13/06/05 y el 04/08/05

1. 04.08.05. Oposición de vuelo corto.
   
   Escribe Hugo Cores, dirigente del PVP-Frente Amplio
   La tesitura adoptada por el Senador Larrañaga en cuanto a reclamar para la oposición la mayoría de los cargos en los organismos de contralor, Tribunal de Cuentas y de la Corte Electoral, resulta un error político de una fisonomía incomprensible.
   ¿Con qué fundamento racional se cambiaría el criterio empleado hasta ahora de que es el partido mayoritario, el que mayor respaldo obtuvo en el pronunciamiento soberano del pueblo, quien dispone de la mayoría de los integrantes de esos organismos?
   ¿No sería este un criterio más democrático que el que realiza el líder nacionalista a partir de una interpretación desfigurada de la Constitución?
   
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   En realidad los organismos de contralor que se habrán de reinstalar ahora y para los que reclama mayoría opositora Larrañaga, estarán destinados a controlar ésta administración. Es decir, la nueva conducción de los ministerios, los nuevos directores de las Empresas Públicas, de los Bancos Oficiales, etc.
   Esos directores que acaban de iniciar su gestión con una serie de decisiones destinadas a cortar los abusos y prebendas de que se habían rodeado los integrantes de los Directorios, blancos y colorados, anteriores.
   De esos Directorios a los cuales, pese a ser la fuerza política con más caudal electoral, el Frente Amplio y sus aliados fueron sistemáticamente excluidos en las tres últimas administraciones.
   Sucede que esos nuevos directorios no sólo han cortado privilegios y situaciones de despilfarro de todo tipo sino que además, a través de la autoridad competente del Ministerio de Industria y Energía, las han denunciado públicamente.
   Estas denuncias, además, se benefician de las consideraciones éticas y del lenguaje claro y directo con que las formula el Sr. Jorge Lepra: se asistió dice, “a una degradación de la función pública”, se “realizaron gastos vergonzosos” etc.
   Estos dichos se publicaron hace más de 10 días. Desde entonces, solo un ex director, Ricardo Scaglia, rechazó las afirmaciones del actual Ministro. Lo hizo con expresiones de tipo genérico, muy poco convincentes. Pero al menos respondió en forma pública. No es el caso de los demás directores de las empresas mencionadas.
   Quizás muchos de ellos, ya curtidos, esperan que el curso de los días borre el contenido de las denuncias.
   En ese sentido vale la pena recoger una afirmación realizada por Jorge Lepra, cuando sostiene que es importante que se conozcan ampliamente en la población los actos de corrupción realizados por gobiernos anteriores (Como algunas de las publicaciones que recogen las denuncias no realizan su difusión por Internet me permito recomendar a los lectores un sitio frenteamplista que se actualiza con regularidad y que ha colocado en la red toda la documentación referida a las denuncias de corrupción formuladas recientemente: http://www.pvp.org.uy/). Véanse Notas al final de la página.
   De los hechos mencionados más arriba se puede concluir razonablemente que quienes precisaban un contralor más ceñido eran los directores anteriores. Y que, con las mayorías blancas y coloradas que tenían y tienen, esos ‘organismos de contralor’ no resultaron eficaces para impedir la reiteración de hechos vergonzosos.
   Como bardo, la afirmación de Larrañaga suena espectacular. Quizá, ante otro público menos informado, esos dichos tendrían eco y hasta un cierto rédito político: “la izquierda no quiere ser controlada”.
   Entre nosotros, es fácil de percibir el sinsentido de esta pretensión de alterar las normas seguidas hasta hoy acerca de la composición del T. de Cuentas y de la C. Electoral que propone el Senador de la oposición.
   También parece totalmente inconsistente la afirmación, forjada desde el poder en los tiempos del lacallismo, que las denuncias de corrupción política sólo tenían como ámbito de tratamiento una sede judicial. Según esta concepción los partidos políticos son formaciones carentes de personería ética y todo lo que no pueda ser sentenciado por la Justicia Penal carece de significación política.
   Se trata de un tipo de afirmaciones que difícilmente aceptarían la mayoría de los ciudadanos de este país. No sólo los frenteamplistas, que disponen de un organismo jerarquizado y prestigioso, como es el Tribunal de Conducta Política, al que se someten las situaciones que, de acuerdo al reglamento, se entienden como presuntamente reñidas con los valores que hacen a la identidad moral de la izquierda. Tampoco la aceptarían buena parte de los blancos que evocan con orgullo la austeridad y el desprendimiento con que pasaron por el gobierno muchos de sus dirigentes históricos.
   Tomado de La República, 4 de agosto de 2005.
   
   
   
   
   
   
   


2. 01.08.05. Una batalla política con resultados desparejos

Escribe: Hugo Cores
El homenaje tributado ayer al Gral. Seregni además de su significación simbólica y su impacto emotivo, permitió aproximarse a una dimensión no siempre visible de lo que somos como fuerza política.
Historiando, a través de un muy bien logrado video, la vida de Líber Seregni, vimos al FA en su perspectiva, en el trazo largo de su batallar por un cambio de sentido popular, democrático, antiimperialista.

