6 setiembre al 9 de setiembre de 2006.

06/09/06. Carta a Subrayado
Carta a el informativo de Canal 10
( 1987: Asamblea por Verdad y Justicia, junto a Nelson Lorenzo Rovira y Richard Read)
Carta a Subrayado

Estimado Hugo Leo Pérez

Estimados amigos de “Subrayado”

Por intermedio del periodista Hugo Leo Pérez recibí una amable invitación de parte de Subrayado para expresar ante las cámaras de Canal 10 mis opiniones sobre la declaración del Dr. Gonzalo Fernández, Subsecretario de la Presidencia de la República y vocero del gobierno en el tratamiento de estos temas tan delicados, acerca de la ejecución de 21 o 22 compañeros.

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Según todo parece indicar, los mismos formarían parte del grupo de militantes del PVP secuestrado en la Argentina entre setiembre y octubre de 1976.

Por medio de estas líneas deseo trasmitir a tí como Jorge Traverso y Blanca Rodríguez que la noticia ha provocado un impacto emocional muy fuerte entre nosotros. Entre los que fuimos sus compañeros de trabajo y de militancia y entre los familiares directos de esos compañeros (hijas, hermanas, esposas, madres) desaparecidos y que hoy forman parte de nuestra militancia.

Pero no es justamente sobre la cuestión del impacto emocional a lo que quiero referirme.

Me interesa un aspecto que tiene relación con la labor periodística, el relato histórico sobre los hechos de la dictadura y a cómo la ciudadanía ha sido y es informada sobre estos asuntos tan trascendentes.

Sobre la actuación de militares uruguayos del SID y de la OCOA en Argentina en Uruguay ha habido dos versiones contrapuestas. Así se expresaron no solo en la prensa sino en las actuaciones judiciales que nosotros iniciamos apenas reconquistadas las instituciones en 1985. Allí aportábamos nombres de personas desaparecidas entre ellos niños, objetos, bienes inmuebles y demás. También los nombres de los oficiales que habían participado.

Frente a esa denuncia, que tuvo el respaldo de poca prensa y de las organizaciones no gubernamentales de defensa de los derechos humanos, prevaleció otra versión.
La versión del Estado, la del Ministerio de Defensa Nacional, del Ejército Nacional, la del entonces Presidente de la República.

Nuestras denuncias eran falsas, se dijo. Calumnias destinadas a ensombrecer el prestigio de las fuerzas armadas, búsqueda de la revancha después de haber sido derrotados “en la guerra”. Secuestros no habían existido. Robo de niños ¿a quién se le ocurre?, pedidos de rescate por nuestros presos, no existió. Y así sucesivamente.

Ni Gavazzo ni Silveira, ni Araba ni Cordero habían estado nunca en Buenos Aires.
Y otras formas de la negación, incluyendo la amenaza, luego cumplida, de acciones ejemplarizantes sobre los que queríamos que se oyera la otra campana.

A lo largo de años, incluso en el seno del Poder Legislativo, se pretendió colocarnos en la situación de acusados. Centenares de veces se nos inquirió, en todos los tonos imaginables, qué había pasado con la gloriosa bandera de los 33, que había sido sustraída en agosto de 1969 por compañeros que después se integraron al P.V.P.

Cuando esto se planteó formalmente en la Cámara de Diputados, sostuve que el apreciado símbolo patrio había sufrido el mismo destino de nuestros compañeros secuestrados en Buenos Aires. Y que por tanto había que cambiar el protocolo de la encuesta. Cambiar de dirección la pregunta y formulársela a José Gavazzo jefe notorio de la represión al PVP en la Argentina. El se quedó con los militantes y con sus hijos, con sus bienes y él dispuso de su vida, o como ahora se confirma, de su muerte.

Por supuesto que no se aceptó esa afirmación verdadera y esa sugerencia razonable.
De manera insólita, hasta ahora, hace menos de un mes, desde una emisora que no es de las más pobres, se nos sigue preguntando, a nosotros acerca de lo que Gavazzo se apropió hace 30 años en Buenos Aires.

Cuando se abre el ciclo de los reconocimientos, es decir que Gavazzo estuvo en Orletti, que trajo personas secuestradas y demás, la situación del punto de vista de la verdad y su pública difusión empieza a cambiar.

