18 setiembre al 25 de setiembre de 2006.

18/09/06. El TLC: Los peligros y las ideologías.
La República

(1985: Acto 10 aniversario fundación del PVP)

Escribe: H. Cores

Como no podía ser de otro modo, la discusión acerca de un posible tratado de libre comercio con los EE.UU., se ha instalado en el seno del Frente Amplio.
En el gobierno, militantes y dirigentes de distintos partidos procuran mantener un atributo histórico de las fuerzas políticas de izquierda: la democracia interna, la capacidad de discutir y la obligación de informar que para eso sea posible.
La discusión se ha instalado no sin tensiones. Se desarrolla con altura, apelando a argumentos serios.

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Ha empezado a actuar, con solvencia y seriedad, la Comisión de Defensa de la Soberanía. Allí están las más representativas organizaciones sociales del país, los cooperativistas de FUCVAM, los sindicalistas del PIT-CNT, los jubilados y pensionistas de ONAJPU, los estudiantes de la FEUU.

1- En un acto organizado por esta Comisión, el viernes 15, tres legisladores activos y respectados, pertenecientes a tres corrientes políticas distintas, todas con mucha influencia en el conjunto del Frente Amplio, Roberto Conde, Eduardo Lorier y Alberto Couriel, expusieron en el Paraninfo de la Universidad sus razones para mantener un estado de alerta serio sobre los riesgos de un tratado que, desde otras tiendas, se pretende saldar en términos de pocas semanas.

En sus intervenciones, los tres legisladores enfatizaron que analizaban la cuestión en debate desde su condición de dirigentes de partidos que “están en el gobierno” y es desde adentro de esta situación que desarrollan su pensamiento crítico.

También por estos días, en las páginas de La República, un reportaje realizado por Raúl Legnani, al Senador Couriel, al economista José Manuel Quijano, que desde hace años trabaja a fondo las cuestiones del MERCOSUR y al historiador Gerardo Caetano, que ha aportado sobre el tema escritos y reflexiones valiosas, permitió que se expresaron otras señales de alarma ante la eventualidad de un TLC.

Los argumentos expuestos en una y otra instancia fueron de gran contundencia, con referencias específicas a las consecuencias que sobre amplias zonas de la realidad del país tendría un tratado como el que se viene esbozando.
Sobre el tema de fondo, es posible que existan otros argumentos de quienes se inclinan a favor de un TLC con los EE.UU. pero estos argumentos deber ser expresados públicamente.

Quien defienda el Tratado y lo defienda al modo frenteamplista, no puede ignorar los argumentos expuestos. No solo por respeto a quienes están contra el TLC, sino por consideración a la ciudadanía. Si es que en estos temas hay al algo que pueda ser encarado “a la uruguaya” sería justamente la discusión democrática de todo lo que está en juego. Un estilo democrático, que no ignore ni avasalle los otros puntos de vista.

2- En estos días se conoció un informe de la Asociación de Laboratorios Nacionales. Son ocho carillas con información detallada y argumentos sólidos acerca de los efectos negativos que sobre la industria nacional tendría un TLC. Es otra voz de advertencia. En este caso los fabricantes examinan las disposiciones - contenidas en distintos Tratados de Libre Comercio suscritos por los EE.UU. - relativas a la protección de patentes y productos regulados.

El documento es un análisis despojado y directo, sin ningún tipo de retórica. Expresan un fenómeno poco frecuente en plaza: el de los fabricantes que defienden sus fábricas. De industriales ‘industrialistas’ que aspiran a seguir trabajando en el país. Que no es el caso del grueso de los industriales ‘golondrinas’ uruguayos, que hoy son fabricantes y mañana se pasan a importadores, aunque tengan que despedir al 90 por ciento de sus empleados.

El informe toca un aspecto clave del tema: las condiciones en que cada país aborda una negociación en vista a un TLC. “El análisis de los TLC suscritos hasta la fecha en la región (América Latina), muestran que en cada sucesiva negociación, las pretensiones de los EE.UU. en torno a la protección de patentes y de productos regulados (farmacéuticos y agroquímicos) limitan cada vez más a la industria farmacéutica nacional y el margen de maniobra de los gobiernos para implementar políticas de salud en materia de medicamentos. Así las normas acordadas en el TLC-Chile amplían la protección prevista en el acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio (llamado acuerdo de los ADPIC) concluido en
1994 en la Organización Mundial del Comercio.