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Ganar el apoyo popular
El pasado y el presente de esa batalla. Una confrontación antaño dura y sangrienta, hoy situada en el campo de la acción política. En ese sentido, hemos hablado de la conquista del gobierno no como punto de llegada sino como una “ampliación del campo de batalla”: mayor conocimiento de la realidad nacional, llevar a actos de gobierno nuestro programa y denunciar los obstáculos que se oponen a esos avances sociales.
Este campo de batalla no es obviamente militar: lo que está en juego es alcanzar la supremacía de nuestras ideas y nuestros valores. No es una confrontación medible en términos de encuesta de opinión o de marketing.
Ganar apoyo en cantidad y en calidad. ¿Qué quiere decir esto?
Formular ideas, valoraciones políticas, convocatorias que además de convencer entusiasmen. O indignen, que por eso esto es una lucha. Y que además de eso, favorezcan la organización popular.
Entusiasma, por ejemplo, que se haya roto finalmente el tabú y el secreto sobre los desaparecidos. Que surja una grieta en el búnker que ha protegido la impunidad de algunos militares. Y que avancen las investigaciones y el papel del P. Judicial en esa búsqueda de la verdad y la justicia.
Como en la viña del Señor
Por supuesto que la jurisdicción del P. Judicial no es un territorio mágico, ni sus funcionarios son extraterrestres que han permanecido al margen de las presiones y de las intimidaciones de toda laya desarrolladas sobre la sociedad toda desde la cúpula del poder político militar, hegemónico durante tantos años.
A menudo se escuchan declaraciones de magistrados que parecen no haber asumido a cabalidad la enorme responsabilidad que cabe a un Juez en la afirmación de las instituciones republicanas y democráticas, empezando por las específicas que la Constitución y la ley les asignan a los magistrados.
La era de las presiones políticas sobre los jueces se terminó. Y si alguna recidiva de ese padecimiento apareciera habría de denunciarla y corregirla de inmediato, caiga quien caiga.
Dirigirse al ciudadano
Con este gobierno, la comunicación y la movilización política están llamadas a jugar un papel esencial. Y en esos terrenos no siempre se ha estado a la altura de todo lo que el gobierno está haciendo. Y de todo lo que se ha encontrado desecho. Eso supone otra concepción de la comunicación, con más amplitud, brío y claridad de ideas y otra atención a la movilización política, cultural y social tanto del FA como fuerza política, como de las organizaciones sociales.
Indignar y entusiasmar no es moldear y recortar el mensaje de la izquierda a lo que algunos medios han puesto como padrón ideológico. Es decir lo nuevo, es poner a la vista lo que está oculto, esa verdad que a veces duele, pero que el mal evitar suele, como decía el poeta.
Cuando los árboles daban buñuelos
En las crónicas de la colonización América una de las más célebres nace de los relatos de Pizarro sobre las riquezas encontradas en Jauja, al norte de Perú.
Las exageraciones dieron lugar a divertidos relatos donde se describían las riquezas de aquel paraíso. En Jauja estaba prohibido el trabajo y pagaban por dormir. Los árboles tenían el tronco de tocino y de sus ramas colgaban buñuelos. Por los ríos corría leche y en las fuentes se acumulaba la manteca y el requesón.
En Jauja parecida vivieron durante años los Directores blancos y colorados que estuvieron al frente de OSE, UTE, ANCAP y ANTEL.
Sobre el punto resultan precisas y esta precisión les da fuerza, las declaraciones del Ministro de Industria y Energía, Jorge Lepra. O las contundentes denuncias de AEBU sobre los inauditos abusos de los ex directores del BROU.
Este tipo de revelaciones debieran ser más conocidas por la población: permiten aquilatar hasta qué punto los grupos políticos que estaban al frente del país abusaron de su poder, actuando de espaldas a la población. Dando muestras de un profundo desprecio por la ley y por los intereses de la ciudadanía, a cuya salvaguarda estaban obligados.
Los que vivían en Jauja ¿cómo llamaban a los demás?
Retomo la cuestión de la batalla por las palabras, aquí desde otro ángulo. Cuando gobernaban los militares a los civiles nos decían “pichis”. Wilson Ferreira dijo un día: “empezaron llamándole pichis a los presos, después a los familiares de los presos y finalmente a todos los que no pertenecían a las Fuerzas Armadas. Cuando un ejército ha llegado a tratar de ese modo a la nación a la que debe defender es porque ha transitado un camino de alejamiento de esa nación extremadamente grave.”
Viaje gratis, calce caro y viva en Jauja, lo paga el contribuyente
Me pregunto: ¿cómo nos llamabas los jerarcas de OSE o del BROU cuando despilfarraban los dineros del pueblo?
¿Dirían “estos zapatos caros, disfrutálos nomás, los paga la bobocracia? Y estos bonos para la gasolina. Y estos viáticos para que no viajes. Y el monumento al caballo. Y las licencias eternas y recompensadas. Dale que va, que todo lo paga, ¿dirían? la “bobocracia.”
Quizá nos llamaran, en vez de pichis, pochos o pachuchos, o algo así. (¿Qué voy a hacer?, tengo esa curiosidad. Quizás algún día aparezcan en las actas de algún juicio).
De alguna manera tendrían que denominar a quien se haría cargo de los gastos de su buena vida, de los millones perdidos con los malos negocios petroleros en Argentina, de los gastos de publicidad manejados en beneficio político de los directores.
En el mismo sentido que las denuncias de Jorge Lepra apuntan las declaraciones de Ernesto Munro sobre la exoneración de aportes al Banco de Previsión Social.
Un modelo de conducción política
A las apreciaciones del Ministro Lepra y del Director Munro, se sumarán las de los nuevos Directores de los Bancos Oficiales y lo que surja como constatación de otros delitos contra el patrimonio que se vayan constatando en los Ministerios.
Dijo bien Jorge Lepra: “estos hechos vergonzosos deben ser conocidos por la población”. Entre otras cosas el conocimiento público de estos hechos coloca a las elites de los partidos tradicionales, Batlle, Lacalle y Sanguinetti entre otros, en el sitial de responsabilidad política en la crisis del país en el que están y del que procuran hacer mutis por el foro.
Claro, es mucho más confortable situarse en el plano de la discusión ideológica y filosófica, como pretenden Batlle y Sanguinetti, sosteniendo que este gobierno conduce a un régimen marxista leninista o reviviendo hechos de los años 60. …
Filosofando sobre el marxismo o la violencia siempre se está menos expuesto que si se tratara de defender a sus “pollos” que espumaron a piacere de las ollas repletas del país de Jauja.
Si se analizan con atención estas redes de complicidades y despilfarro, se comprenderá rápidamente las razones por las cuales el Estado de hoy está en bancarrota, con sus brazos atados para una acción social y económica con sentido patriótico y de justicia social.
Una batalla, varios escenarios, suertes varias.
Si pudiéramos verlo desde lejos, veríamos que en el campo de batalla, dividido en varios escenarios donde se pelea, hay zonas donde se ha retrocedido (frente a las presiones económicas externar que nos atan de manos). En otras el retroceso no se divisa en su totalidad. Hay zonas de avances francos y netos. Se han tomado colinas y cercado fortalezas. Y sobre todo se han despejado alamedas y caminos por donde, si nuestra democracia se profundiza, transitará la conciencia, la crítica y la movilización popular.
Hay zonas, claves, donde no hemos ocupado el territorio que nuestros adversarios dejan en su desordenada huída: la comunicación, la información, la movilización cultural y política como propulsores ideológicos y éticos del cambio, ese terreno esencial para el presente y sobre todo para el futuro.
Tomado de La República el lunes 1º de agosto de 2005

3. 25.07.05. "Parece que el silencio no puede con la verdad".

Serán penados los funcionarios que no denuncien un delito que conozcan
"Parece que el silencio no puede con la verdad"
Escribe: Hugo Cores

Si las pautas económicas acordadas con el FMI nos obligaran a transitar el mismo camino de los gobiernos neoliberales anteriores, esas pautas tendrán que ser modificadas. Sería, apenas, un acto de lealtad con lo que prometimos y de ejercicio de la soberanía nacional.

Resulta indudable que los obstáculos que se levantan frente a la nueva Administración resultan muchas veces de una magnitud inesperada.
Las condicionantes económicas pactadas con el FMI confinan al gobierno a una perspectiva de estrecheces y recortes que vuelve toda la tarea de reconstrucción mucho más difícil.

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Prevalece una línea de pensamiento económico sobre la que tarde o temprano habrá que reflexionar. Debemos analizar si el cumplimiento de las metas que nos han sido impuestas desde afuera permiten la realización de los objetivos económicos y sociales que constituyen el corazón de nuestro programa histórico transformador, nuestra razón de ser como fuerza política con un proyecto de desarrollo nacional, popular y democrático basado en la justicia social y el respeto por la soberanía del pueblo.
Probablemente la discusión del Presupuesto hará aflorar estas tensiones y será el escenario donde se module, ahora ya de manera más circunstanciada, aquella resolución del Congreso "Héctor Rodríguez", demasiado general, una especie de salomónico aforismo, al decir "no pagaremos la deuda externa con el hambre de nuestro pueblo." Enunciado cuyos contenidos deben ser examinados en cada circunstancia.
Si las pautas económicas nos obligaran a transitar el mismo camino de los gobiernos neoliberales anteriores, esas pautas tendrán que ser modificadas. Sería, apenas, un acto de lealtad con lo que prometimos y de ejercicio de la soberanía nacional.
Saber de qué se trata. Una de las tensiones que alcanzó un grado saludable de explicitación ha sido el avance del Poder Ejecutivo en su voluntad de investigar y pasar a la Justicia algunos casos de violaciones a los Derechos Humanos durante la dictadura.
En una sociedad democrática toda explicitación es un paso adelante y contribuye a sacar de las tinieblas del miedo (miedo hoy en retroceso) a algunos problemas para colocarlos en el terreno de la razón ciudadana, valor apreciado en nuestro país.
Como es obvio, la explicitación no siempre invita a celebrar jubilosamente lo que otros dicen: pero más vale que los sapos y culebras contenidos en el pensamiento de algunos jerarcas militares se conozcan a la luz pública y que sobre ello se puedan emitir opiniones y deslindes.
En ese sentido han resultado significativas las declaraciones del comandante en jefe del Ejército, teniente general Angel Bertolotti.
Entre otras cosas el oficial expresó: su solidaridad con el general Juan Córdoba, removido del Comando de la división de Ejército 1 al haber anunciado que daría protección a los oficiales citados por la Justicia.
Anunció la creación de una oficina de asesoramiento jurídico como respaldo a los oficiales citados por la Justicia. La existencia de esta oficina, propuesta para el Ejército, sobre la que después se formularon algunas aclaraciones, merece algunos comentarios.
Es innegable que a los oficiales acusados les asiste el derecho a ser defendidos por un abogado.
La cuestión se plantearía si se trata de una oficina estatal para defender a funcionarios acusados de delitos cometidos hace más de 30 años, que desde entonces disfrutan de la impunidad y que las propias autoridades, en más de una circunstancia, han reconocido que se trataba de "delitos aberrantes."
Al parecer, contrariamente a lo anunciado públicamente por Bertolotti, esto no es así. Los que financian y respaldan el asesoramiento jurídico a los acusados, son los centros sociales de los militares y no el MDN. Es una diferencia sustancial.
Delitos agravados. La perpetración de un delito por parte de un funcionario público comporta una doble significación desde el punto de vista penal. Es uno de los rasgos salientes del terrorismo de Estado.
Por un lado en relación con la víctima, en este caso la persona secuestrada o asesinada durante la dictadura y, por otro lado, la violación de un "bien jurídico", que un funcionario público está siempre obligado a salvaguardar y especialmente si pertenece a las Fuerzas Armadas o policiales.
Es la institución FFAA la que resulta agraviada por la conducta de los oficiales que han cometido crímenes contra la humanidad.
¿Qué sentido tiene que una institución (en este caso sería un club militar compuesto en gran parte por oficiales en actividad), que ha sido agraviada por algunos de sus miembros, provea los respaldos necesarios para su defensa jurídica?
En el caso de las personas acusadas de violaciones a los Derechos Humanos su condición militar actúa como un agravante de su delito puesto que, formando parte del aparato coercitivo del Estado, su obligación es defender los derechos de los ciudadanos y no quebrantarlos.
¿Una corporación armada dentro del Estado? La reiterada alusión a la existencia de la corporación militar es otro desatino de marca mayor. Constantemente se está acusando a tal o cual organización sindical de anteponer sus "derechos corporativos" por encima del "interés general" de la población.
Si el corporativismo de los obreros, o de los empleados de Adeom, es mal visto ¿por qué habría que reconocérsele al Ejército?
Más bien, de acuerdo a lo que surge del Art. 177 del Código Penal, donde se establecen los delitos contra la administración de justicia, se debiera partir de la base de que serán penados los funcionarios que omitieran o retardaran formular la denuncia de un delito del cual tuvieran conocimiento.
Es decir, la omisión de denuncia es un delito. En el marco de esa lógica ¿cómo se podría entender el patrocinio corporativo en defensa de los funcionarios militares que han violado los Derechos Humanos?
El patrocinio corporativo conlleva otro inaceptable error. Aquí quien está en el banquillo de los acusados no es toda la institución Fuerzas Armadas sino aquellos que dentro de sus cuadros han cometido crímenes contra la humanidad.
Deliberando garrote en mano. Otro tema es el "estado deliberativo" en que está parte de las Fuerzas Armadas. Para nuestra tradición democrática y libertaria, todo lo que sea deliberación parece, a primera vista, como algo positivo.
No es el caso. La deliberación es buena entre quienes tienen los mismos derechos. Si unos pueden expulsar a los que discrepan, "la deliberación" terminó ahí, con un Tribunal de Honor.
Fue lo que ocurrió con cientos de oficiales frenteamplistas, muchos de ellos de brillante trayectoria militar.
Que ese espíritu pervive lo muestra lo que ocurrió recientemente con el general Oscar Pereira, quien escribió un libro donde critica la actuación del Ejército durante la dictadura. ¿Acaso alguien escribió otro libro "deliberando" con él? No, los mandos "saldaron" la discusión con Pereira expulsándolo de las filas del Ejército y sometiéndolo a un Tribunal de Honor.
En síntesis, sin igualdad de derechos y con el autoritarismo detentando el mando, cualquier deliberación es una farsa.
La prescripción imposible. Otro pensamiento que afloró por parte de la defensa de los militares acusados, ahora referido a la situación de María Claudia Irureta Goyena de Gelman, es el de que, en el caso de la aparición de sus restos, los responsables de su desaparición y de su muerte no serían encarcelados ya que, habiéndose transformado el delito en "homicidio" este habría prescripto después de casi treinta años de cometido. El solo enunciado de este pensamiento espanta.
La desaparición forzada de María Claudia es, para empezar, un delito contra la humanidad. En segundo lugar, en tanto delito continuado, la situación criminal perdura en el tiempo hasta la aparición de los restos.
¿Qué sentido macabro tendría aceptar la eventualidad de la prescripción de ese crimen repugnante, a partir de la fecha en que cese su condición de víctima de la desaparición forzada y María Claudia pase a ser el nombre de un puñado de restos óseos?
Tomado de La República, 25 de julio 2005.

