06/03/06. Contra la murallas del no-se-puede.
Publicado en La República el lunes 6 de marzo de 2006
Escribe Hugo Cores PVP-567- Frente Amplio
El reinicio de las excavaciones en busca de restos en unidades militares o predios privados ha traído novedades significativas.
La identificación de Ubagesner Chávez Sosa, primero.
Ahora, contrariamente a lo que habían informado las autoridades militares, el hallazgo e identificación de los restos del Escribano Fernando Miranda suma otro paso en el camino del conocimiento de la verdad.
Mientras se sigue avanzando… ¿qué actitud tomará el Estado de derecho con los militares que mintieron ahora, en la institucionalidad democrática recobrada?
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Me gustaría examinar estos hechos a la luz no solo de lo que significan como logro en la lucha por la verdad sobre los desaparecidos sino como un cambio en el conjunto de la situación política.
Treinta años después
Treinta y un año después, en el caso de Chávez.
Más de treinta, en el caso de Miranda.
¿Por qué tanto tiempo? ¿Qué sucedió en Uruguay durante ese lapso?
La ciudadanía ¿acaso es indiferente al conocimiento de esas muertes?
¿Considera la gente que son muertes justificadas por el momento que se vivía?
La famosa invocación de la guerra ¿explica las muertes de individuos detenidos y esposados?
¿Cómo se ha sostenido la impunidad durante 30 años?
Y si resulta clara la indignación sobre el asesinato, más perentoria se vuelve la interrogante acerca de cómo y con el apoyo de quiénes los crímenes de los años 70 fueron seguidos por tantos años de silencio y de mentiras acerca del destino de los desaparecidos.
La situación cambió radicalmente cuando cambió el gobierno.
Y lo que parecía imposible se volvió posible: se entró a los cuartes, se excavó las tierras que ocultaban vidas e historias de hombres de trabajo y de militancia. De los luchadores y los héroes populares que hicieron posible, con su coraje y su tesón, las victorias que siguieron, incluyendo la del 31 de octubre de 2004.
Por que ¿hubiera habido victoria sin resistencia, resistencia sin heroísmo?
La tierra está hablando, está mostrando lo escondido por los hombres.
O, mejor dicho, está mostrando lo ocultado por el Estado. El Estado del gobierno dictatorial y el de los doctores del Estado democrático.
El país en el que, según sus próceres blancos y colorados, reinaba el ‘Estado de derecho’.
Era un ‘estado de derecho’ donde las oficinas civiles y militares del Estado podían mentir.
La fortaleza ‘invencible’
Podían mentir con el respaldo de los partidos que entonces eran mayoritarios.
Los partidos y los medios de comunicación que construyeron la impunidad respaldaron a los funcionarios cómplices y a los ejecutores de los crímenes en los que fueron ultimados cientos de personas.
La ciudadela de la impunidad parecía invencible.
Hasta se llegó a decir, que ‘la verdad se sabría sólo después que todos estemos muertos’.
Voces que, sin proponérselo, acrecentaban la idea que contra la fortaleza de la impunidad no era posible actuar.
El riesgo de tocar a los intocables
Pretender saber la verdad y bregar por lograr la justicia, era –según esa lógica- una batalla perdida de antemano.
Una batalla que era inconveniente y hasta peligroso dar.
Dar esa pelea contra los amigos civiles y militares de la dictadura, ponía en contingencia lo ya logrado.
Arriesgaba a que el proceso democrático diera marcha atrás.
Sanguinetti y sus respaldos, así como Lacalle y los suyos, lograron crear un ‘sentido común’ de la imposibilidad.
Para instalarlo, justamente, como sentido común “democrático” hubo muchos practicantes.
Un gran ‘voluntariado’ del no se puede.
En los informativos y en los cargos de conducción política. Entre los magistrados y los catedráticos de la Facultad de Derecho. Entre los funcionarios uniformados y entre los diplomáticos. No se puede.
Treinta años trabajando desde el Estado. Desde la autoridad pública. Desde el ‘Estado de derecho’.
Todo el ‘partido de la impunidad’ trabajando para obstaculizar el funcionamiento democrático de las instituciones.
Para que la democracia en Uruguay fuera democracia con cuarteles-cementerios, con hijos que no sabían que había sucedido con sus padres.
Democracia con intocables. Con jerarcas militares que decían en las ceremonias públicas que ellos volverían a hacer lo mismo si se presentaran las condiciones de 1973 cuando dieron el golpe de Estado.
La lucha continuó
No todos pensaban así. Por eso las fotos de los desaparecidos y las protestas nunca cesaron.
Ni los familiares ni los grupos de militantes por los derechos humanos solidarios con ellos.
Ni los sindicalistas y militantes políticos convencidos que la impunidad es un escollo para la democracia.
Tampoco cesaron las investigaciones periodísticas, los escritos ante los juzgados y las denuncias ante los tribunales.
La acción del nuevo gobierno
El gobierno no se inclinó ante el “realismo” que le advertía de no tocar… a los intocables.
Se hizo firme en considerar que los delitos contra la humanidad, como los asesinatos y las desapariciones forzadas, no prescribirían.
Y que el silencio y la oscuridad que rodeaba el destino de cientos de uruguayos encarcelados durante la dictadura no eran compatibles con las instituciones democráticas.
A partir de ese momento, se dio inicio a las excavaciones y, por fin, el Poder Judicial ha empezado a tomar contacto con los responsables de las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.
Los enemigos del cambio
Hay gente que no quiere que se siga avanzando con la verdad y la justicia pero no solo en esto de la impunidad hay enemigos del cambio.
Hay enemigos del cambio social que construyen a diario la fortaleza del no se puede.
No toleran la existencia de organizaciones sindicales activas y organizadas. Los sindicatos están impulsados por el gobierno, se ha llegado a decir, para disputarle a los patrones ‘el poder dentro de las empresas’.
