde este diario, las ha venido realizando de manera exitosa.
No. No se trata de una investigación. De un seguimiento prolijo de fuentes y elaboración de datos, no. En todo caso, lo que contiene como investigación propia y apelación a testimonios son aspectos menores y ya han sido publicados.
Se trata –eso es lo que hace la nota- de una lectura cuidadosa de los textos públicos editados por la propia Junta de Comandantes en Jefe.

Obras plúmbeas, de varios centenares de páginas cada tomo, distribuidas hasta el hartazgo durante la dictadura porque en ella además de la versión policial-militar de los hechos se esparcían toneladas de versículos de adoctrinamiento.

Tratándose, pues, de delitos graves que se esconden y fuentes oficiales disponibles en cualquier librería de la calle Tristán Narvaja, llama la atención que a las mismas razonables conclusiones que llega el periodista de La República no hayan arribado los demás periódicos diarios que se editan en la capital.

En realidad, lo que aporta el artículo publicado ayer es un ayuda memoria, una puesta en negro sobre blanco de una información que se encuentra publicada bajo los auspicios el Escudo Nacional – y con cargo al presupuesto ídem - desde hace más de veintiocho años. La nota recuerda los elementos de información ya dados por la autoridad militar.

Brindados voluntariamente, además, con aquella locuacidad (todos los recordarán) de los militares cuando ellos eran los vencedores.
Esa verborragia que ahora parecen haber perdido y solo hablan con monosílabos.
Datos con los que, en 1978, hacían alarde. Información que hoy ocultan.
¿Dónde quedó aquel orgullo? ¿Por qué hay que borrar del mapa organismos enteros portadores antaño de los laureles y de los ecos de tan celebradas hazañas?

Concluye lapidariamente Roger Rodríguez “Los desaparecidos del "segundo vuelo" habían sido secuestrados en Buenos Aires, torturados en "Automotores Orletti" y traídos a Montevideo el 5 de octubre de 1976 en el confeso Vuelo 511 del Transporte Aéreo Militar Uruguayo (TAMU) en una operación coordinada por el Servicio de Información y Defensa (SID).

“En el operativo de detención y traslado actuaron miembros de la "patota" del OCOA dependiente de la División de Ejército I, quienes llevaron a aquella veintena de uruguayos al centro de torturas "300 Carlos" ubicado dentro del Servicio de Material y Armamentos (SMA) del Ejército Nacional”

El razonamiento concluye de manera por cierto explícita: “El comandante en Jefe del Ejército como miembro de la Junta de Comandantes en Jefe, (JCJ), los generales del Ejército como integrantes de la Junta de Oficiales Generales (JOOGG), el general en la jefatura del Estado Mayor Conjunto (ESMACO), el general al frente del Servicio reinformación y Defensa (SID), el comandante de la División de Ejército I como mando directo del Órgano Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA) que operaba en Montevideo y Canelones, todos miembros del Ejército, supieron qué ocurrió con aquellas víctimas.

16/10/06. Los que en Punta Cala aplaudían, hoy dicen que es dictadura. La República

Contratapa
Escribe: Hugo Cores

En las últimas semanas se han sucedido algunos hechos de importancia:
1-El 9 º Congreso del PIT-CNT que reafirmó la unidad obrera y las líneas de acción sindical autónoma, reconociendo lo nuevo y lo valioso del gobierno actual. La reafirmación de la línea de lucha contra la impunidad, resuelta en forma unánime, tiene especial significación cuando desde la derecha se intenta obstaculizar el proceso de avance.
2-El segundo hecho importante es la decisión de no firmar el TLC.
3-La intensificación de la campaña de la oposición contra el gobierno
4-Se acrecientan las tensiones (contra Chávez, contra Evo, contra Lula, contra Kirchner) pero, como se insinúan también en Ecuador, los cambios políticos siguen apuntando hacia la izquierda en América Latina.
5-Crece la economía y crece, menos, el empleo y los instrumentos de redistribución. En las áreas de pobreza no surgen oportunidades de trabajo. La nueva industria absorbe poca mano de obra sin calificación.
6-Los avances en materia de verdad y justicia levantan resistencias entre los soportes políticos y mediáticos de la impunidad. Amparados por el apoyo irrestricto de las familias que controlan los medios de comunicación, Bordaberry, Sanguinetti, Lacalle suben el tono de sus ataques.

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* Sobre algunos hechos es necesario y posible actuar. Por ejemplo las decisiones del FA como fuerza política, las leyes que se aprueban, los discursos que se emiten.

Sobre otros, siendo necesario, es más difícil actuar. Por ejemplo, la situación diplomática, la evolución de los precios de las materias primas, las actitudes de los gobiernos de la región orientadas a un relanzamiento más justo del proyecto MERCOSUR.

En estos campos, en los que es más difícil actuar, importan los análisis que permiten mejorar las previsiones, aunque puedan ser tildados como “apenas” palabras. Las definiciones de línea política pueden tener tanta fuerza material como una ley o un tratado. Por eso importa verbalizar y difundir los fundamentos de las decisiones. Eso forma parte inseparable de una democracia que se profundiza y se amplía.

En un tiempo hizo furor la descalificación de la palabra, la ridiculización de las discusiones, ‘la superación de la teoría’, se decía, con los hechos.

Toda subestimación de la construcción de un pensamiento de izquierda, de unas previsiones de izquierda termina siendo negativa y desarmante.

Como militantes frenteamplistas aunque lo deseamos no es demasiado lo que podemos contribuir para frenar a Bush y sus políticas de agresión. Pero en tanto análisis o como teoría no nos vendría mal ajustar entre nosotros nuestra visión actual del imperialismo, aunque eso sean “apenas” palabras escritas en un papel.

No me refiero ahora a un ‘ajuste de cuentas’ con el legado teórico de Rosa Luxemburgo o de Lenin, buena parte de cuyas constataciones están, a mi juicio, totalmente vigentes. Me refiero más bien a un esfuerzo de comprensión de qué han significado, en la historia reciente de nuestro país y nuestra región, las condicionantes impuestas por el capitalismo imperialista.

Esa puesta al día nos permitiría, por ejemplo, analizar las cuestiones del TLC, de la política económica y las relaciones con el FMI con una mirada más profunda que nos ayude en la hora de asumir las decisiones.

* En estos días se han reiterado, por parte de integrantes del equipo económico, expresiones que resultan, por lo menos, llamativas. Al tiempo que se insiste en la conveniencia de un TLC, se dice, por ejemplo, que una línea de acompasamiento con las exigencias del FMI es la única política económica posible para un gobierno como el actual.

Formulada en esos términos, la sentencia, de aceptarse, conduciría a una suerte de determinismo económico, una forma del fatalismo y un mecanismo para acotar, hasta cancelar la acción política de la izquierda.

Si todo consiste en adaptarse a los cambios que impone la globalización mundial, ¿dónde queda la acción política? O planteado en términos de democracia, si el único modelo posible es el de adaptarlo todo (las empresas públicas, la modificación de carta orgánica del Banco Central, la reforma del Estado) a las exigencias del FMI ¿en qué quedan el programa del FA y su compromiso, como fuerza del cambio?


* La decisión del gobierno de no firmar un TLC ha sido reiterada en estos días. Por lo demás, según dice El País de ayer, “el presidente Tabaré Vázquez reclamó a los miembros de su administración y en especial al ministro de Economía, Danilo Astori, que en sus declaraciones públicas no insistan con la idea de concretar el acuerdo bilateral con la potencia del Norte”.

Como es sabido, formamos parte de quienes, desde el surgimiento de esa propuesta, nos opusimos a la concreción de un TLC de Uruguay con los EE.UU.

Cuando el tema se empezó a discutir en la prensa y en la sociedad, muchos sectores del FA prefirieron no pronunciarse.

Algunos legisladores representativos, como Couriel, Conde y Lorier explicaron sus críticas e hicieron sus advertencias. Algunos integrantes del Poder Ejecutivo, como el Canciller Reinaldo Gargano, se expresaron con claridad contra el TLA. En torno a él se montó un verdadero festival de descalificaciones.