4. 19.07.05. El capítulo militar de la "herencia maldita.

No depurar es sentarse a esperar suerte en la cima de un volcán
El capítulo militar de la "herencia maldita"
Escribe Hugo Cores

Hablo de "herencia maldita" retomando una expresión de Herrera en 1959, cuando el Partido Nacional triunfó por primera vez en el siglo XX sobre el Partido Colorado. Verdaderamente el país que dejaba Luis Batlle Berres era "El Dorado", la Arcadia, una ínsula radiante y feliz, al lado del país en ruinas que han legado al Frente Amplio los gobiernos anteriores al 1º de marzo.

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El capítulo militar de esa herencia es la subsistencia en los mandos superiores de las Fuerzas Armadas de una serie de cuadros de conducción principal que no están consustanciados con los postulados del orden constitucional.
Tienen un pensamiento que está reñido con la vigencia de una ley superior, una carta magna, de un sistema institucional que da iguales garantías a todas las personas para ejercer sus derechos civiles y políticos.
La igualdad ante la Ley
La idea de "república" les es ajena. Creen en un sistema en el cual un estamento, una corporación, las Fuerzas Armadas, por su misión o su historia, está por encima de las normas que rigen al conjunto de los habitantes del territorio nacional.
El anuncio del general Córdoba de su discrepancia con la política de Derechos Humanos del gobierno es una novedad impactante. Al oírla o leerla habría que hacer un rato de silencio para pensar. Para hacer memoria.
Para pensar cuántas cosas distintas a eso se nos ha venido diciendo desde hace veinte años. Cuánto verso, cuánto ocultamiento, cuánta hipocresía. Hagamos un ratito de silencio. Tratemos de recordar a todos los ocultadores y a todos verseros. Sus diversas procedencias y estilos, sus acompañamientos. ¡Más de veinte años cantando loas al restablecimiento de la normalidad institucional de las Fuerzas Armadas! Con Sanguinetti y Chiarino, con Lacalle y Mariano Brito, con Sanguinetti e Iturria, con Batlle y Yamandú Fau.
Estado deliberativo
En una institucionalidad democrática íntegra, Juan Córdoba, jefe de la Región Militar Nº 1, no está habilitado para discrepar. Si discrepa se lo guarda para sí y obedece. O pasa a retiro. No puede tener mando de tropa y a la vez discrepar. No lo podría hacer acerca de ningún tema que constituya un acto de gobierno. Pero él discrepa y lo hace público. Otros oficiales superiores con mando de tropa podrán hacer lo mismo. De hecho se instala imprudentemente un estado deliberativo en una institución que no está ni preparada ni legalmente autorizada para debatir.
Pero ¿sobre qué temas este hombre tiene divergencias con el gobierno nacional?
Nada menos que sobre la actitud que asumirán, ante las citaciones formuladas por los jueces, aquellos oficiales acusados por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.
Veamos. Cuando el Presidente Vázquez decide que determinados crímenes cometidos no están comprendidos en la Ley de Caducidad ¿se está excediendo en sus funciones? O, ¿por el contrario está actuando de conformidad con la Constitución y la Ley?
Es claro que el doctor Tabaré Vázquez está actuando con los mismos asideros normativos y la misma legitimidad constitucional con que lo hicieron los anteriores presidentes, sólo que éstos lo hicieron para decretar que todo estaba amparado en aquella ley, incluso los delitos económicos como las estafas cometidas por los militares y civiles que ocuparon el directorio del Banco Hipotecario, o los crímenes cometidos por civiles como Juan Carlos Blanco, o los perpetrados antes de la vigencia de la Ley.
Animado de otra concepción de los derechos humanos, la que ha sido tradicional de su fuerza política, el presidente Vázquez da curso a determinadas demandas pasando los obrados a la Justicia Ordinaria, como lo establecen las normas.
En ese contexto, alguno de los oficiales acusados anuncia su decisión de no concurrir a la sede judicial y de resistir con las armas en caso de que se lo cite mediante la fuerza pública. Una doble violación al Estado de derecho: desconocimiento del mando superior, ejercido por el Presidente y su ministro de Defensa y desconocimiento del Poder Judicial.
Es entonces que, este acto de rebeldía en nombre de la impunidad, este acto de desprecio por las instituciones, típico de la mentalidad sobre la que se construyó el terrorismo de Estado, recibe la intención de apoyo del jefe del principal agrupamiento militar del país. ¡Vaya "minucia" de discrepancia!
La solidaridad corporativa es inadmisible en las FFAA
La actitud asumida por el comandante en jefe del Ejército, teniente general Bertolotti, ha sido un paso en la dirección que impulsa el Presidente de la República.
A la vez, creo que vale la pena reafirmar que no es admisible que se reclame para los oficiales acusados alguna forma de "protección corporativa". Tampoco se puede compartir cuando Bertolotti sostiene que "en lo corporativo debemos defender --cualesquiera que fueran sus causas-- a los oficiales, personal (que cumplieron órdenes, mal, bien, regular, deficiente, pero tenemos la obligación como soldado de defender a nuestra gente". Ni la Constitución ni la Ley Orgánica definen al Ejército como una corporación. De ninguna manera se puede confundir el "espíritu de cuerpo" necesario para un ejército en operaciones de guerra con "el espíritu de corporación" para solidarizarse con oficiales acusados de delitos contra la humanidad que no aceptan la autoridad del Presidente y no quieren comparecer en un juzgado.
La depuración de las FFAA
Por otra parte, la subsistencia de pensamientos como los del general Córdoba entre los altos mandos militares es un indicio de que el país está lejos de haber procesado cabalmente la imprescindible tarea de depuración de las Fuerzas Armadas.
En esto me sitúo en la más arraigada tradición del pensamiento frenteamplista, reafirmado en uno y otro congreso desde 1985 hasta hoy.
Una cosa es la Ley de Caducidad. Ampara ante la Justicia penal. Evita el proceso judicial y la sentencia. La depuración es un proceso interno de las Fuerzas Armadas. Un proceso que debieron impulsar los distintos gobiernos blancos y colorados que desfilaron por la presidencia desde 1985 a 2005.
La depuración no tiene como objeto castigar sino deslastrar a la institución militar de aquellos oficiales que tuvieron responsabilidades políticas durante la dictadura o sobre los que pesan denuncias por su participación en crímenes contra la humanidad.
Depurar es no ascender a esos oficiales. Es impedirles que sigan su carrera hacia las cimas de la jerarquía militar. Que dejen de tener mando de tropa.
La no-depuración implica una proyección actual y futura de la impunidad. No sólo no se los castiga, sino que se acrece su gravitación en una institución vertical, donde todo se decide en las cúpulas. No depurar es sentarse a esperar suerte en la cima de un volcán.
Toda transición de una dictadura a una democracia entraña una depuración que en nuestro país Sanguinetti y Lacalle omitieron deliberadamente. Hasta siguieron en carrera los acusados por el crimen de Berríos, perpetrado y descubierto en pleno gobierno lacallista.
A la depuración tendió la bancada de senadores del Frente Amplio cuando, a lo largo de los años, una y otra vez, con informaciones internas de los partidos y de las ONG, votaron negativamente las venias para los ascensos de oficiales que tenían radicadas denuncias en sede judicial. Pero las venias se votaron porque blancos y colorados tenían los votos para lograr esos ascensos.
El programa democrático hacia las FFAA
En el capítulo militar de la "herencia" queda mucho por hacer: leyes orgánicas que modificar, establecimiento en clave democrática de la "misión de las FFAA", contenido de los cursos en los institutos de formación, etc. Sobre todo eso ha trabajado con seriedad el FA. Habrá que legislar, porque ahora la responsabilidad del gobierno es del FA y sus aliados.
Tomado de La República, 19 de julio 2005

