18 setiembre al 25 de setiembre de 2006.

18/09/06. El TLC: Los peligros y las ideologías.
La República

(1985: Acto 10 aniversario fundación del PVP)

Escribe: H. Cores

Como no podía ser de otro modo, la discusión acerca de un posible tratado de libre comercio con los EE.UU., se ha instalado en el seno del Frente Amplio.
En el gobierno, militantes y dirigentes de distintos partidos procuran mantener un atributo histórico de las fuerzas políticas de izquierda: la democracia interna, la capacidad de discutir y la obligación de informar que para eso sea posible.
La discusión se ha instalado no sin tensiones. Se desarrolla con altura, apelando a argumentos serios.

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Ha empezado a actuar, con solvencia y seriedad, la Comisión de Defensa de la Soberanía. Allí están las más representativas organizaciones sociales del país, los cooperativistas de FUCVAM, los sindicalistas del PIT-CNT, los jubilados y pensionistas de ONAJPU, los estudiantes de la FEUU.

1- En un acto organizado por esta Comisión, el viernes 15, tres legisladores activos y respectados, pertenecientes a tres corrientes políticas distintas, todas con mucha influencia en el conjunto del Frente Amplio, Roberto Conde, Eduardo Lorier y Alberto Couriel, expusieron en el Paraninfo de la Universidad sus razones para mantener un estado de alerta serio sobre los riesgos de un tratado que, desde otras tiendas, se pretende saldar en términos de pocas semanas.

En sus intervenciones, los tres legisladores enfatizaron que analizaban la cuestión en debate desde su condición de dirigentes de partidos que “están en el gobierno” y es desde adentro de esta situación que desarrollan su pensamiento crítico.

También por estos días, en las páginas de La República, un reportaje realizado por Raúl Legnani, al Senador Couriel, al economista José Manuel Quijano, que desde hace años trabaja a fondo las cuestiones del MERCOSUR y al historiador Gerardo Caetano, que ha aportado sobre el tema escritos y reflexiones valiosas, permitió que se expresaron otras señales de alarma ante la eventualidad de un TLC.

Los argumentos expuestos en una y otra instancia fueron de gran contundencia, con referencias específicas a las consecuencias que sobre amplias zonas de la realidad del país tendría un tratado como el que se viene esbozando.
Sobre el tema de fondo, es posible que existan otros argumentos de quienes se inclinan a favor de un TLC con los EE.UU. pero estos argumentos deber ser expresados públicamente.

Quien defienda el Tratado y lo defienda al modo frenteamplista, no puede ignorar los argumentos expuestos. No solo por respeto a quienes están contra el TLC, sino por consideración a la ciudadanía. Si es que en estos temas hay al algo que pueda ser encarado “a la uruguaya” sería justamente la discusión democrática de todo lo que está en juego. Un estilo democrático, que no ignore ni avasalle los otros puntos de vista.

2- En estos días se conoció un informe de la Asociación de Laboratorios Nacionales. Son ocho carillas con información detallada y argumentos sólidos acerca de los efectos negativos que sobre la industria nacional tendría un TLC. Es otra voz de advertencia. En este caso los fabricantes examinan las disposiciones - contenidas en distintos Tratados de Libre Comercio suscritos por los EE.UU. - relativas a la protección de patentes y productos regulados.

El documento es un análisis despojado y directo, sin ningún tipo de retórica. Expresan un fenómeno poco frecuente en plaza: el de los fabricantes que defienden sus fábricas. De industriales ‘industrialistas’ que aspiran a seguir trabajando en el país. Que no es el caso del grueso de los industriales ‘golondrinas’ uruguayos, que hoy son fabricantes y mañana se pasan a importadores, aunque tengan que despedir al 90 por ciento de sus empleados.

El informe toca un aspecto clave del tema: las condiciones en que cada país aborda una negociación en vista a un TLC. “El análisis de los TLC suscritos hasta la fecha en la región (América Latina), muestran que en cada sucesiva negociación, las pretensiones de los EE.UU. en torno a la protección de patentes y de productos regulados (farmacéuticos y agroquímicos) limitan cada vez más a la industria farmacéutica nacional y el margen de maniobra de los gobiernos para implementar políticas de salud en materia de medicamentos. Así las normas acordadas en el TLC-Chile amplían la protección prevista en el acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio (llamado acuerdo de los ADPIC) concluido en
1994 en la Organización Mundial del Comercio.

A su vez, agrega el informe, el Tratado de Libre comercio con Centroamérica evidencia mayores obligaciones, en detrimento de la industria farmacéutica nacional que se ven
nuevamente superadas por los términos acordados (posteriormente) en el TLC Andino. (…) En suma, la experiencia recogida hasta el presente demuestra que los TLC concluidos hasta la fecha han eliminado todas las flexibilidades a través de la imposición de imposiciones que tendrán un elevado costo para los países en el mediano y largo plazo”.
Otro aspecto al que hace referencia es la profunda asimetría que existe en la forma en que los países latinoamericanos quedan obligados por un TLC al punto de tener que realizar reformas institucionales importantes y cómo eso afecta a los EE.UU. donde “las leyes de ratificación de los TLC establecen que estos tratados no pueden cambiar la legislación federal, estadual o municipal de los EE.UU.” El texto íntegro de este informe estará a partir de mañana martes en http://www.pvp.org.uy/


3 – Un acuerdo de libre comercio con los EE.UU. tendría un fuerte impacto sobre áreas importantes de la industria nacional. También sobre el agro, las PYMES y demás.
¿Por qué no hay otras voces de preocupación?

Puede perfectamente ocurrir que una parte de los sectores afectados, por una razón u otra, no hayan tenido tiempo de analizar el impacto posible sobre su área de actividad.

En otros casos el fenómeno es más complejo. Y remite no solamente a cuestiones de tipo económico. Se ha dicho que este asunto habría que examinarlo sin anteojeras ideológicas. ¿Será posible? ¿Se tratará, como en una tienda de barrio, de una simple ampliación del comercio?

Para muchos operadores económicos y políticos de las clases propietarias, para la burguesía vamos, las razones de la una ‘opción preferencial por los EE.UU.’ no son solo económicas. El entrelazamiento de nuestro país con la economía de la gran potencia es visto como un respaldo, como un fortalecimiento de los reaseguros sociales y políticos para las clases poseedoras. Para tranquilidad del privilegio en yanquilandia no se andan con vueltas, manda el Talón de Hierro, como bien lo describiera Jack London.

Estados Unidos es la patria del capital, si es que este tiene alguna.
Es la sede la moda que les agrada. Del consumo sin freno, todo es mercancía. Allí funcionan las Universidades que redactan los originales del catecismo neoliberal y las grandes cadenas que difunden las pastorales del libre mercado, las letanías de las privatizaciones y los anatemas contra el Estado. Allí se envía a los chicos a formarse y a sentirse como en su casa.

Por ese tipo de ‘razones’, también el grueso de los dirigentes blancos y colorados está a gusto con un TLC con los EE.UU. Por las mismas motivaciones que los industriales-sin-industria, los estancieros ausentistas y los bufetes de abogados de las transnacionales, las SAFI y de toda empresa extrajera que litigue contra el Estado uruguayo.
¿Cómo podrían los portadores de esas ilusiones sin patria sentirse convocados a construir un nuevo país y participar de la ardua y escarpada propuesta de integración regional de signo latinoamericano en el MERCOSUR?

21/09/06. Escritos desvergonzados en defensa de la impunidad
EDITORIAL
La República


Los defensores de la impunidad, ese estrafalario ejército cívico-militar en penosa retirada, formulan, cada día que pasa, una más penosa e impresentable argumentación.

Cuando parecía que ese discurso moriría por falta de sustento legal y teórico unas últimas estribaciones de esa prosa condenada se ha desatado ahora a partir del procesamiento de seis militares y dos policías acusados de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.

El cauce rutinario de este tipo de alegato ha tendido a ser el matutino El País y especialmente la edición dominguera. Esta vez la columna en la que se ataca las decisiones del Presidente de la República y luego de los funcionarios del Poder Judicial ha dado no uno sino varios pasos atrás.

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El razonamiento que se pretende demostrar es una brutalidad que se presenta como revestida del atractivo atributo de la sencillez. Es tan sencilla como falsa.
Ante la cuestión del carácter continuado del delito de desaparición forzosa, el analista de El País resuelve el asunto a golpes de cuchilla, guillotina todo intento de razonar.
Como todo el mundo sabe, sostiene ‘científicamente’, las víctimas de ‘privación de libertad han muerto’.

Todo el debate existente en torno a la tipificación del delito de desaparición al que se han abocado juristas de buena parte del mundo resulta ajeno a estos ‘hombres de derecho’ que apelan al sentido común como línea de fundamentación científica.

La cuestión ha merecido tanto en Argentina como en nuestro país análisis importantes, todos ellos resultado de un abordaje comprometido con concepciones del derecho fundadas en los valores de convivencia de una sociedad democrática.
Días pasados, en un abordaje hecho desde otra disciplina, Jorge Jinkis, en Página 12, sostenía esta interesante desagragación conceptual: “la desaparición admite tres tiempos.
“Primer tiempo. Se trata de un factor que me parece decisivo y particular. Sabemos que ningún desaparecido fue “detenido” en el sentido legal del término, nunca recibió un cargo jurídico, nunca se admitió que estuviera en manos del poder militar, no tuvo una tumba con su nombre. ¿Qué es un desaparecido? Algo que concierne a la falta de identificación y que permitió el pase del adjetivo al nombre.

Segundo tiempo. Es el momento en el que Jorge Rafael Videla, la más alta autoridad visible del régimen, de un modo público, frente a las cámaras, se ve llevado (¿obligado?) a decir la palabra: “... en tanto esté como tal, es una incógnita el desaparecido, si el hombre apareciera, bueno, tendrá un tratamiento X, y si la desaparición se convirtiera en certeza de su fallecimiento, tiene un tratamiento Z, pero mientras sea un desaparecido no puede tener ningún tratamiento especial, es incógnita, es un desaparecido, no tiene entidad, no está, ni muerto ni vivo, está desaparecido”. Este es el momento en que se produce el pasaje al enunciado.

El tercer tiempo es anterior al primero, cuando las Madres de Plaza de Mayo inscriben lo ocurrido, lo que ocurre, como trauma. Las Madres han hecho todo para hacer del acontecimiento trágico, de ese acontecimiento que llamamos “desaparecidos”, un trauma de nuestra historia. (….) En este trabajo de la represión se conforma “desaparecido” como nombre de nuestro síntoma, este significante nos representa, él está donde nosotros (“argentinos”) faltamos, y la vergüenza que produce revela esta identificación”.
Como se advierte en el texto, la realidad de las desapariciones está mirada aquí desde el ángulo psicológico y ético. Está visto desde la realidad moral de una sociedad. Sin estas apreciaciones y esta sensibilidad, sin esa dimensión otorgada al delito de lesa humanidad que es la desaparición, no se puede reflexionar. Se puede hacer lo que hace el diario El País. Y en su texto da la medida de su ausencia de toda razón, de la carencia de toda verdad y de toda vergüenza.

22/09/06. Un alegato contra el Banco Mundial

EDITORIAL
La República

Los indicios abundan por doquier: un malestar profundo ha ganado a buena parte de las naciones del Tercer Mundo. Conferencias internacionales, manifiestos y publicaciones, recomendaciones asumidas por responsables de organizaciones no gubernamentales, intelectuales y académicos de primera fila en diversas partes del mundo alzan su voz, escriben o aúnan sus llamamientos a favor de cambios sustanciales en la reorganización de las relaciones internacionales, en el cuidado de la preservación del medio ambiente, en la necesidad de atenuar el peso de la deuda, de suprimir subsidios o mejorar los precios que se pagan a las materias primas que exportan los países de economías más débiles y menos desarrolladas.
Se trata de un acerbo de análisis de van más allá de las críticas circunstanciales a tal o cual gobierno de tal o cual país del Norte poderoso. Tampoco son análisis críticos que remitan a acciones puntuales contra tal o cual país del Tercer Mundo, como podría ser la invasión a Irak.

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Los enfoques a que nos referimos tienen como centro en análisis de las orientaciones políticas de mediano y largo plazo asumidas por Estados o instituciones financiera internacionales, como es el caso del Banco Mundial, en una obra recientemente publicada por parte del conocido economista Eric Toussaint.
De acuerdo con el estudioso belga: “El Banco exige a los pueblos, víctimas de tiranos que financia, el reembolso de deudas odiosas que los dictadores habían contraído.
El Banco Mundial (en sintonía perfecta con el FMI) favoreció el surgimiento de factores que provocaron la crisis de la deuda que estalló en 1982. Resumiendo: a) el Banco Mundial empujó a los países a endeudarse en condiciones que llevaban al sobreendeudamiento; b) incitó, e incluso forzó, a los países a eliminar los controles sobre el movimiento de capitales y el cambio, acentuando así la volatilidad de los capitales y facilitando su fuga.