No aceptan las iniciativas y propuestas destinadas a redistribuir la renta, favoreciendo a los asalariados y a la población con menos ingresos.
De los procesos de redistribución se dice que pondrían en riesgo la estabilidad económica del país, alejarían a los inversores y demás calamidades del manual.
Quién si no el pueblo habrá de decir
que cambios son posibles y cuáles no
No ven con buenos ojos el acercamiento de Uruguay a las otras propuestas progresistas que avanzan en América Latina. Es más, ven como malo y riesgoso todo lo nuevo que emerge en nuestra América.
Los enemigos del cambio no tienen razones, tienen poder y tienen fuerza.
Pero esa fortaleza es del tipo de la que tenían los adalides de la impunidad: funciona si no se sabe lo que ocurre. Si el pueblo está mal informado o si hay vacilaciones o rivalidades en el terreno progresista.
En vista a una reforma del sistema tributario impulsada por el gobierno no se puede estar preso de la idea que las medidas de justicia social no son posibles.
La institucionalidad democrática, tal como siempre la ha entendido la izquierda, supone la posibilidad de informar y dialogar con la población sobre los hechos de interés público.
Lo que es impensable para una comunidad desinformada y sin prácticas de participación puede ser una meta posible para una ciudadanía cohesionada en torno a propuestas racionales de justicia social.
Históricamente, la nuestra ha sido una comunidad nacional cohesionada, con grados importantes de interés colectivo por lo político e intensos anhelos de participación en los debates.
Para llevar adelante el capítulo social de la justicia es posible avanzar sobre las negaciones castradoras del no-se-puede.
Para que se avance en la reforma de la salud y en un sistema impositivo en el que ‘pague más el que tiene más’.
13/03/06. Gobierno, poder y Frente Amplio.
Publicado en La República
Escribe: H. Cores PVP-567-Frente Amplio
Para llevar adelante el programa de cambios con el cual el Frente Amplio se comprometió ante la ciudadanía es necesario vencer escollos.
Los obstáculos que a todo cambio social, por modesto que sea, levantan los intereses conservadores.
En el país actual esos intereses se han atrincherado en algunos sectores sociales muy poderosos. Su base social no es amplia pero la propiedad de la riqueza y sus vínculos con el poder, interno y externo, los hace fuertes.
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Los intereses conservadores locales siempre se han ligado bien con los representantes de las grandes potencias en el campo internacional, con Inglaterra, primero. Y, sobre todo, con los EE.UU.
Uno de los puntos más altos del largo idilio lo expresó sin pudores el Ing. Alejandro Vegh Villegas, que ahora le sopla piropos al FA. En 1968, en una interpelación parlamentaria, el amigo de Jorge Batlle expresó: “Yo no soy pro yanqui. Yo soy yanqui.”
De dónde venimos
Desde antes de la dictadura, y en los años que siguieron, las clases conservadoras llevaron adelante una ofensiva general contra los ingresos de los trabajadores y de las capas medias. Contra el Estado y las empresas públicas y contra la independencia y la soberanía del país.
Si en el plano de las libertades y los derechos humanos la dictadura fue sinónimo de despotismo y atropellos, en el plano económico-social el régimen autoritario fue enconadamente clasista.
Los sindicatos obreros legales fueron reprimidos con la misma meticulosidad que se persiguió a la guerrilla.
La caída del salario real iniciada en los años 60 fue drástica durante la dictadura.
La breve y escasa recuperación lograda en los primeros años de democracia no atenuó el deterioro radical de la calidad de vida de los trabajadores.
Según los cálculos realizados por el nada izquierdista Centro Latinoamericano de Economía Humana (CLAEH), en los veinte años que van de 1967 a 1987, el total de dólares transferidos de los asalariados a los no asalariados fue de 7.194 millones de dólares. Casi el monto total de la deuda externa en aquel momento.
En ese largo ciclo, las áreas sociales del Estado, salud, educación, vivienda conocieron el deterioro permanente.
La “obra social” de los intereses conservadores
La inmensa mayoría de los uruguayos ha sido despojada por el ejercicio duro e inflexible del clasismo de la política económica impuesta desde el poder.
El desmantelamiento de la industria nacional, que se acentuó a partir de 1990 con los gobiernos de Lacalle, Sanguinetti y Batlle y la ruina de las clases medias rurales coadyuvaron para aumentar el número de desocupados.
La desocupación endémica, en porcentajes que nunca antes había tenido el Uruguay, empujó a la marginalidad a una parte considerable de las clases trabajadoras.
Crecimiento de la desigualdad social, dos o tres generaciones de uruguayos nacidos, criados y reproduciéndose en condiciones de marginalidad: esa es la obra social de los intereses conservadores.
El ciclo uruguayo de predominio oligárquico se ha hecho tan dilatado en el tiempo que desde a vivencia personal o familiar hay dificultades para comparar el presente con las etapas anteriores.
Esa comparación es casi imposible hacerla desde el “sentido común” y no abundan los trabajos publicados que describan con precisión ese hecho fundamental de la sociología y de las relaciones de fuerza del país contemporáneo.
Desde el punto de vista político, en la larga ofensiva del capital, los partidos tradicionales fueron puestos al estricto servicio de los intereses conservadores. Por eso fueron perdiendo sus apoyos electorales populares.
El heredero de este proceso fue el Frente Amplio, expresión política de la resistencia al reajuste conservador que antes habían librado los gremios obreros y estudiantiles y un amplio sector de la intelectualidad.
Esa es la herencia y la identidad de la fuerza política que hoy gobierna. Una potente ilustración gráfica de ese proceso está contenida en las fotografías de 30 años recuperadas por el fotógrafo del diario El Popular, Aurelio González.
Es a partir de esa identidad, forjada en las luchas sociales y políticas de los últimos decenios, que el Frente Amplio obtiene las mayorías que le otorgan la Presidencia de la República y la mayoría absoluta en ambas cámaras del Parlamento.