5.-11.07.05. Reflexiones para unos días agitados.

Reflexiones para unos días agitados
Escribe: Hugo Cores-PVP-567-Frente Amplio

Nunca como ahora los frenteamplistas hemos tenido en nuestro horizonte inmediato la posibilidad de llevar adelante iniciativas que fortalezcan nuestra presencia en la sociedad. De lograrlo estaremos en mejores condiciones para que se cumpla el programa de reconstrucción nacional que se propone aplicar el gobierno.
1- Llevamos más de treinta años organizados como Frente y, como siempre se ha dicho, no solo con objetivos electorales. Por momentos pareciera que nos han quedado adheridos algunos “tics” electoralistas. La etapa de contraposición de figuras, números y listas ya pasó. Cesó el 31 de octubre o el 8 de mayo. Conquistado el gobierno ya no tiene sentido la exhibición de diferencias. Ni las demostraciones de buena conducta ante auditorios extranjeros cuando en el país sigue castigando el hambre.

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Es la hora de actuar cohesionados, como gobierno, como conducción de un país, como expresión de una sociedad que no se resigna a la sumisión y a la desigualdad social. No son desafíos chicos.
2- Los partidos que componen el FA debieran seguir trabajando, no para rivalizar entre sí sino para elaborar propuestas, impulsar al gobierno y contribuir a darle el mayor respaldo popular posible. Estando, oyendo y respondiendo a las inquietudes de la gente. Disputando día a día el espacio al mentidero mediático.
Cada partido tiene su identidad, su manera de influir. Ahora hay que poner todas las identidades al servicio de la movilización social para transformar al país. Objetivo que no podría lograr el gobierno actuando aisladamente.
La situación política es tal que si no se avanza se retrocede, como lo demuestran una serie de acontecimientos, dentro y fuera del país.
3- ¿Cómo trabaja la derecha? Más que en sus partidos, algo destartalados por los resultados electorales, las clases conservadoras se apoyan en su control del poder económico y de los medios de comunicación, con su capacidad de gestar un “sentido común” contrario al cambio.
Esto supone la existencia ya consagrada de algunos conceptos de manejo público que son enteramente favorables a la reproducción de su manera de ver el mundo. Constituyen la cara visible de su ideología. Expresiones que forman parte de una guerra por la apropiación de las palabras. Dueños de las palabras pretenden apropiarse del pensamiento y a veces lo logran.
Eso ha ocurrido y ocurre a diario no sólo en Uruguay sino en un mundo en el que, cada vez más, la conformación de las corrientes de opinión reposa sobre la repetición de slogan que muchas veces están del todo reñidos con la realidad.
Por ejemplo, se habla de que han sido “asesinados” unos soldados norteamericanos en la ciudad de Bagdad, omitiendo que los caídos forman parte de una invasión criminal contra el pueblo de Irak. O se reserva la palabra terrorista para los que realizan atentados y se excluye esa calificación para designar a los que bombardean escuelas y hospitales desde 10.000 metros de altura.
En nuestra región, se batalla por el significado de palabras como “piquetes”, “ocupación de los lugares de trabajo”, “derecho de propiedad” (sobre esto dijo bien el sindicalista Melgarejo: “Y la propiedad de los brazos ¿no genera derechos?”)
4- Los conservadores se empeñan en mostrar que la actitud serena del gobierno frente a la protesta social constituye algo así como un acto de complicidad con la inseguridad pública, omitiendo que los responsables esenciales de la inseguridad pública son los que sumieron al país en el hambre y la desocupación.
Planteado en términos de un flash informativo, es imposible examinar una situación con sus antecedentes y sus responsables.
El tipo de trabajo necesario para debatir sobre estas cuestiones requiere no sólo las voces del gobierno sino también la labor de miles de militantes frenteamplistas que insertos en los barrios y los gremios pueden y deben estar en condiciones de esclarecer los términos de las controversias que la derecha simplifica de mala fe.
Luchar contra el pensamiento inmovilista y defensor de los privilegios que exhiben la mayoría de los medios de comunicación, llevar adelante ese debate político-ideológico no puede limitarse a una contraposición de discursos o de artículos periodísticos. Aunque ambos son importantes.
5- Este es un momento en el cual se ha vuelto esencial recobrar la iniciativa desde el seno de las propias organizaciones sociales: para indicar caminos y sugerir soluciones al gobierno, para participar en la puesta en marcha de mecanismos de descentralización y de mayor transparencia.
El “país productivo” es todavía un proyecto. A la vez ningún área social, sea en la salud, la educación o la vivienda, está libre de las tensiones que provoca el abandono al que fueron sometidos estos servicios por parte de los gobiernos neoliberales. Los comprensibles conflictos en ese terreno no deberían tomarnos de sorpresa.
Es comprensible que estas tensiones busquen manifestarse ahora, cuando muchos compañeros sienten que por fin ha llegado la hora del pueblo. Y en esas expresiones de protesta y de lucha tiene que estar presente el hilo conductor del pensamiento frenteamplista, con su capacidad de explicar y de encausar.
Precisamos mostrar que este gobierno no es el responsable de la bancarrota del Estado sino que recibió la “herencia maldita” de gobiernos que defendieron los intereses de las minorías y del gran capital.
6- El país se apresta a entrar en una nueva etapa dentro de la gestión de este gobierno: la discusión del presupuesto quinquenal para el conjunto de la Administración y de los presupuestos municipales. Es una oportunidad y una prueba delicada.
Los gobiernos, tanto el nacional como los departamentales, deberían crear las condiciones para que la ciudadanía conozca a fondo cuáles son los recursos disponibles, cuáles serán aplicados al pago de la deuda externa, cuáles son los términos de la “carta de intención” que el país ha suscripto con los organismos internacionales y qué continuidad tendrá la acción del Estado una vez cumplidos los dos años del Plan de Emergencia.
En la discusión de los presupuestos se define lo medular del gobierno. Y con un gobierno de izquierda, estas discusiones no pueden quedar libradas exclusivamente al protagonismo de los técnicos o de los dirigentes políticos. Tienen que mostrarse con transparencia para el juicio de la ciudadanía.
Todo parece indicar que habrá dificultades en alcanzar las metas sociales anheladas. Eso hace más necesaria que nunca la exhibición previa y pública de los puntos de partida.
El gobierno tendrá que decir con claridad qué es lo que puede hacer en materia de gasto público. Pero una cosa distinta es haber advertido y discutido las prioridades y otra es que las insuficiencias caigan sobre la gente como una fatalidad.
7- El gobierno, por sus antecedentes y por el apoyo electoral obtenido, goza de un amplio margen de confianza. Debe sincerar sus contratiempos. Y sobre todo debe mostrar hasta qué punto las dificultades que atraviesa el país, las heridas profundas que hoy padece nuestra sociedad están originadas en las políticas antipopulares y antinacionales impulsadas por los gobiernos anteriores.
Este elenco cuenta con al apoyo de una masa de frentistas capaz de actuar, desde la sociedad y desde las organizaciones que ésta se ha dado, como un factor de conciencia, de organización, de respaldo y de multiplicación de los esfuerzos emprendidos desde el Estado.
Hacia el final de la campaña electoral, más de una vez, el Dr. Tabaré Vázquez, dirigiéndose a los hombres y mujeres que rodeaban sus tribunas, sostuvo enfáticamente: “No nos dejen solos”.
De eso se trata.
Tomado de La República, 11 de julio 2005.