“Esto también proveyó de armas nefastas a los especuladores (a menos que se vuelva a un estricto control de los movimientos de capitales); c) empujo los países a abandonar la industrialización por sustitución de importaciones en beneficio de un modelo basado en la promoción de las exportaciones. Este crecimiento de las exportaciones de los países en desarrollo al mercado mundial —cuya demanda se estancaba— provocó la caída de los precios y una degradación de las condiciones del intercambio.
Desde que estalló la crisis, el Banco Mundial favoreció, en forma sistemática, a los acreedores y debilitó a los deudores.
Con el FMI, recomendó o impuso políticas que hicieron pagar la factura de la crisis de la deuda a los pueblos, mientras favorecía a los más poderosos.

Con el FMI, continuó la «generalización» de un modelo económico que aumenta sistemáticamente las desigualdades entre los países y dentro de cada país.
Reforzó las grandes empresas privadas y debilitó a la vez los poderes públicos y los pequeños productores. Agravó la explotación de los asalariados e incrementó su precariedad, lo que afectó también a los pequeños productores.
La liberalización del flujo de capitales que favoreció sistemáticamente reforzó la evasión fiscal, la fuga de capitales, la corrupción”.

Y concluye más adelante Toussaint: “La liberalización de los intercambios comerciales benefició a los fuertes y dejó de lado a los débiles. La mayor parte de los pequeños y medianos productores de los países en desarrollo no tienen capacidad para resistir la competencia de los más grandes, ya sean del Norte o del Sur”.
Colocado en el corazón de la información académica y diplomática internacional, las opiniones del economista belga Eric Toussaint tienen coherencia y están formuladas con indudable elocuencia.

23/09/06. Viejas y toscas falsificaciones a favor de la impunidad

EDITORIAL
La República

Una larga nota publicada en el Semanario Búsqueda pretende oscurecer una realidad que la acción de los jueces va aclarando. Nos referimos a las acciones desarrolladas en la Argentina y específicamente en el Centro Clandestino de Detención y Torturas conocido como Automotores Orletti.
Según el truculento relato, en el asesinato de Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz perpetrado en Buenos Aires en mayo de 1976 no habría intervenido ningún oficial policial ni militar uruguayo.
Una fórmula fácil aunque carente de originalidad y de ingenio. No sé, no ví, un estuve allí fueron las respuestas brindadas por los oficiales acusados cuando, en 1989 fueron interrogados en aquel tosco simulacro de investigación promovido por Julio Sanguinetti a través del Coronel Sambucetti, también él bajo sospecha de haber cometido toda clase de tropelías contra presos políticos.

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El giro por el cual se pretende santificar la presencia de los grupos de tareas del Servicio de Inteligencia de Defensa uruguayo en Argentina contiene elementos bastantes sórdidos.
En realidad se hace siempre muy difícil no terminar chapoteando en el descaro y el cinismo cuando se intenta defender las acciones criminales del terrorismo de Estado. Es el caso del semanario que ahora citamos y criticamos.
Dos figuras señeras de la democracia uruguaya, Zelmar y el Toba. Dos líderes de la oposición. Dos puntos de referencia de un pueblo oprimido al que se priva de todos sus derechos políticos.
Hombres de paz, son asesinados cruelmente.
Ahora las voces de la obscenidad política e histórica pretenden que Zelmar y el Toba no fueron asesinados por su enorme significación política. Se pretende que era por dinero. Otra vez el móvil es ‘económico’.
Según Búsqueda se “tiene la plena convicción de que quien asesinó a los dos parlamentarios uruguayos fue Osvaldo Forese, un argentino que integró el grupo de Gordon y que habría fallecido el año pasado, mientras se encontraba prófugo de la Justicia argentina.
Forese, conocido en aquellos años de sangre y muerte como "Paqui" o "el Oso Paqui" por el voluminoso tamaño de su cuerpo, es mencionado en el "Listado Alfabético de Represores del período 1976 a 1983 en Argentina" por el "Grupo Fahrenheit", una organización creada en Buenos Aires en 1998, al final de la década del Presidente Carlos Saúl Menem, que se presentaba como "un grupo de militantes de la vida que no se resignan a la desmemoria.
El semanario de los jueves ignora lo que cualquier ciudadano que haya estudiando los expedientes y conocido los testimonios sabe desde 1976.
Efectivamente ya entonces se hicieron públicos testimonios donde el nombre del “Paqui” Forese aparece estrechamente ligado al grupo de oficiales que operaban en Orletti.
Denunciar que lo hizo Forese no exculpa hoy a quienes con él actuaban en la represión contra los opositores uruguayos en la Argentina.

Según Búsqueda que además atribuye esta versión a fuentes oficiales uruguayas, “Forese y la banda parapolicial que encabezaba el hoy también fallecido Aníbal Gordon "iban por los lingotes de Mailhos, que se decía que los tenía el Toba” (apodo de Gutiérrez Ruiz) y por guita que pudiera tener Zelmar del MLN" (Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros).
Michelini y Gutiérrez Ruiz, según la publicación del semanario, fueron asesinados "por la guita" que la banda de Gordon creía que ambos tenían en custodia, producto de acciones de los tupamaros.
En síntesis, si el móvil era el dinero y los asesinos eran delincuentes comunes el asunto se salda sin tener que examinar las responsabilidades de los militares uruguayos que operaban en la Argentina.
Lo que Búsqueda no termina de explicar es por qué, en un asunto cuya verdad se conoce desde hace tanto tiempo, el Poder Ejecutivo presidido por Julio Sanguinetti incluyó la investigación del asesinato entre los crímenes que quedarían al amparo de la ley de impunidad.

25/09/06. Despistados defensores de la impunidad.
La República

Sería interesante analizar e intercambiar opiniones sobre algunos hechos recientes. El primero es una crónica publicada en el semanario Búsqueda acerca de algunas violaciones a los derechos humanos durante la dictadura y de los posibles responsables de algunos de los crímenes más significativos de aquel período.
La crónica aludida ha merecido el rechazo tajante de algunas personalidades políticas y de familiares de las víctimas, pero la significación política e institucional del asunto hace necesarios otros pronunciamientos por parte de las autoridades competentes. Por un lado, quienes vienen trabajando con los problemas de las fuerzas armadas y el proceso por el cual culminan su demasiado lenta incorporación a las reglas de juego de la democracia.

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Por otro, quienes desde el gobierno se vienen ocupando de las líneas de acción que tienen que ver con los procesos a los militares indagados por hechos que han sido excluidos de la Ley de Caducidad y, al mismo tiempo, los que tienen a su cargo resolver las instancias derivadas de los pedidos de extradición formulados desde Argentina. Cuestiones, como se ve, todas ellas muy interrelacionadas.
Cállate que se te entiende todo
La crónica de Búsqueda dice ser el resultado de "una investigación realizada durante los últimos meses por periodistas" del semanario.
En realidad su contenido consta, básicamente, de transcripciones del propio periódico, en algunos casos alterando de manera sustancial datos sobre los que luego se construyen las hipótesis que en materia penal sustenta el artículo. El propósito es claro. Se trata de desvincular de toda responsabilidad al grupo de oficiales del SID, liderado por Gavazzo, con el asesinato de Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz.
En el episodio -cuyo contenido emblemático forma parte de una fuerte tradición de lucha por los derechos humanos en nuestro país- no existiría ninguna responsabilidad de militares ni de gobernantes uruguayos.
Para llegar a esa conclusión hay que forzar mucho los hechos, eliminar buena parte de los que se sabe y suponer que una gran parte de la población ha perdido la memoria y la facultad de razonar.
Un intento de "disolver la realidad" y degradarla
La labor del periódico de las derechas apunta a entreverar las cartas y sembrar la confusión acerca de cómo han venido actuando los organismos de derechos humanos y la prensa que se ha hecho eco de las denuncias.
Al mismo tiempo busca enturbiar el pensamiento y la acción del gobierno en la materia.
Al hacerlo, el periódico reitera su compromiso con el establishment de la dictadura y con los dirigentes políticos que en democracia han trabajado, con una dedicación digna de mejor causa, a favor de la impunidad.
Es claro que ese sector de operadores políticos juega con fuego. Sus escritos son funcionales a los intereses y al discurso actual de los sectores más recalcitrantes del colectivo militar
Es un relato que apunta, irresponsablemente, a colocar a los militares que actuaron en las tareas más sangrientas de la represión como víctimas de una conspiración de la izquierda, esta vez con el concurso de jueces y fiscales.
En este terreno en las últimas semanas se han ido acumulando hechos y circunstancias que no debieran pasar inadvertidas. Las amenazas formuladas por uno de los acusados, Ernesto Ramas, a la fiscal actuante en el proceso que se sustancia en el Juzgado Penal de 19º Turno, doctora Mirtha Guianze, es un acto inadmisible.
Supone que el militar retirado, sobre el que pesan acusaciones gravísimas, dispone de información acerca de la vida personal de funcionarios del ministerio público y que usa esa información para ejercer presión sobre los mismos.
Las actuaciones de los magistrados, Luis Charles y Mirtha Guianze, han demostrado su solidez y su apego a la ley. En todo caso el sistema judicial habilita las instancias de apelación que los defensores entiendan conveniente sustanciar y que tendrán el tratamiento que dispongan los tribunales.
Dado que es la primera vez, en más de veinte años, que el Poder Judicial asume el tratamiento de casos relevantes en el terreno de las violaciones a los derechos humanos debiera respetarse la competencia que la Constitución de la República le asigna.
Lo otro son presiones ilegítimas. Apuntan al quebrantamiento del principio republicano de igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. Y para esa recidiva autoritaria hay cada vez menos lugar en la sociedad uruguaya de hoy.
Otras actitudes preocupantes
El otro hecho, que no llegó a sustanciarse, ha sido informado por el diario El País. Según da cuenta en su edición de ayer, en el Ejército se habría iniciado, en el curso de la semana pasada, un movimiento destinado a realizar el día sábado 23 una asistencia masiva de oficiales en actividad a la Cárcel Central en una visita a los oficiales procesados (Gavazzo, Gilberto Vázquez y Jorge Silveira).
La organización del evento ­en caso de confirmarse la iniciativa- se procesó con arreglo a métodos de comunicación que evitaran el conocimiento público de la acción propuesta. No obstante, la noticia llegó a las autoridades y el comandante del Ejército habría desactivado la iniciativa anunciando que la actividad no estaba autorizada.
No es un hecho carente de importancia. Sin exageraciones ni estridencias debe quedar claro que son inadmisibles las presiones realizadas por funcionarios dependientes del Ministerio de Defensa Nacional. Presiones que además aparecen ligadas a la defensa de lo actuado en indefendibles tareas de represión política como los asesinatos, el robo de niños, los secuestros y las ejecuciones masivas.
¿Cómo se puede llegar a transformar a estos individuos en objeto de una acción solidaria de jóvenes oficiales?
Es toda una zona de temas a examinar. ¿Qué versión de los hechos históricos se enseña en los institutos de formación de oficiales?
¿Se recurre, por ejemplo, a los libros editados por la Junta de Comandantes en Jefe durante la dictadura?
Se trata, efectivamente, de textos que tienen una significación. Tienen el sentido de expresar de manera descarnada una ideología militarista y antidemocrática extrema. Una literatura llena de ataques a "los políticos", no solo a los de izquierda sino también a los blancos y colorados. Ataques permanentes al Parlamento, a la prensa y a los sindicatos. A Wilson Ferreira, a Líber Seregni, a Juan Pablo Terra. Ataques a sectores de la Iglesia, como monseñor Partelli, entre otros.
Intoxicado con esa prosa histórica, muy poco apegada al laicismo por cierto, resulta comprensible que alguien piense de tal manera que lo impulse a hacer una demostración colectiva de solidaridad con Gavazzo. Pero ese pensamiento, impregnado de la doctrina de la seguridad nacional, no es el que se sustancia en la Constitución y las leyes que regulan a la sociedad uruguaya.
La República, 25 de setiembre de 2006

11 setiembre al 15 de setiembre de 2006.

11/09/06. Mal momento para el ‘negacionismo’ criollo.
(1985: Julio acto aniversario PVP, atràs Carlos Coitinio)


Mal momento para el ‘negacionismo’ criollo

Escribe Hugo Cores PVP567-Frente Amplio

Vivimos un momento de una apasionante proliferación de debates: debate sobre defensa nacional, debate educativo, reforma tributaria, reforma del Estado, reforma de la Constitución.

Uno de los riesgos es, justamente, que se sumen demasiados problemas y que cuestiones que son de gran importancia para el futuro del país terminen discutiéndose de manera superficial o incompleta.