Gobierno y poder
Los grupos que han sustentado a los gobiernos conservadores, civiles y militares, siguen detentando poderosas palancas de poder. Del poder económico para empezar, con el control de la propiedad de la tierra, la industria, el comercio exterior y los bancos.
Algunas de estas palancas, como el predominio histórico conservador en los mandos superiores de las Fuerzas Armadas, son mecanismos ‘latentes’. Están por si acaso. Podrían operar decisivamente, como ocurrió en 1973, ‘si fuera necesario’.
Es significativo, en ese sentido, constatar cómo, una y otra vez, voceros de las cúpulas militares expresan públicamente que, en caso de una situación similar, volverían actuar de la misma manera.
No todas las palancas son virtuales. Otras están funcionando a pleno, como el control de los medios masivos de comunicación. La corriente principal de circulación de noticias se desenvuelve de acuerdo a los parámetros ideológicos de la CNN y sus embotelladores autorizados para Uruguay.
Las toscas formulaciones de Andrés Oppenheimer y sus ‘Cuentos chinos’, encuentran de inmediato en Uruguay quien le brinde toda clase de zalamerías y lo corone con laurel por repetir una vez más las recomendaciones y censuras de las Selecciones de Readers Digest.
Las pautas que regulan la acción ‘desinformativa’ de los medios incluyen la visión maliciosa y deformada de la actividad sindical en concordancia con el pensamiento que definen las cámaras patronales.
Otro factor de poder que actúa, sobre todo para sabotear desde adentro la acción del gobierno, está constituido por las capas de personal superior –gerentes, cuadros técnicos, directores, mandos administrativos- identificados, por reclutamiento o por adhesión política, con los intereses conservadores blancos y colorados.
Finalmente, ni el Partido Colorado ni el Nacional constituyen factores de peso para enfrentar la acción progresista de un gobierno con amplio apoyo popular como el obtenido por el Frente Amplio.
Pero los partidos tradicionales, en esta situación, aparecen como condensando los otros factores de poder real o latente. Sólo un milagro puede darle tonicidad y credibilidad a un Partido como el colorado o a dirigentes como Batlle, pero los asideros en la administración y las empresas y la concentración del poder mediático pueden hacer prodigios.
¿Conseguiremos el apoyo de los conservadores para cumplir un programa popular?
Formular la pregunta es contestarla. Sería una ingenuidad sociológicamente impresentable no reconocer que el gobernar con sentido popular y progresista se hará contrariando los intereses conservadores. Todo parece indicar que los obstáculos y los frenos al gobierno serán los mismos se avance poco o se avance mucho en el sentido popular del programa.
El gobierno frenteamplista y su partido el Frente Amplio
En estas últimas semanas, el FA como partido ha empezado a reflexionar sobre cuáles deben ser sus líneas de acción política cuando el gobierno está en manos frenteamplistas. Cómo puede coadyuvar con la acción del gobierno el partido FA en tanto corriente de opinión, como colectivo militante, como factor gravitante a través de su inserción en las organizaciones sociales.
Una comisión nombrada por la Mesa Política, integrada por dirigentes y parlamentarios de primera fila, acaba de redactar un documento breve y claro sobre las dificultades por las que atraviesa la relación entre el FA como partido y el gobierno de izquierda.
Resulta muy saludable el hecho que, sin vacilaciones y con el apoyo de prácticamente todas las corrientes que integran el FA, el documento haga referencia a la ‘necesidad de estimular un proceso autocrítico individual y colectivo’ en lo atinente a las relaciones partido-gobierno.
El texto incluye otra formulación importante y en cierto sentido insólita: “No es tal vez en el campo de los conceptos en los que deberemos avanzar sino en su efectiva operativización a lo interno de nosotros mismos”. Que así sea.
20/03/06. Plenario Nacional del Frente Amplio. Encender los motores.
Escribe Hugo Cores.
El próximo sábado se reunirá el Plenario Nacional del Frente Amplio. Se trata de una instancia de la vida interna del partido de gobierno en la que se discutirán y resolverán asuntos de interés público para el presente y para el futuro del gobierno, es decir asuntos de interés para el país.
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Casi la mitad de los integrantes del Plenario Nacional son delegados de las bases frenteamplistas. Esto quiere decir que se trata de ciudadanos que no desarrollan una actividad política rentada. Son maestras o peluqueros, corredores de seguros o mecánicos, jubiladas, dentistas o carpinteros. No obtienen sus medios de subsistencia de la actividad política. No están sometidos a la jerarquía de la administración ni de la carrera política. Están, a tiempo completo, entre la gente.
Esta intervención en los asuntos públicos por parte de personas que no están exclusivamente dedicadas a la actividad política es un anhelo de larga data en el pensamiento transformador y socialista contemporáneo. Siempre se entendió como una ampliación y profundización de la democracia.
Bajo la acertada conducción de la compañera cocinera
Digamos de paso que estas inquietudes no son un invento del Frente Amplio, aunque sí lo es el honor de ser en América Latina una de las fuerzas políticas que, con más insistencia, ha preconizado esa necesidad de ampliar los ámbitos de participación popular en las estructuras de poder.
En la exaltación de las convulsiones revolucionarias de principios del siglo XX, Lenin bregaba por una democracia transparente en la que "una cocinera pudiera ocupar el lugar de un ministro". Y antes, Marx había realzado la fórmula que había asumido la democracia durante la Comuna de París, cuando los gobernantes ganaban el mismo sueldo que los obreros y los cargos ejecutivos eran revocables. Es decir, si su gestión no tenía el apoyo de los que lo habían designado, el titular era revocado y sustituido. No había mucho campo para los "golosos de poder" ni para la personalización de la política.