Los gremios y las organizaciones sociales (FUCVAM, PIT-CNT, ONAJPU, FEUU) conformaron una amplia Comisión que, desde una posición contraria el TLC, encaró la necesidad de un debate esclarecedor hacia toda la ciudadanía.

Los hechos posteriores vienen demostrando que no le faltaba razón al Canciller ni eran infundadas las advertencias de Alberto Couriel, Gerardo Caetano y José Manuel Quijano. Tampoco estaban descaminadas las iniciativas de las organizaciones sociales. Quedaron, eso sí, en offside los comentarios pizarreros a favor del TLC, algunos provenientes incluso de la interna frentista.

Cuando el Presidente Vázquez dijo no habrá TLC se cerró un capítulo. Pero con la decisión presidencial pareciera que el tema se ha esfumado de la escena política, como si nunca hubiera existido.

Entre Punta Cala (el 9 de agosto) y el 28 de setiembre que se anunció la negativa al TLC pasaron cosas, dentro y fuera del país. Retengo las internas. En aquel momento las opiniones estaban divididas en el FA. Ante eso se anunció que el TLC era cuestión de todos los partidos y por lo tanto si había legisladores frenteamplistas que no lo votaban se apelaría a los votos representantes de los Partidos Nacionales. Desde debajo de la tribuna, los dirigentes conservadores aplaudían a rabiar.

Con TLC y el Frente Amplio dividido, sin moverse, el conservadurismo había ganado de gratis, una batalla y la yapa.

A partir de aquel momento de desarrolló un debate, breve, intenso y casi unilateral. Se inició algo parecido a una campaña. Al cabo, la soñada escisión no tuvo lugar. Ni el TLC.

¿Nada de eso merece una reflexión? Tratándose de la expresión de corrientes de opinión nacidas dentro del FA y del movimiento social, creo que se hace necesario un balance.

Entre otras cosas porque la negativa al TLC contribuyó a crear una nueva situación política. Después del nones, la campaña de las derechas internas contra el gobierno se acrecentó: varios sectores empresariales levantaron sus voces airadas contra el gobierno. Son los que apuestan al proyecto de subordinación a los EE.UU. que los hace sentir más seguros.

A la vez, la negativa uruguaya al TLC, que puede llevar a mejorar nuestras relaciones en la región, ha fastidiado a la diplomacia “bushista”, empeñada en liquidar tratados de este tipo antes de las elecciones que los dejen en minoría en el Congreso.

En este marco el lenguaje opositor se exaspera y se infla. Se empieza a hablar de un ‘gobierno que viola el Estado de derecho’, de amenazas a la libertad de prensa, de métodos que recuerdan a los peores momentos antes de la dictadura. De seguir esta escalada de adjetivaciones infundadas y ridículas, no sería de extrañar que un jerarca de Búsqueda, en defensa de las “libertades pisoteadas”, termine pidiendo asilo en los EE.UU. para escapar de las “persecuciones totalitarias” del Frente Amplio.

18/10/06. Sigue creciendo la burbuja opositora
EDITORIAL
La República

Las expresiones de la oposición al gobierno frenteamplista han tomado no un rumbo, más bien un ritmo uniformemente acelerado. Dicho de otro modo, más que los temas, lo que ha cambiado es la intensidad de los ataques, el contenido en expresiones ‘radicales’, la frecuencia y, ahora, la instalación en el terreno de los muros de la ciudad de algunas de sus objeciones al gobierno.

Ante los obstáculos interpuestos para lograr la venia correspondiente en el Senado para nombrar fiscal de Corte a la Dra. Mirtha Guianze, el gobierno intenta salir del paso, como ha ocurrido en otras oportunidades, realizando, por decreto, un nombramiento provisorio.

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Como respuesta, varias de las grandes avenidas y en las inmediaciones de oficinas del Poder Judicial, amanecen con grandes pintadas donde se califica la decisión del gobierno como un “Acto Institucional”, vale decir, como un acto típico de la dictadura.

El episodio no está aislado. En términos similares se califican otros actos de gobierno. Grandes o chicos, referidos a los más variados temas.
El crecimiento de la burbuja verbal de la oposición resulta, por lo menos, poco claro.
¿Se espera que la población crea que se está instalando un poder dictatorial y que quienes defienden las instituciones democráticas son los dirigentes de los partidos tradicionales?
Es un razonamiento algo tosco y bastante chusco.

Los que enuncian estos despropósitos no son ni muy numerosos ni muy representativos, pero todos sus dichos encuentran eco en los medios de comunicación en manos de unas pocas familias, de modo que los desatinos se escriben, se comentan por radio y televisión y no faltan los analistas ‘objetivos’ que, en tono sepulcral, se suman a la campaña de calificar de “peligrosas” las actitudes del gobierno.

De todos modos, los dirigentes políticos que impulsan la radicalización de la campaña hasta ahora no han expresado con claridad cuáles son sus objetivos y desde dónde parten sus apreciaciones en el sentido que la democracia está bajo amenaza y que la presión autoritaria se viene ejerciendo desde el gobierno.

Falta expresar con claridad qué relación tiene esta cuestión con otras que han estado o están en la orden del día de las grandes decisiones nacionales. Por ejemplo, la negativa a la concreción de un Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, las decisiones en materia de interpretación de la Ley de Caducidad que ha dejado en manos del Poder Judicial algunos casos de violaciones a los Derechos Humanos durante la dictadura. En el caso de esta temática, el camino seguido por el Presidente Vázquez ha dejado expedita la puerta para el procesamiento con prisión de seis militares y dos policías. En la antesala se encuentra el expediente contra el dictador Juan María Bordaberry.

¿Llaman peligro de dictadura un acto soberano como es la negativa o dilación de un tratado internacional? ¿Acaso esa determinación no está entre las facultades constitucionales más directas y esenciales que la decisión democrática de nuestro pueblo puso en manos de este gobierno?

Dejar que actúe el Poder Judicial ¿no es un camino institucional legítimo, no estaba previsto en el Artículo Cuarto de la Ley de Caducidad?

Finalmente ¿cómo se explica que quienes tuvieron la oportunidad de ejercer el gobierno de la República durante los cuatro períodos que siguieron a la dictadura (el Partido Nacional ejerció la presidencia entre 1990 y 1995 pero formó parte de los tres otros gobiernos en coalición con el Partido Colorado) y durante esos dos decenios no dieron un solo paso para esclarecer la verdad y avanzar hacia la justicia, se hayan convertido ahora en fiscales tan acérrimos de la gestión del gobierno progresista?

¿Qué sentido tiene acusar de dictadores a las fuerzas políticas que hasta ayer enfrenaron a la dictadura y sus secuelas? ¿Cuántos dirigentes del blancos y colorados formaron parte de las jerarquías ilegítimas nombradas a dedo por los militares entre 1973 y 1985, cuántos Consejeros de Estado, Intendentes, miembros de las Juntas de Vecinos, directores de Entes autónomos?

19/10/06. Violaciones a los derechos humanos: se siguen cerrando salidas para los culpables
EDITORIAL
La República

En los últimos días la acción de la justicia en varios países de la región (Paraguay, Argentina, Uruguay) ha significado nuevos pasos en el estrechamiento del cerco que se cierne sobre los violadores de los derechos humanos en el período del Plan Cóndor.

Los avances son lentos. La justicia actúa con parsimonia. Hay nuevos delitos y nuevos parámetros legales desde donde examinarlos. Normas internacionales de enorme gravitación empiezan a ser ratificadas por los poderes legislativos y la imprescriptibilidad de los delitos se hace realidad.

Uruguay acaba de sancionar la ley que da vigencia en nuestro país a los lineamientos legales contenidos en el Tratado que regula la actuación del Tribunal de Roma. La enorme significación del tratado parece haber amortiguado las críticas que en otro momento se hicieron y sorprendente y felizmente el Estatuto fue aprobado por unanimidad.


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En estos días, el prestigioso Equipo Niskor que edita y difunde información bien precisa sobre las actuaciones judiciales en todas partes del mundo en defensa de la vigencia de los derechos humanos, acaba de publicar a través de su revista digital una información que tiene estrecha relación con las actuaciones recientes de nuestro Parlamento y a la que hacíamos referencia en el parágrafo anterior.

