24/12/03 Polémica en el FA por propuesta
de derogación de la Ley de Caducidad
Entrevista al dirigente del PVP Hugo Cores
Material extraído del respaldo PC de HC. CX 14 El Espectador.
En Perspectiva/espectador.com de Uruguay - 24 de Diciembre de 2003
Repercusiones del IV Congreso del Frente Amplio
Polémica en el FA por propuesta
de derogación de la Ley de Caducidad
Entrevista al dirigente del PVP Hugo Cores
El planteo de derogar la Ley de Caducidad si se accede al gobierno despertó un duro debate en el Congreso del Frente Amplio. Finalmente se optó por quitar la mención expresa de la derogación de la norma, manteniendo que “se promoverá la adecuación de la legislación interna a los tratados internacionales ratificados por el país”. Para el dirigente del PVP Hugo Cores la ley es incompatible con los tratados sobre Derechos Humanos y por tanto lo aprobado por el congreso igual obliga al Frente Amplio a la derogación del texto legal.
EN PERSPECTIVA
Martes 23.12.03, hora 9.07.
EMILIANO COTELO:
¿Qué hacer con la Ley de Caducidad en un eventual gobierno del Frente Amplio-Encuentro Progresista (FA-EP)? Ese fue uno de los temas más duramente discutidos durante el Congreso del FA del fin de semana pasado, que comenzamos a analizar ayer con en entrevista con el senador Enrique Rubio.
El domingo, en régimen de plenario, se presentó una moción que promovía explícitamente la derogación de la Ley de Caducidad en un gobierno encabezado por Tabaré Vázquez. Y a propósito de un agregado a la moción original surgida en comisión se produjo un debate particularmente enérgico y apasionado que tuvo dos protagonistas: el dirigente del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) Hugo Cores y el dirigente del Movimiento de Participación Popular (MPP) Eleuterio Fernández Huidobro.
José Irazábal tiene una síntesis de ese intercambio.
JOSÉ IRAZÁBAL:
Exactamente. Cores argumentó en el Congreso del FA que el punto sobre la Ley de Caducidad era uno de los más importantes que tenían para resolver el FA y el propio país. “Es la constatación –dijo– de que lo que se ha dicho por parte de la derecha durante 16 años no es cierto, que la ley de caducidad resolvía para siempre el tema de los derechos humanos”. Dijo también que una muestra clara de esto son, por ejemplo, las marchas que se hacen los 20 de mayo, las protestas que han hecho los familiares, las acciones de la justicia –nombró la actuación de los jueces Cavalli y Recarey– y señaló que la herida en este sentido no está cerrada y que los gobiernos después de la salida de la dictadura actuaron como defensores de la impunidad y no de la reconciliación nacional. “No podemos ser, como ha dicho la prensa de la región, un paraíso de la impunidad, donde nunca nadie ha sido llamado ni siquiera como testigo”, afirmó en defensa de su planteo.
Luego se refirió a la respuesta concreta que se presentaba en ese momento, que era derogar la Ley de Caducidad.
(Grabación: )
“La moción que nosotros planteamos se remite a la existencia en el mundo y en la legislación interna uruguaya de un sistema de garantías que establece que hay delitos que por su naturaleza son permanentes. La desaparición forzada de personas es un delito permanente y por lo tanto una ley que caduca la pretensión punitiva del Estado está reñida con los tratados que el país ha suscrito –la Convención de Costa Rica, los tratados de Ginebra, la Convención de Viena–, que precisamente desarrollan in extenso la idea de que tienen la misma fuerza que las leyes interiores los compromisos que el Parlamento vota en materia internacional.
Nosotros creemos que es una señal imprescindible para hacerle al país: que con el FA no habrá normas que garanticen la impunidad. Y es una señal también para hacerle a una figura virtual, que no sabemos ni siquiera si existe, pero nosotros también tenemos que decir que el FA no es indiferente ante la conducta de algunos militares. El FA supo distinguir entre los militares que en los años 60 apoyaban a Pacheco y los militares como el general Seregni y el general Licandro, que se enfrentaron a Pacheco. Yo me pregunto: ¿las Fuerzas Armadas están todas alineadas con Gavazzo, con Silveira, con Cordero? ¿Son intocables estos sectores? ¿Qué señal les hacemos a los oficiales uruguayos que creen en la Constitución y en la ley, a los oficiales uruguayos que están dispuestos a respetar a un presidente de la República como va a ser Tabaré, apoyado por el voto democrático de los uruguayos?”