El reconocimiento que ahora hace el Ejército es de una magnitud tremenda. Y opera como factor de impugnación a la ‘historia oficial’ sostenida por los defensores de la dictadura.

Al mismo tiempo conlleva a la confirmación que la versión verdadera era la que expresaba el polo más débil. Era nuestro alegato. El de partido pequeño contra el Estado todopoderoso.

Disculpen ustedes este largo y tedioso relato.

Era solo para decir que mi decisión es no acceder a ninguna entrevista en la que no pueda expresar, en cinco o seis minutos, cuáles son mis datos y mis opiniones.

No quisiera que sobre un tema tan dramático, cuando intento expresar un pensamiento cuidadoso de tantas situaciones (de mi gente, del público, del propio gobierno) no quisiera, repito, que la última palabra la tuviera una tijera y que mis palabras resultaran mutiladas en su difusión pública en aras de comprensibles preocupaciones de tiempo o de organización de las noticias.

Por supuesto que apenas de eso se trata. Y en modo alguno pretendo la más mínima indulgencia ni benignidad de quien realice las preguntas, por el contrario. Es más, siento que sería tonificante para el público asistir a un reportaje en el que se fuera a fondo y se exigiera coherencia al reporteado.


Pero no podría aceptar que se pierda de vista que lo que tengo que decir ha sido desoído por el Estado durante treinta años. Y se trata de ejecuciones sumarias de 21 o 22 personas detenidas, siempre negadas.

Espero que ustedes entiendan mi punto de vista. Conozco y tengo un gran respeto con los y las periodistas que se ocupan, con un conocimiento y una seriedad admirable, de todos los asuntos de derechos humanos. Aprecio por tanto la labor que ustedes han hecho y hacen en ese terreno.

Reciban, Jorge y Blanca, mi saludo amistoso

Hugo Cores, dirigente del PVP

06/09/06. Nuevos ataques contra la enseñanza de la historia reciente
EDITORIAL
La República

El pasado domingo, el editorial del diario El País, se ocupó -con más virulencia que argumentos- de los comentarios del Profesor Carlos Demasi acercas de las orientaciones que asumiría la enseñanza de la historia de los últimos decenios de la vida del país.
Como ya hemos comentado más de una vez desde La República, la decisión de las autoridades del CODICEN vienen a llenar un vacío acerca de hechos históricos recientes que era impostergable reparar.

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No hay ninguna razón de peso para oponerse a esta actualización de los programas liceales en un territorio de conocimiento que tanta gravitación tiene en la formación intelectual y política de los ciudadanos.
Al decidirse a avanzar en esta dirección, el CODICEN no hace más que seguir la tendencia existente en la mayoría de los países más avanzados de incorporar estos temas al bagaje de conocimientos y reflexión de los jóvenes educandos. No hacerlo sería dejar a las nuevas generaciones presas de las antiguas polarizaciones políticas y antagonismos ideológicos de otrora.
Es una zona de cuestiones que puede y debe ser analizada de manera abierta, aceptando y promoviendo la controversia, tal como siempre se ha dado en la elaboración histórica de nuestro país, y en el resto de los países.
De un modo u otro, cada cambio del presente produce una manera distinta de valorar y de ordenar los hechos del pasado.
Así, por ejemplo, la Europa de hoy mira hacia la Primera Guerra Mundial de un modo distinto a como lo miraba antes. Tanto Francia como Alemania, que dejaron tendidos en los campos a muchos combatientes, se calcula unos 8 millones de jóvenes, han abandonado las narraciones nacionalistas- y a menudo chauvinistas, que mantuvieron durante decenios.
En su lugar se ido construyendo una visión más abarcativa y las posiciones del nacionalismo belicista extremo, tanto el galo como el teutón, aparecen, cada vez más, vistos como visiones hoy superadas de una Europa fragmentada en naciones hostiles y por tanto débil en el concierto mundial.

En nuestro país, las organizaciones políticas de la derecha se agrupan para atacar cualquier visión de los hechos del pasado que no sea la repetición de la “historia oficial” de los elencos políticos que durante más de 170 años han monopolizado el gobierno. Para el período reciente, la visión de estas fuerzas conservadoras es prácticamente la misma de la contenida en las obras “históricas” de la Junta de Comandantes en Jefe con el auspicio y la iniciativa del General Gregorio –“Goyo” Alvarez.

