viernes, 13 de octubre de 2006

13 octubre al 19 de octubre de 2006


13/10/06. Estridencia inconveniente
EDITORIAL
La República
(1984: Hugo Cores junto a Gervasio Guillot presentando primer habeas corpus colectivo ante la justicia de Atgentina)


En la jornada de ayer se conocieron los términos de la renuncia del Profesor José Rilla, al cargo que ocupaba en la CODE (Comisión Organizadora del Debate Educativo).
Rilla integraba el organismo en representación del Partido Independiente y fue en el marco de una reunión con la dirigencia de esa organización partidaria que adoptó el criterio de renunciar a las funciones que venía desarrollando.

Su decisión revistió de inmediato un inequívoco perfil político. Más que movido por razones de tipo técnico o pedagógico, a partir de sus ampliamente difundidas cartas queda de manifiesto que su reflexión trasciende lo meramente circunstancial y lo estrictamente pedagógico.

leer más



    A partir de sus discrepancias con las autoridades de la enseñanza Rilla sostiene que estas manejan argumentos “que recuerdan los peores antecedentes de los peores momentos que terminaron en una dictadura”.

    Refriéndose a las autoridades de la Educación el Profesor Rilla cita, con imprecisión que “Dijeron que este es el tiempo de la sociedad y que poco menos que los partidos políticos son los representantes de la burguesía”,

    El profesor renunciante sostuvo asimismo que las “asambleas territoriales” no son otra cosa que “encuentros de militantes y de personas interesadas en la educación y la política”. “(...) No parece razonable esperar de ese ámbito novedades que abran el debate por caminos de incertidumbre que supongo los mejores en este y en otros asuntos. Juzgo –o prejuzgo, si se quiere– extremadamente difícil que el resultado de las asambleas territoriales (que tendrán el 70% de la presencia y votación) puedan sustraerse de la opinión organizada de las instituciones, gremios y sindicatos de la educación”, agregó.

    “Los sindicatos en general (el PIT-CNT), o el ‘movimiento cooperativo tendrán mayor jerarquía que muchas instituciones de educación. Me animo a sostener, por ejemplo, que las minorías, los pequeños grupos e instituciones portadores de tradición educativa podrían haber sido más promovidos en su participación, en una suerte de ‘ciudadanía diferenciada que asegurara la audición de todas las voces … Tal vez esté equivocado, no lo sé; sí se que plantear esta idea en el seno de la CODE hubiera sido de alto riesgo para el proponente”. "Rilla agregó que a su juicio, el "sector estatal estará sobrerrepresentado con respecto al privado".

    En sus referencias a que algunos criterios formulados por las autoridades actuales le “recuerdan a los peores argumentos de los peores momentos que terminaron en una dictadura” son expresiones desmesuradas que parecen más movidas por la necesidad del impacto político que por la ponderación en el juicio y el respeto por la delicada materia que se aborda.

    El contenido de los argumentos y los ataques a los que se apela, en nombre de los intereses de la educación privada, tampoco parecen muy compartibles.

    Resulta especialmente sorprendente la constancia que el Profesor Rilla deja caer en el sentido que “formular críticas a las autoridades hubiera sido de alto riesgo para él”.
    No parece tratarse de un lenguaje preciso para definir un tema de tanta delicadeza como el que aborda en su carta el representante del Partido Independiente.
    Las referencias a “los riesgos” que “por hacer saber sus opiniones” afronta un representante de la oposición es un hecho que no puede ser expresado con ligereza. En todo caso no es de las cosas que se pueden decir sin ser totalmente explícito.
    ¿Riesgos ante las represalias de quién? ¿En función de qué antecedentes se realizan estos pronósticos tenebrosos?
    La situación por la que atraviesa la educación es seria, sus problemas se acuñaron en años de despotismo y de negligencia, de salarios de hambre, de falta de recursos, de desmoralización de la labor docente.
    De toda esa herencia se está procurando salir. Quizás con errores ¿quién está libre de cometerlos?
    Pero el lenguaje alarmista y panfletario con que se ataca a las autoridades educativas no parece constituir una contribución morigerada ni constructiva para quienes están procurando mejorar las condiciones de la educación en el país.