La acción política como campo en el que opinan y deciden hombres y mujeres "del pueblo" no es relevante para quien imagina las sociedades como el fruto único de la acción de los "grandes hombres", los líderes iluminados por las grandes ideas y no el resultado de la acción colectiva de protagonistas multitudinarios.
La política en los puestos de mando
Ampliar la participación no tiene que ver, exclusivamente, con acrecentar el número de los que ponen sus cabezas, o sus narices, en la búsqueda de soluciones para el país. Es eso y es también algunas otras cosas algo más complejas.
Hacer que los asuntos de Estado sean comprensibles para la mayoría de la gente es un objetivo fundamental. Extender la polis. Hacer comprensible la acción política rescatándola del campo restringido de los especialistas y los tecnócratas. De los que, confortados por el cargo que ocupan, piensan que "las saben todas", fomentadores del secreto arriba y la pasividad y paciencia abajo.
La situación por la que pasa nuestra sociedad nos hace pensar que el país precisa concentrar sus energías en algunas líneas rectoras del quehacer colectivo. El impulso al país productivo y la creación de fuentes de trabajo es impostergable. Para lograr esa meta es imprescindible una acción pública en la que confluyan esfuerzos de distinta naturaleza.
Por ejemplo, avanzar en el país productivo está ligado a la reforma o transformación del Estado, la reforma del sistema de salud y la discusión de una nueva ley de enseñanza.
¿Qué tienen en común estas transformaciones que se propone impulsar el gobierno progresista? Tienen en común que todas precisan ideas claras y energía para llevarse adelante. Es decir precisan de una acción coherente desde el Estado y la sociedad. ¿Desde dónde si no es desde el pensamiento político se fijará la partitura que guiará esa acción que debe desarrollar un plan coherente? ¿Cómo se orquestarán los esfuerzos diversos que exige salir del estancamiento?
¿Cuál es la energía primera que mueve las poleas para que se lleven adelante estos cambios? ¿Serán sólo las partidas presupuestales y la inversión privada?
La experiencia del país ha demostrado que con eso no basta y que, sin los componentes subjetivos del entusiasmo y mentalidad de servidor público y sin claridad política, las más sufragadas partidas presupuestales naufragan en el despilfarro, como ocurrió con muchas de las empresas públicas en períodos recientes, cuando al frente de las mismas más que directores había "liquidadores".
En estas circunstancias, el primer motor --el que pone en marcha a los demás-- es el motor del pensamiento y de la acción política. La acción política explicitada, para que la entiendan todos, para que empujen todos, para que controlen todos. Desde ahí se traza la partitura que regula la acción de todos.
A partir de estar convencidos de los fundamentos políticos de los cambios, los conductores de la administración y los particulares estarán en condiciones de poner en funcionamiento los demás motores, el de los funcionarios, el de los médicos, el de los usuarios y el de los docentes y estudiantes. Los motores de la gente de la cultura. Los músicos, los plásticos, los poetas y los teatreros. Todos tendrán algo que aportar si entienden adónde se quiere ir y si participan de un entusiasmo que es de muchos.
Acumulación forjada con la militancia
El Frente Amplio y las organizaciones sociales han ensayado constantemente la ampliación de la participación de la ciudadanía. En los últimos veinte años de lucha política, todo progreso del FA como fuerza política estuvo precedido o acompañado por una gran movilización social y política. Y uno de los más grandes méritos del FA y su conducción fue ser capaz de oír y entender las preocupaciones del pueblo.
A la salida de la dictadura la izquierda debió soportar una fuerte ofensiva de las derechas. Según un amplio coro que entonces se formó hasta la idea de izquierda ya no tenía sentido. No tenía sentido hablar de militancia, ni de comités de base, ni de lucha de ideas, ni de organizaciones políticas estables más allá de las instancias electorales.
Esa ofensiva golpeó a la izquierda y hasta logró la división del FA en 1989.
Vale la pena preguntarse ¿cómo hizo la izquierda uruguaya no sólo para soportar la división de sectores fundacionales sino para alcanzar la victoria en el año que parecía que todo se venía abajo?
Al principio siempre hay un Plenario Nacional del Frente Amplio
Para quien mira el acontecer a partir exclusivamente de lo que ocurre en las cimas, la victoria del 89 (Tabaré intendente) no tiene explicación.
Quien busca más a fondo sabe que la explicación está en que, desde 1986 hasta abril de 1989, el FA y las organizaciones sociales llevamos adelante una formidable campaña de agitación pública contra la Ley de Caducidad. El plebiscito de abril del 89 se perdió, pero el terreno ganado por la izquierda a través de casi tres años de trabajo de masas, en todos los rincones del país, ese terreno no se perdió.
Lo mismo se podría decir de la gigantesca movilización popular del FA y el PIT-CNT contra la ley lacallista que abría el camino para la privatización de las empresas públicas, que culminó con una neta victoria en el plebiscito de diciembre de 1992. O, casi diez años después, del "Tejazo" primero y plebiscito en defensa de Ancap del 7 de diciembre de 2003.
Todas aquellas campañas democráticas y de masas tuvieron inicio en un plenario nacional del FA. Ahí se echó andar el pequeño motor que puso en movimiento el gran motor, que es pueblo uruguayo.
El estar en el gobierno no es poseer todas las palancas del cambio social. El Estado, su burocracia, su tecnocracia, sus corruptos y saboteadores tapados, no es el dispensador de energías para el cambio social. Precisa energía, la absorbe y la neutraliza. A la vez, la fuerza política tiene un campo propio de actuación. Su apuesta es coadyuvar con la acción del gobierno a partir de las fuerzas renovadoras que hay en la sociedad. Ser "partera" de esas reservas que a menudo están, en estado latente pero están.
Tomado de La República, 20 de marzo de 2006.
30/03/06. La anulación de la Ley de Caducidad parece ser un camino adecuado. Ecos del 76.