1- Aunque hoy no me voy a ocupar sino tangencialmente del tema, la posibilidad de firmar un acuerdo o tratado de libre comercio con los EE.UU. es, sin duda lo más apremiante, dado los plazos anunciados por el gobierno. Sobre el abordaje del tema hay hechos nuevos y positivos: por un lado se amplía el número de quienes participan en la discusión, ingresan voces que es necesario atender: teníamos los valiosos aportes de la Red de Economistas de Izquierda. Ahora se han suman Alberto Couriel, José Manuel Quijano y Gerardo Caetano quienes expresan, desde distintas disciplinas y ámbitos de actuación, una ampliación verdadera del debate pronunciándose claramente en un sentido de oposición a lo sostenido por el M. de Economía.

A su vez, la semana pasada tuvo lugar en la Federación ANCAP, la creación de la Comisión en defensa de la soberanía, integrada por FUCVAM, FEUU, ONAJPU y el PIT-CNT y distintas organizaciones políticas. A través de la Comisión, otros protagonistas piden la palabra. Por ahí pasa el desafío decisivo que tenemos los frenteamplistas.

La Comisión creada recoge la experiencia de otras movilizaciones cívicas que formaron parte de la resistencia popular a las arremetidas de la ofensiva neoliberal y en defensa del patrimonio durante los gobiernos blancos y colorados.

2- La proliferación de debates promovidos por el gobierno será un hecho muy positivo en la medida que se atiendan con cuidado criterios de transparencia sin los cuales será difícil que los intercambios tengan un desenlace de avance sobre lo actual.

En primer lugar es necesario brindar públicamente todos los elementos de juicio disponibles. El campo de lo secreto en función de ‘razones de Estado’ deberá ser el mínimo. No se podría entender que información sensible que manejan técnicos y funcionarios de otros partidos políticos no sean trasladados a las estructuras de conducción del Frente Amplio, como ocurrió hace unos días y dimos cuenta en estas páginas.

En segundo lugar, habría que situar con transparencia cuáles son los escollos que enfrentan el gobierno en cada terreno y, sobre eso, dar la información existente.

Por ejemplo, en la cuestión de la defensa nacional y las fuerzas armadas tiene una gran complejidad: aspectos técnicos, administrativos, profesionales, etc. Pero lo que importa para un debate abierto es la zona de temas en que el ejercicio de la autoridad democrática del gobierno se enfrenta con dificultades. Las demás cuestiones se deben ordenar a partir de la necesidad de democratización del pensamiento y la selección de los mandos superiores sobre la base del acatamiento irrestricto de las FF.AA. a las normas establecidas por la Constitución, terminando con cualquier tipo de autonomización de las FF.AA.


3- De todos los debates hay uno que conlleva una poderosa innovación: la enseñanza de la historia reciente. Si la canalización de esta propuesta se realiza adecuadamente por parte de la Televisión Nacional y retiene el interés del público, la discusión está llamada a tener una estimulante repercusión y esto en uno de los ámbitos en que el interés por el conocimiento es más deseable que se desarrolle como son las jóvenes generaciones.

La decisión del CODICEN ha desatado algunas inquietudes que todavía no han logrado tomar un cauce razonable. Algunos planteos de un senador nacionalista reclamando la destitución del profesor Carlos Demasi, palanqueados y apoyados desde la prensa conservadora, han alcanzado cimas del ridículo difíciles de superar.

El frenesí por linchar al docente cegó hasta tal punto las entendederas de los propios colaboradores del Senador que una página en solfa del matutino ladiaria fue colocada en la página WEBB del legislador como si se tratara de una iniciativa firme. Tardaron casi una semana en percibir que estaban difundiendo una página humorística que dejaba en ridículo a su conductor.

El negacionismo criollo

4 –Por su parte, el ex presidente Sanguinetti ha sostenido que sobre los sucesos del pasado reciente no es posible construir un relato histórico científico dado el peso de los componentes subjetivos en la labor de los historiadores.
El peso de lo subjetivo no solo gravita para el relato de la historia reciente. También para los períodos más remotos. Por ejemplo, la defensa irrestricta de la acción política de Fructuoso Rivera, en la que comulga Sanguinetti y el coloradismo, contiene de hecho una buena dosis de motivaciones no científicas emparentadas con el unitarismo porteño y las presiones sobre la región de los viejos imperios europeos.
A la vez, la versión sanguinettista de los hechos del pasado reciente se asienta en una justificación irrestricta de la represión, policial y luego militar, de todos los movimientos populares de resistencia desde el sindicalismo, los partidos de izquierda y los movimientos insurgentes. Coincidiendo, palabra más palabra menos, con los textos de los Comandantes publicados durante la dictadura, Sanguinetti es el constructor y reproductor de un discurso histórico puesto al servicio de políticas represivas que dañaron y obstaculizaron el ejercicio de las libertades y los derechos civiles y políticos de las mayorías. Su discurso fue funcional a una transformación profunda del Estado destinada a hacer viable modelos económicos contrarios a los intereses de los trabajadores.


5- Entre las protestas más estridentes y desmelenadas aparece un editorial del 3/9 del diario El País. Es un texto breve pero tan tilingo y tan inundado de arrogancia que se convierte en un prototipo.
El editorialista de El País se agravia porque Demasi sostiene que “la represión sobre los movimientos sindicales y estudiantiles en la década de los sesenta es anterior a la emergencia de la guerrilla como fenómeno político".
Es bien cierto que, desde la mirada interior, casi intimista, del diario El País ¿qué otra cosa se puede hacer sino negar?
Negar la represión a los gremios, la firma de la Primera Carta de Intención ante el FMI, el crecimiento del malestar social, la protesta, las bandas de extrema derecha y las amenazas autoritarias.
Negar la influencia del golpe de Estado de abril de 1964 en Brasil, promovido desde los EE.UU. contra el gobierno de Joao Goulart. Negar las amenazas de los militares golpistas en Uruguay.
Y como una negación lleva a la otra, negar la existencia de una central obrera, la CNT, que ese año decide declarar la huelga general y ocupar los lugares de trabajo en caso de golpe de Estado.

Basándose en la documentación sesgada que contiene la colección de El País, no hay ninguna razón para reconocer verdades inocultables como ser que el peligro de golpe fue denunciado en 1964 y que se previeron acciones (la huelga general) que luego se realizaron. Como, por lo demás, El País también ignoró la huelga general de junio-julio de 1973 y se plegó de inmediato a defender a la dictadura, la visión que representa y hoy defiende, siendo coherente, no es precisamente un modelo de discurso histórico científico. Es más bien el ejemplo vívido de una larga falsificación, de un relato histórico que no se sostiene ante el más mínimo cotejo con la realidad, con los testimonios y los documentos. Una historia hecha al servicio del mandamás de turno. Y del lado de los EE.UU. siempre.

Para estos discursos negacionistas no corren tiempos propicios. Ha cambiado el gobierno. Después de decenios de impunidad, la verdad histórica y también la verdad de la justicia penal se abren camino, mal que le pese a todos los sostenedores de la historia oficial de la dictadura.
Un amplio auditorio de gente joven quiere saber de qué se trata. Quiere saber del pasado para afirmarse como ciudadanos en el presente. Las redes del pensamiento autoritario no los atrapan. Todo discurso de justificación de la dictadura ya fue. De ahí lo fermental y democrático del desafío emprendido.



13/09/06. La verdad y la justicia, ahora ante un nuevo tribunal.
Nota para revista Caras y Caretas

13-9-06 Caras y Caretas

La verdad y la justicia, ahora ante un nuevo tribunal.

Dos hechos de las últimas semanas empiezan a cambiar profundamente el panorama político con relación a la impunidad y sus consecuencias.
El más rotundo es el procesamiento de ocho de los represores más activos durante la dictadura. Entre ellos están algunos de los individuos más emblemáticos, cuyos nombres ya aparecían en las denuncias de torturas del año 1972.
No fue necesario esperar a que todos estuviéramos muertos para empezar a saber la verdad. Ni para verlos salir, como criminales, de las puertas de un juzgado, con las manos esposadas.
Frente a tantas vacilaciones y complicidades de jueces y políticos, corresponde el reconocimiento al buen desempeño de los magistrados actuantes.
Con sus sentencias, netas y sin ambigüedades, han hecho más por la credibilidad de las instituciones democráticas que muchos discursos e infinitos llamamientos la ‘reconciliación nacional’. La decisión nos concierne como ciudadanos de esta sociedad que blancos y colorados hicieron campo orégano a la impunidad. Nos atañe también, intensamente, porque en este capítulo de la historia hay muchos compañeros de nuestro partido.
2- En la construcción de la acusación que ha culminado judicialmente han participado muchas personas y lo han hecho durante muchos años. Testigos, víctimas, sobrevivientes. También nosotros como organización política.
Desde 1976. En el testimonio del sindicalista de FUNSA Washington Pérez, el ‘Perro’, ya estaban contenidas las verdades principales de lo que ahora es la acusación contra la patota que actuaba en Argentina. Casi enseguida fue el testimonio de Enrique Rodríguez Larreta, que recorrió buena parte del mundo con su relato minucioso y certero.
A lo largo de los años, esos y otros testimonios, fueron desoídos. Durante la dictadura y después. Con la complicidad de los mandos y también de los dirigentes políticos conservadores que le dieron soporte a la impunidad y silenciaron sistemáticamente las voces de denuncia.
Por lo demás, es de esperar que las prisiones resueltas por los magistrados se cumplan en establecimientos dependientes del Ministerio del Interior, sin ningún tipo de privilegios.

3- El otro hecho que resulta impactante es el anuncio realizado desde la Secretaría de la Presidencia en el sentido que el Comandante del Ejército ha reconocido que entre veinte y veintiún compañeros del PVP habrían sido trasladados el 5 de octubre de 1976 en el llamado segundo vuelo. El Ejército, se agrega, ha anunciado que en breve dará a conocer un informe dando cuenta del operativo.

Como es notorio, la información de la existencia de un segundo vuelo, trasladando personas secuestradas en Buenos Aires a Montevideo, es un dato que recién empezó a examinarse en el año 2002, a partir de las investigaciones periodísticas de Roger Rodríguez.

El reconocimiento que ahora se anuncia pone fin a un silencio herméticamente guardado. Y, al mismo tiempo, deja a la vista una vasta literatura de desinformación alentada desde el Estado. En la propalación de evasivas y mentiras, tanto los mandos militares como dirigentes conspicuos de los partidos tradicionales cumplieron una activa labor de respaldo.

El reconocimiento de hoy conlleva el derrumbe de una montaña de falsificaciones pergeñada laboriosamente desde el Estado.

4- El histórico dictamen judicial del 11 de setiembre sobre los crímenes de Orletti adquiere una especial significación en momentos en que las autoridades de la educación deciden, auspiciosamente, encarar el estudio de la historia reciente en todos los establecimientos educativos del sistema.

Existen episodios acerca de los cuales se han formulado más de una versión y sobre los mismos se han emitido juicios a menudo antagónicos. La sentencia del 11 de setiembre permite avanzar sobre las incertidumbres: hubo Plan Cóndor y se construyó sobre sus crímenes un alto muro de mentiras y silencios. Y del mismo modo que hubo un discurso de Bordaberry disolviendo las Cámaras Legislativas y sobre eso nadie duda, existieron operaciones de secuestro y ejecuciones sumarias a presos políticos durante la dictadura. Estos hechos como aquel oprobioso discurso, tendrán su merecido lugar en los programas de estudio. Su palmaria existencia no obedece al impulso “subjetivo” de ningún cronista.

Difícilmente se pueda apelar a la laicidad cuando se de cuenta de ese pasado y de esos crímenes para ilustrar la figura del Estado Terrorista uruguayo. En ese sentido, las verdades hasta ayer enterradas, que ahora afloran, se dirigen a un nuevo y más amplio tribunal, un atento auditorio de miles de jóvenes compatriotas que tienen derecho a saber qué pasa y qué ha pasado en este país. Y de saberlo sin las mentiras piadosas o amenazantes con se intentó amordazar al país y su gente en estos veinte años de impunidad.

El efecto sanador de la verdad cumplirá su función estimulante. Es bueno para la democracia, para que el Estado y sus instituciones recobren credibilidad. Una credibilidad dañada por el escarnio de la impunidad, por existencia de normativas que se apartaban del principio elemental de la igualdad de todos ante la ley.

Estamos convencidos que en la senda del Juez Luis Charles y la Fiscal Mirtha Guianze el país empieza a ir mejor. Para avanzar deberíamos entre todos terminar con el escollo que significa la Ley de Caducidad. Al parecer hay cada vez más gente convencida de eso.