14/10/06. Documentos oficiales que acusan al Ejército
EDITORIAL
La República

El informe publicado en la página tres de la edición de ayer de La República constituye un impecable y por demás esclarecedor ordenamiento de datos.
Dada la naturaleza de los hechos, se trata de la eventual ejecución de veintiuna o veintidós personas, no habría que leer este informe con espíritu rutinario, con percepción desprovista de exigencias o falta de voluntad analítica. Todo lo contrario.

leer más



    Lo primero que habría que hacer notar es que, en este pedir la palabra para informar, el diario La República, una vez más, actúa en solitario.
    No se trata, esta vez y en esta nota que comentamos, de una investigación periodística, que han destacado al profesional que, desde este diario, las ha venido realizando de manera exitosa.
    No. No se trata de una investigación. De un seguimiento prolijo de fuentes y elaboración de datos, no. En todo caso, lo que contiene como investigación propia y apelación a testimonios son aspectos menores y ya han sido publicados.
    Se trata –eso es lo que hace la nota- de una lectura cuidadosa de los textos públicos editados por la propia Junta de Comandantes en Jefe.

    Obras plúmbeas, de varios centenares de páginas cada tomo, distribuidas hasta el hartazgo durante la dictadura porque en ella además de la versión policial-militar de los hechos se esparcían toneladas de versículos de adoctrinamiento.

    Tratándose, pues, de delitos graves que se esconden y fuentes oficiales disponibles en cualquier librería de la calle Tristán Narvaja, llama la atención que a las mismas razonables conclusiones que llega el periodista de La República no hayan arribado los demás periódicos diarios que se editan en la capital.

    En realidad, lo que aporta el artículo publicado ayer es un ayuda memoria, una puesta en negro sobre blanco de una información que se encuentra publicada bajo los auspicios el Escudo Nacional – y con cargo al presupuesto ídem - desde hace más de veintiocho años. La nota recuerda los elementos de información ya dados por la autoridad militar.

    Brindados voluntariamente, además, con aquella locuacidad (todos los recordarán) de los militares cuando ellos eran los vencedores.
    Esa verborragia que ahora parecen haber perdido y solo hablan con monosílabos.
    Datos con los que, en 1978, hacían alarde. Información que hoy ocultan.
    ¿Dónde quedó aquel orgullo? ¿Por qué hay que borrar del mapa organismos enteros portadores antaño de los laureles y de los ecos de tan celebradas hazañas?

    Concluye lapidariamente Roger Rodríguez “Los desaparecidos del "segundo vuelo" habían sido secuestrados en Buenos Aires, torturados en "Automotores Orletti" y traídos a Montevideo el 5 de octubre de 1976 en el confeso Vuelo 511 del Transporte Aéreo Militar Uruguayo (TAMU) en una operación coordinada por el Servicio de Información y Defensa (SID).

    “En el operativo de detención y traslado actuaron miembros de la "patota" del OCOA dependiente de la División de Ejército I, quienes llevaron a aquella veintena de uruguayos al centro de torturas "300 Carlos" ubicado dentro del Servicio de Material y Armamentos (SMA) del Ejército Nacional”

    El razonamiento concluye de manera por cierto explícita: “El comandante en Jefe del Ejército como miembro de la Junta de Comandantes en Jefe, (JCJ), los generales del Ejército como integrantes de la Junta de Oficiales Generales (JOOGG), el general en la jefatura del Estado Mayor Conjunto (ESMACO), el general al frente del Servicio reinformación y Defensa (SID), el comandante de la División de Ejército I como mando directo del Órgano Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA) que operaba en Montevideo y Canelones, todos miembros del Ejército, supieron qué ocurrió con aquellas víctimas.