En el editorial que aludimos, donde se da por descontado que la verdad histórica está contenida en las páginas archivadas de El País y de El Plata, se expresa, junto al rechazo al cambio, una visión de la historia de la sociedad uruguaya como si se tratara de una visión familiar o la de un grupo de amigos que evocan los santos y las señas de determinados períodos históricos.

Esa concepción sectaria y elitista no admite otra información que la que se ha producido “en casa”, ni otros juicios que los nacidos en las tertulias de los sectores dirigentes.
De ahí que para El País, la existencia de grupos de extrema derecha operando impunemente en nuestro país a principios de los años sesenta, no existe. Claro, para
El País, vocero de las derechas, ya entonces ese fenómeno no existía.

Cuando el Profesor Demasi sostiene, basándose el hechos reales y documentos probados y en obras publicadas hace ya decenios: "Yo tengo la opinión de que la represión fue primero, la represión sobre los movimientos sindicales y estudiantiles en la década de los sesenta es anterior a la emergencia de la guerrilla como fenómeno político". Antes de 1963, "había en Montevideo, moviéndose con toda libertad grupos fascistas que atacaban locales comunistas, que secuestraban militantes comunistas y judíos (sic), gravaban esvásticas sobre el cuerpo (también sic), había agresiones de todo tipo hacia militantes de izquierda", para los cultores de la visión “casera” de la historia, se trata de un problema de “imaginación” del docente.

07/09/06. Impresionante reconocimiento del Ejército
EDITORIAL
La República

Las declaraciones formuladas en la tarde de ayer por el Secretario de la Presidencia, r. Gonzalo Fernández revisten una importancia excepcional. Se trata por ahora de una información trasmitida oralmente y conteniendo un volumen casi mínimo de datos precisos. Dada la magnitud de los hechos que se reconocen, la declaración significan un hito histórico en la larga marcha hacia la verdad y la justicia.

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Es de esperar que las autoridades militares actúen con rapidez en el traslado por escrito y de una relación más circunstanciada acerca de los episodios criminales de los que ahora se trasmite apenas el acápite.

No es, para La República, ni tema ni momento para exhibir laureles. Los hechos son insoslayables. El periodismo de investigación, en la labor de Roger Rodríguez, ha dado muestras de su seriedad. También de su coraje, cuando las denuncias que hoy se confirman como válidas, se empezaron a recoger casi en solitario, en un ámbito nacional en el que preponderaban las posiciones conformistas, los buenos modales de los que saludan con sobrero ajeno y los pusilánimes.


De la información publicada ayer surge que “la existencia del "segundo vuelo" fue admitida oficialmente por la Fuerza Aérea en su informe secreto remitido a la Presidencia de la República, el 8 de agosto de 2005. Allí, por primera vez, se reconoció que al menos hubo dos traslados ilegales de prisioneros políticos ocurrieron "probablemente" el 24 de julio y el 5 de octubre de 1976. Estas operaciones aéreas "fueron ordenadas por el Comando General de la Fuerza Aérea a solicitud del Servicio de Información de Defensa (SID) y coordinadas por ese Servicio". Según el informe, "el motivo de dicha solicitud, alegado por el SID, fue el de preservar la vida de las personas detenidas en la República Argentina, trasladándolas a nuestro país, ya que de la información existente, surgía la posibilidad inminente de muerte de las mismas en aquel lugar".


El enunciado de la posible ejecución de 21 o 22 uruguayos ha suscitado ya reflexiones y pronunciamiento de gran interés.

El doctor Oscar López Goldaracena, partidario de la anulación de la Ley de Caducidad y denunciante en la causa judicial del "segundo vuelo", manifestó que "si fuese así, confirmaría la existencia de ejecuciones masivas en el Uruguay, lo que califica como crimen de lesa humanidad". A propósito observó que la Justicia debería, entonces, intervenir en el marco de la investigación que se cursa en la órbita judicial.

Por otro lado, puntualizó respecto de que existe una resolución de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (66-2006) co-patrocinada por Uruguay, que establece el derecho a la verdad. En este sentido reflexionó que "por lo tanto, la sociedad uruguaya tiene derecho a conocer en forma completa todo lo ocurrido y conocer las circunstancias en las cuales se produjeron esas ejecuciones, la identificación de los responsables, el destino de los desaparecidos".