13/09/06. Bocanada de oxígeno para nuestra democracia
EDITORIAL
La República

Editorial miércoles 13 de setiembre de 2006

Bocanada de oxígeno para nuestra democracia

El procesamiento de los diez militares y policías acusados de violación a los derechos humanos durante la dictadura ha provocado una honda estela de emoción en buena parte del país. Lo que parecía inalcanzable, llegó. La verdad, todavía muy parcialmente despojada de los velos que la oscurecieron durante tantos años, empieza a ser conocida por todos. La sentencia de la justicia ha sido neta y rotunda, sin vacilaciones ni ambigüedades.

Con sencillez y discreción, con seriedad austera, los funcionarios de la fiscalía y su jerarca y el magistrado del Juzgado Penal de 19º Turno, dieron el último paso de un proceso judicial inédito y de enorme resonancia nacional.

Estos funcionarios judiciales culminaron un tarea que habían empezado otros, hace muchos años y desde lugares y bajo formas originales, a menudo a costa de grandes sacrificios.

Un proceso de búsqueda de datos que iniciaron casi siempre los compañeros y familiares de los desaparecidos. Hacerlo, tanto en el Uruguay de Bordaberry como en la Argentina de Videla, fue riesgoso y por largos momentos pareció que, además, era inútil. El triunfo de la bestia parecía definitivo.

Las víctimas y los testigos de los secuestros, los sobrevivientes, expresaron su verdad. No se trata de si tenían razón o no. ¿Qué quiere decir ‘tener razón’ en esa materia?
Lo que tenían y resultó decisivo, era verdad.

Las víctimas, los familiares, los sobrevivientes aportaron todo lo que hasta ahora se sabe. Y lo que se sabe, si nos atenemos a la sentencia del magistrado, terminó siendo, junto con el aporte del periodismo de investigación, factor que no debe ser minimizado, suficiente para condenar a las responsables.

Los victimarios nada aportaron, hasta ahora, para que se supiera la verdad. Tanto la judicial como la histórica. La verdad no vino del lado de los verdugos. Tampoco del Estado que amparó ocultó, protegió y hasta pretendió dar ‘legitimidad’ al vandalismo en aras de que los ‘excesos’ habían sido inevitables en la ‘lucha contra la subversión’.

Los efectos de estos procesamientos sobre la sociedad uruguaya son todavía difíciles de medir en toda su significación.

Lo que si se puede afirmar es que esta sentencia, fruto como decíamos de todos los esfuerzos que están atrás, ha hecho más por la democracia que cien discursos o proclamas.

Doce años de Estado terrorista dejaron una huella profunda en la sociedad. Los veinte años de impunidad que vinieron luego ahondaron esas marcas dolorosas. Hicieron pensar a muchos, y sobre todo a los más jóvenes, que la situación era imposible de modificar, que la imposición de la impunidad era una ortopedia deformante con la que había que habituarse vivir para siempre.

La nueva política en materia de derechos humanos impulsada por el gobierno del Frente Amplio ha empezado a disipar las espesas brumas que pesaban sobre las instituciones uruguayas.
Nuestra sociedad, que tiene ante sí un sinnúmero de desafíos en todos los campos, desde el educativo hasta el económico, pasando por los impuestos, la seguridad pública, el desarrollo productivo y la creación de fuentes de trabajo, puede contar o no con un instrumentos esencial aunque no el único, el Estado.

La cuestión de la impunidad, justamente, colocó al Estado en la nómina de los grandes sospechosos. Sospechoso de mentir, ocultar, violar sus propias normas, asesinar personas por móviles políticos y demás.

El instrumento representativo de lo público, la materialización orgánica de las instituciones, el Estado, apareció convalidando la acción de grupos terroristas. Y sobre eso la impunidad y silencio. ¿Qué otra cosa sino un profundo desprestigio podría generar un Estado aquiescente con el crimen, cómplice con el delitos, permisivo con los saqueadores y homicidas.

De ahí ese profundo sentimiento de purificación que se vive. La sociedad se deslastra de las tenebrosas complicidades del pasado. Y al hacerlo el miedo retrocede. Las instituciones colectivas de la sociedad salen de la impotencia, se elevan sobre el ‘progreso manuscrito’ y la irrealidad del derecho y se vuelven creíbles. La democracia recobra la energía y el prestigio de lo sano y lo saneado.



15/09/06. Un pensamiento militar polémico pero novedoso
EDITORIAL
La República
Editorial viernes 15 de setiembre de 2006-09-14


Un pensamiento militar polémico pero novedoso

Es su edición de ayer jueves el semanario Búsqueda publica una larga entrevista al General (R) Hebert Fígoli. En sus declaraciones el militar realiza una serie de reflexiones de carácter técnico específicamente militares. Estas tienen interés por provenir de un oficial superior que ha estado en la conducción hasta hace unos pocos meses.
"Nadie puede desear la violencia del Estado, pero tampoco se puede justificar la violencia revolucionaria. Nadie puede alentar la prisión por motivos político-ideológicos, o la falta de juicio ajustado a derecho, el apremio a conciudadanos o su desaparición.
Agregó que la confirmación de que los detenidos que llegaron en 1976 a Uruguay en el "segundo vuelo" desde Argentina fueron ejecutados, es un hecho "aberrante", situación que diferenció de la de otros camaradas de armas que murieron "en cumplimiento del deber".

Preguntado luego si ha sido integrante de la Legión Tenientes de Artigas, Fígoli responde: “Jamás lo he sido. Es más, es muy curioso, pero nunca me han invitado siquiera a integrarme a ninguna de las logias existentes. Y no hubiera ingresado en cualquier caso, ya que considero que se puede dar un conflicto de intereses, y uno se debe al Ejército. Mi hogar profesional ha sido el Ejército, no otro”.
Por dar un ejemplo, agrega el Gral Fígoli “¿qué pasaría si ciertos niveles de conducción del Ejército no coincidieran con eventuales orientaciones definidas por esos grupos de presión?
Como comprenderá me encuadran limitaciones de carácter jurídico militar en mi situación de retiro efectivo, por lo tanto no haré mayores comentarios al respecto. De todas maneras, siempre entendí que mas allá de interpretaciones jurídicas, quienes redactaron la "Ley de Caducidad" y luego el laudo ciudadano, lo que procuraron fue el definitivo encuentro quizás en la forma de una amnistía. Pero debo admitir que a más de veinte años la sociedad todavía no se ha reencontrado, persisten profundas brechas en relación al tema de los Derechos Humanos”.
Más adelante sostiene Fígoli: “Hoy en día el escenario es muy distinto al que prevaleció en las últimas décadas; inicialmente a partir de la activación de la Comisión para la Paz en la anterior Administración y particularmente desde que asumió el actual gobierno. Es evidente: informe de los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas, hallazgo de restos óseos de detenidos desaparecidos, detenciones administrativas y procesamientos de algunos involucrados, búsqueda infructuosa de lugares de enterramientos clandestinos, investigaciones en curso, etcétera”.
Finalmente, Fígoli desarrolla una idea acerca de la cual hay algunos antecedentes en nuestro país. Nos referimos al libro y a las declaraciones posteriores formuladas por el General (R) Oscar Pereira.
Aunque en muchos aspectos sus reflexiones transitan por senderos diferentes, no antagónicos, ambos oficiales coinciden en un punto: “las Fuerzas Armadas deben reconocer de forma explícita que violaron los derechos humanos” (…) y “deberían asumir su responsabilidad institucional por esos hechos "injustificables" desde los puntos de vista "ético y moral".
Las reflexiones de este general, de quien se decía hace unos meses era quien estaba destinado a sustituir al General Bertolotti en el cargo de Comandante en Jefe del Ejército tienen un gran interés. No resulta frecuente que militares de las generaciones, que desarrollaron gran parte de su carrera bajo en régimen dictatorial, reflexiones con un pensar que toma en cuenta no solo los aspectos militares ‘internos’ sino el conjunto de la problemática del país.



15/09/06. La verdad y la justicia, ahora ante un nuevo tribunal
La República

La verdad y la justicia, ahora ante un nuevo tribunal
Escribe: Hugo Cores
Dos hechos de las últimas semanas empiezan a cambiar profundamente el panorama político con relación a la impunidad y sus consecuencias.
1. El más rotundo es el procesamiento de ocho de los represores más activos durante la dictadura. Entre ellos están algunos de los individuos más emblemáticos, cuyos nombres ya aparecían en las denuncias de torturas del año 1972.
No fue necesario esperar a que todos estuviéramos muertos para empezar a saber la verdad. Ni para verlos salir, como criminales, de las puertas de un Juzgado, con las manos esposadas. Frente a tantas vacilaciones y complicidades de jueces y políticos, corresponde el reconocimiento al buen desempeño de los magistrados actuantes. Con sus sentencias, netas y sin ambigüedades, han hecho más por la credibilidad de las instituciones democráticas que muchos discursos e infinitos llamamientos a la 'reconciliación nacional'. La decisión nos concierne como ciudadanos de esta sociedad que blancos y colorados hicieron campo orégano a la impunidad. Nos atañe también, intensamente, porque en este capítulo de la historia hay muchos compañeros de nuestro partido.
2. En la construcción de la acusación que ha culminado judicialmente han participado muchas personas y lo han hecho durante muchos años. Testigos, víctimas, sobrevivientes. También nosotros como organización política. Desde 1976. En el testimonio del sindicalista de FUNSA Washington Pérez, el 'Perro', ya estaban contenidas las verdades principales de lo que ahora es la acusación contra la patota que actuaba en Argentina. Casi enseguida fue el testimonio de Enrique Rodríguez Larreta, que recorrió buena parte del mundo con su relato minucioso y certero. A lo largo de los años, esos y otros testimonios fueron desoídos. Durante la dictadura y después. Con la complicidad de los mandos y también de los dirigentes políticos conservadores que le dieron soporte a la impunidad y silenciaron sistemáticamente las voces de denuncia.
Por lo demás, es de esperar que las prisiones resueltas por los magistrados se cumplan en
establecimientos dependientes del Ministerio del Interior, sin ningún tipo de privilegios.
3. El otro hecho que resulta impactante es el anuncio realizado desde la Secretaría de la Presidencia en el sentido que el Comandante del Ejército ha reconocido que entre veinte y veintiún compañeros del PVP habrían sido trasladados el 5 de octubre de 1976 en el llamado segundo vuelo. El Ejército, se agrega, ha anunciado que en breve dará a conocer un informe dando cuenta del operativo.
Como es notorio, la información de la existencia de un segundo vuelo, trasladando personas secuestradas en Buenos Aires a Montevideo, es un dato que recién empezó a examinarse en el año 2002, a partir de las investigaciones periodísticas de Roger Rodríguez.
El reconocimiento que ahora se anuncia pone fin a un silencio herméticamente guardado. Y, al mismo tiempo, deja a la vista una vasta literatura de desinformación alentada desde el Estado. En la propalación de evasivas y mentiras, tanto los mandos militares como dirigentes conspicuos de los partidos tradicionales cumplieron una activa labor de respaldo. El reconocimiento de hoy conlleva el derrumbe de una montaña de falsificaciones pergeñada laboriosamente desde el Estado.
4. El histórico dictamen judicial del 11 de setiembre sobre los crímenes de Orletti adquiere una especial significación en momentos en que las autoridades de la educación deciden, auspiciosamente, encarar el estudio de la historia reciente en todos los establecimientos educativos del sistema. Existen episodios acerca de los cuales se han formulado más de una versión y sobre los mismos se han emitido juicios a menudo antagónicos. La sentencia del 11 de setiembre permite avanzar sobre las incertidumbres: hubo Plan Cóndor y se construyó sobre sus crímenes un alto muro de mentiras y silencios. Y del mismo modo que hubo un discurso de Bordaberry disolviendo las Cámaras legislativas y sobre eso nadie duda, existieron operaciones de secuestro y ejecuciones sumarias a presos políticos durante la dictadura. Estos hechos, como aquel oprobioso discurso, tendrán su merecido lugar en los programas de estudio. Su palmaria existencia no obedece al impulso 'subjetivo' de ningún cronista.
Difícilmente se pueda apelar a la laicidad cuando se dé cuenta de ese pasado y de esos crímenes para ilustrar la figura del Estado terrorista uruguayo. En ese sentido, las verdades hasta ayer enterradas, que ahora afloran, se dirigen a un nuevo y más amplio tribunal, un atento auditorio de miles de jóvenes compatriotas que tienen derecho a saber qué pasa y qué ha pasado en este país. Y de saberlo sin las mentiras piadosas o amenazantes con que se intentó amordazar al país y su gente en estos veinte años de impunidad.
El efecto sanador de la verdad cumplirá su función estimulante. Es bueno para la democracia, para que el Estado y sus instituciones recobren credibilidad. Una credibilidad dañada por el escarnio de la impunidad, por la existencia de normativas que se apartaban del principio elemental de la igualdad de todos ante la ley. Estamos convencidos de que en la senda del juez Luis Charles y de la fiscal Mirtha Guianze el país empieza a ir mejor. Para avanzar deberíamos entre todos terminar con el escollo que significa la Ley de Caducidad. Al parecer hay cada vez más gente convencida de eso.