(Fin de la grabación)
EC - Así hablaba Hugo Cores durante el Congreso del FA el domingo en el Palacio Peñarol, defendiendo la necesidad de derogar la ley de caducidad en un gobierno encabezado por Vázquez.
JI - Inmediatamente subió al estrado el senador Eleuterio Fernández Huidobro, que fue el encargado de argumentar en contra de esta propuesta. El representante del MPP comenzó esa defensa recordando los compromisos asumidos por el FA en el plebiscito de 1989 sobre la ley de caducidad.
“Esta fuerza política que hoy levanta su palabra rumbo a 2005, rumbo a la campaña electoral y a un gobierno, estos documentos que estamos aprobando en este Congreso no pueden dar el mensaje al país de que cuando tenemos mayorías parlamentarias circunstanciales dejamos de respetar los compromisos”, decía Fernández Huidobro.
(Grabación: )
“Cuando se votó esta ley en diciembre de 1986 salimos casi de inmediato a juntar firmas durante lo que quedaba de diciembre, el 87 y el 88; ratificamos aquellas firmas eludiendo la última valla tramposa que nos puso aquella Corte Electoral, y luego salimos a convocar votos rumbo al 16 de abril. Recorrimos el país de punta a punta, casa por casa, utilizamos todos los medios de prensa y fuimos muy severamente interpelados por los adversarios en torno a si íbamos a acatar el resultado, mientras ellos sostenían aquella pregunta amenazante del ‘¿Después qué?’. Y nosotros dijimos que íbamos a acatar el resultado popular, el veredicto popular, nos gustara o no nos gustara, y les pedíamos a los adversarios que hicieran una declaración parecida.
Perdimos, compañeros. Y en aquella amarga madrugada de la derrota del 16 de abril declaramos nuevamente ante la prensa que nuestra palabra estaba empeñada en el acatamiento y el cumplimiento de lo que el pueblo había decidido.
Después hay argumentos jurídicos en los que no me voy a meter, bibliotecas en torno a los asideros y a las consecuencias de las derogaciones o de las anulaciones (…).
También tenemos argumentos políticos, compañeros: le entregaríamos en bandeja –hoy ya lo vimos en los medios de prensa– a la derecha, mañana mismo, este argumento para colocarlo como tema central de la campaña electoral, desenfocando la campaña electoral de los problemas de nuestro pueblo y desde allí al día de las elecciones vamos a tener que estar discutiendo todos los días la crisis institucional en la que este partido puede colocar al país, aunque no sea verdad, con la derogación de la ley de impunidad.
Este es el congreso de la victoria, compañeros, y a todo se puede renunciar menos a la victoria, compañeros, y no les haríamos ningún favor a nuestro pueblo y a nuestros niños y a los que pasan hambre hoy arriesgando con una torpeza política como la que se nos propone la victoria que está allí, hoy, al alcance de la mano. Gracias compañeros.”
(Fin de la grabación.)
EC - Finalmente la moción que promovía la derogación de la ley de caducidad en un gobierno frenteamplista no prosperó; de todos modos la votación fue más pareja de lo que muchos pensaban, tuvo 569 votos a favor y 746 en contra. Sí se votó, en cambio, la moción original que provenía de la comisión, una moción que a propósito de la ley de caducidad dice, entre otras cosas, que “el gobierno progresista reafirma la posición clara de que las normas de tratados internacionales sobre derechos humanos tienen igual valor que las leyes nacionales, y al respecto se promoverá la adecuación de la legislación interna a los tratados internacionales ratificados por el país”.
Cito estas dos frases de la moción votada porque, por ejemplo el profesor Hugo Cores, dirigente del PVP, dirigentes del PIT-CNT, de su Comisión de Derechos Humanos, y representantes de desaparecidos, entienden que con esa frase se está diciendo lo mismo que en la votación se rechazó. O sea, que a partir de esas frases, el gobierno del FA se vería obligado de todos modos a derogar la ley de caducidad.