Por su parte, el abogado en muchas de las principales causas que se examinan actualmente, el doctor Pablo Chargoñia, sostiene que "cualquier información que provenga del Ejército tiene necesariamente que estar en conocimiento del Poder Judicial, en la medida en que se abrió una investigación que fue excluida de la Ley de Caducidad por el Poder Ejecutivo".

Finalmente, el reconocimiento del segundo vuelo y de las ejecuciones cambia diametralmente los ejes conceptuales para encarar el asunto. Asumiendo su participación, las autoridades actuales del Ejército deberán encarar también las dificultades de todo tipo que nacen de 30 años de negativas y de falsedades de la Institución hacia las autoridades y la población del país.

08/09/06. Maniobras y mentiras a nombre de la lucha contra el terrorismo
EDITORIAL
La República

La revista digital Rebelión acaba de publicar una nota del conocido ensayista William Blue acerca de la realidad actual de la política estadounidense y de los desbordes de autoridad que se perpetran en nombre de la lucha contra el terrorismo.
El trabajo está constituido por una serie de testimonios, mayoritariamente de funcionarios del gobierno de George Bush que dan pruebas contundentes acerca de las ideas, los métodos y la ausencia absoluta de escrúpulos por parte de los actuales ocupantes de la Casa Blanca.

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En síntesis lo que se podría adelantar sería que hasta ahora el gobierno de los EE.UU. ha utilizado la información obtenida por diversos medios, como la infiltración, la provocación, etc., para usarla en operaciones de impacto político. No ha habido el menor escrúpulo para detenerse ante la mentira, el falseamiento de los datos o las acusaciones infundas.
Refiriéndose al espectacular ‘descubrimiento’ de un plan terrorista en Gran Bretaña, cuando se anunció que un grupo se proponía incendiar una veintena de aviones que volaban entre Inglaterra y los Estados Unidos, el ensayista sostiene: “Como es típico en los cuentos de miedo sobre terroristas, es muy probable que los individuos arrestados en Gran Bretaña el 10 de agosto sean culpables de lo que George Orwell, en 1984, denominaba “crímenes de pensamiento”. Lo que es lo mismo, realmente NO han hecho nada. Como mucho, HAN PENSADO en hacer algo que el gobierno etiquetaría como “terrorismo”. Quizás ni siquiera pensamientos serios, quizás simplemente estaban descargando su ira por el papel excepcionalmente violento que han jugado Gran Bretaña y EE.UU. en Oriente Medio y pensando en alto lo bueno que sería devolver algo de esa violencia a Bush y Blair. Y entonces sucede, el momento fatal que arruinará sus vidas para siempre...sus palabras llenas de ira son escuchadas por la persona equivocada, quien los denuncia a las autoridades. (En el caso de las inundaciones en Manhattan, los peligrosos “terroristas” hicieron comentarios en un chat de Internet sobre volar algo)”.
Gran parte de la reflexión del artículo de Bloom remite a las consecuencias que, en la calidad de vida y en el sistema de garantías civiles y políticas que supone la democracia, están teniendo el conjunto de medidas represivas instaladas a nombre de la lucha contra el terrorismo.
Después de pasar revista a varias de los más truculentos anuncios de las autoridades norteamericanas descubriendo ‘complots’ y espeluznantes amenazas, Bloom describe la de detención en febrero de tres acusándolos de terrorismo. Y lo hace en estos términos:
“Y los tres hombres arrestados en Toledo, Ohio, en el pasado febrero fueron acusados -¿están preparados, lectores?- de tramar el reclutamiento y entrenamiento de terroristas para atacar a las tropas de EE.UU. y sus aliados en el extranjero. Tenemos que agradecer el habernos salvado de este horror a un testigo pagado por el FBI. Ha sido informador del FBI durante cuatro años, y posiblemente le pagaban por cada nueva pista que facilitaba”
Refiriéndose a la creciente culpabilización de pensamiento que tiene lugar en los EE.UU., que uno de los centros de su preocupación, comenta: “Debe de haber millones de personas en EE.UU. y en todo el mundo que albergan pensamientos sobre “actos terroristas”. Yo puedo ser uno de ellos también cuando leo algo sobre alguna reunión que van a celebrar Bush, Cheney y diversos neoconservadores. Teniendo en cuenta el horror diario en Irak, Afganistán, Líbano y Palestina últimamente, que no ocurriría si no fuera por el gobierno de EE.UU y sus aliados, el número de personas que albergan dichos pensamientos debe estar multiplicándose rápidamente”.
La claridad de pensamiento junto con la franqueza son puntos fuertes en la prosa del ensayista citado.