1 setiembre al 9 de setiembre de 2006.

04/09/06. ¿Al TLC con los ojos cerrados?

(Foto: Hugo Cores, el Gral Oscar Baliñas acto del FA)
Hugo Cores PVP-567 Frente Amplio

Por parte del gobierno se ha insistido en la urgencia y la conveniencia de acordar un tratado comercial con los EE.UU.

Esa posibilidad ha suscitado la oposición de algunos sectores populares y una polarización creciente dentro de la fuerza política en el gobierno, el Frente Amplio. Más aún, posiciones antagónicas han surgido dentro de los partidos que componen en Frente Amplio.


¿Cuáles son las razones que explican este momento de tensión interna y externa del Frente Amplio?

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¿Se trata, acaso, de una discusión entre unos compañeros _que quieren hacer cosas efectivas_ a favor del pueblo que enfrentan a otros compañeros _cuyo deseo más ferviente es discutir, cotejar frases retóricas y darle impulso a la ideologización del debate_?

¿Se trata de un torneo entre pragmáticos e idealistas que andan en las nubes?

O ¿una confrontación de opiniones entre algunas personas y grupos que, por fin, se han abierto a las _nuevas ideas_ que propone el siglo (la apertura irrestricta, el achicamiento del Estado) y otros que han quedado amarrados al perimido ideario izquierdista de los sesenta?

Cualquier persona o grupo de personas que se acerque al debate verá que no es así.


Para muchos frenteamplistas la suscripción, en este momento y bajo estas condiciones de un tratado de libre comercio con los Estados Unidos, porque de eso se trata, pondría al país en una situación sumamente desfavorable.


En primer lugar porque ni el país ni el gobierno de Uruguay están en condiciones de resolver, en un lapso breve, el cúmulo de problemas que al país chico le plantea asociarse con un país del peso económico y comercial de los EE.UU.


Pensar que en un período de pocos meses se van a resolver todas las carencias y deficiencias que tiene nuestra adecuación como nación, en el plano económico, como propuestas de desarrollo, de adecuación institucional y normativa, aparece como contradictorio con la lentitud que se exhibe en el desarrollo de las políticas del gobierno en otros terrenos. Y eso no se puede hacer a los ponchazos, dejando divergencias e insatisfacciones por todos lados.


La comprensión de los obstáculos y la paciencia para sobrellevar la demora se debiera aplicar en la instancia de asumir compromisos externos, como el TLC, que pueden provocar daños irreparables en el tejido económico y social del país.


Por lo demás, el debate, como instancia nacional, recién empieza. Hay muchos sectores sociales que por una razón u otra no han tenido la posibilidad de estudiar a fondo cuáles serían, para su campo de actividad, las consecuencias de un acuerdo con los EE.UU.


Pero además las modalidades específicas de un tratado como el que hoy aparece en el horizonte, presentan - por parte de los EE.UU.- algunos rasgos que llaman a la reflexión y preocupan. Características que tienen los convenios en curso con Colombia, Perú y los ya plasmados del acuerdo con Chile y los países centroamericanos.


Todo parece indicar que en el instante de concretar un convenio de _comercio administrado_, como le llaman algunos expertos, los representantes de la gran potencia no resultan demasiado accesibles ni dan demasiadas muestras de compresión y sensibilidad ante a los argumentos de la otra parte. Si el país de menor desarrollo relativo, es decir todos los demás del planeta, resulta perjudicado, no es asunto de ellos. Lo de ellos es acrecentar su expansión y la rentabilidad de sus empresas.


¿Torpedear al MERCOSUR?

Ahora bien, toda la cuestión del TLC contiene en su seno otra, bien acuciante por cierto.

Uruguay ya se haya embarcado, desde 1990, en una propuesta de integración regional, el MERCOSUR.

Para quien siga con atención las noticias acerca de cómo nuestros socios de la región tomarían una decisión _rumbo a Washington_ por parte de Uruguay, resulta evidente que nada firme se puede anticipar acerca de cuál sería la respuesta.

¿Se está dispuesto a ahondar las dificultades con Argentina y también con Brasil? O, por el contrario ¿sería más alcanzable la meta de reconstruir y avanzar en acuerdos con nuestro propio vecindario?

No me cabe ninguna duda acerca de que con la Casa Matriz del imperialismo contemporáneo será siempre más difícil relacionarse

Es una incertidumbre que remite a un proyecto de largo plazo, a una cierta estrategia de integración sobre la que se ha venido insistiendo desde hace mucho tiempo.

Hasta ahora, la integración con los vecinos _de al lado_ había estado a cargo de gobiernos de entonación más bien neoliberal. Nunca esa tarea nacional y de dimensión latinoamericana, había estado en manos de un gobierno de izquierda. ¿Por qué no asumir los trabajos y los días de la integración con nuestra visión progresista?

La semana pasada, organizado con buen criterio por Carlos Viera de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, se realizó la Primera Jornada Nacional sobre Desarrollo. En la misma participaron economistas, como Ricardo French Davis y José Antonio Ocampo, de gran prestigio latinoamericano. Como quedó de manifiesto en el curso de las conferencias, hay una parte consistente y calificada de expertos, uruguayos y extranjeros, que ven con recelo las opciones de integración a través de tratados de libre comercio con los Estados Unidos.

Los excelentes aportes realizados en la Jornada no tuvieron, hasta ahora, la resonancia que merecían. Pero para quien tiene que estar atento a cómo evolucionan las corrientes de opinión, la reunión celebrada el jueves en la sede del MERCOSUR, debiera ser un indicador interesante. El equipo económico del gobierno ha dado pruebas de tenacidad, de firmeza para sostener sus criterios. ¿Garantiza eso que tenga razón? El jueves se vio que hay expertos que enuncian advertencias. No resultaría prudente ignorarlas.

Por una discusión transparente

Finalmente, el país se encuentra en los umbrales de una gran decisión. Sea en un sentido u otro. Con un TLC o sin él. Sea cual sea el sendero que se elija, la integración exigirá esfuerzos y adecuaciones de todo tipo.

Y ese esfuerzo no estará limitado a algunas áreas exportadoras (carne y textiles) o del Estado y sus empresas o las industrias locales amenazadas por las imposiciones de Washington, como puede ser la industria farmacéutica. Lo que estará bajo presión será el conjunto de la economía y por tanto toda la sociedad uruguaya.

Los proveedores del Estado, las pequeñas y medianas empresas, el destino de los servicios públicos, el desarrollo agrícola, entre otros tendrán que soportar un impacto fuerte.

Ahora bien, expuesta a ese desafío, la sociedad uruguaya ¿cómo está participando en el debate?

¿Cuál es el grado de información que se ha trasladado al Parlamento, a los partidos políticos?

¿Cómo ha venido discutiendo la fuerza política de gobierno esta cuestión acerca de la cual, en su propio seno, existen posiciones divergentes?

Es claro que no es el debate franco y abierto lo que suscita malestar.

Y ese debate debería hacerse antes de tomar resoluciones que después resultan irreversibles.

No es el sinceramiento de posiciones y la información exhaustiva una fuente de entredichos y malentendidos.

Justamente los malentendidos nacen _ en este y en otros temas- de los estilos de información recortada que se practica.

Otro estilo inconveniente es el recurso de _dar la callada por respuesta_. Ante determinadas críticas, a veces sobre manipulación de información sensible - si no son recogidas por ese centro de poder ajeno que es el oligopolio mediático _ no se responden.

¿Cómo se prepara la sociedad uruguaya para los desafíos que aparecen en el horizonte?

El gobierno debiera ser el principal interesado en promover y nutrir ese debate, para empezar en su propia estructura como partido y como bancada parlamentaria con mayoría absoluta en ambas cámaras.

Estimular también el debate en la sociedad, entre los empresarios, sobre todos los pequeños y mediano, con el mundo académico, con los cooperativistas y los sindicatos. Hay medios de comunicación del Estado que pueden estimular una mejoría del debate público. El país tiene tradición de debates. Las organizaciones sociales y profesionales han demostrado madurez como para intervenir en discusiones serias sobre los destinos del país.

04/09/06. La supervivencia amenazada
EDITORIAL
La República


Días pasados en su espectacular discurso antes la Asamblea General de las Naciones Unidas, el Presidente de Venezuela, Hugo Chávez realizó un conjunto de severas acusaciones contra George W. Bush presidente de los EE.UU. Como es habitual, de las afirmaciones del magistrado venezolano la prensa recogió apenas unas referencias más bien caricaturales y nada que pudiera dar una idea aproximada del pensamiento del dirigente latinoamericano.

El episodio no hace más que confirmar la estrecha relación entre el poder político instalado en Washington y las grandes cadenas de radio y televisión que pretender regular el flujo de información no solo en el interior de los EE.UU. sino en todo el planeta.

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En un tramo de su exposición, el presidente Hugo Chávez citó –y exhibió ante el auditorio- un libro reciente del gran pensador libertario norteamericano Noam Chomsky, figura intelectual y académica reconocida mundialmente por la agudeza de sus ensayos científicos y por el coraje que desde hace muchos años demuestra al publicarlos pese a la franca hostilidad del establishment norteamericano.

Aunque los grandes medios de prensa ocultaron la cita y la obra, la referencia pública de Chávez ha catapultado el libro de Chomsky –“Hegemonía o supervivencia: la búsqueda de Estados Unidos para lograr el dominio mundial” a los primeros lugares entre las obras más vendidas en los últimos meses. Si nos atenemos a algunas notas bibliográficas Se trata efectivamente de un ensayo agudo y extremadamente crítico con los lineamientos de política interior y exterior impulsados por la actual administración norteamericana.
Para Chomsky los factores de riesgo planetarios no han cesado de crecer en los ultimos años y esta situación de incertidumbre no ha hecho sino agravarse a partir del ataque anglo-norteamericano a Irak.
.
En su obra explica que “Organizaciones de ayuda con experiencia amplia en Irak y estudios de organizaciones médicas respetadas advirtieron de que la invasión planificada podría precipitar una catástrofe humana. Washington ignoró las advertencias y los medios de comunicación se interesaron poco. Un batallón de alto rango norteamericano concluyó que los ataques con armas de destrucción masiva (ADM) dentro de Estados Unidos eran “probables” y que lo serían aún más en el caso de guerra con Irak. Numerosos especialistas y agencias de inteligencia emitieron advertencias similares, añadiendo que la beligerancia de Washington, no sólo en lo referido a Irak, aumentaba la amenaza a largo plazo de terrorismo internacional y la proliferación de ADM. Estas advertencias también se desestimaron”

Chomsky pasa revista también a la responsabilidad de la administración republicana en el deterioro planetario del medio ambiente: “El presidente Bush y sus asociados también persistieron en minar los esfuerzos internacionales de reducir las amenazas al medio ambiente reconocidas como severas, con pretextos que apenas ocultaron su devoción de estrechar sectores del poder privado”.
La obra del ensayista parece ir a fondo acerca de los graves problemas que a la tierra traerá aparejada la política predatoria y armamentista del actual gobierno norteamericano.
En pocos meses el pueblo de los EE.UU. tendrá la oportunidad de desplazar de los principales puestos de mando del Estado a Bush y sus colaboradores. Probablemente eso contribuya a mejorar las posibilidades, hoy tan cuestionadas, de supervivencia del hombre en la tierra.

01/09/06. Los “ejecutados” del segundo vuelo
Reportaje en La República


Consultado sobre las revelaciones del secretario de la Presidencia acerca de la ejecución en Montevideo de “21 o 22 militantes” del PVP trasladados en el segundo vuelo, Cores se mostró dolido por la forma en que se manejó esa información.