Nos referimos a la decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el caso Kolk y Kislyiy versus. Estonia: Imprescriptibilidad de los crímenes contra la humanidad y su aplicación retroactiva. En el mismo se da cuenta detallada de los fundamentos sobre los que el Tribunal Europeo dio curso a una demanda por crímenes de lesa humanidad cometidos en el año 1949.

En nuestra región del Cono Sur de América, también las decisiones judiciales apuntan en el mismo sentido. Tal como informara La República en su edición de ayer “La jueza en lo penal de 6º Turno, doctora Fanny Canessa, dio curso a un pedido de extradición sobre el coronel Luis Maurente y el suboficial Ernesto Soca, requeridos por la Justicia Federal argentina en el marco de la causa conocida como "Automotores Orletti".


Canessa, como primera medida en este proceso, envió un oficio a la jueza en lo Penal de 20º, doctora Aída Vera Barreto, para notificarse oficialmente sobre la situación de Soca, quien se encuentra en Cárcel Central a la espera de la decisión sobre el otro pedido de extradición.

La magistrada cursó también un oficio al juez en lo Penal de 19º, doctor Luis Charles, quien procesó a Maurente -junto a otros militares y policías- por su vinculación en la desaparición de Adalberto Soba, ocurrida en Argentina en setiembre de 1976.


Maurente se encuentra procesado por "privación de libertad" y "asociación para delinquir" por dicho caso, y Soca cumple prisión administrativa mientras se define su extradición, pedida por el juez federal argentino Guillermo Montenegro dentro de la causa "Plan Cóndor".

La extensión del principio de imprescriptibilidad en la judicatura de un número creciente de naciones va estrechando el campo a quienes desde los regímenes de Terrorismo de Estado, durante la década de los setenta y la primer parte de los ochenta fueron reyes y señores de vidas y haciendas.

El fenómeno al que asistimos en nuestro país es un capítulo de una transformación más amplia, un cambio en curso en el mundo entero. Fue necesario que las naciones tomaran conciencia de la naturaleza de los crímenes cometidos y los riesgos para la libertad, la dignidad y la integridad física de los seres humanos el hecho que los responsables de estos crímenes se mantengan en la impunidad.

Como aparece reflejado en la sentencia del Tribunal Europeo, las referencias a los elementos conceptuales de los juicios de Nuremberg celebrados inmediatamente después de terminada la segunda guerra mundial muestran la continuidad de una preocupación humanitaria que renacería entre nosotros a medida que se fueron conociendo los crímenes de las dictaduras cívico militares.

7 de octubre al 12 de octubre de 2006

07/10/06. Bordaberry y el autoritarismo colorado
EDITORIAL
La República
(FOTO: 1984: Junto al Dr. Gervasio Guillot en la presentacion del primer habeas corpus colectivo por los desaparecidos uruguayos en la Argentina)

No han cesado las reacciones en los partidos y los análisis políticos y académicos acerca del debate-altercado que tuvo lugar el pasado miércoles.
No deja de ser un dato de interés conocer las reacciones en el coloradismo en el seno del cual la actuación de Pedro Bordaberry (el acusador) se ha ido trasladando desde la mirada más o menos comprensiva (denodado hijo que defiende estoicamente a su padre) a los análisis que miden el efecto de su actuación en términos de marketing político.
El propio ex ministro Bordaberry ha expresado que, quizás, su movimiento haya significado su suicidio político, lo que no parece muy acorde con la presentación de defensor exaltado de una causa movido por la pura lealtad filial.

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En el coloradismo la entonación general de las reflexiones han ido subiendo de tono. Es más, las declaraciones de algunos de sus dirigentes indican una creciente inclinación, en términos democráticos muy negativa, hacia las pautas más autoritarias y conservadoras existentes en las tradiciones de ese partido. Las rémoras autoritarias que remiten al viejo riverismo, al terrismo luego y más recientemente al pachequismo tan directamente emparentado con el ascenso de Juan María Bordaberry a la presidencia en marzo de 1972.
En ex presidente Jorge Batlle, que pareció tomar cierta distancia de las posiciones de su ex ministro, derrapó hacia afirmaciones desopilantes hablando de la “dictadura” actual del presidente Tabaré Vázquez. Para fundar esa descabellada conclusión Batlle hizo referencia a los comentarios presidenciales acerca del carácter solapadamente opositor de algunos medios de prensa. Como suelo ocurrir nadie puede tomarse demasiado en serio los juicios del ex presidente.
En una senda de afirmaciones no menos impresentables, en El Espectador se pronunció de manera soez contra Michelini, Carlos Ramela que no ha conseguido -pese al tiempo que le viene dedicando- ni una mínima destreza en la manera de agraviar.
No menos reaccionarias resultan las conclusiones que emiten los voceros del Foro Batllista. Tomándoselas con la política de Derechos Humanos que viene impulsando el gobierno del Frente Amplio, para bien de la verdad y de la justicia, el sanguinettismo no está dispuesto a dejarse arrebatar el primer lugar entre los más intolerantes y reaccionarios contradictores de la izquierda: “Treinta años después, el establecimiento de esta política del rencor, ya ha engendrado un muerto: un oficial que se suicidó. Pudo haber sido una balacera, el crimen sin juicio de algún militar o el atentado a sedes judiciales, para amedrentar a magistrados. Todo es posible con un gobierno que fomenta el odio y que ha demostrado una infinita incapacidad para mantener la seguridad de la población. (…)


En ese contexto no dejan de llamar la atención el análisis del politólogo Garcé quien sostuvo que (a partir de este episodio) Bordaberry, “dio muestras de ser un retador peligroso de la izquierda”, dijo. En su opinión, el político colorado se mostró como “un político que tiene el suficiente arrojo para hacer una apuesta como la que hizo”, y “aparece otra vez como un político joven que logra algo que a muchos les cuesta: hacerle frente a la izquierda”. Evidenció capacidad para “debatir con una figura política y simbólica de izquierda, y arrinconarla”, dijo. “Bordaberry puede ser visto por votantes colorados y blancos como uno de los pocos políticos capaces de lograr eso. Agregó que dio “un paso adelante” y “se fortaleció”.
Según nuestro punto de vista, el incidente tiende a fortalecer dentro del Partido Colorado las opciones más primitivamente de derecha, con fuerte entonación autoritaria. Es una tendencia y una apuesta que solo puede contribuir a aumentar el confinamiento del partido en una porción más restringida del espectro político. Menguada porción de apoyos ciudadanos en la que son muchos los que miran y pocos los trompos.
Al P. Colorado nadie le impuso esa opción ruinosa. Las eligió solo.

09/10/06. Las tensiones que afloran convocan al debate y a la movilización.
La República

Contratapa
Escribe Hugo Cores- PVP-567 Frente Amplio

En las últimas semanas, acompañando los avances sobre la impunidad y el impacto simbólico del primer procesamiento de militares y policías, entró en desarrollo un cambio en calidad en los ataques de la derecha contra el gobierno, la izquierda y los magistrados que actúan con apego a la Constitución y la Ley.

Lo más destacable de la situación es que -pese a la audacia, mejor dicho al descaro- de las maniobras de la derecha, los hechos evolucionan en el sentido de la verdad y la justicia. No se detienen los procesos, ni hay vacilaciones en las organizaciones sociales y políticas que luchan contra la impunidad.

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Vale la pena detenerse en esta circunstancia.

Después de su edición del día 21 de setiembre, plagada de manipulaciones y mentiras acerca de las víctimas de los asesinatos en Buenos Aires, ¿qué espacio le queda al semanario Búsqueda para presentarse como una expresión de prensa independiente?
Si algo faltaba a ese semanario para tipificar una conducta desquiciada es el tratamiento dado a un episodio que ha enfrentado a su Secretario de Redacción con algunos funcionarios del INAU. A lo largo de una página entera se describe de manera fantástica un mundo de “persecuciones del que son víctimas los ciudadanos uruguayos” (…) “viviendo una situación de indefensión ante eventuales abusos de los cuerpos fiscales (DGI, BPS)”- que bien poco tienen que ver por cierto con los problemas de la infancia- “y lo que eso implica como avasallamiento de las libertades y como tremendas armas para atacar, neutralizar y acabar con cualquier tipo de disidencia”… Visto lo cual las autoridades del semanario “denunciaron la situación ante los organismos internacionales de defensa y promoción de los derechos humanos y la libertad de expresión”. ¡Cualquier parecido a la prosa de las derechas venezolanas o de los exiliados cubanos en Miami es pura coincidencia!