16/10/06. Los que en Punta Cala aplaudían, hoy dicen que es dictadura. La República

Contratapa
Escribe: Hugo Cores

En las últimas semanas se han sucedido algunos hechos de importancia:
1-El 9 º Congreso del PIT-CNT que reafirmó la unidad obrera y las líneas de acción sindical autónoma, reconociendo lo nuevo y lo valioso del gobierno actual. La reafirmación de la línea de lucha contra la impunidad, resuelta en forma unánime, tiene especial significación cuando desde la derecha se intenta obstaculizar el proceso de avance.
2-El segundo hecho importante es la decisión de no firmar el TLC.
3-La intensificación de la campaña de la oposición contra el gobierno
4-Se acrecientan las tensiones (contra Chávez, contra Evo, contra Lula, contra Kirchner) pero, como se insinúan también en Ecuador, los cambios políticos siguen apuntando hacia la izquierda en América Latina.
5-Crece la economía y crece, menos, el empleo y los instrumentos de redistribución. En las áreas de pobreza no surgen oportunidades de trabajo. La nueva industria absorbe poca mano de obra sin calificación.
6-Los avances en materia de verdad y justicia levantan resistencias entre los soportes políticos y mediáticos de la impunidad. Amparados por el apoyo irrestricto de las familias que controlan los medios de comunicación, Bordaberry, Sanguinetti, Lacalle suben el tono de sus ataques.

leer más



    * Sobre algunos hechos es necesario y posible actuar. Por ejemplo las decisiones del FA como fuerza política, las leyes que se aprueban, los discursos que se emiten.

    Sobre otros, siendo necesario, es más difícil actuar. Por ejemplo, la situación diplomática, la evolución de los precios de las materias primas, las actitudes de los gobiernos de la región orientadas a un relanzamiento más justo del proyecto MERCOSUR.

    En estos campos, en los que es más difícil actuar, importan los análisis que permiten mejorar las previsiones, aunque puedan ser tildados como “apenas” palabras. Las definiciones de línea política pueden tener tanta fuerza material como una ley o un tratado. Por eso importa verbalizar y difundir los fundamentos de las decisiones. Eso forma parte inseparable de una democracia que se profundiza y se amplía.

    En un tiempo hizo furor la descalificación de la palabra, la ridiculización de las discusiones, ‘la superación de la teoría’, se decía, con los hechos.

    Toda subestimación de la construcción de un pensamiento de izquierda, de unas previsiones de izquierda termina siendo negativa y desarmante.

    Como militantes frenteamplistas aunque lo deseamos no es demasiado lo que podemos contribuir para frenar a Bush y sus políticas de agresión. Pero en tanto análisis o como teoría no nos vendría mal ajustar entre nosotros nuestra visión actual del imperialismo, aunque eso sean “apenas” palabras escritas en un papel.

    No me refiero ahora a un ‘ajuste de cuentas’ con el legado teórico de Rosa Luxemburgo o de Lenin, buena parte de cuyas constataciones están, a mi juicio, totalmente vigentes. Me refiero más bien a un esfuerzo de comprensión de qué han significado, en la historia reciente de nuestro país y nuestra región, las condicionantes impuestas por el capitalismo imperialista.

    Esa puesta al día nos permitiría, por ejemplo, analizar las cuestiones del TLC, de la política económica y las relaciones con el FMI con una mirada más profunda que nos ayude en la hora de asumir las decisiones.

    * En estos días se han reiterado, por parte de integrantes del equipo económico, expresiones que resultan, por lo menos, llamativas. Al tiempo que se insiste en la conveniencia de un TLC, se dice, por ejemplo, que una línea de acompasamiento con las exigencias del FMI es la única política económica posible para un gobierno como el actual.

    Formulada en esos términos, la sentencia, de aceptarse, conduciría a una suerte de determinismo económico, una forma del fatalismo y un mecanismo para acotar, hasta cancelar la acción política de la izquierda.

    Si todo consiste en adaptarse a los cambios que impone la globalización mundial, ¿dónde queda la acción política? O planteado en términos de democracia, si el único modelo posible es el de adaptarlo todo (las empresas públicas, la modificación de carta orgánica del Banco Central, la reforma del Estado) a las exigencias del FMI ¿en qué quedan el programa del FA y su compromiso, como fuerza del cambio?