A su vez, agrega el informe, el Tratado de Libre comercio con Centroamérica evidencia mayores obligaciones, en detrimento de la industria farmacéutica nacional que se ven
nuevamente superadas por los términos acordados (posteriormente) en el TLC Andino. (…) En suma, la experiencia recogida hasta el presente demuestra que los TLC concluidos hasta la fecha han eliminado todas las flexibilidades a través de la imposición de imposiciones que tendrán un elevado costo para los países en el mediano y largo plazo”.
Otro aspecto al que hace referencia es la profunda asimetría que existe en la forma en que los países latinoamericanos quedan obligados por un TLC al punto de tener que realizar reformas institucionales importantes y cómo eso afecta a los EE.UU. donde “las leyes de ratificación de los TLC establecen que estos tratados no pueden cambiar la legislación federal, estadual o municipal de los EE.UU.” El texto íntegro de este informe estará a partir de mañana martes en http://www.pvp.org.uy/


3 – Un acuerdo de libre comercio con los EE.UU. tendría un fuerte impacto sobre áreas importantes de la industria nacional. También sobre el agro, las PYMES y demás.
¿Por qué no hay otras voces de preocupación?

Puede perfectamente ocurrir que una parte de los sectores afectados, por una razón u otra, no hayan tenido tiempo de analizar el impacto posible sobre su área de actividad.

En otros casos el fenómeno es más complejo. Y remite no solamente a cuestiones de tipo económico. Se ha dicho que este asunto habría que examinarlo sin anteojeras ideológicas. ¿Será posible? ¿Se tratará, como en una tienda de barrio, de una simple ampliación del comercio?

Para muchos operadores económicos y políticos de las clases propietarias, para la burguesía vamos, las razones de la una ‘opción preferencial por los EE.UU.’ no son solo económicas. El entrelazamiento de nuestro país con la economía de la gran potencia es visto como un respaldo, como un fortalecimiento de los reaseguros sociales y políticos para las clases poseedoras. Para tranquilidad del privilegio en yanquilandia no se andan con vueltas, manda el Talón de Hierro, como bien lo describiera Jack London.

Estados Unidos es la patria del capital, si es que este tiene alguna.
Es la sede la moda que les agrada. Del consumo sin freno, todo es mercancía. Allí funcionan las Universidades que redactan los originales del catecismo neoliberal y las grandes cadenas que difunden las pastorales del libre mercado, las letanías de las privatizaciones y los anatemas contra el Estado. Allí se envía a los chicos a formarse y a sentirse como en su casa.

Por ese tipo de ‘razones’, también el grueso de los dirigentes blancos y colorados está a gusto con un TLC con los EE.UU. Por las mismas motivaciones que los industriales-sin-industria, los estancieros ausentistas y los bufetes de abogados de las transnacionales, las SAFI y de toda empresa extrajera que litigue contra el Estado uruguayo.
¿Cómo podrían los portadores de esas ilusiones sin patria sentirse convocados a construir un nuevo país y participar de la ardua y escarpada propuesta de integración regional de signo latinoamericano en el MERCOSUR?

21/09/06. Escritos desvergonzados en defensa de la impunidad
EDITORIAL
La República


Los defensores de la impunidad, ese estrafalario ejército cívico-militar en penosa retirada, formulan, cada día que pasa, una más penosa e impresentable argumentación.

Cuando parecía que ese discurso moriría por falta de sustento legal y teórico unas últimas estribaciones de esa prosa condenada se ha desatado ahora a partir del procesamiento de seis militares y dos policías acusados de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.

El cauce rutinario de este tipo de alegato ha tendido a ser el matutino El País y especialmente la edición dominguera. Esta vez la columna en la que se ataca las decisiones del Presidente de la República y luego de los funcionarios del Poder Judicial ha dado no uno sino varios pasos atrás.

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El razonamiento que se pretende demostrar es una brutalidad que se presenta como revestida del atractivo atributo de la sencillez. Es tan sencilla como falsa.
Ante la cuestión del carácter continuado del delito de desaparición forzosa, el analista de El País resuelve el asunto a golpes de cuchilla, guillotina todo intento de razonar.
Como todo el mundo sabe, sostiene ‘científicamente’, las víctimas de ‘privación de libertad han muerto’.

Todo el debate existente en torno a la tipificación del delito de desaparición al que se han abocado juristas de buena parte del mundo resulta ajeno a estos ‘hombres de derecho’ que apelan al sentido común como línea de fundamentación científica.

La cuestión ha merecido tanto en Argentina como en nuestro país análisis importantes, todos ellos resultado de un abordaje comprometido con concepciones del derecho fundadas en los valores de convivencia de una sociedad democrática.
Días pasados, en un abordaje hecho desde otra disciplina, Jorge Jinkis, en Página 12, sostenía esta interesante desagragación conceptual: “la desaparición admite tres tiempos.
“Primer tiempo. Se trata de un factor que me parece decisivo y particular. Sabemos que ningún desaparecido fue “detenido” en el sentido legal del término, nunca recibió un cargo jurídico, nunca se admitió que estuviera en manos del poder militar, no tuvo una tumba con su nombre. ¿Qué es un desaparecido? Algo que concierne a la falta de identificación y que permitió el pase del adjetivo al nombre.

Segundo tiempo. Es el momento en el que Jorge Rafael Videla, la más alta autoridad visible del régimen, de un modo público, frente a las cámaras, se ve llevado (¿obligado?) a decir la palabra: “... en tanto esté como tal, es una incógnita el desaparecido, si el hombre apareciera, bueno, tendrá un tratamiento X, y si la desaparición se convirtiera en certeza de su fallecimiento, tiene un tratamiento Z, pero mientras sea un desaparecido no puede tener ningún tratamiento especial, es incógnita, es un desaparecido, no tiene entidad, no está, ni muerto ni vivo, está desaparecido”. Este es el momento en que se produce el pasaje al enunciado.

El tercer tiempo es anterior al primero, cuando las Madres de Plaza de Mayo inscriben lo ocurrido, lo que ocurre, como trauma. Las Madres han hecho todo para hacer del acontecimiento trágico, de ese acontecimiento que llamamos “desaparecidos”, un trauma de nuestra historia. (….) En este trabajo de la represión se conforma “desaparecido” como nombre de nuestro síntoma, este significante nos representa, él está donde nosotros (“argentinos”) faltamos, y la vergüenza que produce revela esta identificación”.
Como se advierte en el texto, la realidad de las desapariciones está mirada aquí desde el ángulo psicológico y ético. Está visto desde la realidad moral de una sociedad. Sin estas apreciaciones y esta sensibilidad, sin esa dimensión otorgada al delito de lesa humanidad que es la desaparición, no se puede reflexionar. Se puede hacer lo que hace el diario El País. Y en su texto da la medida de su ausencia de toda razón, de la carencia de toda verdad y de toda vergüenza.

22/09/06. Un alegato contra el Banco Mundial

EDITORIAL
La República

Los indicios abundan por doquier: un malestar profundo ha ganado a buena parte de las naciones del Tercer Mundo. Conferencias internacionales, manifiestos y publicaciones, recomendaciones asumidas por responsables de organizaciones no gubernamentales, intelectuales y académicos de primera fila en diversas partes del mundo alzan su voz, escriben o aúnan sus llamamientos a favor de cambios sustanciales en la reorganización de las relaciones internacionales, en el cuidado de la preservación del medio ambiente, en la necesidad de atenuar el peso de la deuda, de suprimir subsidios o mejorar los precios que se pagan a las materias primas que exportan los países de economías más débiles y menos desarrolladas.
Se trata de un acerbo de análisis de van más allá de las críticas circunstanciales a tal o cual gobierno de tal o cual país del Norte poderoso. Tampoco son análisis críticos que remitan a acciones puntuales contra tal o cual país del Tercer Mundo, como podría ser la invasión a Irak.

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Los enfoques a que nos referimos tienen como centro en análisis de las orientaciones políticas de mediano y largo plazo asumidas por Estados o instituciones financiera internacionales, como es el caso del Banco Mundial, en una obra recientemente publicada por parte del conocido economista Eric Toussaint.
De acuerdo con el estudioso belga: “El Banco exige a los pueblos, víctimas de tiranos que financia, el reembolso de deudas odiosas que los dictadores habían contraído.
El Banco Mundial (en sintonía perfecta con el FMI) favoreció el surgimiento de factores que provocaron la crisis de la deuda que estalló en 1982. Resumiendo: a) el Banco Mundial empujó a los países a endeudarse en condiciones que llevaban al sobreendeudamiento; b) incitó, e incluso forzó, a los países a eliminar los controles sobre el movimiento de capitales y el cambio, acentuando así la volatilidad de los capitales y facilitando su fuga.

“Esto también proveyó de armas nefastas a los especuladores (a menos que se vuelva a un estricto control de los movimientos de capitales); c) empujo los países a abandonar la industrialización por sustitución de importaciones en beneficio de un modelo basado en la promoción de las exportaciones. Este crecimiento de las exportaciones de los países en desarrollo al mercado mundial —cuya demanda se estancaba— provocó la caída de los precios y una degradación de las condiciones del intercambio.
Desde que estalló la crisis, el Banco Mundial favoreció, en forma sistemática, a los acreedores y debilitó a los deudores.
Con el FMI, recomendó o impuso políticas que hicieron pagar la factura de la crisis de la deuda a los pueblos, mientras favorecía a los más poderosos.

Con el FMI, continuó la «generalización» de un modelo económico que aumenta sistemáticamente las desigualdades entre los países y dentro de cada país.
Reforzó las grandes empresas privadas y debilitó a la vez los poderes públicos y los pequeños productores. Agravó la explotación de los asalariados e incrementó su precariedad, lo que afectó también a los pequeños productores.
La liberalización del flujo de capitales que favoreció sistemáticamente reforzó la evasión fiscal, la fuga de capitales, la corrupción”.

Y concluye más adelante Toussaint: “La liberalización de los intercambios comerciales benefició a los fuertes y dejó de lado a los débiles. La mayor parte de los pequeños y medianos productores de los países en desarrollo no tienen capacidad para resistir la competencia de los más grandes, ya sean del Norte o del Sur”.
Colocado en el corazón de la información académica y diplomática internacional, las opiniones del economista belga Eric Toussaint tienen coherencia y están formuladas con indudable elocuencia.

23/09/06. Viejas y toscas falsificaciones a favor de la impunidad

EDITORIAL
La República

Una larga nota publicada en el Semanario Búsqueda pretende oscurecer una realidad que la acción de los jueces va aclarando. Nos referimos a las acciones desarrolladas en la Argentina y específicamente en el Centro Clandestino de Detención y Torturas conocido como Automotores Orletti.
Según el truculento relato, en el asesinato de Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz perpetrado en Buenos Aires en mayo de 1976 no habría intervenido ningún oficial policial ni militar uruguayo.
Una fórmula fácil aunque carente de originalidad y de ingenio. No sé, no ví, un estuve allí fueron las respuestas brindadas por los oficiales acusados cuando, en 1989 fueron interrogados en aquel tosco simulacro de investigación promovido por Julio Sanguinetti a través del Coronel Sambucetti, también él bajo sospecha de haber cometido toda clase de tropelías contra presos políticos.

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El giro por el cual se pretende santificar la presencia de los grupos de tareas del Servicio de Inteligencia de Defensa uruguayo en Argentina contiene elementos bastantes sórdidos.
En realidad se hace siempre muy difícil no terminar chapoteando en el descaro y el cinismo cuando se intenta defender las acciones criminales del terrorismo de Estado. Es el caso del semanario que ahora citamos y criticamos.
Dos figuras señeras de la democracia uruguaya, Zelmar y el Toba. Dos líderes de la oposición. Dos puntos de referencia de un pueblo oprimido al que se priva de todos sus derechos políticos.
Hombres de paz, son asesinados cruelmente.
Ahora las voces de la obscenidad política e histórica pretenden que Zelmar y el Toba no fueron asesinados por su enorme significación política. Se pretende que era por dinero. Otra vez el móvil es ‘económico’.
Según Búsqueda se “tiene la plena convicción de que quien asesinó a los dos parlamentarios uruguayos fue Osvaldo Forese, un argentino que integró el grupo de Gordon y que habría fallecido el año pasado, mientras se encontraba prófugo de la Justicia argentina.
Forese, conocido en aquellos años de sangre y muerte como "Paqui" o "el Oso Paqui" por el voluminoso tamaño de su cuerpo, es mencionado en el "Listado Alfabético de Represores del período 1976 a 1983 en Argentina" por el "Grupo Fahrenheit", una organización creada en Buenos Aires en 1998, al final de la década del Presidente Carlos Saúl Menem, que se presentaba como "un grupo de militantes de la vida que no se resignan a la desmemoria.
El semanario de los jueves ignora lo que cualquier ciudadano que haya estudiando los expedientes y conocido los testimonios sabe desde 1976.
Efectivamente ya entonces se hicieron públicos testimonios donde el nombre del “Paqui” Forese aparece estrechamente ligado al grupo de oficiales que operaban en Orletti.
Denunciar que lo hizo Forese no exculpa hoy a quienes con él actuaban en la represión contra los opositores uruguayos en la Argentina.

Según Búsqueda que además atribuye esta versión a fuentes oficiales uruguayas, “Forese y la banda parapolicial que encabezaba el hoy también fallecido Aníbal Gordon "iban por los lingotes de Mailhos, que se decía que los tenía el Toba” (apodo de Gutiérrez Ruiz) y por guita que pudiera tener Zelmar del MLN" (Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros).
Michelini y Gutiérrez Ruiz, según la publicación del semanario, fueron asesinados "por la guita" que la banda de Gordon creía que ambos tenían en custodia, producto de acciones de los tupamaros.
En síntesis, si el móvil era el dinero y los asesinos eran delincuentes comunes el asunto se salda sin tener que examinar las responsabilidades de los militares uruguayos que operaban en la Argentina.
Lo que Búsqueda no termina de explicar es por qué, en un asunto cuya verdad se conoce desde hace tanto tiempo, el Poder Ejecutivo presidido por Julio Sanguinetti incluyó la investigación del asesinato entre los crímenes que quedarían al amparo de la ley de impunidad.

25/09/06. Despistados defensores de la impunidad.
La República

Sería interesante analizar e intercambiar opiniones sobre algunos hechos recientes. El primero es una crónica publicada en el semanario Búsqueda acerca de algunas violaciones a los derechos humanos durante la dictadura y de los posibles responsables de algunos de los crímenes más significativos de aquel período.
La crónica aludida ha merecido el rechazo tajante de algunas personalidades políticas y de familiares de las víctimas, pero la significación política e institucional del asunto hace necesarios otros pronunciamientos por parte de las autoridades competentes. Por un lado, quienes vienen trabajando con los problemas de las fuerzas armadas y el proceso por el cual culminan su demasiado lenta incorporación a las reglas de juego de la democracia.

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Por otro, quienes desde el gobierno se vienen ocupando de las líneas de acción que tienen que ver con los procesos a los militares indagados por hechos que han sido excluidos de la Ley de Caducidad y, al mismo tiempo, los que tienen a su cargo resolver las instancias derivadas de los pedidos de extradición formulados desde Argentina. Cuestiones, como se ve, todas ellas muy interrelacionadas.
Cállate que se te entiende todo
La crónica de Búsqueda dice ser el resultado de "una investigación realizada durante los últimos meses por periodistas" del semanario.
En realidad su contenido consta, básicamente, de transcripciones del propio periódico, en algunos casos alterando de manera sustancial datos sobre los que luego se construyen las hipótesis que en materia penal sustenta el artículo. El propósito es claro. Se trata de desvincular de toda responsabilidad al grupo de oficiales del SID, liderado por Gavazzo, con el asesinato de Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz.
En el episodio -cuyo contenido emblemático forma parte de una fuerte tradición de lucha por los derechos humanos en nuestro país- no existiría ninguna responsabilidad de militares ni de gobernantes uruguayos.
Para llegar a esa conclusión hay que forzar mucho los hechos, eliminar buena parte de los que se sabe y suponer que una gran parte de la población ha perdido la memoria y la facultad de razonar.
Un intento de "disolver la realidad" y degradarla
La labor del periódico de las derechas apunta a entreverar las cartas y sembrar la confusión acerca de cómo han venido actuando los organismos de derechos humanos y la prensa que se ha hecho eco de las denuncias.
Al mismo tiempo busca enturbiar el pensamiento y la acción del gobierno en la materia.
Al hacerlo, el periódico reitera su compromiso con el establishment de la dictadura y con los dirigentes políticos que en democracia han trabajado, con una dedicación digna de mejor causa, a favor de la impunidad.
Es claro que ese sector de operadores políticos juega con fuego. Sus escritos son funcionales a los intereses y al discurso actual de los sectores más recalcitrantes del colectivo militar
Es un relato que apunta, irresponsablemente, a colocar a los militares que actuaron en las tareas más sangrientas de la represión como víctimas de una conspiración de la izquierda, esta vez con el concurso de jueces y fiscales.
En este terreno en las últimas semanas se han ido acumulando hechos y circunstancias que no debieran pasar inadvertidas. Las amenazas formuladas por uno de los acusados, Ernesto Ramas, a la fiscal actuante en el proceso que se sustancia en el Juzgado Penal de 19º Turno, doctora Mirtha Guianze, es un acto inadmisible.
Supone que el militar retirado, sobre el que pesan acusaciones gravísimas, dispone de información acerca de la vida personal de funcionarios del ministerio público y que usa esa información para ejercer presión sobre los mismos.
Las actuaciones de los magistrados, Luis Charles y Mirtha Guianze, han demostrado su solidez y su apego a la ley. En todo caso el sistema judicial habilita las instancias de apelación que los defensores entiendan conveniente sustanciar y que tendrán el tratamiento que dispongan los tribunales.
Dado que es la primera vez, en más de veinte años, que el Poder Judicial asume el tratamiento de casos relevantes en el terreno de las violaciones a los derechos humanos debiera respetarse la competencia que la Constitución de la República le asigna.
Lo otro son presiones ilegítimas. Apuntan al quebrantamiento del principio republicano de igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. Y para esa recidiva autoritaria hay cada vez menos lugar en la sociedad uruguaya de hoy.
Otras actitudes preocupantes
El otro hecho, que no llegó a sustanciarse, ha sido informado por el diario El País. Según da cuenta en su edición de ayer, en el Ejército se habría iniciado, en el curso de la semana pasada, un movimiento destinado a realizar el día sábado 23 una asistencia masiva de oficiales en actividad a la Cárcel Central en una visita a los oficiales procesados (Gavazzo, Gilberto Vázquez y Jorge Silveira).
La organización del evento ­en caso de confirmarse la iniciativa- se procesó con arreglo a métodos de comunicación que evitaran el conocimiento público de la acción propuesta. No obstante, la noticia llegó a las autoridades y el comandante del Ejército habría desactivado la iniciativa anunciando que la actividad no estaba autorizada.
No es un hecho carente de importancia. Sin exageraciones ni estridencias debe quedar claro que son inadmisibles las presiones realizadas por funcionarios dependientes del Ministerio de Defensa Nacional. Presiones que además aparecen ligadas a la defensa de lo actuado en indefendibles tareas de represión política como los asesinatos, el robo de niños, los secuestros y las ejecuciones masivas.
¿Cómo se puede llegar a transformar a estos individuos en objeto de una acción solidaria de jóvenes oficiales?
Es toda una zona de temas a examinar. ¿Qué versión de los hechos históricos se enseña en los institutos de formación de oficiales?
¿Se recurre, por ejemplo, a los libros editados por la Junta de Comandantes en Jefe durante la dictadura?
Se trata, efectivamente, de textos que tienen una significación. Tienen el sentido de expresar de manera descarnada una ideología militarista y antidemocrática extrema. Una literatura llena de ataques a "los políticos", no solo a los de izquierda sino también a los blancos y colorados. Ataques permanentes al Parlamento, a la prensa y a los sindicatos. A Wilson Ferreira, a Líber Seregni, a Juan Pablo Terra. Ataques a sectores de la Iglesia, como monseñor Partelli, entre otros.
Intoxicado con esa prosa histórica, muy poco apegada al laicismo por cierto, resulta comprensible que alguien piense de tal manera que lo impulse a hacer una demostración colectiva de solidaridad con Gavazzo. Pero ese pensamiento, impregnado de la doctrina de la seguridad nacional, no es el que se sustancia en la Constitución y las leyes que regulan a la sociedad uruguaya.
La República, 25 de setiembre de 2006