También la agresión planificada en Canal 10 contra Rafael Michelini puede ser vista desde dos ángulos. Por un lado, mostró -ante un nuevo público- hasta dónde se puede llegar en materia de falta de escrúpulos. En ese sentido se constituyó como una prueba de fuerza de la derecha. Pero, al mismo tiempo el episodio deja instalada la cuestión de qué credibilidad puede tener un medio donde se llevan adelante ese tipo de operaciones.

Los ataques desaforados de Sanguinetti a la política de derechos humanos del gobierno y las solidaridades coloradas con los Bordaberry plantean la cuestión de cómo los dirigentes pretenden reconstruir ese partido. ¿Adónde piensan llegar siendo el partido del autoritarismo y de la impunidad?

En estos días, son demasiados los indicios que la derecha está perdiendo la cabeza. Eso siempre conlleva cambios y genera preocupaciones que debemos asumir.
De hecho, los sectores más conservadores y autoritarios han “quemado” ante muchísimos uruguayos algunos instrumentos importantes desde los cuales intentan el control y manejo de la opinión pública.

Se entregan piezas, ¿a cambio de qué? ¿Se ha logrado frenar la acción de la justicia? ¿Se ha logrado desalentar al movimiento por verdad y justicia? ¿Se ha logrado aislar al gobierno frenteamplista de sus soportes democráticos y populares?
Es más, una parte de los medios de comunicación de la derecha ha dedicado espacio y energía para dividir o neutralizar la acción que, en varios planos, incluyendo la lucha por verdad y justicia, desarrolla el sindicalismo agrupado en el PIT-CNT.

Tampoco en ese terreno la derecha ha conseguido avanzar un milímetro. En el Congreso que culminó ayer, la unidad obrera se fortaleció y las posiciones adoptadas refuerzan una línea de defensa clara de los intereses de los trabajadores, de la soberanía nacional y de la profundización de la democracia. Las relaciones con el gobierno popular son encaradas con inteligencia, con un punto de vista de independencia de clase, reconociendo, a la vez, las características sustancialmente distintas que, para los trabajadores, tiene un gobierno del FA con relación a los gobiernos anteriores.

* Hace unos días, dando nuestra opinión acerca de un posible Tratado de Libre Comercio con los EE.UU., decíamos que para una parte significativa de las clases dominantes una alianza estrecha con los EE.UU. constituía una suerte de reaseguro, era visto como una garantía de protección ante los riesgos –reales o imaginados- de un cambio. De un cambio de signo popular y de justicia social que, justamente, el gobierno del FA representa.

A partir del anuncio que no habrá TLC dentro de los marcos inadmisibles exigidos de un trámite acelerado, el llamado fast track, los ataques a Tabaré Vázquez por parte de los dirigentes de las Cámaras de Comercio, de Industrias y de la Asociación Rural se intensificaron.

Finalmente, una parte importante de los empresarios convive mal con un gobierno que no está dispuesto a reprimir la acción de las organizaciones sindicales. Un gobierno que, por su base social, está ligado a la historia y a la realidad de hoy de las organizaciones sindicales y ha estado, por tanto, dispuesto a instalar en el país los Consejos de Salarios y a hacer que se respeten los derechos de los trabajadores.

En síntesis, la derecha reacciona con vehemencia ante los lineamientos que aplica el gobierno en sus relaciones con los EE.UU., en su concepción de los derechos sindicales y en defensa de la impunidad.

Un reacomodamiento político profundo está en curso. Para la izquierda resulta fundamental estar a la altura del desafío que levanta la derecha. La acción de gobierno debe ser acompañada, apoyada y, cuando corresponda, criticada por la fuerza política con la que se identifica.
Eso requiere una dinámica de discusión e información que contenga los problemas más acuciantes de la actualidad y que ponga en manos del mayor número de ciudadanos los puntos de vista del Frente Amplio.

Las tensiones que afloran convocan al debate y a la movilización. Si nos atenemos a lo que ha mostrado el 9º Congreso del PIT-CNT es razonable pronosticar que la izquierda uruguaya estará a la altura de los retos que lanzan los enemigos del cambio, las clases conservadoras y los políticos autoritarios.

10/10/06. EL FAMOSO MITO QUE NO HABRÍA REPRESORES PRESOS SE TERMINÓ'
Reportaje en PRIMERA VOZ en 1410 AM LIBRE

Para Hugo Cores existen ''algunos medios que procuran conducir el proceso y reescribir la historia'' nacional
Para analizar los hechos de inflexión en las últimas semanas respecto a los casos vinculados con el terrorismo de Estado, Plan Cóndor, asesinados y desaparecidos, se suma el último episodio protagonizado por el senador Michelini y el hijo del dictador Juan María Bordaberry, PRIMERA VOZ en 1410 AM LIBRE dialogó con el secretario general del Partido por la Victoria del Pueblo, profesor Hugo Cores.

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En el programa de Canal 10, Zona Urbana el senador Rafael Michelini, y el ex ministro de Turismo, Pedro Bordaberry, se encontraron en un duro enfrentamiento.
Este debate estuvo pautado por el conocimiento de dos grabaciones clandestinas que supuestamente ''desvincularían'' al dictador Juan María Bordaberry de la responsabilidad en los asesinatos cometidos el 20 de mayo de 1976 en Buenos Aires de los legisladores Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, además de los ex militantes del MLN Rosario Barredo y William Whitelaw.

La presentación de los audios donde en uno de ellos se escucha a Rafael Michelini, presente en el programa, mientras que en el otro audio se encuentra la voz del secretario de Presidencia, Gonzalo Fernández quien atribuyó el asesinato de los legisladores a ''Paqui'' Forese, argentino, integrante de la patota de Aníbal Gordon, lo cual supondría como consecuencia que Bordaberry y Blanco son inocentes y que el móvil de los asesinatos es económico no político.

Sin embargo, Fernández manifestó públicamente su versión de los hechos y alegó que ''sí hablé con el senador Michelini y le transmití esto de forma absolutamente informal'' como con ''Mateo Gutiérrez'' hijo del Toba.

El asesinato de los legisladores y de los ex integrantes de MLN ''es obvio que fue un procedimiento que tuvo móviles y objetivos políticos'' afirmó Fernández, a la vez que lo que se quiso decir en las grabaciones clandestinas fue que ''personas como Forese y la banda de Gordon no actuaban por móviles políticos sino por móviles económicos''.

''Tampoco dije porque no tengo elementos de juicio para sostenerlo que ni el asesinado senador Michelini ni el asesinado senador Gutiérrez Ruiz tuvieran dinero en su poder'' sino que ''esta gente creía que ellos tenían dinero y por eso se habría llegado a matarlos'' continuó.

''No tengo pruebas, solamente tengo la fundada presunción de que esto fue así, si hubiera tenido pruebas, o elementos probatorios los habría aportado''.

''Se lo dije al doctor Bordaberry al que conozco hace años, me pidió una entrevista, vino a mi estudio a conversar de este tema y yo con total buena fe le expresé lo que surge en la grabación''. Fernández agregó no tener dudas de que ''en el asesinato hubo un operativo político y fue decidido por las autoridades de la época'' finalizó.

Hugo Cores, secretario del PVP señaló respecto a las manifestaciones del secretario de Presidencia que ''aclaró'' en sus dichos y devolvió al episodio ''la importancia política e institucional al referirse de la existencia de un operativo político'' en los asesinatos en Buenos Aires.

''Han habido debates entre quienes defienden la impunidad y quienes la hemos atacado'' por entender que en esos momentos ''varias figuras se exhibieron, presidentes, comandantes en jefe, habrían decidido poner en orden al país y por eso dispusieron de las FF.AA. para actuar contra la subversión, dieron a los grupos de tarea un margen de autonomía'' tendiendo con ese comportamiento a ''exculpar a presidentes, dictadores, planas superiores de las FF.AA.''.

