15/05/06. Al bienestar no se llega vía Washington.
Escribe Hugo Cores- PVP-567 Frente Amplio
El FA, se ha dicho, ha venido para cumplir su programa. De acuerdo. Hacerlo, se agrega, requiere más de un período de gobierno. Analicemos ese pensamiento.
Sin sentirme presionado por las reglas de juego, siempre equívocas, de la democracia capitalista, diría que la circunstancia de haber sido elegido por el pueblo para asumir las tareas de gobierno ha puesto al FA ante un desafío actual e inmediato: gobernar de acuerdo a su programa y persuadir a los uruguayos que se está haciendo todo lo posible para llevar la justicia social a la mayoría de nuestro pueblo. Eso ahora. Y dentro de los plazos constitucionales. Lo demás nos será dado por añadidura.
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Aquí y ahora
Si nuestras propuestas, por ser valientes y acertadas, convencen, casi que podría decirse que el respaldo popular estaría asegurado y que, en última instancia, no importa quién gobierne después del FA: los niveles de descentralización, participación política y conciencia ciudadana alcanzados harían que cualquier partido democrático que gobierne sea impulsado a realizar su gestión con el sentido de justicia y la transparencia política de la impronta frenteamplista.
Exhibir resultados puede demorar. Lo que debe hacerse evidente desde ahora es el apego a nuestra identidad, el mostrar los lineamientos y estilos de trabajo nuevos, propios de una fuerza política que nunca hasta ahora había gobernado. Mostrar lo nuevo y lo distinto, lo de izquierda. Por eso no me parecen atinadas las alabanzas al gobierno sobre la base de que ‘asegura continuidades’ con tal o cual aspecto de las políticas de los partidos tradicionales.
Viene al caso una reflexión reciente de Fidel Castro, expuesta en un extenso reportaje realizado por Ignacio Ramonet. Castro insiste acerca de la necesidad de revisar los errores, de reconocer las carencias, de realizar autocríticas. El imperialismo norteamericano no podrá derrotar a esta revolución, ha dicho en un discurso reciente. “Pero podrán derrotarla ustedes si no corrigen sus errores” (…)
¿Un tratado de libre comercio con los EE.UU.?
El debate público acerca de la inserción internacional del país, acelerado por los pronunciamientos realizados en Washington, han generado confusión dentro y fuera de filas. Dentro del FA todavía se está discutiendo un pronunciamiento orgánico de la fuerza política sobre el tema, habiéndose ya avanzado considerablemente en la redacción de un documento nada proclive a un TLC que ha recibido el apoyo de prácticamente todas las fuerzas que componen el FA.
El documento sobre inserción internacional del país, que fue inicialmente abordado por el Plenario Nacional del 25 de marzo pasado, incorporaba una serie de conceptos y advertencias. La nueva redacción ahonda en esa línea que ayuda a situarse con firmeza ante un eventual tratado como el que ahora se impulsa. El asunto está a consideración de la Mesa Política y la última palabra la tiene el Plenario Nacional.
En ese sentido no parecen adecuadas las propuestas de discutir el tema evitando toda referencia al contexto, sin antecedentes ni caracterizaciones. Sugerencias sopladas en off desde la delegación gubernamental en Washington, del tipo de ‘ahora o nunca, Uruguay no puede perder esta oportunidad’ de suscribir un tratado con los Estados Unidos, no indican una forma adecuada de abordar de lo que, en caso de resolverse, constituiría un viraje político de fondo sobre un rasgo que ha sido cardinal en la identidad política del FA.
Se trataría, se dice, de un tratado de libre comercio, como el que el país ha suscrito con Méjico. No es así. Ningún convenio o tratado con los EE.UU. puede perder de vista los antecedentes de ese país en la materia. En esa y en otras.
Tampoco parece un buen estilo usar la muletilla según la cual cualquier referencia que intente ver más allá de lo inmediato, es “ponerse una etiqueta” o realizar un tratamiento “ideologizado”. Y con estas palabrejas pretender descalificar cualquier abordaje más o menos crítico siendo que una característica del pensamiento único hoy preponderante es, justamente, su propensión a desideologizar el análisis de la realidad, a partir del desconocimiento de datos fundamentales acerca de cómo funcionan y han funcionado históricamente la economía y la sociedad reguladas por la ideología del capitalismo hegemónico.
Nuestra inserción sudamericana: MERCOSUR más Venezuela
Los aspectos vinculados al comercio, la cuestión de las barreras arancelarias y no arancelarias, las exigencias y requisitos impuestos por los EE.UU. han tenido un amplio tratamiento en el mundo actual. No somos el primer partido de izquierda que se enfrenta a la problemática de las imposiciones desmesuradas, de corte imperialista, que los países desarrollados imponen a los países dependientes en todos los terrenos de la economía.
Imposiciones destinadas, justamente, a mantener y profundizar la brecha que separa la riqueza creciente de los países centrales frente a la pobreza, cada vez más aguda, de los productores de materias primas.