La discusión se ha reabierto entonces.
Profesor Cores, ¿por qué sostiene usted que de todos modos un gobierno del Frente estaría obligado a derogar la ley?
HUGO CORES:
Para empezar porque nosotros creemos que existe en Uruguay un extendido sentimiento contra la impunidad y contra la ley que la regula, que ha habilitado la existencia de esa impunidad.
En la comisión en la que yo trabajé, que fue la que preparó la moción que finalmente fue sometida a la sesión plenaria del IV Congreso, a los pocos minutos de haberse iniciado el debate –una comisión en la que participaron alrededor de 130 compañeros– una vieja militante del Partido Socialista propuso eliminar de las resoluciones unos cuatro párrafos de valoración positiva, muy positiva, de la labor hecha por la Comisión para la Paz. Esta propuesta de la militante socialista del interior hubiera recibido el apoyo, quizás, de la mayoría, pero intervino un diputado de la Vertiente Artiguista que propuso que en lugar de eliminar todas las referencias a la Comisión para la Paz, se eliminaran sólo las elogiosas, las que establecían una valoración positiva de lo actuado.
Ahí ya tuve la visión, la percepción, de que esto estaba muy extendido –incluso en los sectores que se han proclamado partidarios de no incursionar en este tema–, de que hay un sentimiento extendido y arraigado que refleja –los congresos del Frente expresan muchas veces los comités de base, el sentir de los militantes de base de los partidos que están representados en el Parlamento y en el gobierno del Frente– el rechazo a esta ley.
Creo que es lógico: punto final, obediencia debida, decretos de perdón hubo en Argentina, en Chile, en toda la región; sin embargo la presión de los pueblos y el desarrollo de un pensamiento internacional humanitario que tiende a sancionar los crímenes de guerra, la instalación del Tribunal Penal en Roma, los acuerdos que lo habilitaron, la legislación que obliga a los países a adecuar sus normas internas a esos avances que existen de carácter libertario y humanitario en el derecho internacional, son un factor que obliga –de la misma manera que la economía obliga a modernizarse y hay panegiristas de todos los pelos; y constantemente se nos habla de que hay que adecuar tecnológicamente el país– a adecuar el reloj de las normas que regulan la vigencia de los derechos de la persona y las libertades políticas a lo que en el mundo está ocurriendo.
EC - Claro, pero el tema era si esto se resolvía expresamente en el Congreso del FA; y expresamente se rechazó la posibilidad de derogar la ley de caducidad en un gobierno encabezado por Vázquez.
HC - A nosotros no nos parece que el Congreso estuviera a punto de cometer ninguna torpeza política, como se ha argumentado. No nos parece que se trate de eso. Si el hecho está en la sociedad, si la insatisfacción frente a la ley de caducidad está en la sociedad, la nombremos o no, la problemática de esa ley nos golpea la puerta.
Obsérvese lo siguiente: se dice, se argumenta, como una argumentación “política”, de “sabiduría política” –entre otra serie de comillas–, que no hay que mentar la cuerda en la casa del ahorcado, como si no existieran los familiares que todos los 20 de mayo salen y la gente que está solidaria con ellos, como si no existieran los jueces, como si no existieran Cavalli, Alejandro Recarey.
EC - Pero Fernández Huidobro insistía en que si éste es uno de los temas del programa del FA, la fuerza política y sus candidatos se van a ver expuestos a lo largo de todo el año que viene a la interpelación de los rivales en la campaña electoral, a la interpelación periodística, a propósito de qué se va a hacer, si se va a derogar la ley y qué consecuencias tendrá desde el punto de vista de la inestabilidad institucional, como diciendo que eso podría llevar a poner en riesgo el triunfo del FA.