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—Acabo de leer algunos medios de prensa en los que se da cuenta de una información vertida por un representante del gobierno ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de diputados: 21 o 22 militantes secuestrados en 1976 en Argentina y trasladados a Montevideo en el llamado segundo vuelo fueron primero llevados al Batallón 13 y luego ejecutados. También acabo de leer las actas de esa reunión parlamentaria, realizada el miércoles 23 de agosto.*
Las personas a las que se hace referencia como habiendo sido asesinadas son integrantes del partido al que pertenezco.
Desde el punto de vista estrictamente formal, como ciudadanos, realizamos ante la justicia la denuncia de 11 de los casos de compañeros que formarían parte del grupo objeto del traslado y que habrían sido ejecutados (Gerardo Gatti, Pablo Recagno, María Emilia Islas, Pablo Errandonea, Cecilia Trías, Rafael Lezama, Ary Cabrera, Carlos Rodríguez Mercader). Muchos de los compañeros tienen familiares que también forman parte de nuestro partido.
Desde el inicio, como PVP colaboramos con las investigaciones realizadas por la justicia y por el Parlamento antes de la ley de impunidad. También en los años siguientes. Los datos aportados, que podrían ser fragmentarios o incompletos, nunca contuvieron falseamientos ni exageraciones.
Sobre los compañeros secuestrados en junio (Gatti), julio (Duarte), setiembre y octubre de 1976 ya hace mucho tiempo que venimos aportando testimonios, de toda índole, que fueron desoídos. Eran referencias verdaderas sobre compañeros a los que ahora se reconocerían como formando parte del segundo vuelo.
En ese como en otros terrenos se aceptaron las versiones del tipo “99 por ciento de las posibilidades”, elusivas, falsas y mentirosas por parte de los militares que han manejado y manejan lo que saben de acuerdo a sus intereses y sus manipulaciones.
El PVP es una organización que existió bajo la dictadura. Y aún existe, con representación en la Mesa Política del Frente Amplio y responsables conocidos. Tenemos derecho a saber de qué se trata. Nos hemos ganado ese derecho en la militancia y en la lucha. En la seriedad y la verdad de nuestras denuncias.
La ejecución de los compañeros no es un hecho insignificante. Es una masacre de presos. Ocultada por el Estado durante treinta años.
Estamos vivos, por eso el episodio nos indigna y nos subleva. No admitimos que una tragedia de esa magnitud se banalice. O se analice con los ojos del “cálculo político”.
Manejar como se ha hecho la información acerca de los compañeros asesinados es un estilo que no podemos admitir. Como frenteamplistas, ¿de qué clase de organizaciones políticas formamos parte? ¿Cuánto está en pie y cuánto está extinguido de los valores de izquierda y las referencias éticas de la izquierda?
Si es la que surge de este episodio, que quede claro que la combatiremos, como hemos hecho siempre.
No nos resignaremos a convivir con estas formas de actuar.

01/09/06. Actitudes frente a la inseguridad pública
EDITORIAL
La República

Varios voceros de la oposición, a cuyas estridentes declaraciones el oligopolio mediático concede una amplia zona de repercusión, la han emprendido nuevamente contra la labor del Ministro del Interior Dr. José Díaz Chávez.

Cualquiera que examine con atención la forma como son tratadas las noticias policiales podrá informar del tono sensacionalista y difusamente culpabilizador con que me emiten las noticias. ¡No hay un día, ni un tramo de esa información muy impresionística por cierto, sobre el que planee siempre una difusa imputación más o menos larvada sobre las autoridades del Ministerio.

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En síntesis, sobre la situación de las cárceles, las responsabilidades son del gobierno. Sobre el clima de inseguridad pública, la responsabilidad exclusiva es del actual gobierno. Sobre las dificultades de todo tipo que contiene el accionar de la policía, la responsabilidad es del gobierno. Todos los días, ante las más dolorosas situaciones que viven ciudadanos uruguayos que padecen rapiñas, hurtos y agresiones, la responsabilidad es del actual gobierno.

Este tipo de reiteración simplista y demagógica, tiene una tipología bastante conocido en estas regiones y estos tiempos. Parecería que la denuncia de la inseguridad existente en la actualidad se ha convertido en el único argumento para enfrentar los esfuerzos de la actual administración por sacar al país adelante.

Otras campañas y otros ataques se están produciendo en el momento actual procurando debilitar a otros gobiernos más o menos progresistas de la región, tal como ocurre con la llevada adelante desde hace ya muchos meses por el Ingeniero Blumber bajo cuya presión se aprobaron en el Parlamento argentino un conjunto de leyes de mano dura en aras de lograr mejores condiciones de seguridad pública.
Como comenta una periodística firmada por Emilia Marín “… solamente en un país confundido políticamente Blumberg pudo imponer su paquete de leyes a un Congreso a la defensiva durante 2004. De resultas de su lobby, todas las penas se agravaron notablemente, hasta un máximo de 50 años de prisión, doblando la cantidad que estaba pautada hasta ese momento.
Que ese mayor castigo para determinados delincuentes (no los de guante blanco, obviamente) haya redundado en mayor "seguridad", eso está por verse. A tal punto no se produjo ese resultado, que el empresario está organizando para el 31 de agosto su marcha número cuatro”

Dice más adelante Marín: “En aquel momento, asesorado por los cráneos Carlos Ruckauf y Jorge Casanovas, de la banda bonaerense del "meta bala a los delincuentes", el paquete se aprobó a mano alzada con honrosas excepciones. El hombrecito se llevó anotado en sus carpetas los nombres de esos legisladores amigos de los delincuentes que no querían llevar a 50 años el tiempo de encarcelamiento de las personas”.
Y concluye el articulista: “Del petitorio de la "Cruzada por Axel", firmada ingenuamente por millones de argentinos bajo instigación de los multimedios, quedó trancado el mayor sueño del ingeniero: bajar la edad de imputabilidad a los menores. Esa es la mayor bandera de la marcha convocada para fin de mes y tiene un sentido de clase: criminalizar la minoridad pobre. Blumberg repite el libreto de la derecha reaccionaria y en vez de terminar con la pobreza quiere acabar con los pobres”.
Que los menores de 18 años matan y se van a su casa a tomar cerveza y fumar porros es otra de las mentiras del personaje y su círculo áulico. Las estadísticas informan que en todo el país hay 20.000 menores con problemas con la ley penal. Si la sociedad los trata como basura tendrá que atenerse a las consecuencias. En los últimos años la población penal general se duplicó, pasando de 30.000 a más de 60.000 presos sin que haya redundado en seguridad. Como le espetó Adolfo Pérez Esquivel al ingeniero: su propuesta contra la inseguridad, es insegura.

01/09/06. Contra una visión descafeinada de la historia
Reportaje de Samuel Blixen en Brecha.

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—Impulsar el estudio de la historia reciente en la enseñanza media me parece que es un paso positivo. Forma parte de un momento histórico en el que la sociedad uruguaya se pregunta acerca de un tramo de su historia sobre el cual hubo un obstáculo de conocimiento muy importante.


Todo lo que fue la realidad de la sociedad uruguaya durante la dictadura y en los años previos, en que la prensa fue objeto de prohibiciones discriminatorias, es absolutamente desconocido por las nuevas generaciones. Mientras se informaba abundantemente sobre ciertas actividades, había otras censuradas, en especial de los sindicatos y los partidos opositores, que expresaban de palabra o de hecho un rechazo al autoritarismo del gobierno colorado de Pacheco Areco.
Conviene recordar que en el período que se inicia con el primer gobierno blanco hubo medidas de seguridad en 1959, en 1961, en 1963, y en 1965 dos veces. Una vez cada dos años medidas de seguridad que daban facultades al gobierno para intervenir la prensa, limitar el derecho de reunión, clausurar sindicatos, detener personas e internarlas en cuarteles. Con el gobierno colorado que emergió de las elecciones de 1966 hubo medidas de seguridad permanentes; se levantaron unos meses en 1968, y otros meses en 1969. Después siguieron ininterrumpidas hasta 1976. De hecho se convirtieron en el único ordenamiento constitucional que regía, porque el resto de la Constitución se suspendió en aras de combatir el “desorden”.
El decreto de mayo de 1968, que me sorprendió presidiendo una asamblea de 3 mil bancarios en el Palacio Peñarol, se fundamentaba sólo en la agitación sindical. En 1964, después del golpe en Brasil, la prensa brasileña tiene una dedicación constante a los que llamaba sindicatos “rojos” en Uruguay, una prédica que insistía en la existencia de una subversión sindical. Daban la imagen de que Uruguay era un país al borde de caer en manos del marxismo soviético. ¿Cuál era la realidad, cuáles eran los contextos de aquella época? En ese sentido, me parece fundamental la iniciativa del Codicen para dotar de contenidos al estudio de ese tramo de nuestra historia. Ciertamente hay algo irreparable. La gente que vivió su juventud en aquellos años, en el seno de una familia desinformada, no pudo trasmitirle a sus hijos las vivencias.
Este movimiento cultural que se propone conocer y difundir lo qué pasó realmente enfrenta otro problema: el papel que juega la televisión en la relación entre las personas, entre las generaciones y en la familia. Los de mi generación, cuando niños, tuvimos la suerte de recibir las vivencias de nuestros padres, de compartir los hechos, una huelga, un acto de solidaridad entre compañeros. Hoy esa trasmisión está minimizada. La avidez que hoy existe por el pasado tiene que ver con la carencia de información de los padres, y también porque hay menos vivencia de vida colectiva.
—¿La juventud está verdaderamente interesada en conocer el pasado?
—Creo que sí. Pero la enseñanza del pasado va a contracorriente de los entretenimientos que tratan de ganar la atención de los muchachos, las maquinitas, los celulares, Internet, la propia televisión. Internet y celulares proporcionan un mayor contacto, aunque trivial, un área de comunicación entre personas de una misma generación. Son formas nuevas de relación, pero hay que ver en qué medida satisfacen ciertas inquietudes, porque esa intercomunicación está limitada por los contenidos.
—¿Por qué esa creciente avidez por el pasado no se daba hace diez años?
—Con el advenimiento de un gobierno progresista, con el protagonismo de militantes que fueron objeto de una campaña de difamación pública, socialistas, comunistas, tupamaros que hoy ejercen cargos de responsabilidad, de alguna manera se revela la intención de aquella difamación, y se reafirma que esos hombres y mujeres siempre estuvieron motivados por el deseo de intervenir en la cosa pública y de dar lo mejor de sí. Por otro lado, al perforarse la impunidad, y al verse obligados sus defensores a reiterar su viejo discurso, entre los historiadores más serios, más académicos, se refuerza la determinación, el desafío de plasmar en una síntesis de contenido científico las verdaderas causas de aquello que hoy sigue acaparando la atención.
—Pero la investigación histórica sigue estando condicionada por la imposibilidad de obtener los documentos y materiales que sirven de soporte para un trabajo de carácter científico.
—Son difíciles de conseguir documentos esenciales para el conocimiento del pasado. Todavía hoy es difícil de conseguir un documento hecho por parlamentarios de esta democracia sobre los desaparecidos. No estamos hablando de documentos secretos de la dictadura. Uno de los primeros pasos que podría dar este gobierno es editar esos documentos; una contribución sería editar las actas del Parque Hotel, donde aparece el grado de compromiso de los dirigentes políticos con las violaciones a los derechos humanos; sería revelador y aleccionante comprobar cómo se justificaban aquellos actos terroristas. Es absolutamente imprescindible obtener los documentos, porque hoy nos manejamos básicamente con testimonios de los protagonistas, y los testimonios tienen el defecto de la recreación de la memoria. No obstante, con las nuevas técnicas de investigación histórica, que se asemejan mucho a la investigación judicial, el testimonio es un punto de partida imprescindible.
—¿La reacción del Partido Nacional expresa un intento de evitar la investigación histórica del pasado?
—Hay una parte de las responsabilidades que le caben al Partido Nacional, sobre las que no se ha puesto el énfasis. Hemos tenido la tendencia a señalar como blanco principal de nuestras críticas a Pacheco, pero hay diez años que preceden a Pacheco, que están llenos de hechos determinantes: por ejemplo, la aceptación del viraje de la diplomacia estadounidense que impulsó la doctrina de la seguridad nacional imponiendo el concepto de enemigo interno. Por ejemplo, el protagonismo de Benito Nardone, que instaló la discusión de si era viable un fascismo uruguayo a partir de la prédica furibundamente anticomunista de quien era a la vez consejero de gobierno y conductor de un programa de radio. Por ejemplo, la firma de la primera carta de intención con el fmi, que incorporó dos conceptos desconocidos para los uruguayos: apretarse el cinturón y austeridad. Vino la represión contra las grandes huelgas; hubo un consejero ruralista, Faustino Harrison, que propuso “darle unas vacaciones a la democracia”. Aparecieron las bandas fascistas del Movimiento Estudiantil de Defensa de la Libertad y el Frente Estudiantil de Acción Nacionalista, que organizan el asalto a la Universidad en 1961 y que preanuncian a la Juventud Uruguaya de Pie. Todo esto está hoy pudorosamente silenciado. El debate y la polémica histórica forman parte de la disciplina histórica. Me llama la atención que se proteste tanto por la expresión del profesor Carlos Demasi, en un taller que duró ocho horas, de que Wilson Ferreira llevó al Partido Nacional a la catástrofe, cuando regresó al país en 1984 después de un largo exilio. Pero Demasi también dijo que Luis Alberto Lacalle formaba parte de aquellos “blancos baratos” de la época anterior a la dictadura, y nadie protestó.
—¿Por qué una reacción tan extemporánea acerca de una figura como la de Wilson, compleja y rica en sus contradicciones, como corresponde a alguien que se compromete con la realidad y por tanto se expone?
—La imagen de Wilson ha sido descafeinada por sus propios correligionarios blancos. Todos los discursos de Wilson a lo largo de 1984 están silenciados. En uno de los momentos de mayor elocuencia de sus demandas democráticas, Wilson afirma que cuando las Fuerzas Armadas consideran “pichis” a toda la población, dejan de ser militares para convertirse en parásitos. Los blancos han silenciado toda la militancia de Wilson en el exilio, sus denuncias ante el Congreso de Estados Unidos, su participación en la Convergencia Democrática, su alianza con el Partido Comunista. Silencian la autocrítica de Wilson por haber votado la ley de guerra interna y la ley de seguridad nacional. Después del golpe, Wilson se entrevistó en Buenos Aires con Gerardo Gatti, tuvo una conversación muy franca. Admitió que el Partido Nacional era muy frágil en su estructura organizativa, que nunca había convocado a sus bases, y que por lo tanto era poco lo que podía hacer para combatir a la dictadura. Y le dijo a Gatti que sería muy oportuno atentar contra un toro propiedad del presidente Juan María Bordaberry que cosechaba éxito en la exposición del Prado. Eso lo cuento en mi libro Memorias de la resistencia. Es una anécdota que ejemplifica el carácter de Wilson, como su valentía de reconocer errores, que el Partido Nacional elude. ¿Cómo explicar la estatura de Wilson eludiendo sus contradicciones cuando la ley de caducidad? Los blancos son los principales responsables de la mutilación de la figura de Wilson.
—¿Qué hay detrás de esa actitud?
—La intención de impedir que su partido sea analizado en el contexto histórico. Su responsabilidad en la génesis del autoritarismo. Hay un episodio ilustrativo de 1960 o 1961. Una banda atacó un club comunista en la calle Yi, donde vivía una familia. Tiraron 11 cócteles molotov, provocando un incendio de proporciones. Cuando se estaban retirando dispararon con un revólver contra la puerta, y como consecuencia murió un niño. El predominio conservador, la hegemonía de derecha, en el primer gobierno blanco, borró ese episodio de la memoria colectiva. El episodio quedó impune, como quedaron impunes el asalto a la Universidad o el atentado contra Soledad Barret, la estudiante a la que una banda fascista le marcó una esvástica en el cuerpo con un cuchillo. Esto me lleva a reflexionar que la historia también tienen que escribirla las organizaciones sociales y los partidos políticos; eso favorecería la polémica. Y nos permitiría saber qué hicieron los políticos de los partidos tradicionales durante la dictadura, aquí, en Uruguay. Ese es otro capítulo sumergido. Por ejemplo: desde una postura liberal conservadora, Enrique Tarigo impulsó una visión crítica de la dictadura, pero Julio María Sanguinetti se limitó a administrar la rebeldía ajena, para neutralizarla. El discurso histórico, el alegato histórico, es campo de los historiadores, del reportaje, de las mesas redondas, no es tarea del aparato del Estado.
—¿Cómo sigue esto, a partir de las propuestas de Demasi?
—Hay cosas que ya han sido trabajadas. La cuestión de qué fue primero, si la represión o la guerrilla, por ejemplo. Hay trabajos de Caetano, de Rila, de Rico, de Trochón, de Freda, que ya tienen 20 años. La producción histórica se controla por sí misma. Si hay errores se rectifican, se debate. Para dar un ejemplo de debate: me parece relevante, provocadora, la afirmación de Demasi sobre el papel de Estados Unidos en la salida democrática uruguaya. El planteo permite ahondar. Yo creo que en esa actitud de Estados Unidos durante el gobierno de Jimmy Carter tuvieron un papel determinante los sectores minoritarios de la sociedad estadounidense, comprometidos con el drama de nuestros países, que denunciaban ante la prensa y ante el Congreso. Y esos activistas que expresaban su solidaridad se alimentaban de las informaciones que aportaban los exiliados, que a su vez amplificaban las denuncias que salían de la cárcel y que manejaban los que mantenían la resistencia en el país. Desde el Estado la contribución es la publicación de documentos que están ocultos. Hay, a mi juicio, lentitud en esa contribución, que favorecería no sólo la producción de investigación histórica, sino fundamentalmente el debate colectivo sobre nuestro pasado reciente.
BRECHA, el profesor Hugo Cores (dirigente del PVP) analizó uno de los puntos críticos de cualquier intento de producción histórica: el temor de ciertos actores a que el estudio de los orígenes del autoritarismo ponga en evidencia responsabilidades mayúsculas.

