1) -30/11/06. EE.UU.: presencia planetaria de la fuerza armada
EDITORIAL
La República
En estos días, noticias procedentes del ámbito internacional ponen evidencia la magnitud de la presencia norteamericana en el mundo. Al mismo tiempo, la decisión de una jueza en los Estados Unidos, oponiéndose a decisiones adoptadas por la Casa Blanca, ayuda a comprender la magnitud del poder que ha concentrado en sus manos el actual presidente de la República, George W. Bush.
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La información hasta ahora circulaba bajo el formato de material periodístico. En estos días es desde una comisión investigadora del Parlamento europeo que se confirma no solo la existencia de vuelo y secuestros perpetrados en territorio europeo sino que, en la mayoría de ellos, las autoridades locales conocían el accionar de los aviones norteamericanos.
Un vocero de la Comisión, Claudio Fava declaró ayer “La mayoría de los países de la Unión Europea conocía la política de traslados y detenciones secretas de presuntos terroristas realizada por la CIA fuera de Estados Unidos, y ocultaron estas informaciones a la comisión de investigación del Parlamento europeo.”
La misma fuente informó que “un total de 1.245 escalas en el continente europeo realizaron los vuelos del servicio secreto estadounidense tras los atentados del 11 de setiembre de 2001.
“Numerosos gobiernos cooperaron pasivamente o activamente. Lo sabían”, declaró Fava al presentar su proyecto de informe final ante la comisión parlamentaria sobre el presunto uso de países europeos por parte de la CIA para transportar y detener ilegalmente a prisioneros.
El eurodiputado Claudio Fava también denunció “la gran reticencia de la casi totalidad de los Estados miembros (a excepción de España y Alemania) a cooperar” con la comisión de investigación.
El informe del Parlamento europeo también indicó que al menos la CIA procedió a 10 detenciones ilegales en Europa.
Fava condenó la práctica de la “rendición extraordinaria”, es decir, del rapto de un sospechoso de terrorismo, y su traslado a un centro fuera de Estados Unidos donde es sometido a un interrogatorio que “en la mayoría de los casos, incluye incomunicación y tortura”.
Para la eurodiputada de socialista española Elena Valenciano, miembro de la comisión, el informe de Fava demuestra “la necesidad de volver a sentar las bases de la cooperación en la lucha contra el terrorismo, de forma coherente con el derecho internacional”. “El consenso internacional sobre las reglas de juego ha sido roto por la administración Bush”, concluyó la eurodiputada Valenciano.
Al mismo tiempo, noticias procedentes de los EE.UU. muestran los cambios profundos que viene experimentando la estructura política y judicial de ese país bajo la administración Bush. Fuentes de organizaciones de Derechos Humanos han hecho saber que “una jueza federal rechazó por considerarla inconstitucionalmente vaga la competencia del Gobierno de Estados Unidos de designar a ciertos grupos como organizaciones terroristas.
La decisión, emitida en Los Ángeles (California), respondió a una demanda del grupo 'Humanitarian Law Project', que cuestionó las facultades del presidente George W. Bush de bloquear los activos de grupos o individuos "especialmente designados como terroristas mundiales" tras los atentados del 11 de septiembre de 2001.
"Esta ley daba al presidente autoridad ilimitada de crear listas negras. Era una reminiscencia de la era McCarthy", señaló David Cole, abogado del Centro de Derechos Constitucionales que representó a 'Humanitarian Law Project' ante la jueza.
"Ni siquiera en la lucha contra el terrorismo el presidente puede tener una autoridad sin controles para poner en la lista negra a cualquiera que considere mala persona o mal grupo” (…) .
La decisión adoptada por el magistrado de Los Ángeles remite el caso de dos organizaciones. De todos modos, la norma sigue en pie y los poderes discrecionales del Presidente Bush siguen formando parte del derecho positivo que regula la vida de los ciudadanos norteamericanos y de aquellos que no lo son pero que han caído bajo la sospecha de pertenecer a algún grupo definido por la Casa Blanca como terrorista.