HC - Creo que eso no es así. El FA no está en condiciones de dirigir la agenda nacional, no está en condiciones de dirigir lo que los medios de comunicación priorizan; los medios de comunicación en su conjunto, para bien o para mal –creo que hoy para mal–, son los que fijan la agenda; excepcionalmente es un magistrado, una fuerza política, excepcionalmente el Frente, y abierta la agenda hay que opinar. Tanto hay que opinar ante estos hechos que media hora después de que Eleuterio Fernández Huidobro hizo esa argumentación en nombre de la sabiduría política y de que no hay que mentar la cuerda en la casa del ahorcado, el Congreso votó por unanimidad una moción presentada por el PVP donde se historian a lo largo de tres páginas los episodios recientes con relación a los destinos de los restos de Elena Quinteros, la presumible existencia de un cementerio clandestino en un terreno fiscal uruguayo, los obstáculos que al ejercicio del Poder Judicial ejerció el Poder Ejecutivo con intromisiones groseras. Fueron groseras cuando Cavalli procesó a Juan Carlos Blanco, de todo tipo, hasta un editorial del diario El País que ocupó casi una página donde se lo trataba de “caballo”; agresiones de todo tipo acerca de la trayectoria de un magistrado. ¿Cómo? ¿Cuándo un poder político, el presidente de la República puede presionar a un magistrado que tiene que resolver sobre una cuestión de la manera en que se hizo? ¿Hay seguridad política en un país donde desde el poder político hace una intromisión tan flagrante en el ámbito natural establecido por la Constitución? Constitución cuya separación de poderes está protegida por las normas, las costumbres y las ideas de los uruguayos, según engolamos la voz para decir.
Media hora después de que se invocara la sensatez política para no referirnos a este tema, para no decir una cosa obvia, porque si el FA se negara a votar esta moción… Detengámonos; desde hace un rato estoy tentado de explicarle a usted que esta moción, la que fue aprobada, fue redactada por nosotros, o sea esta moción de actualizar las normas internas de acuerdo a los avances del derecho internacional, fue redactada por nosotros, la expusimos nosotros. ¿Cuál fue la moción presentada por el diputado Bayardi y el senador Huidobro? Fue eliminar un párrafo que nosotros habíamos escrito, que mencionaba expresamente la ley de caducidad. Donde decía: “Se promoverá la adecuación de la legislación interna a los tratados internacionales ratificados por el país”, nosotros agregábamos: “anulando las normas que la contradigan, sobre las cuales existen fundados cuestionamientos en los organismos internacionales de derechos humanos”. La moción que finalmente resultó triunfante es ésta, menos esa frase que acabo de leer. ¿Por qué? Porque cuando se puso a votación la moción Huidobro-Bayardi, tampoco tenía los dos tercios de los votos; entonces para habilitar que surgiera alguna, nosotros también votamos, por eso salió prácticamente por unanimidad.
EC - La que quedó dice: “El gobierno progresista reafirma la posición clara de que las normas de tratados internacionales sobre derechos humanos tienen igual valor que las leyes nacionales. Al respecto se promoverá la adecuación de la legislación interna a los tratados internacionales ratificados por el país”. Así quedó; y usted dice que esto, así como está, implica que va a existir la obligación de derogar. ¿Por qué?
HC - Yo no soy experto en esto, como Eleuterio Fernández Huidobro, tampoco soy experto en cuestiones constitucionales; se lo oí al doctor Héctor Gros Espiell, se lo oí a alguien que me enseña mucho en este terreno que es Raúl Olivera, el compañero que está en la Comisión de Derechos Humanos del PIT-CNT. La normativa internacional, incluso regulada por el Tratado de Viena… ¿A qué viene esto del Tratado de Viena? Viene porque todos los países del mundo, exigidos por una especie de conciencia universal humanitaria y contraria a la impunidad, están procesando su adhesión a los tratados que garantizan la no existencia de delitos permanentes, como por ejemplo no se puede desaparecer a alguien y después muerto el perro se acabó la rabia y a eso hay que agregarle el olvido. Esa situación es rechazada porque el mundo ya atravesó estas cuestiones, primero en la Segunda Guerra Mundial y después en otras guerras recientes, y se está instalando en Europa un tribunal donde se aspira a sentar a los criminales y a los genocidas. La adecuación a esas normas implica la dilución de las anteriores.
EC - Por más que éstas hayan sido ratificadas en un referéndum, por más que hayan sido sometidas a la votación de la población y ésta las haya convalidado.