En ese sentido, el dirigente político señaló que ''los móviles económicos estaban incluidos en lo que los militares hicieron, desde el año 1972 se llevaron de las casas que allanaban todo lo que podían'' por eso rechazó la solitaria responsabilidad que se busca atribuir a Osvaldo Forese y Aníbal Gordon en los casos porque ''no modifica el carácter de un crimen organizado desde el Estado''.

Cores recordó que el 8 de agosto, el comandante en jefe de la Fuerza Aérea reconoció la existencia de un segundo vuelo desde Argentina hacia Uruguay a la vez que el 23 de agosto de este año, ''ante la comparecencia del doctor Fernández a la comisión de Derechos Humanos del Parlamento, él alude a esta información y agrega algo que Bonelli no hizo público''.

De la información proporcionada destacó que ''serían 22 los trasladados y la Fuerza Aérea los puso en manos del Ejército, luego fueron trasladados al Batallón 13 donde habrían sido ejecutados''.

Afirmó que su ''preocupación'' luego de transcurridos 30 años de los hechos, a un año del reconocimiento y a un mes de esta última información ''se haya cesado de proveer información que el Ejército tiene que proporcionar a la sociedad''.

''Nos tiene que decir dónde están los 22 compañeros secuestrados en Argentina, porque 30 años, más un año, más un mes es insoportable'' sentenció el dirigente del PVP.

Por último, Cores consideró sobre el operativo mediático que ''en algunos medios se está procurando conducir el proceso y reescribir la historia'' disputando a la Justicia ''el atributo de ser quienes resuelvan las causas criminales''.

''Se terminó el hilo que unía a la Presidencia de la República y a los antiguos tentadores del gobierno con la impunidad, eso se terminó, el famoso mito de que no habría represores presos se terminó, felizmente'' enfatizó.

(1410 AM LIBRE)

11/10/06. Las reglas de juego en materia de comercio y finanzas internacionales impuestas por las grandes potencias.
EDITORIAL La República.

Editorial miércoles 11 de octubre de 2006


Las reglas de juego en materia de comercio y finanzas internacionales impuestas por las grandes potencias no han hecho sino ahondar las dificultades que mantienen en el atraso y la miseria a buena parte de la humanidad, especialmente la que habita en los países endeudados del Tercer Mundo.

Desde ya hace algunos años, con el crecimiento de la protesta y las movilizaciones de los pueblos, se han ido elaborando una serie de análisis y propuestas destinados a colocar la cuestión del endeudamiento como cuestión a analizar en los países atormentados por los altos costos del endeudamiento y los obstáculos que el pago de la deuda hacia fuera coloca para dar satisfacción a las demandas de la deuda social, principio democrático, de justicia social y humanitario al que todo el mundo rinde pleitesía y en muy pocos lugares se atiende.

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La toma de conciencia acerca de los efectos devastadores de la deuda pública ha movido a núcleos académicos y políticos de buena parte de mundo que, desde hace años, vienen elaborando propuestas de sumo interés. Ese fue el sentido de una reunión realizada en Caracas hacia finales de setiembre y de la que da cuenta una nota periodística de Eric Toussaint publicada en Rebelión. Extractamos los enfoques principales realizados en el evento.

Se sostuvo en el encuentro: “Los pueblos del Sur no son deudores sino acreedores de inmensurables deudas históricas, sociales, económicas y ecológicas adeudadas por el Norte. De allí el repudio a deudas externas e internas y a los mecanismos de su dinámica perversa que subordina las políticas públicas a privilegios privados, la exacción de presupuestos, el vaciamiento y entrega de patrimonios nacionales, cuya carga de pagos y ajustes pesan en particular en la postergación de demandas sociales y de inversión pública en infraestructura básica.
(…) Los países América Latina y el Caribe han vivido en las últimas décadas repetidos ciclos de auge financiero y posterior debacle que han marcado profundamente la evolución regresiva de las condiciones de vida, trabajo y desarrollo para sus pueblos.
Y agrega el documento: “Más allá de una bonanza circunstancial en algunos países, el panorama financiero regional está altamente influido por la dinámica de un contexto internacional muy fluido y frágil. (…) La falta de resultados, la incertidumbre y las presiones retrógradas antipopulares deben generar respuestas unitarias consistentes a los mayores dilemas y desafíos. Es la hora de una nueva integración económica y financiera de América Latina y el Caribe que priorice el mejoramiento de la vida de los pueblos, la complementación productiva, la defensa del trabajo y las riquezas de la región.
En este marco, la reunión internacional afirmó que “la propuesta lanzada por Venezuela de un Banco del Sur es por demás plausible, entendiendo que sus objetivos deben ser en particular, romper la dependencia de los países periféricos al mercado financiero internacional, canalizar la propia capacidad de ahorro, detener la fuga de capitales y apoyar la asignación de recursos a las prioridades de un desarrollo económico y social independiente, cambiando las prioridades de inversión”.
Pensar nuestras realidades desde el ángulo latinoamericanos es esencial hoy para todas las fuerzas progresistas uruguayas, de ahí el interés que suscitan reuniones como las que comentamos.
Finalmente, “Las delegaciones ponderaron que un banco solidario del Sur debe ser un banco alternativo no sólo a la banca privada, sino también a las entidades multilaterales existentes como el FMI, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. La diferenciación no debe ser meramente enunciativa sino normativa y operativa en: a) la fuentes de capitalización y los mecanismos para captación de ahorros, b) la integración y conducción cooperativa e igualitaria de sus países-miembro c) las prioridades y condiciones para el otorgamiento de créditos y garantías y c) la gestión transparente y el control democrático y social de gestión, en línea con lo reclamado por los movimientos por la Auditoría de la Deuda”.

12/10/06. Avances y estancamientos en la búsqueda de la verdad
EDITORIAL
La República


Las decisiones de los magistrados que pusieron en prisión a seis militares y dos policías acusados de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura han causado un impacto profundo sobre la sociedad uruguaya.

Una sentencia implícita, a veces susurrada, parecía haber cerrado el ciclo de las búsquedas de la verdad y los pedidos de justicia: nunca, se decía por lo bajo, en Uruguay un militar irá preso. El fatalismo parecía haber ganado a la mayor parte de los operadores políticos.

Casi en solitario, los familiares de las víctimas, algunas organizaciones no-gubernamentales, algunos periódicos (entre ellos La República) y algunos periodistas de investigación así como las entidades gremiales y algunos sectores partidarios, mantuvieron la inquietud por el destino de los desaparecidos y denunciaron los crímenes contra la oposición cometidos durante la dictadura.

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La evolución política del país empezó a situar este problema, como otros, en un plano sustancialmente distinto. Sin estridencias ni espectacularidad el gobierno cambió los criterios con los que aplicar la legislación vigente en la materia. Fue así que se dio cabida a la participación de la justicia ordinaria para la investigación y determinación de las responsabilidades en varios casos de gran importancia.

El proceso que condujo a Gavazzo y sus socios en el desarrollo de sus actividades represivas en la Argentina resultó inobjetable desde todo punto de vista. Y la sentencia de juez Luis Charles que coronó la actuación de la fiscal Mirtha Guianze logró el efecto inesperado, la realidad que nunca se alcanzaría: los acusados fueron procesados con prisión. Y ahí están, ahí estarán, según todo parece indicar en establecimientos carcelarios controlados por funcionarios del Ministerio de Interior como acaban de informar las autoridades de esa carta. Y como es de rigor en un régimen institucional afianzado.

El impacto ético a escala nacional de la sentencia parece no haber sido cabalmente asimilado por parte de algunos voceros de la oposición y de algunos ex oficiales agrupados en los clubes sociales de las fuerzas armadas.

Algunos dirigentes políticos, empeñados en labrar su propio desplome, se han lanzado temerariamente a criticar al gobierno por estar poniendo en riesgo la paz social o reabriendo heridas.

Los hechos han demostrado que la paz social, como era razonable esperar, no ha sido alterada y que las heridas abiertas no son sino el reconocimiento de hechos dolorosos cuyo ocultamiento agravaba la situación de las víctimas y de sus deudos.