6.-04.07.05. Subestimar la estructura de base del Frente Amplio es hipotecar el futuro. Gobernar es luchar.


Subestimar la estructura de base del Frente Amplio es hipotecar el futuro.
Gobernar es luchar.
4 de julio de 2005

La vida es lucha, tanto en lo individual como lo colectivo. Lucha entre el compromiso de la acción política contrapuesto a la pasividad, más cómoda, menos expuesta a los fracasos.
Lucha entre expresar un pensamiento crítico y la inercia que nos invita a callarlo porque puede herir la susceptibilidad de alguien que tiene poder.
Lucha entre hablar con simplismos demagógicos y/o procurar que la gente nos acompañe en los razonamientos, a menudo intrincados, que nos propone la complejidad de las situaciones.
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Lucha entre seguir inflexibles en nuestros juicios o prestar atención a las observaciones que nos hacen otros compañeros que, partiendo de valores y concepciones parecidas a las nuestras, tienen divergencias con nuestras orientaciones.
Gobernar es luchar
Gobernar es poblar, decía Sarmiento frente a las pampas, ya pobladas de gauchos y de indígenas.
Cuando en el mundo la ofensiva la tiene el gran capital, la gran potencia militarista y predadora presidida por Bush, gobernar es luchar. Ir contracorriente, como le gustaba decir a Gerardo Cuesta en su periódico de juventud.
Cuando en el mundo campea la lógica de las finanzas especulativas, de la "burbuja" financiera y la explotación de los pueblos menos desarrollados. Cuando todas las "lógicas" financieras conducen a la reproducción de la desigualdad, de la usura, de la concentración, hay quienes nos proponen, y eso en el FA es ni más ni menos que contrabando, "plegarnos" a esa forma de razonar, quieren que seamos "razonables" y adaptativos a la realidad de injusticias que el mundo actual le ofrece a los países más pobres.
Para nosotros gobernar (con sentido democrático y de justicia social) es luchar. No adaptarse a las reglas del consumismo, el despilfarro y la depredación hoy predominantes. No dejarse llevar por esa realidad sino procurar, en todo lo posible, cambiarla en beneficio de nuestras aspiraciones, esas causas y banderas que son nuestra memoria y nuestra identidad. ¿Quién, con cuánto apoyo político y con qué legitimidad puede intentar, dentro o fuera del país, cambiar nuestras definiciones antiimperialistas sustanciales para halagar auditorios poderosos?
Tener el gobierno es mucho y puede ser muy poco
Para luchar, un gobierno de izquierda, dispuesto a la defensa de la identidad y la soberanía nacional tiene que ser consciente de que no le basta con ocupar los "lugares" del Estado asignados a la función de administración.
El FA lo ha pensado así desde hace mucho tiempo.
Gobernar es tener influencia decisiva sobre las ideas políticas y morales de la mayoría de la población.
Por eso gobernar, que es ante todo gestión, no se agota en la práctica del acto de administración. Hay que convencer, entusiasmar, mostrar que se está haciendo lo que se prometió. Y denunciar los obstáculos que las derechas nos han colocado en el camino. Mostrar cómo se está plasmando en hechos la herencia de una historia de luchas populares. Es alentar un nuevo empuje a la creatividad desde los objetivos éticos de las viejas aspiraciones a la justicia. Si en una discusión, ¡y vaya si las hay! dentro de una cooperativa de vivienda o de un gremio o en un liceo, un frentista no tiene información ni orientación, estamos "perdiendo poder".
Enanos sobre los hombros de los gigantes que nos precedieron
Lula o Kirchner son en cierto sentido herederos de sí mismos. Quizás el argentino menos porque allí hubo una izquierda peronista ya en los 60, un John William Cook, un Troxler, o un Rodolfo Walsh. Pero Lula es el inspirador de sí mismo. Es a la vez, el maestro y el jefe de su partido. Y ahora el Presidente.
Nuestra izquierda, en cambio, posee una tradición de acción y de pensamiento robusta, consistente, rescatable. Desde Raúl Sendic hasta Rodney Arismendi y Vivian Trías, desde Carlos Quijano hasta Arturo Ardao o Carlos Real de Azúa, desde Gerardo Gatti, Raúl Cariboni hasta Héctor Rodríguez y desde Erro a Roballo, pasando por Zelmar y Juan P. Terra. Y me quedo corto en la nómina. Esa tradición es un manantial que no cesa.
Están los que nos enseñaron con sus vidas, como Juan José Crotoggini y Líber Seregni, y los que todavía nos siguen enseñando, como el general Víctor Licandro, maestro, orientador fundamental de la izquierda en cuestiones militares, aunque muchas veces sus enseñanzas esenciales no sean atendidas por quienes tienen responsabilidades en esa área.
¿Se puede analizar el Tratado de Inversiones con los Estados Unidos sin recurrir a los trabajos de Arismendi, Vivian Trías y Carlos Quijano? Sería necedad y soberbia intelectual. Pedantería propia de tecnócratas analfabetos y de noveleros en los que adaptarse se convirtió en una adicción que les impide el pensar crítico, que es la raíz del pensamiento de izquierda.
Sin esos mismos autores, o con publicaciones posteriores del Instituto de Economía y los trabajos de Alberto Couriel y otros economistas de izquierda ¿se pueda examinar las negociaciones con el FMI, el problema de la deuda externa y la necesidad de promover un país productivo sin que ese proyecto nos esclavice como nación? ¿Se puede opinar sobre ese tratado, a mi juicio inaceptable, sin examinar cuál es la forma que reviste la dominación imperialista en la etapa actual?
Sin apoyo social organizado, el vuelo es corto
No ceder a la presión del statu quo conservador. Decidir no inclinarse a la supuesta "fatalidad" de ser una nación sometida implica una gran erogación de energía y requiere una gran acumulación de fuerzas. Buscar aliados, convencer vacilantes, llenar las dudas que genera la situación. Para todo eso es imprescindible el concurso de la organización política.
Tampoco en ese terreno precisamos innovar demasiado. El FA, sus comités de base, su estructura nacional y departamental, sus estatutos, las resoluciones de sus congresos, todo eso está ahí.
Está para apoyar la acción de gobierno. Para formar reproductores de nuestra línea como organización que es la que intenta aplicar el gobierno. Para recordarles a los compañeros que hoy actúan como gobernantes cuáles son y cuáles no son las propuestas del FA.
Subestimar la estructura de base del Frente Amplio es hipotecar el futuro. Incluso el futuro más inmediato. Las organizaciones de base han demostrado que tienen dificultades. Hay que corregir pero no se puede prescindir de ellas. Los líderes políticos del FA, que hoy están prácticamente todos en la gestión de gobierno, esos compañeros tienen que contribuir a crear las condiciones para que crezca la conducción del FA, separada del gobierno, de la gestión y de las obligaciones que impone la administración. Y una estructura de funcionamiento democrático que la respalde en la calle, en los barrios y los lugares de estudio y de trabajo.
¿No es eso lo que se definió en el documento sobre "relacionamiento" que se discutió años y se aprobó en el Congreso "Héctor Rodríguez"?
Sin una personería propia del FA como partido, la acción política de enfrentamiento, o de búsqueda de concordancias, con los otros partidos ¿quién la haría? La relación con las organizaciones sociales de masas ¿quién la llevaría adelante?
Construcción de ciudadanía
La labor del FA no se agota con proponer soluciones económicas sino con un nuevo concepto de ciudadanía. Una cultura solidaria, antagónica a la que propone el neoliberalismo. Solidaridad y no ley-de-la-selva. Verdad y no ocultamiento. Justicia y no impunidad.
La movilización espiritual y cultural de la nación, de sus jóvenes, de sus creadores, de sus artesanos, sus artistas, sus intelectuales, sus obreros y de sus empresarios, que quieren crecer y hacer crecer al país, todo eso, es una propuesta que va más allá de la acción administrativa del gobierno.
Ni la oposición política ni los intereses económicos conservadores han vacilado en sus ataques a toda propuesta de cambio. Son belicosos mientras claman por la "armonía social". Una armonía que no toque sus intereses.
En sus ataques van a fondo. Exhiben todo su programa ideológico. Retrucar a la Bolsa de Comercio y sus ataques al gobierno y a los gremios exige responder sobre cuestiones ideológicas sobre las que hoy existen en el FA ciertas reticencias. Pero es una lucha ideológica que no se puede soslayar.