6 setiembre al 9 de setiembre de 2006.

06/09/06. Carta a Subrayado
Carta a el informativo de Canal 10
( 1987: Asamblea por Verdad y Justicia, junto a Nelson Lorenzo Rovira y Richard Read)
Carta a Subrayado

Estimado Hugo Leo Pérez

Estimados amigos de “Subrayado”

Por intermedio del periodista Hugo Leo Pérez recibí una amable invitación de parte de Subrayado para expresar ante las cámaras de Canal 10 mis opiniones sobre la declaración del Dr. Gonzalo Fernández, Subsecretario de la Presidencia de la República y vocero del gobierno en el tratamiento de estos temas tan delicados, acerca de la ejecución de 21 o 22 compañeros.

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Según todo parece indicar, los mismos formarían parte del grupo de militantes del PVP secuestrado en la Argentina entre setiembre y octubre de 1976.

Por medio de estas líneas deseo trasmitir a tí como Jorge Traverso y Blanca Rodríguez que la noticia ha provocado un impacto emocional muy fuerte entre nosotros. Entre los que fuimos sus compañeros de trabajo y de militancia y entre los familiares directos de esos compañeros (hijas, hermanas, esposas, madres) desaparecidos y que hoy forman parte de nuestra militancia.

Pero no es justamente sobre la cuestión del impacto emocional a lo que quiero referirme.

Me interesa un aspecto que tiene relación con la labor periodística, el relato histórico sobre los hechos de la dictadura y a cómo la ciudadanía ha sido y es informada sobre estos asuntos tan trascendentes.

Sobre la actuación de militares uruguayos del SID y de la OCOA en Argentina en Uruguay ha habido dos versiones contrapuestas. Así se expresaron no solo en la prensa sino en las actuaciones judiciales que nosotros iniciamos apenas reconquistadas las instituciones en 1985. Allí aportábamos nombres de personas desaparecidas entre ellos niños, objetos, bienes inmuebles y demás. También los nombres de los oficiales que habían participado.

Frente a esa denuncia, que tuvo el respaldo de poca prensa y de las organizaciones no gubernamentales de defensa de los derechos humanos, prevaleció otra versión.
La versión del Estado, la del Ministerio de Defensa Nacional, del Ejército Nacional, la del entonces Presidente de la República.

Nuestras denuncias eran falsas, se dijo. Calumnias destinadas a ensombrecer el prestigio de las fuerzas armadas, búsqueda de la revancha después de haber sido derrotados “en la guerra”. Secuestros no habían existido. Robo de niños ¿a quién se le ocurre?, pedidos de rescate por nuestros presos, no existió. Y así sucesivamente.

Ni Gavazzo ni Silveira, ni Araba ni Cordero habían estado nunca en Buenos Aires.
Y otras formas de la negación, incluyendo la amenaza, luego cumplida, de acciones ejemplarizantes sobre los que queríamos que se oyera la otra campana.

A lo largo de años, incluso en el seno del Poder Legislativo, se pretendió colocarnos en la situación de acusados. Centenares de veces se nos inquirió, en todos los tonos imaginables, qué había pasado con la gloriosa bandera de los 33, que había sido sustraída en agosto de 1969 por compañeros que después se integraron al P.V.P.

Cuando esto se planteó formalmente en la Cámara de Diputados, sostuve que el apreciado símbolo patrio había sufrido el mismo destino de nuestros compañeros secuestrados en Buenos Aires. Y que por tanto había que cambiar el protocolo de la encuesta. Cambiar de dirección la pregunta y formulársela a José Gavazzo jefe notorio de la represión al PVP en la Argentina. El se quedó con los militantes y con sus hijos, con sus bienes y él dispuso de su vida, o como ahora se confirma, de su muerte.

Por supuesto que no se aceptó esa afirmación verdadera y esa sugerencia razonable.
De manera insólita, hasta ahora, hace menos de un mes, desde una emisora que no es de las más pobres, se nos sigue preguntando, a nosotros acerca de lo que Gavazzo se apropió hace 30 años en Buenos Aires.

Cuando se abre el ciclo de los reconocimientos, es decir que Gavazzo estuvo en Orletti, que trajo personas secuestradas y demás, la situación del punto de vista de la verdad y su pública difusión empieza a cambiar.

El reconocimiento que ahora hace el Ejército es de una magnitud tremenda. Y opera como factor de impugnación a la ‘historia oficial’ sostenida por los defensores de la dictadura.

Al mismo tiempo conlleva a la confirmación que la versión verdadera era la que expresaba el polo más débil. Era nuestro alegato. El de partido pequeño contra el Estado todopoderoso.

Disculpen ustedes este largo y tedioso relato.

Era solo para decir que mi decisión es no acceder a ninguna entrevista en la que no pueda expresar, en cinco o seis minutos, cuáles son mis datos y mis opiniones.

No quisiera que sobre un tema tan dramático, cuando intento expresar un pensamiento cuidadoso de tantas situaciones (de mi gente, del público, del propio gobierno) no quisiera, repito, que la última palabra la tuviera una tijera y que mis palabras resultaran mutiladas en su difusión pública en aras de comprensibles preocupaciones de tiempo o de organización de las noticias.

Por supuesto que apenas de eso se trata. Y en modo alguno pretendo la más mínima indulgencia ni benignidad de quien realice las preguntas, por el contrario. Es más, siento que sería tonificante para el público asistir a un reportaje en el que se fuera a fondo y se exigiera coherencia al reporteado.


Pero no podría aceptar que se pierda de vista que lo que tengo que decir ha sido desoído por el Estado durante treinta años. Y se trata de ejecuciones sumarias de 21 o 22 personas detenidas, siempre negadas.

Espero que ustedes entiendan mi punto de vista. Conozco y tengo un gran respeto con los y las periodistas que se ocupan, con un conocimiento y una seriedad admirable, de todos los asuntos de derechos humanos. Aprecio por tanto la labor que ustedes han hecho y hacen en ese terreno.

Reciban, Jorge y Blanca, mi saludo amistoso

Hugo Cores, dirigente del PVP

06/09/06. Nuevos ataques contra la enseñanza de la historia reciente
EDITORIAL
La República

El pasado domingo, el editorial del diario El País, se ocupó -con más virulencia que argumentos- de los comentarios del Profesor Carlos Demasi acercas de las orientaciones que asumiría la enseñanza de la historia de los últimos decenios de la vida del país.
Como ya hemos comentado más de una vez desde La República, la decisión de las autoridades del CODICEN vienen a llenar un vacío acerca de hechos históricos recientes que era impostergable reparar.

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No hay ninguna razón de peso para oponerse a esta actualización de los programas liceales en un territorio de conocimiento que tanta gravitación tiene en la formación intelectual y política de los ciudadanos.
Al decidirse a avanzar en esta dirección, el CODICEN no hace más que seguir la tendencia existente en la mayoría de los países más avanzados de incorporar estos temas al bagaje de conocimientos y reflexión de los jóvenes educandos. No hacerlo sería dejar a las nuevas generaciones presas de las antiguas polarizaciones políticas y antagonismos ideológicos de otrora.
Es una zona de cuestiones que puede y debe ser analizada de manera abierta, aceptando y promoviendo la controversia, tal como siempre se ha dado en la elaboración histórica de nuestro país, y en el resto de los países.
De un modo u otro, cada cambio del presente produce una manera distinta de valorar y de ordenar los hechos del pasado.
Así, por ejemplo, la Europa de hoy mira hacia la Primera Guerra Mundial de un modo distinto a como lo miraba antes. Tanto Francia como Alemania, que dejaron tendidos en los campos a muchos combatientes, se calcula unos 8 millones de jóvenes, han abandonado las narraciones nacionalistas- y a menudo chauvinistas, que mantuvieron durante decenios.
En su lugar se ido construyendo una visión más abarcativa y las posiciones del nacionalismo belicista extremo, tanto el galo como el teutón, aparecen, cada vez más, vistos como visiones hoy superadas de una Europa fragmentada en naciones hostiles y por tanto débil en el concierto mundial.