Una vía de reparación se ha empezado a recorrer. Todavía falta un gran trecho. Hay anuncios impactantes, como la existencia de un segundo vuelo y que el destino final de los presos trasladados habría sido su ejecución que cambian sustancialmente el perfil de lo que se presentaba como el modo de operar durante la dictadura.

Las prácticas genocidas, porque de eso se trata, han sido condenadas por tratados que el país acaba de rectificar por unanimidad de ambas cámaras.

Hace unas semanas se anunció que el Ejército brindaría un informe acerca de lo que la Fuerza Aérea había dejada en sus manos en el lejano 5 de octubre de 1976.
En estos días, según da cuenta La República, los responsables militares de esa fuerza han expresando públicamente que no poseen informes sobre el asunto y que la responsabilidad más que sobre el Ejército habría que buscarla por el lado del Servicio de Inteligencia de Defensa (SID) en el que revistaban muchos de los oficiales ahora en prisión.

Resulta preocupante la extrema lentitud con que se procesan estas investigaciones y su traslado a las autoridades legítimas. Esperando esa información está buena parte de la ciudadanía.

28 setiembre al 6 de octubre de 2006.

28/09/06. Trascendente elección presidencial en Brasil
EDITORIAL
La República
(FOTO: Hugo Cores julio 1985 acto 10 aniversario de la fundacion del PVP)


La elección o reelección presidencial del próximo domingo reviste una enorme trascendencia para Brasil. Después de cuatro años de gobierno de un partido de izquierda, que llegó con gran impulso y amplia base social, las derechas no han conseguido conjuntar fuerzas en torno a una candidatura de oposición.

El Partido de los Trabajadores parece así avanzar hacia a una victoria neta en la primera vuelta, consolidando la experiencia iniciada hace algo más de tres años.
No obstante los dardos no han cesado de caer sobre el partido de gobierno. En las últimas semanas el aluvión de ataques ha tenido como centro un episodio complicado, la compra de un expediente conteniendo denuncias de corrupción contra varios partidos.

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En la maniobra de compra del expediente, conteniendo las denuncias realizadas por un empresario procesado por corrupción, aparecen figuras claves de la campaña del presidente Lula.

La prensa y sobre todo el poderoso oligopolio que controla la televisión han dado color al episodio que, hasta ahora, da muestras más de torpeza que de corrupción por parte de los “petistas”.

Lo burdo del episodio consiste en que las autoridades del Partido de los Trabajadores no tenían ninguna necesidad de comprar denuncias, siendo que en el Congreso está instalada una Comisión Parlamentaria de Investigación que examina las denuncias de las famosas compras sobrevaluadas de ambulancias.

Lo que correspondía era poner en funcionamiento los mecanismos legales de los que el gobierno y el Congreso disponen y no deslizarse a las inciertas aguas de una compra clandestina de pruebas judiciales.

No obstante el impacto que los medios tratan de generar, en el electorado brasileño no parecen haberse visto afectadas las expectativas de voto a favor de la reelección de Lula da Silva. Si bien el PT parece haber perdido apoyos significativos en la mayoría de las grandes ciudades del Sur (Río de Janeiro, San Pablo, Porto Alegre) ha crecido en forma espectacular en las zonas más pobres del Brasil.

Y ese es el hecho más altamente significativo. Por primera vez en mucho tiempo, un partido de izquierda logra captar la adhesión de una gran masa de asalariados o desempleados de las zonas más atrasadas económicamente del Brasil.
Los programas de ayuda a las familias más necesitadas, que en las regiones del Norte y del Noreste son una parte muy significativa de la población, han tenido un fuerte impacto.

Por lo demás, el poder de compra de los asalariados ha crecido de modo significativo. Para los trabajadores que ganan hasta cuatro salarios mínimos el poder de compra aumentó en un setenta (70) por ciento en cuatro años.

No se trata exclusivamente del carisma de Lula, un dirigente con extraordinaria lucidez e intuición política, siendo como es un hombre relativamente joven, que tiene una amplia experiencia en las luchas electorales y políticas.

Se trata, sobre todo, de las realizaciones sociales de su gobierno. Del signo principal que para muchos millones de hombres, mujeres y niños pobres y muy pobres ha tenido el gobierno del Partido de los Trabajadores.

Con el PT y con Lula ha nacido y crecido una nueva ciudadanía. Y esos hombres y mujeres que acceden a una vida un poco mejor no le piden permiso a nadie para empezar a tener voz propia, después que durante tanto tiempo sus voces fueron silenciadas o desvirtuadas.

Ese parece ser uno de los aspectos novedosos de la sociología política que está en curso.
No todos los observadores parecen reparar en esto. Las propias características de la campaña, con poco gasto en publicidad y muy escasas movilizaciones de masas podrían indicar que lo predominante es la apatía política. Eso es así, en algunas partes de este enorme país-continente. Pero la vida de toda una nación no la impregna solamente la realidad que se vive en sus grandes ciudades. O como la viven y la describen algunos de sus intelectuales. El domingo se verá realmente cuántos son los nuevos ciudadanos que han pedido la palabra para decir que país es el que quieren.

30/09/06. No hay rincón de nuestra América que no se encuentre sacudido por las movilizaciones populares
EDITORIAL
La República

No hay rincón de nuestra América que no se encuentre sacudido por las movilizaciones populares. De un extremo a otro del continente, nuevas organizaciones sociales y políticas reanudan o inician nuevas y originales formas de lucha.
Ninguno de nuestros pueblos parece haber sucumbido a la tentación de la pasividad y la resignación.
Cuando todavía no se han extinguido los ecos de las formidables movilizaciones de masas a favor de Andrés Manuel López Obrador en México, la agitación conmueve a la sociedad ecuatoriana. Y como suele ser el signo de casi todos estos sacudimientos, los ecos que se expandan hacia todos los campos de la sociedad toman también el camino de la expresión electoral.

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Y es en el campo de la democracia política, a través del pronunciamiento de las urnas, que los pueblos ensayan sus nuevas experiencias. A menudo se suceden los tropiezos y las frustraciones, no obstante, la fuerza social de la protesta renace al poco tiempo. Es el caso también del Ecuador donde una impresionante movilizaciones de los pueblos indígenas se ha transformado en protagonista fundamental de todo el acontecer social y político. El próximo 15 de octubre habrá elecciones presidenciales.
En estos días, la revista digital Rebelión publica un análisis realizado por una analista ecuatoriana, María Díaz ha escrito desde Quito: “Uno de los 13 candidatos oficiales para las elecciones, es el miembro Ecuarunari Luis Macas, actual presidente de la Confederación Nacional de Indígenas del Ecuador (CONAIE). Es la primera vez que un indígena se postula como candidato a la Presidencia en Ecuador, un país donde la discriminación y exclusión a los nativos es extremadamente notoria. La CONAIE actúa en el escenario político nacional como máxima representante de las demandas indígenas; sus aspiraciones políticas, económicas y socioculturales. Una de las propuestas de este movimiento indígena es la recuperación y el control político del petróleo por parte del Estado. Según sostienen los representantes de esta organización, los recursos que genera el petróleo serían invertidos en educación, reactivación agrícola, combatir la pobreza y atender las políticas sociales. Por otra parte, desde hace ya unos meses, los diversos movimientos sociales e indígenas de este país, se vienen manifestando en contra de un posible tratado de libre comercio (TLC) con Estados Unidos, ya que es visto como una recolonización por parte del país norteamericano”.


En su análisis Díaz traza un paralelo con otras luchas de los pueblos indígenas que vienen sacudiendo América Latina, como es el caso de la Bolivia de Evo Morales:
“por su parte, la Unión de Campesinos e Indígenas del Cantón Panhua (UCICP), provincia de Cotopaxi, denunció públicamente los graves hechos que están sucediendo en sus territorios. La empresa privada PROASTRO proyecta tomar el agua de los ríos Angamarca y Sindis Piñanatu, a 14 kilómetros de distancia, para construir la represa hidroeléctrica en la comunidad Yanayaku, sin una consulta a los 29 pueblos indígenas que son beneficiarias de estas cuencas hídricas. Dadas estas circunstancias, el 2 y 3 de agosto último todas las comunidades de las dos provincias organizaron una toma pacífica del Municipio de Panhua para exigir el apoyo del alcalde Mito Rubén Carrillo Salazar y del sacerdote Hernán Moregon (...) En estos incidentes “varios dirigentes fueron detenidos y aún se está exigiendo que esta empresa abandone sus tareas y que el alcalde haga cumplir lo que prometió”
Entre los líderes indígenas detenidos sobresale la figura de Luis Macas, el principal dirigente de la poderosa CONAIE citada más arriba. “Así, concluye Díaz, como en Bolivia Evo Morales tuvo su oportunidad y hoy tiene gran apoyo no sólo en su país, sino en gran parte de América Latina, la candidatura de Macas se muestra como otro paso hacia la integración de la sociedad y la inclusión de los pueblos nativos en la estructura política”.