    * La decisión del gobierno de no firmar un TLC ha sido reiterada en estos días. Por lo demás, según dice El País de ayer, “el presidente Tabaré Vázquez reclamó a los miembros de su administración y en especial al ministro de Economía, Danilo Astori, que en sus declaraciones públicas no insistan con la idea de concretar el acuerdo bilateral con la potencia del Norte”.

    Como es sabido, formamos parte de quienes, desde el surgimiento de esa propuesta, nos opusimos a la concreción de un TLC de Uruguay con los EE.UU.

    Cuando el tema se empezó a discutir en la prensa y en la sociedad, muchos sectores del FA prefirieron no pronunciarse.

    Algunos legisladores representativos, como Couriel, Conde y Lorier explicaron sus críticas e hicieron sus advertencias. Algunos integrantes del Poder Ejecutivo, como el Canciller Reinaldo Gargano, se expresaron con claridad contra el TLA. En torno a él se montó un verdadero festival de descalificaciones.

    Los gremios y las organizaciones sociales (FUCVAM, PIT-CNT, ONAJPU, FEUU) conformaron una amplia Comisión que, desde una posición contraria el TLC, encaró la necesidad de un debate esclarecedor hacia toda la ciudadanía.

    Los hechos posteriores vienen demostrando que no le faltaba razón al Canciller ni eran infundadas las advertencias de Alberto Couriel, Gerardo Caetano y José Manuel Quijano. Tampoco estaban descaminadas las iniciativas de las organizaciones sociales. Quedaron, eso sí, en offside los comentarios pizarreros a favor del TLC, algunos provenientes incluso de la interna frentista.

    Cuando el Presidente Vázquez dijo no habrá TLC se cerró un capítulo. Pero con la decisión presidencial pareciera que el tema se ha esfumado de la escena política, como si nunca hubiera existido.

    Entre Punta Cala (el 9 de agosto) y el 28 de setiembre que se anunció la negativa al TLC pasaron cosas, dentro y fuera del país. Retengo las internas. En aquel momento las opiniones estaban divididas en el FA. Ante eso se anunció que el TLC era cuestión de todos los partidos y por lo tanto si había legisladores frenteamplistas que no lo votaban se apelaría a los votos representantes de los Partidos Nacionales. Desde debajo de la tribuna, los dirigentes conservadores aplaudían a rabiar.

    Con TLC y el Frente Amplio dividido, sin moverse, el conservadurismo había ganado de gratis, una batalla y la yapa.

    A partir de aquel momento de desarrolló un debate, breve, intenso y casi unilateral. Se inició algo parecido a una campaña. Al cabo, la soñada escisión no tuvo lugar. Ni el TLC.

    ¿Nada de eso merece una reflexión? Tratándose de la expresión de corrientes de opinión nacidas dentro del FA y del movimiento social, creo que se hace necesario un balance.

    Entre otras cosas porque la negativa al TLC contribuyó a crear una nueva situación política. Después del nones, la campaña de las derechas internas contra el gobierno se acrecentó: varios sectores empresariales levantaron sus voces airadas contra el gobierno. Son los que apuestan al proyecto de subordinación a los EE.UU. que los hace sentir más seguros.

    A la vez, la negativa uruguaya al TLC, que puede llevar a mejorar nuestras relaciones en la región, ha fastidiado a la diplomacia “bushista”, empeñada en liquidar tratados de este tipo antes de las elecciones que los dejen en minoría en el Congreso.

    En este marco el lenguaje opositor se exaspera y se infla. Se empieza a hablar de un ‘gobierno que viola el Estado de derecho’, de amenazas a la libertad de prensa, de métodos que recuerdan a los peores momentos antes de la dictadura. De seguir esta escalada de adjetivaciones infundadas y ridículas, no sería de extrañar que un jerarca de Búsqueda, en defensa de las “libertades pisoteadas”, termine pidiendo asilo en los EE.UU. para escapar de las “persecuciones totalitarias” del Frente Amplio.