En nuestro país, las organizaciones políticas de la derecha se agrupan para atacar cualquier visión de los hechos del pasado que no sea la repetición de la “historia oficial” de los elencos políticos que durante más de 170 años han monopolizado el gobierno. Para el período reciente, la visión de estas fuerzas conservadoras es prácticamente la misma de la contenida en las obras “históricas” de la Junta de Comandantes en Jefe con el auspicio y la iniciativa del General Gregorio –“Goyo” Alvarez.

En el editorial que aludimos, donde se da por descontado que la verdad histórica está contenida en las páginas archivadas de El País y de El Plata, se expresa, junto al rechazo al cambio, una visión de la historia de la sociedad uruguaya como si se tratara de una visión familiar o la de un grupo de amigos que evocan los santos y las señas de determinados períodos históricos.

Esa concepción sectaria y elitista no admite otra información que la que se ha producido “en casa”, ni otros juicios que los nacidos en las tertulias de los sectores dirigentes.
De ahí que para El País, la existencia de grupos de extrema derecha operando impunemente en nuestro país a principios de los años sesenta, no existe. Claro, para
El País, vocero de las derechas, ya entonces ese fenómeno no existía.

Cuando el Profesor Demasi sostiene, basándose el hechos reales y documentos probados y en obras publicadas hace ya decenios: "Yo tengo la opinión de que la represión fue primero, la represión sobre los movimientos sindicales y estudiantiles en la década de los sesenta es anterior a la emergencia de la guerrilla como fenómeno político". Antes de 1963, "había en Montevideo, moviéndose con toda libertad grupos fascistas que atacaban locales comunistas, que secuestraban militantes comunistas y judíos (sic), gravaban esvásticas sobre el cuerpo (también sic), había agresiones de todo tipo hacia militantes de izquierda", para los cultores de la visión “casera” de la historia, se trata de un problema de “imaginación” del docente.

07/09/06. Impresionante reconocimiento del Ejército
EDITORIAL
La República

Las declaraciones formuladas en la tarde de ayer por el Secretario de la Presidencia, r. Gonzalo Fernández revisten una importancia excepcional. Se trata por ahora de una información trasmitida oralmente y conteniendo un volumen casi mínimo de datos precisos. Dada la magnitud de los hechos que se reconocen, la declaración significan un hito histórico en la larga marcha hacia la verdad y la justicia.

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Es de esperar que las autoridades militares actúen con rapidez en el traslado por escrito y de una relación más circunstanciada acerca de los episodios criminales de los que ahora se trasmite apenas el acápite.

No es, para La República, ni tema ni momento para exhibir laureles. Los hechos son insoslayables. El periodismo de investigación, en la labor de Roger Rodríguez, ha dado muestras de su seriedad. También de su coraje, cuando las denuncias que hoy se confirman como válidas, se empezaron a recoger casi en solitario, en un ámbito nacional en el que preponderaban las posiciones conformistas, los buenos modales de los que saludan con sobrero ajeno y los pusilánimes.


De la información publicada ayer surge que “la existencia del "segundo vuelo" fue admitida oficialmente por la Fuerza Aérea en su informe secreto remitido a la Presidencia de la República, el 8 de agosto de 2005. Allí, por primera vez, se reconoció que al menos hubo dos traslados ilegales de prisioneros políticos ocurrieron "probablemente" el 24 de julio y el 5 de octubre de 1976. Estas operaciones aéreas "fueron ordenadas por el Comando General de la Fuerza Aérea a solicitud del Servicio de Información de Defensa (SID) y coordinadas por ese Servicio". Según el informe, "el motivo de dicha solicitud, alegado por el SID, fue el de preservar la vida de las personas detenidas en la República Argentina, trasladándolas a nuestro país, ya que de la información existente, surgía la posibilidad inminente de muerte de las mismas en aquel lugar".


El enunciado de la posible ejecución de 21 o 22 uruguayos ha suscitado ya reflexiones y pronunciamiento de gran interés.

El doctor Oscar López Goldaracena, partidario de la anulación de la Ley de Caducidad y denunciante en la causa judicial del "segundo vuelo", manifestó que "si fuese así, confirmaría la existencia de ejecuciones masivas en el Uruguay, lo que califica como crimen de lesa humanidad". A propósito observó que la Justicia debería, entonces, intervenir en el marco de la investigación que se cursa en la órbita judicial.

Por otro lado, puntualizó respecto de que existe una resolución de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (66-2006) co-patrocinada por Uruguay, que establece el derecho a la verdad. En este sentido reflexionó que "por lo tanto, la sociedad uruguaya tiene derecho a conocer en forma completa todo lo ocurrido y conocer las circunstancias en las cuales se produjeron esas ejecuciones, la identificación de los responsables, el destino de los desaparecidos".

Por su parte, el abogado en muchas de las principales causas que se examinan actualmente, el doctor Pablo Chargoñia, sostiene que "cualquier información que provenga del Ejército tiene necesariamente que estar en conocimiento del Poder Judicial, en la medida en que se abrió una investigación que fue excluida de la Ley de Caducidad por el Poder Ejecutivo".

Finalmente, el reconocimiento del segundo vuelo y de las ejecuciones cambia diametralmente los ejes conceptuales para encarar el asunto. Asumiendo su participación, las autoridades actuales del Ejército deberán encarar también las dificultades de todo tipo que nacen de 30 años de negativas y de falsedades de la Institución hacia las autoridades y la población del país.

08/09/06. Maniobras y mentiras a nombre de la lucha contra el terrorismo
EDITORIAL
La República

La revista digital Rebelión acaba de publicar una nota del conocido ensayista William Blue acerca de la realidad actual de la política estadounidense y de los desbordes de autoridad que se perpetran en nombre de la lucha contra el terrorismo.
El trabajo está constituido por una serie de testimonios, mayoritariamente de funcionarios del gobierno de George Bush que dan pruebas contundentes acerca de las ideas, los métodos y la ausencia absoluta de escrúpulos por parte de los actuales ocupantes de la Casa Blanca.

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En síntesis lo que se podría adelantar sería que hasta ahora el gobierno de los EE.UU. ha utilizado la información obtenida por diversos medios, como la infiltración, la provocación, etc., para usarla en operaciones de impacto político. No ha habido el menor escrúpulo para detenerse ante la mentira, el falseamiento de los datos o las acusaciones infundas.
Refiriéndose al espectacular ‘descubrimiento’ de un plan terrorista en Gran Bretaña, cuando se anunció que un grupo se proponía incendiar una veintena de aviones que volaban entre Inglaterra y los Estados Unidos, el ensayista sostiene: “Como es típico en los cuentos de miedo sobre terroristas, es muy probable que los individuos arrestados en Gran Bretaña el 10 de agosto sean culpables de lo que George Orwell, en 1984, denominaba “crímenes de pensamiento”. Lo que es lo mismo, realmente NO han hecho nada. Como mucho, HAN PENSADO en hacer algo que el gobierno etiquetaría como “terrorismo”. Quizás ni siquiera pensamientos serios, quizás simplemente estaban descargando su ira por el papel excepcionalmente violento que han jugado Gran Bretaña y EE.UU. en Oriente Medio y pensando en alto lo bueno que sería devolver algo de esa violencia a Bush y Blair. Y entonces sucede, el momento fatal que arruinará sus vidas para siempre...sus palabras llenas de ira son escuchadas por la persona equivocada, quien los denuncia a las autoridades. (En el caso de las inundaciones en Manhattan, los peligrosos “terroristas” hicieron comentarios en un chat de Internet sobre volar algo)”.
Gran parte de la reflexión del artículo de Bloom remite a las consecuencias que, en la calidad de vida y en el sistema de garantías civiles y políticas que supone la democracia, están teniendo el conjunto de medidas represivas instaladas a nombre de la lucha contra el terrorismo.
Después de pasar revista a varias de los más truculentos anuncios de las autoridades norteamericanas descubriendo ‘complots’ y espeluznantes amenazas, Bloom describe la de detención en febrero de tres acusándolos de terrorismo. Y lo hace en estos términos:
“Y los tres hombres arrestados en Toledo, Ohio, en el pasado febrero fueron acusados -¿están preparados, lectores?- de tramar el reclutamiento y entrenamiento de terroristas para atacar a las tropas de EE.UU. y sus aliados en el extranjero. Tenemos que agradecer el habernos salvado de este horror a un testigo pagado por el FBI. Ha sido informador del FBI durante cuatro años, y posiblemente le pagaban por cada nueva pista que facilitaba”
Refiriéndose a la creciente culpabilización de pensamiento que tiene lugar en los EE.UU., que uno de los centros de su preocupación, comenta: “Debe de haber millones de personas en EE.UU. y en todo el mundo que albergan pensamientos sobre “actos terroristas”. Yo puedo ser uno de ellos también cuando leo algo sobre alguna reunión que van a celebrar Bush, Cheney y diversos neoconservadores. Teniendo en cuenta el horror diario en Irak, Afganistán, Líbano y Palestina últimamente, que no ocurriría si no fuera por el gobierno de EE.UU y sus aliados, el número de personas que albergan dichos pensamientos debe estar multiplicándose rápidamente”.
La claridad de pensamiento junto con la franqueza son puntos fuertes en la prosa del ensayista citado.

09/09/06. Neoliberalismo y fragmentación
EDITORIAL
La República

Las recetas económicas neoliberales, que hicieron furor – y desataron extendidas furias- en las décadas de los ochenta y noventa, se han caracteriza por sembrar la fragmentación social aumentando la brecha que separa a los más pobres de los ricos construyendo una suerte de “apartheid” social, con barrios-fortaleza donde se refugian los más poderosos y barrios marginales donde campean las plagas bíblicas y algunas más no previstas en los sagrados textos.

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Nuestra América Latina se ha convertido en el continente donde más lejos ha ido ese proceso de fragmentación social, cultural y demográfica. Somos el continente donde las distancias se siguen ahondando y donde los efectos sociales se han vuelto más difíciles de atenuar. Las respuestas de la periferia tienden a tomar cada vez más formas violentas.
La violencia urbana engendrada por la miseria genera procesos de confrontación violenta que superan en algunos países a las luchas de los antiguos movimientos guerrilleros.

El proceso va de la mano con el descaecimiento de las instituciones republicanas y democráticas. En las sociedades hipercompetitivas los procesos de corrupción económica contaminan las instituciones. El dinero manda, la descomposición del Estado se agudiza.

El entrelazamiento entre el privilegio económico y la corrupción política construye partidos y regímenes poco aptos para la oxigenación inherente a una república y completamente inhábiles para resistir las demandas de transparencia y reconocimiento de los derechos que conlleva la democracia.


Ese parece ser hoy el caso de México, el país donde las tensiones políticas han llegado a un punto extremo y la movilización pacífica y democracia de su pueblo está marcando el camino para todos los pueblos de la región. En aquella batalla se juega no solo el destino de la democracia mexicana, sino también la nuestra.
En ese sentido, una nota aparecida en la última entrega del excelente censuarios francés Le Monde Diplomatique firmada por Ignacio Ramonet contiene reflexiones de gran validez.
Dice el analista francés de origen español: “Mucho antes del comienzo de la campaña, era evidente para el presidente Vicente Fox (PAN) y las autoridades en el poder que López Obrador con su programa de lucha contra la pobreza era el candidato a destruir. Por todos los medios. Desde 2004, una maniobra sobre la base de bandas de video clandestinas complacientemente difundidas por las cadenas Televisa y TV Azteca, alineadas con el poder, intentaba desacreditar a López Obrador. En vano.
Al año siguiente, bajo el peregrino pretexto de no haber respetado las normas legales para la construcción de un camino de acceso a un hospital, fue condenado, encarcelado, y despojado del derecho a presentarse a elecciones. Masivas manifestaciones de apoyo terminaron obligando a las autoridades a devolverle sus derechos”

Desde entonces, prosiguió la empresa de demolición. Y alcanzó un grado delirante en el curso de la campaña electoral (3). Tanto más cuanto que un viento de pánico sopla sobre las oligarquías latinoamericanas y sobre la administración de Estados Unidos, desde que la izquierda se impone (casi) en todas partes: Venezuela, Brasil, Uruguay, Argentina, Chile, Bolivia... Y las nuevas alianzas ya no excluyen a Cuba (4).

Concluye finalmente Ramonet: “En semejante contexto, el triunfo de López Obrador (el tribunal electoral se expedirá el próximo 6 de septiembre) tendría consecuencias geopolíticas demasiado importantes. Con las que no quieren saber nada ni las patronales ni los grandes medios de comunicación mexicanos. Ni Washington. A ningún costo. Aun cuando haga falta sacrificar a la democracia. Pero López Obrador y el pueblo mexicano no dijeron todavía su última palabra”.
La alusión al viento de pánico describe bien un fenómeno nuevo y lleno de riesgos. De ahí la importancia ejemplar de la resistencia civil del pueblo mexicano.