09/09/06. Neoliberalismo y fragmentación
EDITORIAL
La República

Las recetas económicas neoliberales, que hicieron furor – y desataron extendidas furias- en las décadas de los ochenta y noventa, se han caracteriza por sembrar la fragmentación social aumentando la brecha que separa a los más pobres de los ricos construyendo una suerte de “apartheid” social, con barrios-fortaleza donde se refugian los más poderosos y barrios marginales donde campean las plagas bíblicas y algunas más no previstas en los sagrados textos.

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Nuestra América Latina se ha convertido en el continente donde más lejos ha ido ese proceso de fragmentación social, cultural y demográfica. Somos el continente donde las distancias se siguen ahondando y donde los efectos sociales se han vuelto más difíciles de atenuar. Las respuestas de la periferia tienden a tomar cada vez más formas violentas.
La violencia urbana engendrada por la miseria genera procesos de confrontación violenta que superan en algunos países a las luchas de los antiguos movimientos guerrilleros.

El proceso va de la mano con el descaecimiento de las instituciones republicanas y democráticas. En las sociedades hipercompetitivas los procesos de corrupción económica contaminan las instituciones. El dinero manda, la descomposición del Estado se agudiza.

El entrelazamiento entre el privilegio económico y la corrupción política construye partidos y regímenes poco aptos para la oxigenación inherente a una república y completamente inhábiles para resistir las demandas de transparencia y reconocimiento de los derechos que conlleva la democracia.


Ese parece ser hoy el caso de México, el país donde las tensiones políticas han llegado a un punto extremo y la movilización pacífica y democracia de su pueblo está marcando el camino para todos los pueblos de la región. En aquella batalla se juega no solo el destino de la democracia mexicana, sino también la nuestra.
En ese sentido, una nota aparecida en la última entrega del excelente censuarios francés Le Monde Diplomatique firmada por Ignacio Ramonet contiene reflexiones de gran validez.
Dice el analista francés de origen español: “Mucho antes del comienzo de la campaña, era evidente para el presidente Vicente Fox (PAN) y las autoridades en el poder que López Obrador con su programa de lucha contra la pobreza era el candidato a destruir. Por todos los medios. Desde 2004, una maniobra sobre la base de bandas de video clandestinas complacientemente difundidas por las cadenas Televisa y TV Azteca, alineadas con el poder, intentaba desacreditar a López Obrador. En vano.
Al año siguiente, bajo el peregrino pretexto de no haber respetado las normas legales para la construcción de un camino de acceso a un hospital, fue condenado, encarcelado, y despojado del derecho a presentarse a elecciones. Masivas manifestaciones de apoyo terminaron obligando a las autoridades a devolverle sus derechos”

Desde entonces, prosiguió la empresa de demolición. Y alcanzó un grado delirante en el curso de la campaña electoral (3). Tanto más cuanto que un viento de pánico sopla sobre las oligarquías latinoamericanas y sobre la administración de Estados Unidos, desde que la izquierda se impone (casi) en todas partes: Venezuela, Brasil, Uruguay, Argentina, Chile, Bolivia... Y las nuevas alianzas ya no excluyen a Cuba (4).

Concluye finalmente Ramonet: “En semejante contexto, el triunfo de López Obrador (el tribunal electoral se expedirá el próximo 6 de septiembre) tendría consecuencias geopolíticas demasiado importantes. Con las que no quieren saber nada ni las patronales ni los grandes medios de comunicación mexicanos. Ni Washington. A ningún costo. Aun cuando haga falta sacrificar a la democracia. Pero López Obrador y el pueblo mexicano no dijeron todavía su última palabra”.
La alusión al viento de pánico describe bien un fenómeno nuevo y lleno de riesgos. De ahí la importancia ejemplar de la resistencia civil del pueblo mexicano.