18/10/06. Sigue creciendo la burbuja opositora
EDITORIAL
La República

Las expresiones de la oposición al gobierno frenteamplista han tomado no un rumbo, más bien un ritmo uniformemente acelerado. Dicho de otro modo, más que los temas, lo que ha cambiado es la intensidad de los ataques, el contenido en expresiones ‘radicales’, la frecuencia y, ahora, la instalación en el terreno de los muros de la ciudad de algunas de sus objeciones al gobierno.

Ante los obstáculos interpuestos para lograr la venia correspondiente en el Senado para nombrar fiscal de Corte a la Dra. Mirtha Guianze, el gobierno intenta salir del paso, como ha ocurrido en otras oportunidades, realizando, por decreto, un nombramiento provisorio.

leer más



    Como respuesta, varias de las grandes avenidas y en las inmediaciones de oficinas del Poder Judicial, amanecen con grandes pintadas donde se califica la decisión del gobierno como un “Acto Institucional”, vale decir, como un acto típico de la dictadura.

    El episodio no está aislado. En términos similares se califican otros actos de gobierno. Grandes o chicos, referidos a los más variados temas.
    El crecimiento de la burbuja verbal de la oposición resulta, por lo menos, poco claro.
    ¿Se espera que la población crea que se está instalando un poder dictatorial y que quienes defienden las instituciones democráticas son los dirigentes de los partidos tradicionales?
    Es un razonamiento algo tosco y bastante chusco.

    Los que enuncian estos despropósitos no son ni muy numerosos ni muy representativos, pero todos sus dichos encuentran eco en los medios de comunicación en manos de unas pocas familias, de modo que los desatinos se escriben, se comentan por radio y televisión y no faltan los analistas ‘objetivos’ que, en tono sepulcral, se suman a la campaña de calificar de “peligrosas” las actitudes del gobierno.

    De todos modos, los dirigentes políticos que impulsan la radicalización de la campaña hasta ahora no han expresado con claridad cuáles son sus objetivos y desde dónde parten sus apreciaciones en el sentido que la democracia está bajo amenaza y que la presión autoritaria se viene ejerciendo desde el gobierno.

    Falta expresar con claridad qué relación tiene esta cuestión con otras que han estado o están en la orden del día de las grandes decisiones nacionales. Por ejemplo, la negativa a la concreción de un Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, las decisiones en materia de interpretación de la Ley de Caducidad que ha dejado en manos del Poder Judicial algunos casos de violaciones a los Derechos Humanos durante la dictadura. En el caso de esta temática, el camino seguido por el Presidente Vázquez ha dejado expedita la puerta para el procesamiento con prisión de seis militares y dos policías. En la antesala se encuentra el expediente contra el dictador Juan María Bordaberry.

    ¿Llaman peligro de dictadura un acto soberano como es la negativa o dilación de un tratado internacional? ¿Acaso esa determinación no está entre las facultades constitucionales más directas y esenciales que la decisión democrática de nuestro pueblo puso en manos de este gobierno?

    Dejar que actúe el Poder Judicial ¿no es un camino institucional legítimo, no estaba previsto en el Artículo Cuarto de la Ley de Caducidad?

    Finalmente ¿cómo se explica que quienes tuvieron la oportunidad de ejercer el gobierno de la República durante los cuatro períodos que siguieron a la dictadura (el Partido Nacional ejerció la presidencia entre 1990 y 1995 pero formó parte de los tres otros gobiernos en coalición con el Partido Colorado) y durante esos dos decenios no dieron un solo paso para esclarecer la verdad y avanzar hacia la justicia, se hayan convertido ahora en fiscales tan acérrimos de la gestión del gobierno progresista?

    ¿Qué sentido tiene acusar de dictadores a las fuerzas políticas que hasta ayer enfrenaron a la dictadura y sus secuelas? ¿Cuántos dirigentes del blancos y colorados formaron parte de las jerarquías ilegítimas nombradas a dedo por los militares entre 1973 y 1985, cuántos Consejeros de Estado, Intendentes, miembros de las Juntas de Vecinos, directores de Entes autónomos?