7. 05.07.05. Inquietismo patronal. La burguesía uruguaya la tiene clara.


El retorno a la regulación de las relaciones laborales ha provocado cierta inquietud en las patronales uruguayas. La burguesía añora la intervención judicial y policial en los conflictos laborales, reclama por sus derechos constitucionales a la santísima propiedad privada, reniega de la lucha de clases y lanza un largo etcétera de quejas ante el debilitamiento de sus vínculos directos con el Ministerio de Trabajo.

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En diferentes medios de prensa, representantes de las corporaciones empresariales realizaron una campaña denunciando al PIT-CNT por crear un 'clima hostil' contra el sector privado. Asimismo consideraron una "afrenta" contra sus organizaciones el paro general realizado la semana pasada. Sin embargo, la plataforma del paro consistía en derechos básicos como "trabajo y salarios dignos", "defensa de la negociación colectiva y los Consejos de Salarios" y en apoyo al proyecto de "libertad sindical" que se discute en el Parlamento.
El Pit-Cnt entiende que las patronales han mostrado una postura demasiado rígida en los consejos de salarios. "Traban los avances en materia salarial, impiden las posibilidades de acuerdo. No están habituadas a las prácticas democráticas", dijo al Diario El País el dirigente Luis Puig. Sostuvo que uno de los casos más claros es el de la Cámara de Comercio y que por eso se marchó hasta su local.
Las patronales hicieron llegar sus preocupaciones al Ministerio de Trabajo. Según el semanario neoliberal Búsqueda, los empresarios:
Señalaron, por un lado, que "importantes temas" vinculados a las relaciones de trabajo están siendo considerados en "diversos ámbitos", lo que dificulta un "tratamiento adecuado, ordenado y uniforme de los mismos". Por otro, indicaron que existen "cuestiones de interés del sector empresarial que no están siendo tenidas en cuenta" en las negociaciones y que ello implica "desconocer (...) el razonable equilibrio que debe darse entre los interlocutores sociales". Mencionaron como ejemplo la ocupación de lugares de trabajo derivada de la derogación de decretos que facultaban al Ministerio del Interior a "intervenir en defensa de los derechos constitucionales de propiedad (de las empresas) y de trabajo (de los trabajadores que no participan en esas medidas)". Señalaron que "otro ejemplo" es el proyecto de ley de libertad sindical, el cual "contiene 'aspectos contrarios a los intereses del país y al clima apropiado para el fomento de las inversiones".
Horacio Castells, de la Cámara de Comercio, habló claramente en una entrevista realizada en radio El Espectador: Los siguientes pasajes pintan claramente el inquietismo burgués:
"Me da la sensación de que (los sindicalistas) no tienen muy claro algo que en el mundo entero ha cambiado: no existe más la lucha de clases, ni en los países que tienen gobierno de derecha ni en los que tienen gobierno de izquierda ni en los que tienen gobierno de centro, al menos en los países que crecen. Y qué es lo que nosotros queremos de Uruguay: por encima de gobiernos de izquierda, por encima de gobiernos de derecha, por encima de gobiernos de centro, hay conceptos marcados en los países que crecen, que no son estos, el mundo ha avanzado. Pero me da la sensación de que no tienen marcado el concepto de la propiedad privada. Y los países que no tienen propiedad privada han quebrado, como pasó con la antigua Rusia. El mundo ha avanzado, si nosotros queremos avanzar, si el Uruguay entero quiere progresar debemos dejar de lado algunos conceptos que son muy arcaicos.
...
"¿Uruguay quiere que exista la propiedad privada? Perfecto. Si Uruguay y los uruguayos no queremos que exista la propiedad privada es otra cosa. Yo creo que los uruguayos quieren que el país salga adelante de la forma como han salido adelante todos los países en el mundo. No inventemos nada, copiemos de los países que salen adelante. No con conflictividad es que atraemos inversiones, no con estas medidas atraemos inversiones; sí mejorando la situación de los trabajadores, si preocupándonos por que los trabajadores estén en buena forma, que es algo fundamental para los empresarios también.
...
"Cuando nosotros vemos que un dirigente sindical no dice las cosas como son, porque está diciendo que hemos trancado los consejos de salarios, que no es así, entonces nos preocupa. Y a su vez a esos dirigentes sindicales por ley les damos una fuerza por encima de la que tienen que tener; yo creo que el derecho de huelga es un derecho fundamental, tan fundamental como el derecho de propiedad, entonces nos preocupa."
5 de julio de 2005

8.- 01.07.05. ¿Cuando termina nuevamente la transición democrática?


Escribe: Hugo Cores PVP-567- Frente Amplio
Estimado lector: seguramente a usted alguna vez le habrán contado un cuento de “Franz y Fritz”.
A un chiste alemán se parece la coincidencia, en el semanario Búsqueda, de dos tipos de artículos confluyentes.

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En la tapa, la contratapa y alguna página más, en una larga entrevista, el ex presidente Julio Ma. Sanguinetti completa un nuevo circuito en la espiral ascendente de los autoelogios. ¿Transición de un régimen militar a una democracia? La que condujo Papucho, nos dice el ex presidente. Amnistía general, vuelta la página, la paz garantida y la transición perfectamente concluida.
Para sostener estas afirmaciones, el ex presidente está obligado a doblegar muchas realidades, perder de vista muchos hechos,
y mirar el mundo desde el ojo de la cerradura de los intereses a los que a él y a los grupos de poder que él representa le resultan más convenientes.
Lo que resulta patético, no por el locuaz dirigente colorado sino por una parte de los problemas que preocupan al país, es cotejar la prosa balsámica de Sanguinetti con las expresiones guturales de algunos ex jerarcas y de algunos altos funcionarios militares en funciones.
Exabruptos que documentan las páginas del mismo semanario. Allí, por ejemplo, aparecen las declaraciones del Comandante en Jefe del Ejército que sostiene que “el Ejército no dejará librado a su suerte a los oficiales que sean citados a declarar ante la justicia por violaciones a los Derechos Humanos durante la dictadura”.
Y, por si a alguien le quedara alguna duda, agrega “la forma en que el Ejército brindará “su apoyo institucional” a los “camaradas” citados a la justicia aún no fue resuelta.
¿Que es eso de librados a su suerte cuando de lo que se trata es de ponerlos en la situación de igualdad ante la ley prevista en la Constitución?
Eso sí, Angel Bertolotti nos asegura que el Ejército “no llegará a un quiebre institucional”.
Por su parte, el ex Coronel José Gavazzo anuncia, una vez más, que no está dispuesto a concurrir en caso de ser citado por un juzgado. Y que ya transmitió al Comandante Bertolotti que resistiría con las armas una convocatoria del Poder Judicial.
Las afirmaciones de Gavazzo, que es a esta altura una suerte de personificación del crimen sin castigo, tienen una importancia relativa y habría que ver, efectivamente, que es lo que ocurre ante la situación que en el país se siga aceptando la existencia de un Poder Judicial con capacidad efectiva de resolver en los contenciosos que se le plantean o no.
En cuyo caso quedarían por disiparse algunas dudas. Una de ellas es si Gavazzo es tan intrépido como él dice y, lo que es más importante, si el Estado de Derecho goza de tan buena salud como se sostiene.
La verdad es que cumpliéndose en estos días más de veinte años de iniciado el proceso de transición, la realidad es más elocuente que muchos de los pronósticos y recetas de cómo tratar el problema de la impunidad y, más en general, como asegurar en las Fuerzas Armadas el predominio efectivo del sistema de garantías previsto en la Constitución.
El hecho de que estas afirmaciones afloren en momentos en que el gobierno democráticamente elegido da los primeros pasos para avanzar en la búsqueda de la verdad, nos arroja luz sobre la verdadera naturaleza de la transición democrática de la que hablaba Sanguinetti.
La democracia lograda es sólida, con equilibrios políticos y paz social,… siempre y cuando se mantenga el ocultamiento de la verdad y la sociedad se auto-censure en la realización de la justicia.
Como se ve, los versos de la tapa y la contratapa tienen poco que ver con la prosa de las informaciones de fuentes militares.
La situación asemeja al momento aquel en que, en pleno desfile, un niño exclamaba en voz alta que “el Rey estaba desnudo”.
Mucha literatura politológica, muchos discursos sedantes, muchos sobrentendidos apoyados en la ocultación de datos afloran en estas declaraciones de jerarcas castrenses de inocultable perfume golpista.
No tienen ningún fundamento apreciaciones, como las de Sanguinetti, que pretenden responsabilizar al actual gobierno de las inaceptables actitudes que anuncian algunos militares.
La Administración actual ha dado apenas los primeros pasos en una línea de acción legalista, de respeto a la dignidad y a la competencia del Poder Judicial. Que no es otra cosa que el respeto por los ciudadanos.
Una concepción con la que se había comprometido durante la campaña electoral y una conducta a la que lo obligan los Tratados Internacionales que ha suscrito el país y que ha refrendado el Parlamento.
Por otro lado, tampoco tienen el menor sentido, por vía de los atajos “inteligentes”, ningún tipo de relaciones con logias militares por parte de dirigentes o de grupos políticos.
La izquierda siempre ha criticado eso como el mecanismo antidemocrático mediante el cual las clases conservadoras hicieron funcionales a sus intereses el cometido de las Fuerzas Armadas. Algo debieran habernos enseñando algunos episodios de hace más de 30 años.
Tomado de La República, 1º de julio 2005

9.-27.06.05. Las ideas y los obstáculos al gobierno progresista


Entre los primeros pasos del gobierno progresista algunos han alcanzado cierta notoriedad. Constituyen decisiones que dan o pueden dar lugar a declaraciones rimbombantes y desmelenadas.
Dicterios generales.
Declamaciones espectaculares de señores que ocuparon las máximas posiciones de gobierno, que se fueron al mazo ante las más impresentables presiones militares, (reconocieron, en el asunto Berríos, públicamente que los mandos les había “doblado el pescuezo” como Abreu hablando de Lacalle) y ahora pretenden dictar normas de conducta al Poder Ejecutivo con relación a desplantes de la misma procedencia que ellos no supieron ni quisieron enfrentar y ni siquiera denunciar.
Otras actitudes opositoras, en briosa clave de “andante-con-moto” también serían de risa. Como las reclamaciones por “violación a la constitución”, “avasallamiento de poderes”, “tendencias totalitarias” que se le atribuyen al nuevo elenco progresista que busca encausar, no sin tropiezos y vacilaciones, su acción de gobierno.
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Un ex presidente de la república, que durante su mandato se enriqueció a ojos vista, como lo denunciaron sus propios correligionarios e integrantes de gabinete, ese político, que siempre tiene prensa y pantallas disponibles para atacar al gobierno, clamó por que el Poder Ejecutivo respete la ley. La intangible majestad de la ley, la sagrada obediencia a la norma, él que violó la elemental regla republicana de no enriquecerse en la función pública…
Cada área de la administración es un campo de lucha
Tanto en los ministerios como en las principales empresas públicas pesan, como un magma que enlentece los pasos y ensucia el camino, centenares de jerarcas ascendidos durante la viejas administraciones, con los criterios y objetivos propios de los partidos neoliberales y permisivos con la corrupción. Jerarcas que propiciaban y hacían la vista gorda al despilfarro y al robo descarado. Camarillas en cuya “hoja de ruta” no estaba la preocupación por el empobrecimiento de la gente, el hundimiento del país productivo y el aumento de la desocupación y la exclusión social.
Los nuevos administradores descubren cada día la existencia de trabas solapadas, saboteos más o menos encubiertos y bien rodeados de pretextos reglamentarios.
Entre otras razones, por eso se avanza lentamente. Pero la subsistencia como jerarcas de la administración de quienes ponen obstáculos a la realización del programa que el pueblo votó, no será eterna.
Preparación de los cambios y primeros pasos
La aplicación de un programa de transformaciones profundas, en el Uruguay de hoy, requiere un esfuerzo mancomunado del Estado y de la sociedad organizada.
No se trata de retocar o maquillar el modelo decadente y antipopular del Estado forjado por blancos y colorados. Sus relaciones con la sociedad están cortadas, deterioradas. Es un Estado que ha perdido credibilidad.
Por eso, los primeros pasos de la administración han sido reorganizar parcelas y áreas del viejo Estado destinadas a cumplir nuevas funciones. Sin la palanca del Estado, la sociedad no está en condiciones de articular sus demandas en forma global, planificada, controlable, democrática y de justicia social.
En cada ministerio, en cada empresa pública, en cada centro educativo, un grupo de funcionarios cohesionado en torno a proyecto y con una misma voluntad de impulsar una acción con sentido de justicia social pueden constituirse en un factor de dinamización de extraordinaria eficacia.
Para salir del magma administrativo y cultural, deslindar con el pasado
Los nuevos administradores no pueden cargar con la culpas de los viejos gobernantes. El deslinde, la auditoría administrativa, que es siempre un mecanismo de control “a posteriori” de la gestión gubernativa del elenco anterior, es imprescindible para explicarle al soberano las dificultades heredadas, los “pufos”, los hábitos viciosos que tan profundo daño le hicieron a la administración.
Y a la vez para apoyarse en los sobrevivientes de la administración, los buenos funcionarios que la conocen por dentro, los que, pese al colapso financiero, hicieron posible que funcionaran las escuelas, los hospitales y demás servicios esenciales.
Las ideas son las nuestras, las palancas son ajenas
Las ideas que el gobierno intenta llevar adelante pertenecen al acerbo histórico de la izquierda. Fueron elaboradas por las Comisiones Temáticas y por la Comisión Nacional de Programa del Frente Amplio en una acción conjugada con los aportes de nuestros aliados del E.P. y la N.M.
Esas ideas, fruto de la investigación, la elaboración y la búsqueda de acuerdos políticos entre las fuerzas, se refrendaron luego en un congreso extraordinario del FA y por la victoria del 31 de octubre. Tienen un eje coherente. Es cierto que en algunos temas hubo diferencias, pero no afectaban el rumbo general de una fuerza política destinada a cambiar el signo de las acciones estatales en favor de las mayorías trabajadoras y de un proyecto de país productivo con justicia social.
El ejemplo de la salud.
¿Dónde nacieron las ideas que el gobierno intenta aplicar en el campo de la salud?
¿Dónde se enunciaron por primera vez?, ¿dónde se discutieron y se fueron acordando?
En el seno de la sociedad. En los núcleos sindicales de la Federación Uruguaya de la Salud, en las comisiones de programa del FA, en los ámbitos de izquierda del gremio médico, en los núcleos de técnicos, profesionales y trabajadores de izquierda de las mutualistas y en el gremio de Salud Pública.
Esas ideas se enriquecieron con las discusiones. Fueron mejorando en el contacto con nuevas áreas gremiales, profesionales, técnicas y finalmente con las primeras realizaciones de participación orgánica de los usuarios de la salud, como se viene impulsando desde el gobierno.
El cambio de modelo de atención de la salud
Se trata de un lineamiento de acción- se sostiene desde el MSP- “fundamentalmente preventivo incorporando y poniendo énfasis en la educación y promoción de salud. Incorpora el contexto familiar y social en la consideración del paciente. Incorpora los aspectos psicológicos y culturales en la atención de salud y valora la salud bucal como un aspecto insoslayable de dicha atención.
Considera los factores del entorno y los hábitos como elementos determinantes de la salud y por lo tanto apunta a la integralidad de las políticas sociales para poder encararlos y mejorar la calidad de vida de la población. Su paradigma de calidad es global, totalizador, (…) Incorpora a usuarios y trabajadores en los mecanismos de evaluación de calidad. (…)
Concibe el rol del paciente como sujeto de su proceso salud-enfermedad, jerarquizando sus derechos. Valoriza el rol de la comunidad como protagonista fundamental para modificar los factores del entorno y hábitos que determinan la salud de la población. Enfatiza el rol de las organizaciones comunitarias y estimula su creación y fortalecimiento.
Promueve la democratización del conocimiento, la capacitación permanente de los trabajadores de la salud, y jerarquiza la formación en educación y promoción de agentes de la propia comunidad. (…)
Desarrolla la práctica profesional en los múltiples escenarios que tiene la red social y comunitaria para el encuentro y la acción conjunta entre profesionales y ciudadanos-usuarios en las tareas de promoción y prevención en salud.
Jerarquiza la atención en base a Programas que ordenan las prioridades definidas en los problemas de salud. Programas elaborados en forma participativa con un enfoque de coordinación intrasectorial e intersectorial en su implementación.
Revaloriza el compromiso ético con la salud de la población, con la justicia social y la democratización de la sociedad y el Estado. Concibe la salud como un derecho humano fundamental y como un instrumento de construcción de ciudadanía”.
En enfoque coherente, enraizado en las necesidades de la población. Que nadie tiene el derecho a obstaculizar