02/10/06. La experiencia del PT de Brasil: enseñanzas para frenteamplistas.
Contratapa La República


Cuando el amigo lector tome contacto con esta página ya se habrá disipado la interrogante acerca de si Luiz Inacio Lula da Silva ya ha sido reelegido como presidente de Brasil o si deberá disputar una segunda vuelta con Geraldo Alcrim, ex gobernador del Estado de Sao Paulo y principal candidato de la oposición al gobierno.

Los resultados de esta primera vuelta son de una enorme importancia. Para Brasil, para América Latina y para Uruguay. El conjunto de las peripecias políticas que ha culminado el domingo, -desde los 70 cuando se fundó el PT, hasta hoy- resulta una problemática apasionante, que felizmente tiene en Uruguay quienes lo estudian y difunden.

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De entre todas las aristas de tema tan principal quiero reflexionar desde el ángulo de la acción política, de la militancia por los cambios sociales en Uruguay. Sobre eso la experiencia del gobierno del PT tiene una gran significación para nosotros, militantes frenteamplistas.

Frente Amplio y Partido de los Trabajadores

Pese a las grandes diferencias existentes entre las dos sociedades, tiene sentido el análisis comparativo entre las dos grandes fuerzas políticas que gobiernan en Brasil y Uruguay.

El FA fue fundado en 1970/71, el PT en 1979.
Ambas formaciones se construyeron sobre la base de incorporar militantes y corrientes ideológicas diversas incluyendo militantes de origen marxista, ex guerrilleros y sectores cristianos comprometidos con la teología de la liberación. Un rol clave cumplió una nueva generación de sindicalistas surgidos a finales de la década de los setenta.

Vale la pena hacer notar que, con anterioridad, en el sindicalismo clasista tradicional de Brasil, la fuerza hegemónica era el Partido Comunista. Esta corriente, con prestigio, una gran tradición de lucha y sacrificio y una épica de combate en todos los terrenos, incluyendo el militar, tomó distancia, en gran medida sectaria, del proceso de construcción de la alianza amplia que se materializa en el PT.

No fue así en Uruguay. Cuando se inicia el proceso de construcción del FA, tanto el Partido Comunista Uruguayo, como otras figuras y corrientes de gran peso en el movimiento sindical clasista, como Héctor Rodríguez y otros, tuvieron un papel protagónico en la construcción de la unidad del pueblo en torno al FA.

Semejanzas

Ambas fuerzas políticas fundaron su estilo de trabajo en una profunda transformación de las pautas de acción políticas predominantes: alentaron el trabajo militante y valoraron la democracia interna y la participación política de las bases. Desarrollaron una estrategia de alianza con los sectores sociales representativos de las grandes mayorías, como la Central Única de Trabajadores y el Movimiento Sin Tierra en Brasil y recurrieron a las grandes masas para desarrollar sus propuestas programáticas.

Como organizaciones multitudinarias, buscaron alcanzar a los más amplios sectores sociales, especialmente a las nuevas generaciones que accedían a la ciudadanía y se enfrentaban a las consecuencias de la crisis del modelo capitalista dependiente que en toda la región y en esos años sacudía a los pueblos de Latinoamérica.

Ambos partidos alcanzaron el gobierno (el PT en el 2002, el FA en el 2004) después que la ofensiva neoliberal había arrasado a las clases populares, aumentado la desigualdad social y la miseria y empujando a niveles insoportables el endeudamiento y la dependencia externa.

Ambos partidos se proponían llevar adelante programas de recuperación de la justicia social, de defensa de la soberanía nacional, de profundización de la democracia y de crecimiento de la ciudadanía.

Los logros del gobierno Lula

En muchos aspectos claves del programa levantado, el PT no supo, no pudo o no quiso avanzar por la senda del enfrentamiento a fondo con los grandes grupos económicos y burocráticos que
–junto con los intereses del imperio norteamericano- constituyen el poder real en Brasil.

Hubo sin duda una acción social reparadora en las regiones más carenciadas de Brasil. Tierras del Norte y del Nordeste que padecen un largo atraso social y económico. La baja en los precios de los artículos de primera necesidad desarrollada por el gobierno Lula llevó a que el salario real para los que reciben las retribuciones más bajas (menos de cuatro salarios mínimos) aumentara en un 70% su poder de compra.

Aunque restringida, la acción social del gobierno en beneficio de los más pobres fue resistida con obstinación por parte de las clases privilegiadas. Unas derechas conservadoras, de fuerte tradición despótica y represiva, vieron en el Presidente Lula un enemigo de temer, una acechanza a la que había que enfrentar a cualquier precio: con la conspiración, el bloqueo legislativo y, sobre todo, con feroces campañas de manipulación mediática destinadas a aniquilar el bastante tibio reformismo social del PT.

¿Qué nos dice a los frenteamplistas la experiencia del PT?

Sobre Lula y su partido caen hoy los dardos envenenados de las derechas. Las denuncias de ‘corrupción’ han resultado políticamente ruinosas y han significado la neutralización y el desprestigio de muchos dirigentes calificados del partido.
No tengo una información exhaustiva sobre el tema pero apenas uno lee con detenimiento la prensa brasileña llega a la conclusión es bien posible que muchos de los “petistas” hoy acusados y linchados por el oligopolio mediático no se hayan llevado un solo real para sus casas.

Sus graves errores son de otra índole, como pretender resolver el problema de la falta de apoyo parlamentario pagando mediante coimas el voto de diputados de la oposición. Algo parecido revela el proceso actual que ha golpeado duramente sobre la conducción de la campaña electoral de Lula y al propio PT en la figura de su presidente Ricardo Berzoini.

Todo parece indicar que la línea desarrollada por el gobierno de Lula tendió a marginar a la fuerza política PT como tal del campo de la acción política. Absorto en lograr controlar las palancas del Congreso y de la administración, la cúpula de gobierno no procuró movilizar a la fuerza política para que actuara en el seno de la sociedad como un contrapeso de pueblo frente a la presión de las derechas y de la ofensiva mediática, como un actor capaz de incidir en la movilización ciudadana.

El PT como instrumento democrático

La derecha ha ido acumulando fuerza en el aparato judicial y en los Estados, en el conjunto de la administración central en la prensa y la TV, Aún ganando, el PT obtendrá una representación en el Congreso aún más exigua que la que dispone ahora y ese dato es un handicap negativo importante en momentos que la derecha intenta precipitar una crisis institucional contra el PT.

No obstante esa situación, las batallas políticas hasta ahora han quedado reducidas a lo que se podía hacer desde arriba y sobre todo lo que podía hacer el presidente Lula.

La intensificación de las tensiones a la que asistimos en estos días decisivos, que pueden terminar con la derrota del proyecto político PT, encuentra al partido desmovilizado, con cierto aislamiento de la sociedad y, en parte, descabezado.

No tengo ninguna duda que una derrota de Lula tendría consecuencias muy negativas para el conjunto de las relaciones de fuerza en A. Latina. Todos los gobiernos más o menos progresistas se verían afectados.

Las enseñanzas

Una derrota de Lula significaría el advenimiento al gobierno de Brasil de las derechas neoliberales y abiertamente pro norteamericanas. El MERCOSUR recibiría un fuerte impacto negativo y se estrecharían en toda la región los campos de acción para las emergentes fuerzas del cambio social de signo popular y antiimperialista.