El cumplimiento del trigésimo aniversario del golpe en Argentina y la riqueza y variedad de los trabajos y movilizaciones por la verdad, la justicia y la recuperación de la memoria realizadas me impulsa a hablar, una vez más, de la represión a los uruguayos en y especialmente de la que golpeó a la organización a la que pertenezco.
Antes quiero referirme a algunas sinuosidades de la memoria, a los errores en que se puede caer cuando la evocación no reposa sobre escritos, con nombres, fechas e indicaciones precisas de hechos y lugares. Justamente por no haber realizado nunca una denuncia sin respaldo documental y de testigos serios, lo denunciado por nosotros hace treinta años está completamente vigente. La minúscula y diseminada información que destilan las agencias norteamericanas nunca expone datos que las nieguen. Y las mentiras oficiales que sostuvieron otra cosa, después de un largo reinado, en dictadura y en democracia, han ido naufragando. Y nadie, nadie, da la cara por ellas.
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1- En los años previos al golpe de Videla -1973 a 1975- los uruguayos exiliados en aquél país sentíamos que ese tiempo en Argentina, con Cámpora presidente y el florecimiento del peronismo de izquierda, formaba parte de otra era, de otro ciclo histórico en la región. Un período de cambios y acumulaciones que harían más débil a la dictadura en nuestro país.
Después del golpe en Brasil, que terminó con el gobierno democrático y popular de Joao Goulart, el efecto dominó actuó contra todo proceso de cambios que osara desafiar la primacía del imperio en la región. Así, un golpe militar depuso en 1971 a Gral. Juan José Torres, presidente constitucional de Bolivia, impulsor de reformas nacionalistas y de una 'democracia de nuevo tipo' a través de la llamada 'Asamblea Popular'. En 1973 fue primero el golpe de Estado de Bordaberry y luego el levantamiento militar contra Salvador Allende.
Así en Argentina, el triunfo del peronismo de izquierda de Cámpora el 18 de marzo de 1973, la liberación de los presos y el crecimiento de la movilización popular se gestó en medio de un continente hostil, articulado por la diplomacia norteamericana.
2- Para los militantes del PVP habían quedado, presos o muertos, muchos compañeros protagonistas del período anterior. Pero se trataba de reanudar las tareas después de las derrotas del movimiento popular, darle continuidad a la resistencia. Frente a las fracturas provocadas por la represión, asegurar la continuidad de nuestro accionar se volvió casi una obsesión.
Había quedado atrás el período iniciado en 1968, con movilizaciones masivas y la instalación de la violencia represiva sistemática por parte del Estado. Todo aquello que fogueó y educó a amplios sectores obreros y populares. Después, todas las aguas de la resistencia se aunaron en el caudal aglutinador de la movilización frenteamplista. Habíamos pasado el 72, 'el año de la furia', como lo llamó Chifflet, la huelga general y la instalación de la dictadura. Muchas organizaciones fueron diezmadas por la represión de esos años.
3- Después del golpe del 24 de marzo de 1976 en nuestra percepción, el 72 se fue juntando con el 76, formando parte de aquella misma furia, de los mismos actos de coraje admirables y de la misma derrota.
El secuestro en Brasil, en noviembre de 1978 de otros dos militantes del PVP, Lilián Celiberti y sus dos hijos pequeños y Universindo Rodríguez, interrumpió lo que habíamos imaginado como el inicio de otra etapa.
Ya buena parte de nosotros se había exiliado en Europa, había discutido lo sucedido tratando de ver en qué habíamos fallado y había vuelto a 'reengancharse' con las actividades de resistencia que se intentaban en Montevideo. Con los secuestros en Porto Alegre, el 78 pareció juntarse con el ciclo 72-76. Y mantener la continuidad de la militancia siguió siendo objetivo principal.
Los militares uruguayos todo lo podían: si era necesario enviar un camión frigorífico para trasladar clandestinamente a Uruguay a militantes de la resistencia uruguaya secuestrados en Brasil, allá salía para Brasil un camión de la Comisión de Abasto. Las dictaduras articuladas en el Plan Cóndor parecían más fuertes que nunca.
No obstante, desde otro corte posible, el apogeo de la dictadura del 78 dio sus primeros signos de agotamiento apenas dos años después, cuando el pueblo derrotó en las urnas el plan político de los militares, en noviembre de 1980.
También allí la continuidad era un factor de importancia porque, a partir de entonces el eje de las acciones y de las alianzas sería, cada vez más, el de la lucha por la democracia. Y la del enfrentamiento político a todas las propuestas de democracia recortada o bajo tutela militar.
4- Sobre aquel período, en estos días se ha anunciado una nueva entrega de 'las desclasificaciones' de documentos realizada por el Estado norteamericano. Tardío y machete goteo de información desde las oficinas de los servicios de seguridad y diplomáticos de los EEUU.
Los documentos desclasificados que se conocieron el jueves 23 de marzo ¿qué aportan de nuevo en materia de conocimiento? Poco, aunque en este caso hay reconocimientos importantes. (1)
¿Qué valor tienen? Un valor escaso, apenas simbólico: permiten verificar la seriedad de las denuncias formuladas por nosotros acerca de la represión contra el Partido por la Victoria del Pueblo, en los años 76 y 77: la subsistencia de alrededor de treinta compañeros desaparecidos, acerca de los que no hay todavía documentación concluyente que provenga del Estado argentino, donde fueron secuestrados.
Sobre esos compañeros tampoco hay reconocimiento por parte del Estado uruguayo, el lugar desde dónde partieron los grupos de tareas que los secuestraron.
Ahora tenemos estas noticias ralas que gotean desde Washington. El 'efecto confirmación' puede tener importancia para algunas de las tareas actuales que importan. Por ejemplo, la acción de los tribunales que se ocupan de esos casos. Todavía no hay sentencias. Bueno no sea impaciente, señor, ¡hace apenas treinta años!, ¡son solo treinta personas!