La tendencia más profunda y constante en la evolución de las economías capitalistas más avanzadas es a la concentración industrial, financiera y en los servicios. Al mismo tiempo, a través de los organismos internacionales que regulan el comercio y las finanzas mundiales, las grandes potencias se aseguran la subsistencia de condiciones favorables a su desarrollo y enriquecimiento en perjuicio de las economías más atrasadas.
Las propuestas de integración regional en las que Uruguay está comprometido, básicamente el MERCOSUR, parecían situarse, justamente, en un terreno que abriría la posibilidad de un espacio regional favorable a nuestro desarrollo más o menos independiente, creando mejores condiciones desde las cuales relacionarnos con el resto los protagonistas de la economía mundial.
En bien cierto que el proyecto MERCOSUR ha tenido limitaciones. Es cierto también que, hasta hace muy poco tiempo, en los gobiernos de los países que lo componen prevalecían las concepciones neoliberales. Pero esa situación ha ido cambiando, nuevos gobiernos y nuevas orientaciones abren camino para corregir errores.
La presencia de Venezuela, cuyos beneficios no nos pasan desapercibidos en muchos terrenos concretos a los uruguayos, tiende a configurar otra situación. En ese marco, no parece sensato avanzar en una senda de acuerdos con los EE.UU. que ponga en cuestión nuestra participación en el proyecto de integración regional más propicio para nuestros intereses y al de los demás pueblos hermanos de nuestra América Latina.
El mentidero económico
El falseamiento de los datos, el engaño y la mentira son moneda corriente en las relaciones comerciales de los países débiles con las grandes transnacionales y los países más poderosos. Esto a tal punto es así que existe en el campo internacional una organización que se dedica a analizar los índices de esa falsificación, el llamado I.D.R. (Índice del Doble Rasero) una sardónica denominación que mide los niveles de hipocresía oficial prevaleciente en los estados más ricos del planeta. Uno de los primeros entre los más mentirosos suele ser… justamente el gobierno de los EE.UU.
Por lo demás, en el análisis como partido de gobierno no debiéramos perder de vista lo que ha sido la manera cómo, desde sus orígenes, la izquierda se ha situado con relación a estas realidades. Una nota de Chifflet en Brecha recuerda a propósito de este punto lo que fue el pensamiento de Carlos Quijano. Lo mismo se podría decir de Arismendi, Trías, Real de Azúa, Arturo Ardao, entre otros.
Finalmente, un examen de las reacciones provocadas por la nacionalización de los hidrocarburos resuelta por el gobierno de Evo Morales arroja una luz fría e implacable sobre la naturaleza depredadora y corrupta del capitalismo contemporáneo. En la labor de las multinacionales del petróleo en Bolivia no hay maldad, ilegalidad ni expoliación que se haya dejado de hacer. Un diccionario completito de chanchullos contra el patrimonio económico del pueblo del altiplano.
Tomado de La República, 15/05/2006.
22/05/06Careos y caretas.
Escribe Hugo Cores PVP567-Frente Amplio
La Marcha del 20 de mayo ha terminado. Lentamente los concurrentes se van dispersando, mientras familiares y amigos juntan las fotos que desfilaron bien altas de los detenidos desaparecidos.
En silencio, se van amontonando los carteles, las clamorosas imágenes de los militantes asesinados, hombres y mujeres jóvenes. Mientras la gente en pequeños grupos se va alejando.
El frío de la noche empuja a los asistentes al acto hacia sus casas. Y la avenida y la plaza van quedando en silencio. Pero en su interior la ciudad no está en paz ni está en silencio: desde hace treinta años, en el corazón de esta sociedad está instalada la mentira. Treinta años de impunidad. Sobre los responsables de los crímenes políticos las clases conservadoras han impuesto el silencio y la mentira.
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Dar la cara en el careo
En estos días han resurgido algunos de los atropellos cometidos durante la dictadura: un careo, el primero en esta historia, enfrentó a Gavazzo y Rama con los familiares de Washington Barrios, secuestrado en Argentina en 1974.
Habida cuenta de la gravedad de los delitos cometidos contra Barrios y su familia, un careo parece ser poca cosa. Apenas una parte del procedimiento judicial. Una ceremonia sencilla en un juzgado polvoriento de la calle Misiones.
No obstante, ha tenido y tendrá, ése y otros careos, sus efectos pertinentes.
Contra muchas apocalípticas advertencias de quienes quisieron hacerle creer al país que el juicio a los culpables de la dictadura era imposible.
Es solo eso, un enfrentamiento cara a cara. De un lado quienes, sobre la base del conocimiento de una parte de la verdad, quieren saber lo que desde el Estado se les ha ocultado hasta ahora. Del otro, los oficiales del Ejército que esconden lo que saben, la desaparición de un hombre joven, su destino posterior.
En el careo, la madre del desaparecido percibió cómo sus oponentes, los hasta ayer todopoderosos oficiales, se iban desarmando. Cómo sus palabras de engaño tenían cada vez menos fuerza. ¡Qué poco tiempo de trabajo judicial se precisó para que empezara a entrar la luz! La tan necesaria luz.
Los centuriones del Cóndor no resisten un careo. No están preparados para enfrentar un proceso judicial ante magistrados que cumplan con su deber y les dispensen a ellos, los militares del proceso, el mismo trato y las mismas garantías que a cualquier otro ciudadano indagado por la presunción de delito.
Hora de preguntarnos, los uruguayos todos, cómo y por qué persistió en el país, en las entrañas de la sociedad uruguaya, esa llaga de la impunidad.
La carta de los ex comandantes del Ejército
El miércoles 17 de mayo, diez generales, ex comandantes del Ejército, emitieron una carta sin precedentes. La firman ex jerarcas con muy distintos grados de actuación en acciones represivas. En un extremo están los que actuaron recientemente, con una situación política y militar sin demasiados sobresaltos, en cuyo caso lo más que se podría alegar contra ellos sería la omisión en la búsqueda de datos, documentos, testimonios, pruebas, siendo que han existido, desde el Poder Ejecutivo, directivas destinadas a recabar información sobre aquellos episodios.
En el otro extremo se encuentra el General Gregorio Álvarez. Su papel en el desarrollo de la represión sucia y sistemática fue notorio a partir del año 1972, cuando se contó entre los jerarcas más activos en el proceso represivo así como de avance militar sobre las instituciones democráticas.
No solo ordenó la tortura generalizada de todos los presos políticos sino que trabajó por acrecentar el poder militar contra las instituciones y en aumentar su propio poder, culminando con la usurpación de la primera magistratura.
A través de la carta difundida el miércoles 17 los ex comandantes expresan su reacción ante los pedidos de extradición que han llegado recientemente al país. Después de los tres oficiales extraditados por la justicia chilena, que atraviesan los careos y los interrogatorios del ministro chileno, Alejandro Madrid, ahora desde Argentina se produjo la solicitud de extradición de seis oficiales pertenecientes a uno de los grupos de tareas más denunciado del estado terrorista uruguayo.
A partir de ese nuevo pedido de extradición, en los días siguientes tuvo lugar la emblemática detención de Gavazzo y sus cómplices por el secuestro y desaparición de María Claudia García, la joven argentina secuestrada en 1976 y posteriormente trasladada a nuestro país, donde dio a luz a Macarena. La desaparición de la madre y la apropiación de la niña son ahora los hechos indagados por la justicia argentina.
Son muchos y muy calificados los testigos y muchos, a lo largo de los años, los testimonios acerca de la presencia del grupo de la OCOA, capitaneado por Gavazzo, que actuaba en Buenos Aires operando en Automotores Orletti. Oficiales responsables del secuestro y la desaparición de cientos de compatriotas, entre ellos Gerardo Gatti, León Duarte, Jorge Zaffaroni y decenas de otros compañeros fundadores del P.V.P.
Por fin, para esos testigos y para esos ‘intocables’, después de treinta años, llegó la hora del careo.
La carta de los ex comandantes contiene una paradoja aleccionadora: los militares se agravian de las decisiones del actual Poder Ejecutivo que ha ido ‘abriendo el paso a la justicia de otros países para que actúen sobre camaradas nuestros, ciudadanos de esta Nación’. Pese a que se trata de delitos (inicialmente) cometidos en Argentina, en perjuicio de ciudadanos argentinos, los ex comandantes alegan la conveniencia de mantener estos contenciosos en ‘el plano interno de la nación’ manteniendo ‘el criterio ancestral de que los problemas de los uruguayos se arreglan entre uruguayos.
Nada es para siempre
Sucede que la vigencia de la ley de Caducidad, cerrándole el paso a los magistrados uruguayos, ha impedido la realización efectiva de esta ‘forma uruguaya de arreglar los problemas’.
Colocados ante la alternativa que se conceda la extradición y deban de viajar a la Argentina, los jefes militares descubren ahora los inconvenientes que para ellos tiene la ley de impunidad.
Quizás los más reflexivos estén pensando ¿cómo nos creímos las promesas de Sanguinetti en el sentido de que la impunidad sería para siempre?
Mientras así reflexionan vale la pena consignar que, con remarcable celeridad, la Secretaría de Derechos Humanos de Argentina ha subido la apuesta solicitando la extradición y la captura internacional de los diez firmantes de la carta en la que consignan su responsabilidad ante los crímenes cometidos.
¿Serán otros diez jerarcas militares que ahora por su propio interés se suman a la demanda de ser juzgados en Uruguay?
¿Estaremos ante otros que se suman a quienes quieren anular la ley de impunidad?
Poner la cara o ser caretas
Tiempo, este mayo, de situaciones inesperadas y de paradojas. Entre otras, la animada y desenvuelta presencia de los ex presidentes Lacalle y Sanguinetti en el debate convocado por el gobierno sobre la Defensa Nacional.
¡Qué desenfado nuestros ex primeros magistrados! ¡Qué ejemplo de libertad interior!
Concurrieron al simposio para explicarle al país cómo se deben conducir las fuerzas armadas de la nación. Que son muy numerosas, dicen. Mucho soldado. Que no están bien calificadas. Que deben modernizarse. Que deben actuar sometidas al marco institucional.
En medio de deslumbrantes sonrisas expusieron sin sonrojarse esas y otras ideas acerca de cómo el gobierno frenteamplista tiene que hacer para mejorar la defensa nacional y el desempeño de las fuerzas armadas.
Ellos, los máximos dirigentes de los partidos conservadores en el país ¿dónde han estado en estos años?
¿Qué responsabilidades tienen sobre el estado técnico y logístico actual de las fuerzas armadas?
¿Quién redactó las leyes y los reglamentos que las regulan?
¿Quién nombró los jefes que fueron ascendiendo?
¿Quién aprobó las doctrinas que prevalecen en la educación y en las hipótesis de conflicto que tienen hoy las fuerzas armadas uruguayas?
¿Quiénes sino Sanguinetti, Lacalle y Jorge Batlle son los responsables que se cerraran las vías para la actuación de la justicia uruguaya ante los delitos cometidos por militares?
Tomado de La República, 22/05/2006.
29/05/06. ‘Efecto Mujica’: advertencias graves y rectificaciones posibles.
Publicado en La República
Escribe Hugo Cores PVP567-Frente Amplio
Todo parece indicar que las expresiones públicas del dirigente del MPP, José Mujica, están llamadas a constituir un antes y después en el desarrollo del gobierno frenteamplista.
Aunque Mujica se ha pronunciado de manera clara y contundente, es posible constatar interpretaciones que se quedan en lo anecdótico o tratan de minimizar la entidad del hecho político ante el que se encuentran el gobierno y el Frente Amplio.
El líder del MPP ha actuado como factor emergente en una situación política que sobrelleva varias tensiones. A la vez, más allá de las diferencias entre ministros, ni en el gobierno ni en el FA se ha procesado todavía un intercambio acerca de la significación de los sondeos de opinión difundidos el 21 de mayo, que marcan una disminución del apoyo popular a la gestión del gobierno. También eso está sobrevolando.
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Mujica no está solo en esta emergencia.
El enfrentamiento a las pautas que viene impulsando el Ministerio de Economía no es una actitud exclusiva del M. de Ganadería. En la circunstancia Mujica está lejos de estar aislado.
Para empezar lidera al MPP, el grupo político con más respaldo electoral y parlamentario del Frente Amplio. A esto habría que sumar la influencia innegable que Mujica tiene en la opinión pública como dirigente político.
A la vez, los problemas que se ve obligado a enfrentar en su cartera tienen estrecha relación con los que se le presentan a otros secretarios de Estado y a otros dirigentes políticos: la imposibilidad de compatibilizar la atención a la deuda social con los lineamientos de política económica que se impulsan desde el equipo económico.
Si el endeudamiento de los productores rurales, el atraso cambiario y la extranjerización de la tierra, denunciados por Mujica en el Congreso de la Federación Rural, son hechos de una enorme relevancia nacional, no lo son menos la ausencia de políticas eficaces para impulsar el desarrollo del país productivo, la ‘opción preferencial’ por el FMI y el adelanto en el pago de la deuda, la demora en la creación efectiva de fuentes de trabajo, la lentitud de implementación de la reforma de la salud, la ausencia de obra pública y la falta de soluciones al problema de la vivienda.
Otro cruce de caminos de significación estratégica remite a la inserción internacional del país. Las divergencias con la línea de acercamiento con los EEUU y alejamiento del MERCOSUR impulsada, contra viento y marea, por el Ministro Astori, son, como en el caso del agro, especialmente significativas.
Tal como sucede con el titular de Ganadería, en el caso de concertarse un Tratado de Libre Comercio con los EE.UU., el que abandonaría su cargo sería el Canciller Reinaldo Gargano quien, además de ocupar la Presidencia del Partido Socialista, cuenta con un fuerte respaldo en el Frente Amplio en tanto fuerza política, tal como se demostró en el curso del último Plenario Nacional celebrado el 25 de marzo pasado.
Los recursos para la educación
Otro episodio de alta significación para un gobierno progresista, como el paro anunciado por todos los gremios de la educación pública, está dando muestras de las enormes dificultades que al desarrollo de la acción del gobierno de izquierda le vienen imponiendo las opciones económicas impulsadas por el ministro Astori y el equipo económico por él conformado.
El caso de la educación es paradigmático. Como se recordará, en el momento de diseñarse los lineamientos presupuestales para el período 2005-2010, el titular de Economía, como un Papá Noel al revés, llegó al Consejo de Ministros repartiendo unas insólitas sorpresitas: un Disco Compacto que informaba los módicos estipendios que cada Ministerio dispondría para el quinquenio. Si las cifras por exiguas eran malas, el procedimiento, como estilo de gobierno, era difícil de digerir.
En el incidente intervino el presidente de la república quien indicó la necesidad de dar cumplimiento a lo prometido en la campaña electoral y asignar a la educación los recursos que surgían de la aplicación a ese rubro del 4.5% del PBI.
Después de algunas tensiones y amago de renuncia, la decisión de presidente fue aceptaba.
Sucede que ahora, según trasmitieron los gremios de la educación al Frente Amplio, no se está avanzando hacia la meta del 4.5 que se deberá alcanzar hacia el final del período presupuestal.
Más bien al contrario. En el 2005 los gastos ejecutados en educación significaron el 2.9% del PBI. En el 2006 ese porcentaje cayó al 2.6%.
Estamos hablando de la educación pública, uno de los capítulos más significativos de la deuda social. Uno de los tramos en los que el discurso público de la izquierda se ha comprometido más a fondo y donde la propia intervención del presidente de la República confirma su jerarquización.
Aunque no se trata de un dirigente como los mencionados anteriormente, la situación del Ministro respectivo, en vísperas de un paro nacional de la educación (con la importancia simbólica que tendrá el del 30 de mayo), no está exenta de las tensiones del mismo sentido que sus colegas de Ganadería y Relaciones Exteriores.
Fortalecer al Frente para mejorar la acción del gobierno
Como telón de fondo de las vicisitudes políticas por la que atraviesa el gobierno está el curso de los debates en el seno del Frente Amplio como fuerza política.
La existencia de una estructura fogueada, con muchos miles de militantes que se sienten comprometidos con sus desafíos y bregan por el mejor desempeño posible del gobierno, es un handicap favorable de enorme importancia para el FA. Ni los últimos gobiernos Colorados ni en su momento el gobierno blanco tuvieron como factor de apoyo una estructura tan amplia y calificada como tiene el actual gobierno.
Aunque hasta el momento los sectores que respaldan a los ministros enfrentados no han situado la discusión en el seno de la orgánica frenteamplista, lo cual es siempre mejor que hacerlo a través de los medios de comunicación, el FA no se ha detenido a esperar que surgieran dificultades en el gobierno.
Por el contrario, aunque el funcionamiento ha sido lento y a menudo se interviene tarde, la estructura del partido-FA ha programado sus actividades para actuar como factor de sostén, espacio de debate y cantera de propuestas e ideas hacia el gobierno.
Y esto lo ha venido haciendo el FA con el concurso de la gran mayoría de las representaciones de base y de los sectores políticos que lo componen.
Hay divergencias en el gobierno: la fuerza política deberá reflexionar y discutir.
El “efecto Mujica” tendrá, en ese sentido, una nueva y estimulante consecuencia política: la promoción de un estado de debate que hasta ahora parecía sofocado.
Los hechos consumados y la ausencia de discusión es una patología que termina por dañar al conjunto del quehacer político del cuerpo social. Esto es especialmente negativo no solo para la tradición frenteamplista. Lo es también en un país discutidor, con un alto grado de desarrollo del interés público por las cuestiones de carácter político.
Sin cotejar opiniones es difícil acercar compañeros a las tareas, es difícil hacer que los comités de base o las estructuras de elaboración programática sean espacios que brinden hospitalidad y den respuesta a las muy a menudo angustiosas necesidades de los simpatizantes y adherentes del FA.
Uruguay tuvo, en más de un período de su existencia como nación, tiempos de alta densidad fermental, de búsqueda de caminos, de elaboración de propuestas, de concertación de acuerdos para sacar el país adelante.
Todo eso tiene como requisito previo, la existencia de una vida democrática intensa, la jerarquización de las instancias participativas de base, el respeto por las opiniones críticas y la no aceptación de ningún tipo de disciplinamiento que sofoque la emergencia de puntos de vista disidentes.
Todo eso requiere gente entusiasmada, convencida y con capacidad de convencer.
Sin la acción política del Partido-FA habrá dificultades para impulsar una mejora de la gestión de gobierno y procesar la reforma del Estado, tanto a nivel nacional como departamental, que es impostergable para llevar adelante a cabalidad el programa progresista.
05/06/06. La ley de impunidad debe ser anulada
Las declaraciones formuladas por el ex policía Ricardo Medina Blanco, detenido desde el 5 de mayo a partir de una demanda de extradición desde Argentina, han venido a confirmar denuncias difundidas hace ya muchos años. Una vez más fue del lado de las víctimas que se dijo la verdad. Y esta verdad mostró que desde las FFAA se venía mintiendo desde hace decenios.
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1- En estos días voceros del gobierno han anunciado la posición del Poder Ejecutivo de no auspiciar la anulación de la ley de impunidad promovida desde algunas organizaciones políticas y sociales. Sobran las razones para prestar atención a este punto de vista.
El tema recién se está empezando a discutir a la luz de algunos hechos que, más de veinte después del advenimiento de la democracia, se han empezado a saber.
2- Estamos hablando de crímenes contra la humanidad cometidos en un período preciso, los años del terrorismo de Estado. Esta fue una modalidad represiva que se aplicó a toda la sociedad uruguaya, sin excepción. Se trata, por tanto, de un asunto en discusión por parte de toda la ciudadanía, de un problema de Estado.
3- En una discusión como esta, las referencias personales tienen un valor muy limitado. Se trata de una problemática (el terrorismo de Estado) sobre la que existen experiencias de lucha política (las denuncias, las distintas formas que a lo largo de los años asumió la movilización popular contra la impunidad, etc.) protagonizadas en forma colectiva.
El análisis sobre esa experiencia colectiva, (plasmada alegatos jurídicos, pronunciamientos sindicales y políticos, congresos y acciones parlamentarias, etc.) tienen, en este terreno, más significación que declaraciones de tal o cual protagonista individual.
La ley de caducidad y el “espíritu de la ley de caducidad”
La impunidad -resultado no solo de la ley sino también de la acción política de los gobiernos blancos y colorados de los últimos 20 años- se convirtió en un obstáculo infranqueable para el conocimiento de la verdad.
Ante las denuncias, las Fuerzas Armadas negaron y mintieron. Recién con el advenimiento de un gobierno progresista la situación empezó a cambiar.
4- Los descubrimientos recientes de restos humanos en predios militares y confesiones que comienzan a aflorar muestran del lado de quién estaba la verdad.
Toda apelación a cualquier forma de amnistía a los violadores de los derechos humanos implica la decisión que la sociedad uruguaya y sus instituciones vivan en el ocultamiento y la mentira acerca de tramos trascendentes de su propia historia.
5- Cuando el FA se movilizó contra la ley de impunidad, en los años ochenta, sostuvo que al privar al Poder Judicial de su papel determinante en establecimiento de la verdad y la realización de la justicia se estaba dando un paso que afectaba al estado de derecho y desvirtuaba en profundidad el funcionamiento de las instituciones democráticas. Era acertado.
Las demandas de extradición formuladas ahora desde Argentina ponen en evidencia que la ley de impunidad no fue una salida real sino un remiendo impuesto bajo presión y que tarde o temprano los crímenes reaparecerían en alguna sede judicial.
Los fundamentos del FA contra la ley de caducidad
6- La lucha contra la ley impunidad fue entendida en el FA como un capítulo de la lucha contra el país conservador y por profundos cambios sociales y económicos. En febrero de 1987 dirá Líber Seregni: “Ley de caducidad que es promovida y generada por lo que es un sistema caduco (…) contra lo que tenemos que luchar.
¿Por qué hablé de las contradicciones fundamentales y de la ley de impunidad? Porque están íntimamente relacionadas. En lo profundo una cosa no es independiente de la otra. Los que apoyan el modelo conservador y regresivo, se resignan a una democracia tutelada y apoyan la ley de impunidad. Los que queremos un país donde se resalte la dignidad, donde se exprese la voluntad y la identidad nacional, donde se genere esperanza y alegría, somos las fuerzas del cambio, que impulsamos desde nuestro proyecto nacional, popular y democrático, somos los que enfrentamos la impunidad y apoyamos el referéndum.
La legitimidad de la ley de impunidad no es tal
7- ¿Qué ocurrió cuando en democracia surgieron las primeras actuaciones del P. Judicial contra los violadores de los derechos humanos durante la dictadura?
Hay mucho sobre este tema en la prensa de izquierda de aquellos años, empezando por Mate Amargo, la Hora Popular, etc...
Los dirigentes del Partido Colorado y los jerarcas de las Fuerzas Armadas se alinearon en defensa de los acusados de los secuestros en Argentina y del asesinato de Michelini, Gutiérrez Ruiz, Barredo y Whitelaw.
A partir de la actitud del Jefe del Ejército, Hugo Medina, las FFAA y el P. Colorado asumieron la defensa de los militares requeridos por el P. Judicial. “Era necesaria una amnistía que asegurara la paz” sostuvieron. Si se daba lugar a la justicia, los militares se encargarían de mostrar que en nuestro país no habría paz. En ese clima se deliberó y se votó en el Poder Legislativo y, bajo ese clima de intimidación, votó luego toda la ciudadanía.
La amnistía a los militares mostraba un criterio “de justicia” ya que, unos meses antes, se habían concedido una amnistía para los presos políticos de la dictadura. La “conquista de la paz” se hacía sobre la base de la igualación de la situación de los presos condenados por la Justicia Militar, sin ningún tipo de garantía, con la de los militares que no habían sido nunca indagados.
Las amenazas de golpe militar
La discusión y aprobación de la ley se hizo con el clima enrarecido por las amenazas de golpe. Durante los dos años que insumió la recolección de las firmas necesarias las amenazas continuaron. También los atentados contra locales del FA.
Al principio del año 1989, apenas unas semanas antes de la realización del plebiscito, Wilson Ferreira Aldunate sostuvo (discurso en CAMBADU) que la ley se había aprobado porque el país estaba bajo la amenaza de un golpe militar que hubiera retrotraído la situación al período de la dictadura.
Varios corresponsales extranjeros se pronunciaron en ese sentido. Entre otros, la enviada por la Revista Cambio 16 de Madrid.
El corresponsal de Miami Herald escribió: “Debido a la amnistía no solamente los culpables nunca pagarán por sus crímenes, sino que el país nunca tendrá un verdadero relato de la represión más brutal de su historia. Los defensores de los derechos humanos en Uruguay afirman que tal vez ésta sea la mayor farsa legal firmada por el presidente Sanguinetti. Tal vez es demasiado tarde para contrarrestar la presión impuesta sobre el presidente Sanguinetti por las Fuerzas Armadas Uruguayas, y para prevenir la consumación de esta farsa.
Como ha señalado Raúl Olivera en un trabajo reciente: “Es claro, el cambio que se advierte a partir de ese momento, abril de 1989, en las conductas del Poder Judicial. Los jueces penales, (…) aplicaron con exceso la ley de caducidad enviando todos los expedientes al Poder Ejecutivo para que éste resolviera si se archivaban las denuncias o no. El gobierno, sin excepciones ordenó su archivo. Inclusive, algunos jueces aceptaron pacíficamente, incorporar a la ley delitos anteriores al periodo amparado por la misma y aceptaron que se amparara en ella a los mandos militares y a los delitos económicos, que claramente estaban excluidos de la ley.”
El último Congreso del FA
El documento de respaldo a los Grandes Lineamientos Programáticos emanado del Congreso del 2003 se señala: “La impunidad constituye un verdadero obstáculo a la normalidad democrática para poder superar traumas de un pasado reciente, cuando ella funciona para proteger a agentes gubernamentales (civiles, militares y policías) que han violado seriamente derechos humanos, cometiendo con ello crímenes penales de suma gravedad. Esto implica un agravio a la justicia y afecta seriamente la igualdad de las personas ante la ley”.
(…) “lo opuesto a la impunidad es el funcionamiento de la justicia, que coloca a cada quien ante la responsabilidad por sus actos, aporta tranquilidad a la sociedad y constituye un eficaz disuasivo para futuras conductas de violaciones de derechos humanos”. (…) “Resulta fundamental establecer la verdad y hacer actuar a la justicia. Verdad y justicia no son valores intercambiables, no es posible renunciar a la justicia bajo ofrecimiento de algo de verdad”.
Con arreglo a esas ideas nos movemos por la anulación de la ley.
Tomado de La República, 5/06/2006.
26/06/06. Lo que está en juego en Venezuela.
Escribe: Hugo Cores PVP-567 Frente Amplio
Aunque hay varios temas importantes en el debate frenteamplista, haré algunas anotaciones más sobre el proceso que se desarrolla en Venezuela.
1-Las transformaciones de esa sociedad importan no solo por el papel que cumple como un componente dinámico del proceso de integración regional. Proyecto que, en los próximos días, tendrá una nueva instancia de materialización en Caracas con la presencia de todos los presidentes de los países del MERCOSUR, entre ellos nuestro presidente.
Será un cónclave de gran importancia ya que en él se firmará el protocolo de adhesión de Venezuela al MERCOSUR: una ampliación de la base territorial de la integración que molesta no solo a los políticos conservadores de Uruguay, como Sanguinetti y Lacalle, sino también a la Casablanca.
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Digamos de paso que en este contexto se producen las claras, inusualmente claras, declaraciones del Canciller de Brasil, Celso Amorím, señalando que la pertenencia al MERCOSUR excluye expresamente la eventualidad de un Tratado de Libre Comercio con países de fuera de la región.
Lo de Venezuela también importa por otras razones. Como es el desarrollo incontenible de la transición de una sociedad con grandes desigualdades y fuerte exclusión social a una sociedad que desarrolla políticas sociales orientadas a una amplia democratización de los bienes materiales y culturales de los que ese país dispone.
2-La sustanciación de ese cambio social desencadena al mismo tiempo la reacción, por momentos violenta, de las clases conservadoras locales y el hostigamiento del gobierno de Bush, que desconoce la legitimidad de la administración Chávez y que ha pretende colocar a Venezuela en la lista de los Estados cuya existencia supone un peligro para la seguridad en la región.
La frenética agresividad de Washington contra Caracas y contra Evo Morales no es un dato que se pueda soslayar. Tiene que ver con todas nuestras relaciones con los EE.UU. Cuando el encono de la bestia es tal, no hay margen para fraternizar con la diplomacia de Bush. Ni con el Comando Sur, instalado ‘humanitariamente’, aquí, en Santa Catalina.
3-Sobre esa perspectiva de grandes tensiones, el gobierno de Chávez coloca en la agenda de la izquierda latinoamericana la cuestión del socialismo del siglo XXI. Bienvenido el inicio de una discusión. Es un orden de temas postergado desde principios de los 90 y que había que abordar en algún momento. Nada mejor que hacerlo a la luz de las conclusiones y enseñanzas que se desprenden de procesos de luchas y transformaciones reales y de pura cepa latinoamericana. Y de una propuesta de integración antiimperialista enmarcada en la preocupación de construir una estrategia socialista.
4- Las derechas venezolanas hacen uso y abuso de los medios para atacar al proceso bolivariano. Mentiras estruendosas, como las de algunos patéticos personajes, laicos y prelados, protagonistas del golpe de abril del 2002, que fueron fotografiados y filmados en las galerías de los efímeros ‘vencedores’ y que ahora, descaradamente, dicen no haber tenido nada que ver.
6- En la Revista Question, dirigida por el uruguayo A. Aharonián, un periodista propone una interpretación interesante. Sostiene que la derecha miente como una muestra de status. Miente como alarde, por que ha tenido y tiene el poder para hacerlo. Falsifica como una muestra ‘de clase’ y de desprecio a los demás, sobre todo a las clases populares.
7- Otro tópico clave del proceso político en aquel país es la utilización de los episodios de violencia urbana como si se trataran de una expresión de inseguridad política, o como una responsabilidad que empaña la legitimidad del gobierno actual, que ‘no arma suficientemente a la policía’.
A eso apunta, por ejemplo, la consigna electoral del ex izquierdista, Teodoro Petkoff, “por una Venezuela sin miedo” que de manera insidiosa pretende trasladar al terreno de las opciones políticas las inquietudes suscitadas por la inseguridad.
Como ha sucedido en otros países de nuestra región, el alza de la inseguridad pública estalló a fines de los 80, bajo los gobiernos de la democracia-representativa de la IV República, cuando con el predominio de las recetas neoliberales, los niveles de pobreza alcanzaron sus cotas más altas y a las protestas populares se respondió con la represión como ocurrió con el Caracazo en febrero de 1989.
Como después hizo la derecha uruguaya, entonces se habló de “las hordas” que bajaban de los cerros.
La extensión del delito desde entonces ha tenido un crecimiento exponencial. Pero desde finales de los 80, recién, ahora, con el advenimiento del gobierno bolivariano, se empezaron a aplicar políticas sociales destinadas a mejorar las condiciones de empleo, salud, vivienda y educación para millones de venezolanos empujados a la miseria.
8- Otra de las claves del proceso venezolano es la actuación del presidente Chávez y las polarizaciones que desencadena. En un trabajo reciente, llevado adelante desde la Escuela de Sociología de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Central de Venezuela, la investigadora Mónica Venegas ha podido constatar el grado de polarización que existe entre los estudiantes con relación al presidente.
El sentido de la investigación es estrictamente científico y apunta examinar racionalmente la polarización que sacude a la sociedad venezolana, sobre todo a partir del frustrado golpe de abril del 2002.
La muestra fue realizada en cuatro instituciones: la UCV, Universidad Central de Venezuela; el IUPEC, Instituto Pedagógico de Caracas; la UM, Universidad Metropolitana y la UBV, Universidad Bolivariana de Venezuela, fundada por el gobierno en el marco del impulso educativo que realiza.
El antichavismo en mayoritario en la Universidad Central y en la Universidad Metropolitana. En el Instituto Pedagógico las opiniones están divididas y el apoyo a Chávez es neto en la Universidad Bolivariana.
Dice el trabajo: “Se puede concluir que hay dos representaciones sociales de la imagen del presidente, una donde predominan las valoraciones positivas y otras donde predominan las atribuciones negativas. La imagen social negativa se construye valorando negativamente los rasgos personales y su pertenencia a una clase social baja más que la valoración de su obra de gobierno, mientras que la imagen social positiva se elabora más equilibradamente valorando positivamente tanto sus cualidades personales como los logros en las políticas gubernamentales.
(…) Reflexionando sobre las raíces de la polarización, el trabajo se pregunta: “¿Por qué, a finales del siglo pasado (1998), surge en Venezuela una polarización social de contornos tan violentos cuando durante cuarenta años de la democracia formal han existido profundas diferencias entre los grupos más pobres y los sectores de mejores recursos de la población sin graves enfrentamientos sociales?
“Parece evidente que en los últimos años se han producido cambios notables en las mentes de aquellos que resignadamente vivían la condición de pobreza como algo natural. “Desesperanza aprendida” lo han llamado los teóricos sociales.
“Esta transformación de la conciencia en los sectores populares a nivel masivo tiene su origen en las proposiciones sociales y económicas del proceso bolivariano.
Según el trabajo citado, para comprender esta situación habría que tener en cuenta que, por imposición de las clases dominantes, en la sociedad venezolana “se han desconocido y desvalorizado los aportes culturales de los sectores populares” (…)
“Es por eso que cuando Chávez empieza a desentrañar, hacer familiar y valorar los componentes culturales de los sectores populares, logra reconstruir una memoria colectiva, una identidad perdida y generar una identificación profunda de esos sectores históricamente excluidos no sólo económica y socialmente sino también de sus propios valores y visión del mundo”.
Lúcidas miradas sobre un proceso de cambios sociales en el que también se están jugando los destinos de nuestro país.
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