10.- 13.06.05. El Frente Amplio como partido


Hugo Cores

En estos días llama la atención la bifurcación de caminos: por un lado el fervor opositor de blancos y colorados ante algunos pasos del nuevo gobierno. Aunque no faltan los políticos del decir zorruno, la mayoría de la oposición ataca con un fervor y un énfasis en los que no resulta difícil percibir el odio. Les cuesta acostumbrarse a no mandar.

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Por otro, contrastando con esta agresividad exagerada, en muchos ámbitos frentistas, cunden ciertos niveles de desconcierto y contrariedad.
Intentamos realizar estas reflexiones con el único enfoque que debe hacerlo un militante responsable, es decir desde el ángulo de la acción política. Con relación a la oposición, no podemos actuar ni sobre su manera de pensar ni de sentir sus derechos al poder, a la propiedad, al dominio.
Sí se puede incidir desde la acción política desde el FA como fuerza política para ilustrar a la población acerca del porqué de las conductas de los defensores del país conservador.
Dicho de otra manera, de la actual situación nosotros sólo podemos cambiar nuestras formas de intervenir. Y es en eso donde el Frente da muestras de carencias para las que, se suponía, ya estaba preparado para sobrellevar.
Por ejemplo, resulta incomprensible que, apenas unas horas después de realizada una reunión del Consejo de Ministros se entable una polémica pública sobre cuestiones de fondo, como el tratado de protección de inversiones con los EEUU.
Por momentos parece que se perdiera de vista que el gobierno está en manos de un partido que tiene un programa común, una estructura de debates común y una historia de luchas y persecuciones también compartida.
Y que lo que nos une contra los enemigos de los cambios es menos que lo que nos separa de ellos. En lugar de cinco años de gobierno pareciera que lo que tenemos por delante fuera una nueva elección dentro de unos meses para la cual, cada uno de los líderes sectoriales, se tuviera que esmerar en dejar claro su perfil.
Hay una suerte de rechazo implícito a toda idea de diferenciación con los partidos del sistema, los partidos defensores del país conservador. Mientras la oposición trata al gobierno como a un enemigo altamente peligroso (“avasallador”, “totalitario”), el lenguaje del gobierno hacia la oposición sigue siendo extremadamente cuidadoso y a menudo inocuo.
Este desempeño “caballeroso” no parece compatible con el hostigamiento crítico que desata la oposición. Ni con la verdadera identidad y trayectoria de esos revitalizados fiscales de la moral pública, hasta ayer hundidos en un siglo y medio de clientelismo, corrupción, nepotismo, tráfico de influencias y demás.
Como algunos viejos maestros de izquierda advirtieron, muchas veces los gobiernos populares están expuestos a caer en el riesgo del “angelismo”, es decir no aquilatar en su real dimensión la índole radical de las confrontaciones de clase cuando ellas se dirimen en el plano del gobierno.
En su magistral introducción a “Imperialismo y liberación en América Latina”, don Pablo González Casanova pasa una revista minuciosa a todas las situaciones en las que la izquierda subestimó la densidad y fuerza de la malevolencia de sus enemigos, aliados a los intereses extranjeros.
Por lo demás parecen predominar las preocupaciones económicas y los enfoques economicistas. Por ejemplo en el proyecto de tratado con los EEUU las que están en juego no son sólo cuestiones económicas. Están también aspectos simbólicos y políticos que remiten no sólo a la exclusión de Cuba sino a las relaciones con todo nuestro entorno geopolítico.
No preciso remontarme al pensamiento nacionalista de hace 50 años, cuando no solo la izquierda sino hasta el herrerismo se oponían tenazmente a toda política de identificación con aquel país en materia de política exterior. Y eso que, al lado de George W. Bush, Harry Truman era un buen samaritano.
Sobre este punto, en su edición de ayer, Página 12 publica un artículo de Juan Gelman sobre la estrecha relación que para el gobierno actual de los EEUU tiene la expansión militar entrelazada con los intereses políticos y económicos imperialistas que defiende.
El trabajo de Gelman parece redactado para incorporarse a los antecedentes que el Parlamento tendrá en cuenta a la hora de discutir sobre el tratado.
Ahora bien, hay aspectos de la labor el gobierno que avanzan en el sentido de su programa y de lo que han sido siempre las aspiraciones de la izquierda.
En Salud Pública, por ejemplo, desde la instalación del nuevo gobierno se ha venido impulsando un proceso llamado a tener hondas repercusiones en el campo de la salud sobre la base de promover desde el Estado la organización de los usuarios de los servicios de salud, tanto pública como privada.
La iniciativa, lanzada desde el Concejo Vecinal 17, en el Cerro, se ha venido desarrollando con un número creciente de participantes, vecinos preocupados por la gravedad del déficit asistencial que padecen más de 92.000 personas que viven en la zona. Dos terceras partes de las cuales viven en una situación de emergencia.
La experiencia innovadora del Cerro incluye algunos elementos que deben ser jerarquizados. Por ejemplo la conducción de la organización pertenece a los usuarios, es decir a los vecinos, que dejan, a partir de su organización, de ser objeto de la labor sanitaria para ser también protagonistas, junto a los funcionarios, los médicos, los paramédicos y demás.
Otro aspecto significativo es que este proceso de descentralización y auto organización popular se apoya en lo que en el Cerro ya se ha avanzado en la afirmación de su Concejo Vecinal, en el marco de la descentralización que, con luces y sombras, ha venido impulsando la Intendencia Municipal de Montevideo desde hace más de quince años.
Lo del Concejo Vecinal 17 jerarquiza ese proceso de descentralización y le da un sentido estrechamente ligado a los problemas cotidianos que afectan a la población.
En ese aspecto, la experiencia de la organización de los usuarios de los servicios de salud, fortalece una de las líneas esenciales de la ideología política frenteamplista: el crecimiento de la ciudadanía y el impulso a la participación.
La experiencia tiene aún otra arista valiosa. Como han descubierto en el Vecinal 17, los problemas de la salud no pueden ser encarados con prescindencia de los problemas de vivienda y de educación.
De ahí la importancia de que ese embrión de democracia directa para la salud se incorpore a otras construcciones de la sociedad uruguaya como son las cooperativas de vivienda, las organizaciones gremiales, los centros y clubes barriales, etc.
No deja de ser esta una forma distinta y eficaz de luchar contra los feudos médicos y la mercantilización de la medicina.
Asimismo las autoridades de la educación pública tendrán que procurar insertar a la escuela y el liceo, dos poderosos factores de realización social, en todo el proceso de educación para la salud, a través de su participación en la acción preventiva.
Ahora bien justamente en el impulso de estas formas de democratización y participación popular es que están llamadas a cumplir un papel fundamental las fuerzas políticas del Frente Amplio.
Mientras la estructura organizativa del Frente se mantenga en la pasividad con relación a la sociedad a la que se aspira transformar, el gobierno correrá siempre el riesgo de quedar aislado, sus ideas siempre correrán el riesgo de quedar flotando en el vacío y las buenas intenciones oscurecidas por el tratamiento malicioso que le dan los enemigos del cambio.
Más que en el gobierno, una de las claves para tonificar la situación política y mejorar las condiciones para el cambio está en el desempeño de la fuerza política Frente Amplio que debiera salir de su atonía y de su silencio.