2).- 29/11/06. Ecuador: otra neta victoria electoral de la izquierda. EDITORIAL
La República
El triunfo del Frente Alianza País y su candidato Rafael Correa parece ahondar en una línea que se extiende de manera incontenible en toda América Latina. La rotonda derrota de Noboa, candidato de las derechas que había resultado vencedor en la primera ronda, marca la declinación, también en Ecuador, de las propuestas económicas continuistas, de orientación neoliberal y apuntadas a fortalecer la subordinación de las economías de los países a los dictados de las autoridades de los EE.UU.
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El triunfo electoral de Rafael Correa marca el rechazo del pueblo ecuatoriano a las propuestas de Noboa. Al mismo tiempo tanto los vínculos internacionales del candidato triunfador como sus primeras señales hacia fuera pronostican un fortalecimiento de las orientaciones que defienden el Presidente Hugo Chávez en Venezuela, Evo Morales en Bolivia y demás gobierno progresistas de la región con sus distintas formulaciones y perfiles locales.
Correa había anunciado, y ahora lo confirmó, su decisión de no firmar un tratado de Libre Comercio con los EE.UU., tal como las derechas ecuatorianas venían preparando.
El asunto había suscitado una amplia movilización popular de rechazo a la firma de dicho tratado.
El presidente electo, por lo demás, es un hombre allegado al presidente Hugo Chávez y los vínculos entre los dos dirigentes corre paralelo a un creciente entrelazamiento de intereses económicos, especialmente en la cuestión del petróleo del que Ecuador es un exportador importante.
En una nota publicada por el la revista digital Rebelión, el periodista uruguayo Kintto Lucas realiza una seria de afirmaciones sumamente interesantes: “El analista político Alejandro Moreano entiende que este domingo "es un día histórico, porque abre la posibilidad de iniciar un nuevo camino hacia un rescate de la soberanía y hacia la integración de América del Sur".
El propio presidente electo resaltó este domingo su intención de que, "con dolarización o sin ella, América Latina y particularmente América del Sur debe ir a un bloque geopolítico, comercial e incluso monetario, estilo la Unión Europea, para poder enfrentar y prevalecer en el mundo globalizado de siglo XXI".
Además, se deben "revisar los contratos petroleros con las firmas transnacionales, para que este recurso dé más dividendos, que se puedan invertir en salud, educación y desarrollo social", detalló Correa, de 43 años y que muestra como antecedente haber sido ministro de Economía al inicio del gobierno de Alfredo Palacio, quien en abril de 2005 sucedió al derrocado Lucio Gutiérrez.
"A diferencia de Bolivia, que había desnacionalizado el petróleo, en Ecuador siempre ha sido propiedad del Estado, pero las mafias de siempre se las han arreglado para privatizar su comercialización", advirtió.
Las anotaciones del periodista uruguayo muestran la fluidez de la situación política ecuatoriana. Vale la pena recordar que el candidato de izquierda no postuló candidatos para cargos parlamentarios, lo que deja un situación singular en el panorama de gobierno.
La búsqueda de apoyos parlamentarios será uno de los problemas más inmediatos que deberá enfrentar el candidato de izquierda. Agrega Lucas en su nota “Para (el analista) Moreano, será necesaria la movilización de la población para sostener los cambios que se propone el gobierno electo y para la Asamblea Constituyente que se convocará y podría instalarse en unos seis o siete meses.
En ese sentido, Correa volvió a asegurar tras ser elegido que convocará a la ciudadanía para que se pueda aprobar un nuevo ordenamiento político, jurídico y económico de Ecuador. Es consciente, además, que no cuenta con mayoría propia en el Congreso legislativo unicameral, con el cual dijo que mantendrá una política de "mutuo respeto".
Un cuadro, como se ve, complejo pero lleno de posibilidades democratizadoras y de realización nacional. De un pueblo que la merece pues la ha logrado con el sacrificio y la lucha.
3).- 27/11/06. Una ley injusta, heredada de un pasado siniestro. La República
Al interpretar la ley de Caducidad en términos tales que habilitan el juzgamiento de oficiales militares y policiales y sus cómplices civiles, el Poder Ejecutivo actual ha dado pasos de siete leguas en la tarea de avanzar en el camino de la verdad y la justicia. Avances notoriamente más netos y resueltos que lo que pronosticaban algunos locuaces comentaristas que, sobre el punto, se han venido llamando a silencio.
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Los avances
1- El encauzamiento de Gavazzo y demás policías y militares presos desde el mes de setiembre y ahora el de Bordaberry y Juan Carlos Blanco tienen un contenido simbólico de enorme significación.
Al abrir camino para que fueran investigadas y resueltas por el Poder Judicial las violaciones a los Derechos Humanos en que estos ex jerarcas están involucrados, el gobierno ha dado pasos sustantivos en el proceso democratizador. Es un logro republicano de más significación que el atiborramiento cotidiano de ataques, presuntamente legalistas, que al estilo de la oposición venezolana, hipan y en el mejor de los casos gruñen los dirigentes de los partidos conservadores defensores de la impunidad.
Reitero, estos últimos episodios han golpeado simbólicamente algunos santuarios distinguidos de la impunidad. Pero la ley y todas sus determinaciones siguen en pie. La mayoría de las violaciones más graves siguen al amparo de la ley que declara caduca la pretensión punitiva del Estado.
La Comisión creada recientemente por un núcleo importante de organizaciones sociales y políticas, que se propone lograr la anulación de la ley, sin desconocer los avances aludidos más arriba, apunta justamente a la existencia misma de la norma poniendo de manifiesto los efectos deletéreos que produce en el conjunto de la sociedad uruguaya.
Demasiado humano
2- A través de estas líneas me propongo argumentar a favor de los objetivos que se propone la Comisión por la Anulación de la Ley de Caducidad.
¿Qué tipo de delitos son los que la Comisión pretende que sean juzgados por tribunales ordinarios?
Más de una vez oímos o leemos argumentos dónde se exponen los delitos cometidos durante la dictadura como si lo que estuviera en juego comprendiera, exclusivamente, una dimensión humana. O fuera el resultado doloroso de una circunstancia específica que deparó los padecimientos de la tortura o la pérdida de tal o cual vida humana. El hecho visto como peripecia intensa, conmovedora pero estrictamente personal.
Este desfasaje abre camino a otro que consiste en comparar distintos tipos de actos violentos. Los actos de los funcionarios de la represión por un lado. Los actos de la insurgencia armada por otro. Y esta comparación, de la maldad de un lado y la del otro, es insostenible. Es un truco mediático. Un abuso que se intenta imponer sobre la sensibilidad de personas inadvertidas.
Los hechos, reducidos a (dolorosas) vivencias personales (hasta los verdugos más implacables resultan finalmente “seres humanos”) terminan perdiendo su carácter esencial y su carácter esencial es que unos crímenes fueron cometidos por el Estado, por funcionarios uniformados, pertenecientes a la plantilla del Estado, amparados por las normas, las cartas orgánicas de los brazos armados del Estado, controlados moralmente los tribunales de honor y los códigos de conducta militar y policial del Estado. De estos crímenes se trata. Ejecutados bajo el amparo de las leyes y de los legisladores advenedizos de la época.
El Estado terrorista
3- Crímenes del Estado, disposiciones homicidas llevadas del brazo por edecanes y embajadores, viajando en las valijas diplomáticas lacradas con el escudo del Estado uruguayo.
La impunidad que ha protegido hasta ahora a Gavazzo, a Bordaberry y a Blanco es, ante todo, la impunidad de las instituciones del Estado terrorista uruguayo. La ley de caducidad que la protege, salvaguarda el pasado criminal del poder público uruguayo. O sea del poder público construido por encima y a expensas del conjunto de la sociedad uruguaya.
Esa sociedad es de todos. Ese poder público, con sus antecedentes criminales, ese Estado uruguayo nos concierne a todos. A las víctimas, a sus familias, pero no solo. Nos concierne a todos.
Alegar acerca de las laceraciones que ese Estado terrorista marcó en la sociedad uruguaya, según se mire, podría parecer una denuncia demasiado genérica, una impugnación hasta algo abstracta. Hasta podría darse el caso que esa huella en el tejido social tuviera poca elocuencia para enfrentarse a la impactante expresión de quienes exculpan a los verdugos después de haber padecido en carne propia los traumatismos y excoriaciones de la represión.
Con toda su respetable significación humana y de vida, esos alegatos no invalidan nuestra impugnación a la ley. Las desgarraduras y mortificaciones de que se trata en este debate y en esta campaña contra la ley son asuntos del Estado, de su sórdida y sucia historia, de los purulentos antecedentes legales del poder público. De lo que la administración como violencia implacable organizada desde arriba hizo sobre y contra la sociedad. Una cuestión ante todo de orden público e institucional.
Siendo así ¿queremos seguir con ese pasado a cuestas?
4- ¿De qué Estado hablamos, de qué poder público?
El Estado, se ha dicho, condensa en normas legales las relaciones de fuerza entre las clases. El Estado terrorista de la dictadura no es el Estado abstracto de los textos constitucionales. Es el Estado que se construyó para aplicar políticas de represión social y cultural. Políticas a favor de unas clases y de despojo de otras.
No se trata de un poder público cuya existencia se sitúe en el espacio sideral. Es el poder público armado con las leyes nacidas en un momento histórico preciso: el de creciente autoritarismo de la burguesía, el de las leyes de seguridad del Estado y de suspensión de las garantías individuales de 1972, la ley de educación de 1973, las leyes que liquidaron los consejos de salarios e instalaron la COPRIN de 1969, las leyes orgánicas militares que hicieron de la doctrina de la seguridad nacional un catecismo siniestro para los oficiales y clases que tuvieron a su cargo la destrucción de las organizaciones sindicales y políticas de la izquierda. Las leyes que posibilitaron las militarizaciones de trabajadores de la actividad privada cuando para reprimir sus huelgas fueron sometidos al Código Penal Militar por decreto de la presidencia de la República.
Ese Estado y esas normas, y esos intereses detrás de las normas, dieron la carnadura institucional a la represión, organizaron y le dieron letra y doctrina al brazo criminal de los oficiales que actuaron. La responsabilidad personal de los verdugos se expresa y se conjuga también en la responsabilidad de las instituciones legales que primero legitimaron y luego, ya en democracia, otorgaron impunidad a sus crímenes. En ese territorio está situado el debate contra la ley de impunidad, hecha por el Estado para ocultar sus propios crímenes. Es el territorio donde se define en qué tipo de república queremos vivir.
Todo cambia
5- El país ha cambiado, ¿seguiremos viviendo bajo las condiciones impuestas cuando el poder lo detentaban los militares?
El mundo ha cambiado. Hace apenas unos días el Parlamento, por unanimidad, ha dicho lo mismo que nosotros: los crímenes contra la humanidad no prescriben, no se extinguen, no son amnistiables. ¿Seguiremos dándole la espalda a los tratados que suscribimos? ¿Seguiremos sosteniendo, como se dijo cuando Garzón ordenó la primera detención de Pinochet, que el desarrollo de un Tribunal Penal Internacional ponía en riesgo nuestra soberanía?
¿Queremos que el conjunto de la sociedad uruguaya desarrolle su existencia, de ahora y a perpetuidad, cargando con legado sangriento de las instituciones de la impunidad construidas para mortificar y expoliar al pueblo? ¿Qué futuro le depara al país esta impunidad?
4).- 25/11/06. La muerte en Bagdad
. EDITORIAL
La República
Una vez más la ciudad mártir de Irak ha conocido el horror de los atentados.
La batalla de Bagdad, que las autoridades norteamericanas dieron por concluida hace más de tres años, sigue vigente. No ha concluido. Por el contrario, una creciente radicalización del enfrentamiento entre distintas corrientes religiosas tiende a darle al conjunto de la situación un dramatismo humano extremo y un componente religioso cuya temperatura y belicosidad aumenta día a día.
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De acuerdo a las informaciones de fuentes confiables que difunde la revista digital Rebelión, según la policía iraquí, tres coches bombas conducidos por suicidas y dos episodios de ataques con mortero golpearon el barrio marginal chií de Ciudad Sadr en la capital, matando al menos a 150 personas e hiriendo a 238. El ataque, llevado a cabo por supuestos militantes árabes sunníes, ha sido el más mortífero del sectario enfrentamiento que desangra Iraq desde el pasado invierno.
Los chiíes respondieron casi de inmediato, disparando 10 ráfagas de morteros contra el santuario más sagrado de Bagdad, la mezquita Abu Hanifa, en la barriada de Azamiya, matando a una persona e hiriendo a 14.
También se encendieron los combates en otra zona de Bagdad cuando 30 insurgentes sunníes, armados con metralletas y morteros, atacaron el ministerio de sanidad, controlado por chiíes. Los atacantes fueron repelidos tras una batalla de tres horas, en la que intervinieron soldados iraquíes y helicópteros militares estadounidenses.
A partir de las 15,10 horas [del jueves], tres suicidas con coches bombas hicieron estallar sus vehículos uno tras otro con intervalos de quince minutos en Sadr City, impactando en el mercado Yamila, en el mercado al-Hay y en la plaza de al-Shahidein. Alrededor de la misma hora, dos secuencias de morteros explotaron en las plazas de al-Shahidein y Mudhaffar.
Vale la pena recordar que la invasión a Irak y la famosa batalla de Bagdad se emprendió en vistas al combate el terrorismo internacional.
Y al mismo tiempo preguntarse cuáles han sido los resultados hasta el momento con relación a crear mejores condiciones para combatir el llamado flagelo de terrorismo islámico.
En un texto reciente El Irak de Bush en 21 preguntas, el experto Ton Engelhardt señala al respecto:Tal como ha escrito Karen De Young en el Washington Post: "Los analistas del servicio de inteligencia estadounidense han llegado a la conclusión de que la guerra de Irak se ha convertido en el centro principal de reclutamiento de islamistas violentos y extremistas, y ha motivado a una nueva generación de potenciales terroristas en todo el mundo, cuyo número puede incrementarse vertiginosamente hasta desbordar la capacidad de Estados Unidos y de sus aliados para reducir la amenaza." Merece traer a colación lo que dijo el teniente general en la reserva, William Odom, ex director de la Agencia Nacional de Seguridad, esta semana, a un grupo de congresistas demócratas: que el reclutamiento de efectivos por parte de Al-Qaeda de hecho descendió en 2002, para repuntar de nuevo tras la invasión de Irak.
Como las tres tremendas explosiones del jueves llenaron el noroeste de Bagdad de inmensas columnas de humo negro y dejaron las calles cubiertas de sangre y cuerpos carbonizados, indignados vecinos y milicianos armados chiíes inundaron las calles, maldiciendo a los musulmanes sunníes y disparando sus armas al aire. Ciudad Sadr es el hogar del ejército Mahdi, la milicia leal al clérigo radical chií anti-estadounidense Muqtada al-Sadr.
El coordinado ataque ha sido el asalto más mortífero desencadenado en una única zona iraquí desde que la guerra dirigida por EEUU diera comienzo en marzo de 2003. El peor ataque precedente se produjo tras la explosión de una bomba al sur de la ciudad de Hillah en febrero de 2004, que eligió como blanco a los reclutas de la Guardia Nacional y de la policía, en su mayoría chiíes, matando a 125 e hiriendo a más de 140.
5).- 24/11/06. A diez días de las elecciones en Venezuela
EDITORIAL
La República
A nadie se le escapa la enorme importancia política que reviste la próxima instancia electoral en Venezuela.
El gobierno encabezado por Hugo Chávez ha desplegado una iniciativa inusual tanto en el terreno de las decisiones políticas domésticas como las que remiten a las relaciones internacionales, especialmente con los países de la región sudamericana y el Caribe.
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Si su política interior ha desatado, desde hace ya muchos años, una oposición frenética y estridente, especialmente protagonizada por sectores de las capas medias y del privilegio, la política internacional de chavismo ha conmovido no solo dentro de su patria sino en todo el continente. De ahí el interés y la expectativa que las elecciones del próximo 3 de abril vienen despertando en todas partes.
En estos días se ha difundido un documentado artículo de la ensayista chilena Marta Harnecker, de vasta y conocida obra sobre los procesos de cambio en nuestra América Latina.
El escrito revela la agudeza y la brevedad de quien conoce a fondo los temas que trata. Su experiencia latinoamericana y su formación teórica permiten a la autora presentar una serie de afirmaciones nítidas que resumen los aspectos principales de la situación política, económica y social que se vive en aquel país.
Para la autora, “La idea fuerza más importante del presidente Chávez: la pobreza no podrá ser eliminada si no se entrega poder al pueblo” permite entender las iniciativas impulsadas especialmente en los últimos dos años, decisivos después de los episodios del 2002: “El fracaso del golpe militar de abril del 2002 (más del 80% de los generales con mando operacional se mantiene fiel a Chávez y a la constitución) constituye la primera gran derrota de la oposición y un verdadero regalo para Chávez. Estas circunstancias permitieron que los actores se desenmascararan y el pueblo adquiriese un mucho mayor nivel político (dentro de las filas militares y dentro de los cuadros civiles ya se sabe con quién se cuenta y con quién no). Crearon el terreno propicio para avanzar en la depuración de la institución militar. Dividieron a la oposición. Hicieron recapacitar a sectores cada vez más numerosos de las capas medias, que antes estaban en contra del proceso, al ver la anarquía a la que podría conducir la marginación de Chávez.
Un segundo factor, para Harnecker, resultó decisivo: “El intento frustrado de parar el país 2 de diciembre del 2002 fue la segunda gran derrota a la oposición. El país no se detuvo. Chávez no se doblegó. Pero lo más importante, la industria petrolera pasó desde entonces realmente a control del Estado venezolano. Este fue el segundo gran regalo de la oposición. Por su actitud subversiva, saboteadora, alrededor de 18 mil cuadros gerenciales de alto y mediano nivel opositores al gobierno y que de hecho ejercían el control de la empresa crearon las condiciones legales para ser despedidos”
Finalmente sostiene Harnecker “La ratificación del mandato del presidente Chávez en el referendo revocatorio del 15 de agosto de 2004 —un proceso inédito en la historia mundial— fue la tercera gran derrota que sufrió la oposición venezolana. El triunfo de Chávez con una enorme diferencia votos (…), ante la mirada atenta de cientos de observadores internacionales que ratificaron unánimemente sus resultados, fue el tercer regalo de la oposición. Nadie podía dudar ya del carácter democrático de su gobierno”.
En el contexto así presentado por la ensayista, (el artículo agrega una contundente masa de argumentos destinados a mostrar las razones por las que Hugo Chávez resultará vencedor el 3 de diciembre) todos los sondeos realizados con un mínimo de profesionalismo muestran al candidato bolivariano con una marcada ventaja sobre el candidato de la oposición Manuel Rosales quien, al frente de un conglomerado variopinto, está lejos de aceptar tales pronósticos. La oposición venezolana no se ha caracterizado por su apego a la legalidad ni al ‘fair play’ de la política democrática. La palabra la tiene el pueblo venezolano.
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