Pero ya habrá procesos y sentencias. En ese sentido se pronuncia muchas veces la ciudadanía.
5- La anulación de la ley de caducidad parece ser un camino adecuado. Es posible que, en algún momento, haya que hacer una nueva consulta popular acerca de la impunidad. En 1989 la ciudadanía apoyó la ley de impunidad. Desde entonces cambiaron los partidos que gobernaban Montevideo y los que gobernaban el país. Se cambió la constitución sobre aspectos claves, entre otros estableciendo el 'balotaje'. ¿Por qué la ciudadanía no va a poder opinar ahora sobre la validez y pertinencia de la ley que permite que todos estos crímenes permanezcan impunes?
6- En otro terreno, la validación externa de las denuncias sobre atrocidades contra los derechos humanos durante la dictadura, permitirá al país oficial situarse de otro modo frente a los hechos. La versión hasta hace poco oficial sobre lo ocurrido, contenida en los voluminosos tomos editados por la Junta de Comandantes en Jefe, se ha revelado con una sucesión impresentable de falsedades.
La lenta construcción de un relato documentado y serio sobre lo sucedido permitirá, también, a las autoridades de la educación, interesadas en incursionar en la historia reciente, incluir con fuerza científica algunas 'bolillas' del programa curricular para los jóvenes.
Incluir, por ejemplo, con base en textos provenientes de las oficinas diplomáticas y militares norteamericanas, la complicidad del Henry Kissinger, actuando en nombre del gobierno de los EEUU, con los crímenes 'de lesa humanidad' perpetrados por Pinochet, Videla, Banzer, Strossner, Gregorio Alvarez, Aparicio Méndez y demás integrantes de los gobiernos del terrorismo de Estado en esta región del mundo.
(1) Un emprendimiento completamente distinto y muy valioso son los trabajos hechos a partir de fuentes oficiales estadounidenses y de una rica y variada documentación por parte de la investigadora Vania Markarián quien acaba de publicar "Idos y recién llegados- La izquierda uruguaya en el exilio y las redes transnacionales de derechos humanos, 1967-1984".
Tomado de La República, 20 de marzo de 2006.
05/04/06. Por cuestiones del momento.
Publicado en La República
Escribe Hugo Cores- PVP-567 Frente Amplio
La extradición a Chile de tres oficiales del Ejército involucrados en el secuestro de Eugenio Berríos ha suscitado una serie de pronunciamientos sobre los que vale la pena detenerse y opinar.
Dejo de lado las declaraciones de los círculos y centros militares. No por que carezcan de importancia, sino porque las diferencias dentro de la izquierda son en este momento más preocupantes.
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1 El Senador E. Fernández Huidobro (EFH) dice que los oficiales pedidos por la Justicia chilena son subalternos, que cumplían órdenes. Que procesarlos es una forma encubierta de eludir el compromiso de procesar a sus mandos, los verdaderos responsables, es decir los oficiales superiores que dieron las órdenes de actuar junto a los militares chilenos, cuando fue secuestrado Berríos.
2 El senador EFH dice que cuando la Suprema Corte decide dar lugar a la extradición a Chile, esta actitud desconoce que el Juzgado de Pando había interrogado a los oficiales acusados, decidiendo archivar el expediente por no existir pruebas que los incriminaran.
3 EFH dice que la extradición sería una revancha, un acto de ensañamiento por tratarse de militares, un Plan Cóndor al revés y que los oficiales acusados serían “presos políticos”
4 EFH y también otros dirigentes del MPP han opinado que el episodio configura un quebrantamiento de la soberanía uruguaya. Sostiene que habría más bien que traer a los chilenos para juzgarlos acá ya que ellos delinquieron en Uruguay.
5 Queda sin saberse qué opinan estos compañeros sobre la circunstancia que, 14 años después del secuestro y 11 después de la aparición del cadáver de Berríos, el juzgado de Pando no haya resuelto ningún procesamiento.
Es decir, la ausencia de un proceso judicial a fondo acerca de la responsabilidad del Ejército en el episodio Berríos sería, para el compañero EFH la “razón” por la cual la extradición no se justifica.
6 El lenguaje empleado intenta presentar la defensa de los militares como una acción ‘desde abajo’ y una intervención ‘justiciera’.
El estilo es el de la denuncia ante ‘la existencia de chivos expiatorios sacrificados para salvar a los de arriba’.
Los oficiales serían ‘capitancitos’, ‘perejiles’, ‘víctimas’ de la cobardía de algunos, del sentimiento de venganza de otros o de una conspiración urdida en Chile.
7 Primera paradoja: esas denuncias son formuladas por un senador del gobierno, presidente de la Comisión de Defensa del Senado e integrante de la mayoría parlamentaria. ¿Qué medidas propone para asumir desde la comisión que preside o desde la mayoría que integra o desde el ministerio que respalda?
O, después de presentar una defensa enconada de los tres oficiales acusados, ¿el senador de la mayoría le propone al país la resignación, revivida ahora con un gobierno de izquierda, ante el mantenimiento de la impunidad de los mandos que les dieron las órdenes?
O sea que todo el alegato del Senador EFH debe entenderse sobre la base que Aguerrondo y los responsables de los servicios de inteligencia militar que coordinaron con Pinochet siguen siendo tan intocables hoy como cuando gobernaban blancos y colorados. ¿Es ese el mensaje?
8 El crimen de Berríos y las circunstancias que lo rodearon fue un asunto discutido muchas veces en el Frente Amplio. En Congresos, Plenarios, Mesas Redondas, libros y artículos periodísticos. Siempre se analizó, acertadamente, como una muestra rezagada y capciosa de la coordinación represiva montada en los años 70 y conocida como Plan Cóndor. Una expresión de la complicidad de los gobiernos blancos y colorados con el mantenimiento de esa y de todas las impunidades.
El esclarecimiento de la operación Berríos formaba parte, según ese contexto de análisis, de la lucha contra la impunidad y se inscribía en el proceso de profundización de la democracia que estaba en la orden del día de un gobierno popular. Profundizar la democracia es decir eliminar de las instituciones del Estado los elementos residuales de la normativa, los valores y las doctrinas del periodo dictatorial.
Durante años, congreso a congreso, el último fue el de diciembre de 2003, se discutieron y se aprobaron mociones que señalaban la necesidad de depurar las Fuerzas Armadas. Depurarlas, entre otras cosas, de los mandos comprometidos con los hechos y con el pensamiento de la dictadura.
9 La denuncia de la impunidad y la lucha por terminar con ella sigue siendo un problema importante para la democracia uruguaya. La actitud del Poder Ejecutivo, a través del Presidente de la Republica, ha sido clara en el respeto a lo decidido por la Suprema Corte de Justicia.
Al mismo tiempo, los defensores de la impunidad han intentado, sin éxito, presionar a la Presidencia para que actúe impidiendo que Uruguay cumpla con el Tratado de Extradición suscrito con Chile.
Tras la defensa a ultranza de los militares ahora requeridos, en nombre de los intereses de la familia militar anida un soporte permanente a la impunidad en toda la línea.
La imposibilidad legal de juzgar a los militares de la dictadura es o no un problema. La impunidad ¿es o no una traba para la democracia?
A la existencia de una ley de caducidad que bloquea la actuación de los magistrados en los casos más importantes y que más han conmovido a nuestro pueblo, como el asesinato de Michelini y Gutiérrez Ruiz, los secuestros de Orletti, la desaparición de María Claudia García y el robo de su hija, hay que sumar todo lo que los gobiernos blancos y colorados agregaron a la ley.
Una verdadera cultura de la impunidad que amplifica el contenido de la ley, tanto en el tiempo como en el espacio y que se saltea las pocas, casi ínfimas, garantías que contenía el texto de la ley aprobada en 1985, como el artículo 4º al que ni Sanguinetti ni Lacalle ni Batlle dieron cumplimiento efectivo.
10 Analizamos los hechos desde el punto de vista histórico del FA, de lucha contra la impunidad.
En tren de ‘denuncias justicieras’, asumir la defensa de los oficiales acusados en Chile, es saltearse el hecho que, en función de la ley de caducidad y del predominio de la Doctrina de la Seguridad Nacional, la ausencia de justicia por los crímenes de la dictadura es lo que caracteriza al Uruguay que el gobierno progresista ha heredado en materia de Derechos Humanos.
Así lo han entendido y lo entendemos varias organizaciones sociales y políticas que impulsamos la anulación de la Ley de Caducidad, en el entendido que la impunidad es una traba seria para la democracia y que unas Fuerzas Armadas que no han pasado por un proceso de depuración no son las que el país necesita.
11 Resulta difícil saber adónde conduce el rezongo opositor cuando se está en el gobierno. En todo caso, en el terreno de la Defensa y la cuestión de las FFAA, el gobierno del FA tiene mucho para hacer. Son necesarios foros y coloquios. Pero sobre todo ideas claras. No le han faltado al Frente Amplio ni a sus comisiones especializadas en el tema. Y, siendo esa la línea definida, no se ven las razones para cambiarla.
Como se puede concluir, las diferencias de opinión acerca de las extradiciones formar parque de un paquete más amplio de divergencias que iremos discutiendo en el FA. Mientras tanto, todos, en el gobierno, el Parlamento o en el debate público, deberíamos atenernos a lo que hasta ahora tiene resuelto democráticamente nuestra fuerza política.
Lo otro es alimentar confusiones.
10/04/06. El programa democrático y la lucha contra la impunidad.
Anotaciones sobre el “Caso Berríos”
Escribe Hugo Cores-PVP-Frente Amplio
Aunque es mucho lo que se ha dicho y escrito sobre la dictadura, algunas afirmaciones realizadas en debates recientes parecen indicar que subsisten distintas visiones.
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1- Se reitera la propensión a reducir el ciclo de terrorismo de Estado a un antagonismo entre civiles y militares. O presentarlo como la mera confrontación entre las ideas democráticas y las ideas autoritarias.
Según esta mirada, la dictadura habría significado el triunfo de unas ideas ajenas a las tradiciones del país. Una mudanza perversa en las formas de gobierno nacida como respuesta a la contestación armada de la izquierda radical. Finalmente, todo se reduciría a visualizar a los dos extremismos responsables de lo sucedido.
2- Una buena cantidad de estudios realizados en aquella época y otros recientes demuestran que la dictadura fue la culminación de un proceso que hunde sus raíces en los años sesenta, cuando las clases dominantes impulsaron un conjunto de reformas destinadas a liquidar las conquistas sociales de los trabajadores, debilitar al mercado interno y a las capas medias y desarmar en el Estado todas las funciones capaces de llevar adelante políticas de defensa de los intereses económicos del país y de una redistribución más justa de la riqueza.
Esta remodelación conservadora fue impulsada por los sectores sociales ligados a las grandes empresas, al sector financiero y a la gran propiedad territorial. Tuvo el apoyo activo de una gran parte de la burocracia estatal, de los medios de comunicación y de los sectores conservadores de los partidos tradicionales. También el respaldo en todos los terrenos de la diplomacia, los militares y los gobernantes de los EE. UU.
Para estos sectores sociales y políticos poner en práctica su proyecto significó enfrentarse con la democracia y con las tradiciones de libertad arraigadas en el país: libertades sindicales, autonomía universitaria, periodismo crítico, independencia de los magistrados, existencia de un clima de crítica y efervescencia cultural.
3- En el proceso autoritario el gobierno de Pacheco marcó un antes y un después. Al liquidar los consejos de salarios, ilegalizar la labor sindical y recurrir a las Medidas Prontas de Seguridad para enfrentar a los gremios, Pacheco mostró la índole clasista de su apelación al orden.
Cuando el 13 de junio de 1968 desde el gobierno se dio inicio a una vuelta de tuerca al proceso autoritario, la Cámara Nacional de Comercio, la Asociación Rural, la Cámara Mercantil de Productos del País, la Federación Rural, la Asociación de Bancos y la Bolsa de Valores, ese mismo día declaran su total apoyo a la medidas de seguridad “destinadas, dicen, a enfrentar el desafío que las organizaciones sindicales le hacían al Estado”.
4- Conseguir una base política para legitimar esa expropiación a los trabajadores y ese conservadurismo económico y social no resultó fácil. Los partidos tradiciones se dividieron y la izquierda echó las bases de su unificación. De hecho, la dictadura instaurada el 27 de junio fue el último recurso para imponer las reformas regresivas destinadas a liquidar al Estado de Bienestar e imponer otro proyecto de país.
Se hizo necesario recurrir la violencia y el terrorismo de Estado porque las resistencias sociales habían impedido la reestructura conservadora.
5- Las derechas no jugaron solas. Debieron enfrentar la resistencia de amplios capas populares al frente de los cuales estaban los trabajadores. De esa ofensiva remodeladora y de esas resistencias económicas, políticas y culturales forman parte las grandes movilizaciones de aquellos años nacidas en el rechazo al intento de liquidar la democracia, las libertades públicas y las conquistas del estado de bienestar.
En esas movilizaciones masivas se plasmó el proceso de identificación político-ideológica de la izquierda. Se produjo ese salto en calidad desde el punto de vista social y político que es la toma de conciencia de estar formando parte de un proceso histórico de resistencia y de lucha por los cambios.
6- En esos años, la dictadura abarcó, para ordenar y reprimir, todas las áreas de la sociedad –desde los textos escolares hasta el canto popular; desde los psicólogos verdugos en el Penal de Libertad hasta los ‘juristas’ que legitimaban la tortura.
Para doblegar todos factores de oposición, la represión se extendió al conjunto de la vida social, desde la izquierda al movimiento obrero y estudiantil, a los periodistas, los abogados y los magistrados independientes. Y la cuestión fue, como se definía en aquellos años, entre la libertad y el despotismo.
Visto desde hoy, fue una guerra total contra las organizaciones populares. Es desde la existencia de esa guerra que se ordenan los roles de víctimas y verdugos, héroes y villanos de aquel período.
7- Durante la dictadura, las FFAA -que ya habían reprimido a las corrientes internas democráticas, encarnadas en Seregni, Licandro, Baliñas y cientos de otros oficiales- ejercieron la represión más despiadada contra las organizaciones populares. No se trató de una represión dirigida exclusivamente contra un movimiento guerrillero, sino contra todo un pueblo.
Veinte años después de cerrado ese ciclo no han tenido una sola voz de reprobación a lo hecho. No hay autocrítica.
A menudo se oye la apelación de algunos militares diciendo ‘a nosotros nos llamaron’. Y en cierto sentido eso fue así. En 1971 y 1972, los dirigentes de las fracciones políticas conservadoras los llamaron. Y como había ocurrido con Pacheco en 1968, en junio de 1973, el autoritarismo de Bordaberry y los mandos militares llegó con el respaldo de las organizaciones corporativas de los empresarios.
Así llevada de la mano, la cúpula militar no vaciló en apropiarse de la mayor cantidad posible de poder. Y hubo militares al frente de todas las reparticiones del Estado, de los municipios y de las empresas públicas
8 - Uno de los aspectos ilustrativos de la dictadura justamente fue el mantenimiento de la represión contra los sindicatos clasistas con el propósito de destruirlos o de lograr la sustitución de las viejas organizaciones de la CNT por sindicatos “patrióticos” y “nacionalistas” que colaboraran con los militares en el mantenimiento del orden.
Varios años después que la cúpula militar había dado por concluida la lucha contra la subversión, en nuestro país se seguía torturando salvajemente, manteniendo toda la brutalidad del sistema carcelario y reprimiendo cualquier intento de movilización obrera, estudiantil o cultural.
9- Paralelamente, la política económica del régimen se orientó dentro de las pautas del liberalismo económico, rechazando la intervención del Estado, favoreciendo la extranjerización de la economía, promoviendo un insoportable endeudamiento externo, una redistribución de la riqueza a favor del capital y en menoscabo del salario así como un deterioro de todos los servicios públicos de carácter social como la salud, la educación y la vivienda.
Cuando llegó la hora de tomar decisiones, se fueron al demonio todas las almibaradas promesas de los comunicados 4 y 7, en las que muchos en la izquierda creyeron. Se escurrieron de la escena los ‘militares progresistas’ que habían parlamentado con el MLN en octubre de 1972. Prevaleció un modelo capitalista desnudo. Un Estado juez y gendarme, implacable, para llevar hasta sus últimas consecuencias el proyecto que se venía gestando desde los años 60.
10- En ese contexto es un error imaginar que la principalidad de los hechos de la dictadura estuvo en la lucha entre dos protagonistas, los militares y el movimiento tupamaro.
Tal como la analizamos, la lucha contra la impunidad de hoy, que incluye a las acciones terroristas posteriores al advenimiento de la democracia, como el secuestro de Berríos y la complicidad con sus homicidas, forma parte del programa democrático y de defensa de los intereses populares que se gestó en la lucha contra la dictadura.
La coordinación con militares golpistas de otros países de la región, la búsqueda de la impunidad y el desprecio por los magistrados así como el desarrollo de un espíritu corporativo de mutuas complicidades dentro del Ejército, son capítulos de una tarea pendiente desde hace más de veinte años, la democratización y depuración de las Fuerzas Armadas.
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