Para los frenteamplistas, mirarse en ese espejo conduce a reafirmar nuestras concepciones de forja de instrumentos políticos democráticos y participativos, con una circulación frecuente de información clara y precisa y con una estrecha relación con las organizaciones sociales que se ha dado nuestro pueblo.

Ambas fuerzas políticas, FA y PT están siendo expuestas al riesgo de ser absorbidas por la lógica del modelo tecnocrático, no-participativo- de dominación neoliberal. Los aciertos y los logros del gobierno -tanto en Uruguay como en Brasil- estarán en función de los soportes sociales, locales, barriales, sindicales, profesionales, académicos y, desde luego políticos, que forman la espesa red de relaciones que se ha conformado en nuestra sociedad.

05/10/06. 30 años del segundo vuelo
EDITORIAL
La República

El pasado miércoles 23 de agosto, en una reunión con la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes, el delegado del gobierno ante la misma, Secretario de la Presidencia Dr. Gonzalo Fernández, realizó una afirmación trascendental, característica de los nuevos tiempo que en el país soplan en materia de Derechos Humanos.
De acuerdo a lo expresado por el representante del Poder Ejecutivo en la reunión con parlamentarios del 23 de agosto, “las personas que fueron trasladadas desde Argentina hacia Uruguay en el denominado “segundo vuelo” de 1976, y que todas están desaparecidas, todas fueron ejecutadas luego de haber sido trasladadas hacia el Batallón de Infantería N ° 13 del Ejército.

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Se retomaba de este modo los términos de una investigación periodística realizada por Roger Rodríguez y sostenida en solitario por La República durante mucho tiempo.
Con posterioridad a estas denuncias, el Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea, Teniente General Enrique Bonelli confirmó, en agosto del 2005, que efectivamente que ese traslado había sido realizado.
De acuerdo a la misma fuente, en las actas de la mencionada Comisión Parlamentaria, “entre 21 y 22 personas fueron trasladadas de Argentina a Uruguay(...) Inicialmente fueron derivadas a Infantería 13 (conocido como “el infierno” o 300 Carlos) y luego fueron ejecutadas. Según se expresó el gobierno se halla tratando de determinar la identidad de esas personas.
Con posterioridad se anunció que el Comandante en Jefe del Ejército, Teniente General Carlos Díaz, estaba abocado a la realización de informe acerca del destino de los detenidos desaparecidos que la Fuerza Aérea había puesto en manos del Ejército el 5 octubre de 1976.
La información aportada es sin duda relevante. En nuestro país –hasta ahora- se habían reconocido oficialmente alrededor de 26 ciudadanos desaparecidos. Con el número de presos trasladados en el segundo vuelo esa cifra prácticamente se duplica.
Han pasado 30 años de esos luctuosos episodios. Los familiares y compañeros de las víctimas nada han sabido, hasta ahora, de qué fue lo que ocurrió en nuestro país con los hombres y mujeres secuestrados en Argentina en aquel período sombrío de la historia del país.
El silencio hermético que reinó durante decenios se ha quebrado y la ciudadanía empieza a tomar contacto con relatos y verdades celosamente guardadas o deformadas, durante tanto tiempo.
Los brazos ejecutores principales de aquellas violaciones a los derechos humanos se encuentran actualmente procesados por la justicia ordinaria a partir de una sentencia histórica realizada por el Juez Luis Charles a partir de la solicitud de la prestigiosa fiscal Dra. Mirtha Guianze.
Sobre aquellos temas de la represión durante la dictadura, que parecían tabú entre lo tabú, ahora se tienen versiones detalladas y, por primera vez, el reconocimiento de los oficiales acusados.
En el marco de los nuevos tiempos, no todo es idílico ni el camino de la justicia resulta empedrado de pétalos. Existen presiones, negativas, maniobras periodísticas y movimientos de quienes no han entendido que los tiempos de la impunidad se han terminado.
La acción de los magistrados sobre este y sobre otros episodios se ha echado a andar. Nuevas comparecencias y testimonios irán dando mayor consistencia a las actuaciones fiscales. La verdad se abre paso, de la mano de la acción de la justicia.
Solo a partir de transitar ese camino, el país se reencontrará con la vigencia plena de sus instituciones. La convivencia civilizada recobrará su lugar en la fisonomía del país y asegurará la credibilidad de las instituciones dañadas por la dictadura y por los gobiernos democráticos que se revelaron como incapaces de llevar adelante las determinaciones que establece la Constitución de la República, las leyes y los tratados internacionales firmados por el país y que lo obligan con la misma fuerza que su propia legislación interior.

06/10/06. Los medios y los debates sobre la impunidad
EDITORIAL
La República


En la noche del jueves tuvo lugar un ‘debate’, de algún modo hay que llamarlo, entre el ex ministro luego candidato colorado Pedro Bordaberry y el Senador de la República, Rafael Michelini.
Más que un debate conceptual o de posiciones políticas, la comparecencia fue organizada sobre la base de una maniobra, de hecho una suerte de emboscada, basada en actitudes de muy dudosa buena fe por parte del dirigente político colorado.

El operador político del coloradismo más ligado a las tradiciones autoritarias de ese partido desplegó una actuación de solidaridad con la dictadura instaurada en junio de 1973, a nombre de la devoción filial. Enternecedor punto de partida para defender las actuaciones de un dictador. Patente también para transitar por los escabrosos senderos de la grabación solapada de conversaciones que se presentan ante el desprevenido interlocutor como privadas.

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Los organizadores del ‘debate’, en realidad fue una áspera confrontación entre figuras políticas de muy desigual valía, tienen sobre sí la responsabilidad de un estilo superficial, novelero e irresponsable. La nota dominante es el efectismo, cosa que normalmente se aplica para simplificar acerca de otras materias y es deplorable.

Aplicado ahora a la cuestión de los asesinatos políticos cometidos durante el período del Terrorismo de Estado, del que Juan María Bordaberry fue promotor y protagonista encumbrado, el estilo de la tilinguería efectista de un programa de ese estilo resulta especialmente chocante.

Patética chafalonía: “dos hijos enfrentados a partir de la defensa de sus padres”. Una pretendida simetría, empapada en demagogia, que pretende poner en un mismo nivel a un político que violó la Constitución y contribuyó a montar en el país todo el andamiaje de las instituciones represivas que sofocaron a nuestro pueblo durante trece años, con un líder popular de trayectoria resueltamente democrática.

El enfrentamiento del pasado miércoles entre Bordaberry y Michelini fue apenas una muestra de que, en nuestro país hay algunos sectores sociales y políticos que empiezan a desesperar ante la consolidación de una nueva etapa política y de gobierno y ante el nacimiento de una nueva perspectivas de cambios populares en las anquilosadas estructuras del país conservador.

El quebrantamiento de reglas de juego elementales en las relaciones políticas y del debate público es un recurso que está siempre al alcance de los grupos familiares y económicos que detentan el oligopolio de los medios de comunicación.

Ya hemos visto, más de una vez, como se “arman” estas puestas en escena destinadas a exculpar a los verdugos y a culpabilizar a las víctimas, sin excluir, para los organizadores del espectáculo, las ‘bien educadas” posiciones intermedias, los auto designados árbitros que en nombre de la moral y las buenas costumbres se presentan como encarnando el espíritu mismo de la ponderación y la justicia y desde ella reparten ‘equitativamente’ los premios, los castigos o los empates.

Esas formas de simplificación y manipulación de los debates políticos no hacen sino obstaculizar el conocimiento a fondo de los hechos y por esa vía acumular la energía negativa que nace de la incomprensión para abordar los asuntos públicos.

¿Adónde se puede llegar en materia de comprensión de la historia reciente del país si se trabaja con la simetría grotesca de presentar las posiciones de Bordaberry con las del Senador Rafael Michelini?

¿Cuánto hay que omitir? ¿De qué manera truculenta hay que mutilar la actuación de un dictador de ultraderecha para pretender recortarla con la del tribuno democrático y libertario que fue Zelmar Michelini?
Felizmente en el país se han instalado los mecanismos institucionales previstos por la Constitución, la justicia ha empezado a actuar y allí sin simplificaciones ni demagogias, con grabaciones solapadas ni insultos prepotentes, la verdad irá emergiendo de las tinieblas de tantos años de dictadura.