19/10/06. Violaciones a los derechos humanos: se siguen cerrando salidas para los culpables
EDITORIAL
La República

En los últimos días la acción de la justicia en varios países de la región (Paraguay, Argentina, Uruguay) ha significado nuevos pasos en el estrechamiento del cerco que se cierne sobre los violadores de los derechos humanos en el período del Plan Cóndor.

Los avances son lentos. La justicia actúa con parsimonia. Hay nuevos delitos y nuevos parámetros legales desde donde examinarlos. Normas internacionales de enorme gravitación empiezan a ser ratificadas por los poderes legislativos y la imprescriptibilidad de los delitos se hace realidad.

Uruguay acaba de sancionar la ley que da vigencia en nuestro país a los lineamientos legales contenidos en el Tratado que regula la actuación del Tribunal de Roma. La enorme significación del tratado parece haber amortiguado las críticas que en otro momento se hicieron y sorprendente y felizmente el Estatuto fue aprobado por unanimidad.


leer más



    En estos días, el prestigioso Equipo Niskor que edita y difunde información bien precisa sobre las actuaciones judiciales en todas partes del mundo en defensa de la vigencia de los derechos humanos, acaba de publicar a través de su revista digital una información que tiene estrecha relación con las actuaciones recientes de nuestro Parlamento y a la que hacíamos referencia en el parágrafo anterior.

    Nos referimos a la decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el caso Kolk y Kislyiy versus. Estonia: Imprescriptibilidad de los crímenes contra la humanidad y su aplicación retroactiva. En el mismo se da cuenta detallada de los fundamentos sobre los que el Tribunal Europeo dio curso a una demanda por crímenes de lesa humanidad cometidos en el año 1949.

    En nuestra región del Cono Sur de América, también las decisiones judiciales apuntan en el mismo sentido. Tal como informara La República en su edición de ayer “La jueza en lo penal de 6º Turno, doctora Fanny Canessa, dio curso a un pedido de extradición sobre el coronel Luis Maurente y el suboficial Ernesto Soca, requeridos por la Justicia Federal argentina en el marco de la causa conocida como "Automotores Orletti".


    Canessa, como primera medida en este proceso, envió un oficio a la jueza en lo Penal de 20º, doctora Aída Vera Barreto, para notificarse oficialmente sobre la situación de Soca, quien se encuentra en Cárcel Central a la espera de la decisión sobre el otro pedido de extradición.

    La magistrada cursó también un oficio al juez en lo Penal de 19º, doctor Luis Charles, quien procesó a Maurente -junto a otros militares y policías- por su vinculación en la desaparición de Adalberto Soba, ocurrida en Argentina en setiembre de 1976.


    Maurente se encuentra procesado por "privación de libertad" y "asociación para delinquir" por dicho caso, y Soca cumple prisión administrativa mientras se define su extradición, pedida por el juez federal argentino Guillermo Montenegro dentro de la causa "Plan Cóndor".

    La extensión del principio de imprescriptibilidad en la judicatura de un número creciente de naciones va estrechando el campo a quienes desde los regímenes de Terrorismo de Estado, durante la década de los setenta y la primer parte de los ochenta fueron reyes y señores de vidas y haciendas.

    El fenómeno al que asistimos en nuestro país es un capítulo de una transformación más amplia, un cambio en curso en el mundo entero. Fue necesario que las naciones tomaran conciencia de la naturaleza de los crímenes cometidos y los riesgos para la libertad, la dignidad y la integridad física de los seres humanos el hecho que los responsables de estos crímenes se mantengan en la impunidad.

    Como aparece reflejado en la sentencia del Tribunal Europeo, las referencias a los elementos conceptuales de los juicios de Nuremberg celebrados inmediatamente después de terminada la segunda guerra mundial muestran la continuidad de una preocupación humanitaria que renacería entre nosotros a medida que se fueron conociendo los crímenes de las dictaduras cívico militares.

No hay comentarios: