31/07/06. Del pasado y del presente.
La República.
(Foto:1989: Hugo Cores hablando en acto del MPP)
Escribe Hugo Cores PVP567-Frente Amplio
Algunos temas presentes en el debate de hoy requieren no perder de vista sus orígenes. La justa demanda de reparación, por ejemplo, a la que convocan los compañeros de CRYSOL, tiene que ver con un aspecto de fondo del pasado de nuestra sociedad sobre el que existen opiniones encontradas y está relacionada con lo que durante la dictadura y el largo período de impunidad fue la actitud del Estado en relación a las víctimas de la represión.
En este como en otros terrenos, la memoria es un campo de batalla. Se enfrentan hombres, partidos y siempre, por encima y por debajo, todopoderosas, las clases sociales.
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Las que poseen el poder económico (la tierra, los bancos, las fábricas y los medios de comunicación) y que controlan el aparato estatal a través de los partidos tradicionales, trazan y reproducen una visión del curso histórico. Contrapuestas, otras crónicas registran la memoria de las luchas populares. De sus conquistas políticas, de los logros de su unidad.
1-En los 60 y 70, miles de hombres y mujeres se rebelaron contra las injusticias y los despojos que los gobiernos colorados de la época imponían a los trabajadores.
Creo que sería importante, al menos entre nosotros, ponerse de acuerdo que, en el principio fue la congelación salarial. Y la represión para quienes rechazaban el despojo. Los cuarteles y las cárceles se abrieron para alojar a los que protestaban contra eso. Así ingresaron la policía y el ejército, con un rol bien preciso, en la dinámica de las luchas sociales. Y lo hicieron, durante decenios, para volcar la balanza a favor de los empresarios, de los banqueros y de los estancieros. En defensa del orden. Del orden conservador, claro.
Para conocer en última instancia cuál ha sido el resultado social de esa intervención, basta salir a la calle a la hora que se mueven los carritos recolectores de residuos. Antes fueron textiles o metalúrgicos. Tenían sindicatos. Fueron despojados y expulsados de la ciudad. Saber cómo y cuándo se perpetró ese salto atrás social y a quiénes ha favorecido, es un dato clave.
Recién ahora, con este gobierno, se está intentando salir de esa criminalizacion histórica de la protesta. Por eso, la línea impulsada por el Dr. José Díaz en el campo específicamente laboral es uno de los puntos altos de toda la gestión de este gobierno, lo que explica entre otras cosas la animosidad con que lo atacan los reaccionarios.
2- Volvamos al campo de la memoria. ¿Cómo fueron presentados por el Estado los luchadores sociales y políticos de la década del 60 y 70? ¿Cómo se formuló por parte del Estado el ingreso de las Fuerzas Armadas a posiciones de gobierno antes y después del golpe de Estado?
Entre 1972 y marzo de 1985 desde el Estado se sostuvo que en Uruguay no existían lo presos políticos. Había sí delincuentes subversivos. Se prohibió a texto expreso llamarlos de otra manera que no fuera esa. Cerraban una emisora o clausuraban un diario si se los nombraba usando otras palabras.
Los obreros y los sindicalistas, los luchadores de las organizaciones guerrilleras, esos subversivos eran, para el Estado, agentes de una conspiración mundial con centro en Moscú y La Habana; se proponían construir un Imperio Rojo. “El Planisferio Rojo” publicado por El País fue la expresión gráfica más espectacular de estos postulados. Lo rojo avanzaba. No han faltado, en tiempos recientes, voluminosos aportes bibliográficos que apuntan en el mismo sentido.
Las fuerzas defensoras del orden conservador, eran, como expresamente lo dicen los textos de la Junta de Comandantes, “el último bastión de defensa de la patria ante la agresión externa”. Habían salido de los cuarteles para salvar al país. Todavía hoy, en los dichos y en los escritos de algunos oficiales esos postulados sobreviven.
Para ese pensamiento, los hombres y mujeres que estuvieron presos, lejos de ser víctimas de la represión del terrorismo de Estado, son “enemigos” a los que se derrotó, sobrevivientes de una agresión a la patria oportunamente conjurada por la acción sacrificada de las Fuerzas Armadas. ¿Fue preso? ¿Gavazzo secuestró su hijo? ¡Por algo habrá sido! Y hasta no falta un magistrado, que ha mandado a archivar causas en las que la ausencia de justicia es un verdadero escándalo.
3- Con el advenimiento del gobierno popular retoma vigencia la cuestión de la reparación a las víctimas de la dictadura, dando por descontado que nunca, nada ni nadie conseguirá reparar las desapariciones, los asesinatos, los años de inhumano cautiverio.
La reparación, se ha dicho bien, debe ser completa y empieza por el restablecimiento de la verdad. Y, en este terreno la acción de la justicia es fundamental. No todas las causas están en la misma situación. Sobre algunas se han reunido muchos testimonios.
En estos días, a partir de la demanda de extradición de la justicia argentina se ha producido una nueva detención. Se trata de Araujo Umpierrez, un oficial importante en el conjunto de represores del SID que actuaron en Argentina. Debo señalar mi sorpresa: Araujo es primer nombre nuevo que aparece después de las denuncias formuladas por el PVP en 1976.
4- Obsérvese la singular situación que se está creando en el país. Varios oficiales se encuentran detenidos: todos por la misma causa, la desaparición de María Claudia García de Gelman.
Todas las demás causas, por una ‘razón’ u otra, se encuentran detenidas. Por lo demás, salvo alguna excepción, no hay ninguna información nueva para avanzar en el conocimiento de la verdad salvo las que han aportado las víctimas. En su enorme mayoría se trata de desapariciones de uruguayos que deberían ser juzgadas en tribunales uruguayos.
Esta realidad con la que se encuentra el gobierno progresista es el resultado de una hermética política a favor de la impunidad llevada adelante durante más de veinte años por blancos y colorados.
Esa situación, como lo hemos dicho muchas veces, ha colocado a Uruguay en esta situación absurda e indeseable en que nos encontramos hoy. Por lo demás, tal como se ha consignado en los documentos aprobados en las instancias democráticas del Frente Amplio, Uruguay ya no puede seguir postergando su actualización en relación a la vigencia en el país de los Tratados Internacionales.
Dentro de pocas semanas habrá que dar respuesta a la Corte Interamericana. No se trata de una novedad, no es un hecho inesperado. Hace años que se sabe. El hecho es que el pensamiento de los jueces de ese tribunal, tanto los actuales como los que integraron antes ese organismo, como Hector Gros Espiell, no acepta el argumento de la existencia de Ley de Caducidad. La desaparición de personas, - sostienen el tratado, la doctrina, los jueces - es un delito continuado. Un delito contra la humanidad y por tanto debe saberse la verdad y debe actuar la justicia. Agosto nos espera. La Corte Internacional también. La impunidad no es compatible con los Tratados. Estamos en una hora clave para una fase específica de la inserción internacional del país.
02/08/06. Los protegidos y los linchados.
La República Editorial
En la jornada del lunes, con una sorpresiva y sin duda destinterada atención, algunos medios de televisión dieron gran destaque a declaraciones públicas del redactor del crítica, profesor Rodolfo Fattoruso.
Fattoruso se invistió de una misión poco frecuente. Habla de su inmensa temeridad su decisión de realizar un alegato a favor del Círculo Militar, organización que agrupa a numerosos militares que ocuparon cargos jerárquicos durante la dictadura y que tienen, varios de ellos, denuncias ante la justicia por violaciones graves a los derechos humanos.
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Ver y oír al este intelectual de extrema derecha ensayar algunos argumentos, desde el ángulo que lo hace y en defensa de quiénes lo, no puede ser visto sino con un enorme placer y un vivo entusiasmo. ¡Por fin alguien se anima! Hace treinta años de algunos crímenes y más de veinte de democracia y nunca alguien así, de gratis, se atrevía a personificar un tan osado alegato a favor de una causa como ésta.
Pero veamos. Tal como da cuenta La República en su edición de ayer “En su primera aparición pública como vocero del Círculo Militar, Rodolfo Fattoruso señaló en el programa Código País, que se emite por canal 12, que si los militares uruguayos requeridos por la Justicia argentina son entregados "serán víctimas de un linchamiento judicial porque el presidente Néstor Kirchner es el propietario de los jueces argentinos". Fatorusso sostuvo que "la Justicia argentina no da garantías" para que los acusados de haber participado en el secuestro y posterior desaparición de la nuera del poeta Juan Gelman tengan un juicio transparente. El vocero del Circulo Militar sentenció que "seguramente el presidente Kirchner ya tenga el veredicto que emitirán los jueces argentinos" cuando juzguen a los militares uruguayos. Fattoruso dijo durante la entrevista que "Argentina es un país que se dice amigo, pero que en la práctica está manteniendo una actitud hostil en forma sostenida, y no es solamente por el tema de las papeleras", acotó.
El vocero del Círculo Militar dijo que "no es nuevo que desde hace tiempo la Justicia argentina sufre un fuerte desprestigio, pero lo que es nuevo es la voluntad política del gobierno argentino de establecer políticas hacia el Uruguay y por eso decidió juzgar a ciudadanos uruguayos", señaló.
Fattorusso pretende subirse al carro de la situación creada en torno a las fábricas de celulosa. Un vulgar contrabando. Pero hay una tradición de reflejos de esa índole. Todos apuntan a discutir cualquier problema a la luz de “la situación creada en la patria agredida”, “el patriotismo nos unirá a todos”. A nosotros, todos. Contra ellos, los otros, todos. Y así caerán en la rodada los magistrados que desde hace años vienen investigando los crímenes contra los derechos humanos en Argentina. Pidiendo las extradiciones que Sanguinetti bloqueó y archivó y ahora se reiteran. Jueces honorables, conocidos a los que ahora, según Fattoruzo, Kircher volvió malos. Cruzados contra Uruguay. Enemigos de nuestra patria orientala, ¡canejo!
El redactor de Búsqueda, semanario que apoyó a la dictadura en Uruguay y nunca dijo ni pío acerca del régimen terrorista de Videla en la Argentina, se alarma ahora sobre las condiciones en las que el actual gobierno argentino somete al Poder Judicial.
Pero el redactor de Búsqueda razona chiquito. Con vuelo corto. Como para sus amigos del Círculo o como para desatentos espectadores de TV.
Por que si el proceso que él denuncia, de envilecimiento de la magistratura argentina fuera así, sería absolutamente incomprensible que su alarma estallara cuando de lo que se trata de la extradición de militares de la dictadura.
En realidad, para que su retorcido argumento tenga algún asidero, Fattoruso tendría que pedir la anulación del Tratado con Argentina que habilita las extradiciones. De lo contrario sería dable concluir que a Fattoruso le es indiferente el espíritu vengativo y la docilidad de los jueces argentinos ante el poder ejecutivo de su país sólo cuando los extraditados son militares torturadores y asesinos. A los civiles, a esos, ¡que los linchen con toda tranquilidad!
07/08/06. Contra un tratado inconveniente para Uruguay.
Publicado en La República
Escribe: Hugo Cores PVP-567 Frente Amplio
El gobierno frenteamplista vivirá en estos días un clima de especial significación.
El gobierno de un partido de fuerte tradición antiimperialista deberá afrontar el sistema de presiones de las derechas nativas, de la diplomacia norteamericana y de sus propias vacilaciones.
Un tema, entonces, para medir pasos y palabras.
Es cierto que siempre se puede apelar a la brocha gorda. El muestrario exhibe pluralidad de ofertas.
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Las derechas quieren un TLC ya
Las más toscas de estos días aparecen en El País, la derecha desvergonzada. En la edición de ayer domingo no faltan los argumentos más desagradables, textos infamantes que uno lee conteniendo las nauseas.
Con el Tratado de Libre comercio, se dice, se podría importar ropa usada desde los EE.UU. Sí, también ideas y objetos usados así como palabras grasosas y sobadas por su uso norteamericano, no descartándose la posibilidad que, justamente, a causa de ese manoseo, hasta se coticen mejor en los mercados del snobismo y la tilinguería.
Otro suelto de El País sostiene que, en este tema, al Presidente de la República le falta autoridad, le tiembla el pulso, se está dejando llevar por algunos de sus ministros. ¿Pero no era que Vázquez representaba un peligro para la democracia por su autoritarismo?
El editorial principal colma la medida. Propone, descaradamente, la conveniencia de una alianza con Bush en vista de nuestro diferendo con Argentina. O sea con Bush contra Kirchner. Un mensaje descarnado que, bien mirado, habla de la desesperación y la chifladura de las elites tradicionales.
Aliados con Bush. ¿Será por lo respetuoso que es con los acuerdos y el derecho internacional? ¿O por su defensa de los derechos humanos en Guantánamo? ¿O por su actitud respetuosa en Irak? ¿O por su párate al Estado de Israel en su ataque criminal al Líbano?
¿Será por el respeto que Bush exhibe hacia gobiernos amigos de Uruguay como Cuba o Venezuela?
Finalmente, la información que El País trasmite en los titulares también falsea los hechos. Titulan que, ante la llegada del negociador norteamericano, Everett Eissenstat ‘llaman a un concentración los radicales’. La letra chica explica después que al TLC se oponen el Partido Socialista, el Movimiento de Participación Popular, el Partido Comunista.
Se podría agregar que también se opuso, casi por unanimidad, el Plenario Nacional del Frente Amplio, la máxima instancia de decisión de nuestra fuerza política. Con una moción explícita y con una sucesión de discursos de representantes de prácticamente todas las corrientes internas del FA, que apuntaron en el mismo sentido enfatizando la inconveniencia para Uruguay de un TLC con EE.UU.
¿Será que casi todos los frenteamplistas se han vuelto radicales? ¿O El País está intentando caricaturizar una posición política legítima y representativa del pensar y del sentir histórico de la izquierda?
Gobierno y protesta
Decía más arriba que el momento político es delicado. Lo es, no por los esfuerzos de las derechas por confundir sino por lo que pueden ser nuestras limitaciones, nuestra ausencia de reflejos o falta de elaboración y discusión política.
El acto convocado para el miércoles en la Plaza Libertad es expresión de ideas y valoraciones que existen en el Frente Amplio. Ideas y valoraciones que no siempre aparecen reflejadas con claridad en las expresiones públicas de algunos integrantes del Poder Ejecutivo, donde no todos parecen sintonizar con las resoluciones de los organismos.
El estilo, de algunos compañeros del gobierno, de discurso público inalterable, tipo piloto automático, que no escucha, que no da validez a las opiniones distintas, está lejos de ser la forma adecuada de conducir un frente con las características del FA.
El autismo monocorde, el repetir el mismo argumento como si no se hubiera oído la objeción, está llamado a desmovilizar cívicamente a la población. Desmoraliza el diálogo, el cotejo de opiniones que es inherente a la democracia política.
Hay opiniones que son diferentes, tienen una existencia legítima y, por tanto, deben ser cotejadas.
Algunos compañeros sostienen: “tengamos confianza en el gobierno, ellos son nuestros compañeros, ¿por qué poner en duda sus valoraciones?”
Con todo respeto, sostener que el necesario cotejo de opiniones inherente a la democracia política debe ser sustituido por “la-confianza-en-los-compañeros” es un error. Pareciera que nos hemos olvidado de cuál es nuestra forma de entender la democracia.
La izquierda no es una religión. Es un compromiso político basado en una ética. La ética de servir al país y al pueblo. Tengo una confianza irrestricta en los atributos morales de los compañeros que están en el gobierno, con muchos de los cuales nos unen muchos años de lucha. Pero la izquierda no es una organización confesional. No se basa en la fe sino en la continua elaboración de un pensamiento propio, una línea racionalmente fundada para trasformar la realidad y superar los escollos al programa, que nacen a cada paso. Y una acción apuntada a la ampliación constante de la participación de los ciudadanos y, por esta vía, de su compromiso efectivo para resolver los problemas del país.
Nadie puede pensar que tiene en sus manos una guía infalible. Todos los compañeros precisar cotejar sus opiniones. Entre ellos y con los ciudadanos todos. Pero ¿si no se coteja dentro del FA, se estará en condiciones de hacerlo con el resto de la ciudadanía? Y la desmovilización cívica tampoco ayuda al necesario relanzamiento nacional que Uruguay requiere.
Un tratado inconveniente
Un tratado de Libre Comercio con los EE.UU. es mucho más que un acuerdo bilateral para incrementar el comercio. El ejemplo propuesto -el tratado suscrito por EE.UU. con Perú- muestra las enormes dificultades que acarrearía para sectores importantes de la industria, para áreas claves de nuestras empresas públicas y para la economía en su conjunto.
Las exigencias de Washington acerca de la propiedad intelectual, su política de subsidios y aranceles y su actitud frente a las empresas públicas de los otros Estados, generan perjuicios irreparables a los países más débiles. Muchos expertos del FA han venido trabajando sobre esta materia y sus severas advertencias no han sido respondidas.
Asociarse comercial y económicamente con el ‘Estado-Prototipo’ del capitalismo salvaje es un paso sumamente riesgoso. Asociarse con el Estado-Insignia de la presión militar va contra nuestra manera de pensar las relaciones internaciones, la búsqueda de la paz y el trato respetuoso y digno entre las naciones.
Uruguay acaba de dar pasos decisivos en otra línea de integración. En Córdoba el proyecto MERCOSUR, con todas sus insuficiencias y sus pequeñas trapacerías, mostró que es una propuesta firme que está lejos de estar clausurada. Se ha incorporado efectivamente Venezuela. Bolivia, con un presidente combativo y de izquierda, está muy cerca. Y un TLC con EE.UU. es incompatible con el MERCOSUR.
Finalmente, en estos días, el Estado-agresor-prototipo ha reiterado sus amenazas, entre otros, a Venezuela. Es un país hermano. Un gobierno amigo. Me atrevo a decir nunca un gobierno uruguayo, en toda nuestra historia como país independiente, ha recibido las muestras de solidaridad que el gobierno bolivariano de Hugo Chávez ha dado a este gobierno.
Desde el proyecto Sucro-alcoholero de Bella Unión a las refinería de La Teja. Desde Canelones hasta Maroñas. Desde la Ciudad Vieja hasta el Polo Industrial del Cerro, incluyendo al glorioso hospital universitario, el de los pobres, nuestro Hospital de Clínicas. Ahí están, en estado visible y tangible, los resultados de un concepto de la integración. Bien distinto por cierto al que se endiosa en Washington.
09/08/06. No más ‘Operaciones Unitas’
Editorial La República
El anuncio realizado por el gobierno referido a la no participación de la Marina de Guerra uruguaya en maniobras conjuntas con otras formaciones militares resulta un hecho auspicioso y coherente con anuncios formulados con anterioridad y con una línea de pensamiento de la izquierda uruguaya de larga data.
El episodio ha adquirido significación por sus antecedentes y por todo lo que significa en la Latinoamérica de hoy la presencia de efectivos militares estadounidenses. Nuestro subcontinente, desde el Sur de río Bravo que separa a los EE.UU. de México, tiene una largo y a menudo dolorosa experiencia acerca del significado de la presencia militar norteamericana en la región.
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En el anuncio formulado por el gobierno se alude correctamente a las ‘Operaciones Unitas’ caracterizándolas como un resabio de los antagonismos que caracterizaron al período de la Guerra Fría.
Para Uruguay el ‘mundo actual’ no aparece – ni mucho menos- como desprovisto de antagonismos y tensiones. Más bien son lo que sobra. Justamente por eso resulta conveniente no incorporar más desafíos y contenciosos que los que hoy golpean a la puerta.
Por lo demás, la actual administración estadounidense se viene caracterizando no precisamente por su espíritu legalista o conciliador. Más todo lo contrario. La doctrina de la guerra preventiva, que sirvió como soporte ideológico a la agresión –aún curso- a Irak coloca al sistema de naciones es ascuas.
El ordenamiento legal internacional, trabajosamente construido por la Organización de las Naciones Unidas después de la Segunda Guerra Mundial, aparece hoy en estado precario, vulnerado, justamente por una política de reacciones militares belicosas por parte de la administración Bush.
El personaje ha sido definitivamente descrito en un texto exhaustivo publicado el año pasado por La República de la pluma de su director.
A partir de aquella caracterización se podría concluir que, para nuestro país, del ‘Hitler de nuestro tiempo’ cuanto más lejos, mejor.
Por lo demás, tal como informa la prensa del día de ayer, en la reunión del pasado lunes de la Mesa Política del FA, figuraba en el orden del día la cuestión de una donación de la Marina de guerra de los Estados Unidos para la edificación de viviendas en Santa Catalina.
El General Victor Licandro, presidente de la Comisión de Defensa Nacional del Frente Amplio, había expresado con anterioridad su desacuerdo con la donación. Por su parte el subsecretario de la cartera, José Bayardi ha sostenido que esta donación no tiene nada que ver con la presunta intención de Estados Unidos de instalar una base militar en Uruguay.
La decisión del gobierno poniendo fin, al menos por el momento, a la participación uruguaya en las ‘UNITAS’ ha suscitado algunas críticas de parte de legisladores blancos y colorados.
De parte de estos últimos tales expresiones eran de entera previsibilidad. En cuanto a las críticas formuladas por los nacionalistas no aparecen avaladas por su concordancia con lo que fue la actitud del último gobierno blanco en la materia.
El Ministro de Defensa de entonces, el Dr. Mariano Brito nunca tuvo la menor vacilación para actuar en total sintonía con los requerimientos norteamericanos, poniendo en acción una doctrina bien alejada por cierto de los postulados del nacionalismo histórico encarnado en el Dr. Luis Alberto de Herrera.
La decisión del Frente Amplio es concordante con lo esperable de una fuerza de izquierda. Incluso con los temas en estado de discusión .
10/08/06. México: cuando las masas populares dicen presente
Editorial La República
En los últimos tiempos en América Latina los estremecimientos sociales parecen recorrer de un extremo a otro, países y continentes. Apenas terminada la movilización electoral en Perú, donde un candidato de la oposición más intensa obtuvo prácticamente la mitad de los votos, el estado de movilización popular parece haberse trasladado con una intensidad sin precedentes, desde los tiempos de la vieja Revolución de 1910 en tierras Mexicanas.
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El fenómeno tiene como suele ocurrir varias aristas, de las cuales en esta aproximación, retendremos apenas dos:
Primero: Andrés Manuel López Obrador, ha dado un nuevo paso en el proceso de construcción de su liderazgo democrático, del apoyo que ha sabido conquistar en el pueblo trabajador y en amplísimas áreas de la sociedad mexicana, incluyendo una parte de los intelectuales más destacados, a un sector del campesinado y de la clase obrera y un contingente que no ha cesado de crecer entre los jóvenes.
El conductor de la izquierda mexicana, se ha transformado en el punto de referencia también para la derecha más fosilizada de México. Nos referimos a los círculos de poder económico instalados en el aparato del Estado nacional y en buena parte de los estados federales. Estos sectores sociales aparecen como siendo herederos del viejo Estado construido por el Partido Revolucionario Institucional, PRI, a lo largo de medio siglo en el poder, con incrustaciones de los conservadores agrupados en el Partido Autonomista Nacional del Presidente Vicente Fox. Las prácticas de la corrupción política y administrativa han alcanzado una intensidad extrema en el México contemporáneo y no han faltado los líderes y ex presidentes sobre los que pesan acusaciones graves sobre delitos económicos y también de lesa humanidad.
Segundo: En segundo lugar el otro proceso sobre el que han venido llamando la atención los analistas, es el del crecimiento de la madurez política de las clases populares mexicanas.
Contra toda previsión, el fallo del Tribunal Federal Electoral que constituía una grosera maniobra contra el candidato de la oposición y consagraba un fraude electoral de gigantescas proporciones, ha sido el punto de partida para una movilización de masas sin precedentes. En los últimos días primero con una gran concentración en la Plaza del Zócalo y luego con el desarrollo de un multitudinario y gigantesco piquete, que bloqueó las principales avenidas de Ciudad de México interfiriendo de manera grave sobre el funcionamiento total de la ciudad, hombres y mujeres venidos de todo el país han “acampado” en las calles, veredas, plazas y jardines del centro de la ciudad, gestando una acción política enérgica y a la vez pacífica, que ha permitido denunciar ante México y el mundo, el fraude que las camarillas pretendían ejecutar.
La movilización popular mexicana es impensable fuera del contexto de las victorias recientes en Venezuela y Bolivia y de los sacudimientos sociales y políticos que vive nuestra América Latina toda en esta hora de luchas contra el neoliberalismo y las pesadas consecuencias sociales que ha dejado a su paso.
La importancia latinoamericana de México es insoslayable. Hay allí una cultura vieja y potente de la rebeldía que, esto otro también es cierto, convive con áreas de resignación y fatalismo. En ese México de grandes conquistas sociales y de temprana defensa de la soberanía nacional ha irrumpido una nueva generación de luchadores que reúnen aspiraciones y demandas del México más profundo, como las de Chiapas, hasta el más culto y refinado de sus sectores laborales e intelectuales de sus modernas ciudades.
En ese México a la vez feudal e hipermodernizado, amplios sectores de masas populares irrumpen en la vida política del País, tras un líder que parece ir semana a semana, ganando en profundidad de pensamiento y en temple para la lucha frontal.
La movilización popular contra el fraude electoral en México sólo puede ser vista como un nuevo movimiento de expresión democrática y de la dignidad de nuestros pueblos latinoamericanos.