HC - Exactamente. Un hombre que sabe mucho de todo esto, el doctor Alejandro Artucio –actual presidente de la Comisión de Derechos Humanos de nuestro FA–, ha sostenido que no existe una ley con más fuerza que otra, las leyes son todas iguales, con o sin plebiscito, cosa que en materia de derecho tiene una racionalidad bastante lógica. No ha habido ningún debate doctrinario –en esto funcionan la doctrina y el debate al más alto nivel– y ninguna otra autoridad en derecho lo ha discutido.
EC - Fernández Huidobro –usted escuchó– argumentaba: “Nosotros nos habíamos comprometido a respetar el resultado del referéndum, que fuera cual fuera lo respetaríamos”. Y aquí se estaría promoviendo la derogación de una ley que la gente quiso que quedara. ¿Por qué? ¿Porque cambió el tiempo, porque es otro momento? ¿De eso está hablando usted?
HC - Las normas no son para tejer en torno a ellas elogios verbales, son para cumplirlas. La Ley de Caducidad no se cumplió, en primer lugar no la cumplió Sanguinetti que no aplicó su Artículo 4º; segundo, las normas, que no son para prosternarse frente a ellas sino que son formas que procuran regular la vida cambiante de las sociedades, también se actualizan y se derogan, como se derogan las constituciones. ¿Cuántos cambios constitucionales tuvimos entre la Ley de Caducidad y hoy? Con plebiscitos, por supuesto, con nuevas consultas populares. En tercer lugar, ¿fue tan libre como se dice la elección de 1989? Cuando se terminaba la campaña publicitaria del voto verde, cuyo último spot publicitario era un testimonio lacónico, sereno, de Sara, donde decía: “Busco a mi hijo. Ayúdeme a encontrarlo”, hubo tal presión sobre los medios que finalmente ese mensaje no se pudo difundir. Sara Méndez había sido hostigada, primero le robaron el hijo, después la tuvieron presa años, cuando salió la hostigaron todos los gobiernos, el de Sanguinetti, el de Lacalle, el de Sanguinetti de nuevo y el de Batlle. Todos hostigaron la búsqueda que hacía de su hijo.
Entonces no es cierto que todos recorrimos y aquello fue una especie de club de filósofos donde unos hablábamos del voto verde y otros del voto amarillo en igualdad de condiciones. No. Incluso se anunció –revisemos la prensa de la época– que provocaría malestar militar el hecho de que aquella ley fuera anulada por la voluntad popular.
Yo me pregunto si en el año 89 no existían zonas de la ciudadanía que se sentían presionadas por la amenaza militar de interferir en el curso de las instituciones. Entre 1989 y hoy han nacido muchos miles y miles de uruguayos que tienen derecho a opinar sobre todo eso; si tienen derecho para todo, si tienen todas las obligaciones que emanan del orden establecido, ¿por qué no pueden opinar sobre la Ley de Caducidad?
EC - Usted insiste en que lo que se votó en el Congreso del FA igual, en principio, obliga a derogar la norma porque es incompatible con los tratados internacionales sobre derechos humanos que nuestro país ha suscrito. ¿En qué sentido es incompatible? Un par de ejemplos de lo que habría que derogar de la Ley de Caducidad. ¿Qué habría que eliminar?
HC - Habría que eliminar todo lo que establece la caducidad de la acción estatal sobre los crímenes que los tratados establecen como imprescriptibles por su naturaleza. No son todos los crímenes.
EC - ¿Usted dice que a partir de esa derogación pasarían a ser juzgables y condenables todos los autores de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura?
HC - No todas las violaciones; hay violaciones que han prescripto; torturas, malos tratos son delitos gravísimos… Entre otras cosas, permítame que haga otro argumento, en este año 2003 han aparecido por lo menos dos textos y en los años anteriores habían aparecido dos o tres más; me refiero a libros, por primera vez en 18 años tenemos un libro que nos cuenta qué pasaba en el Penal de Libertad, un libro que se llama “Vivir en Libertad”, que agotó tres ediciones, y “Las crónicas de una derrota”, de José Jorge Martínez, donde hay una crónica terrible de cómo fue sometido a tortura este periodista y luchador. Por primera vez los uruguayos, los jóvenes uruguayos conocen testimonios de cómo vivió gente 12 años en el Penal de Libertad.
No estamos planteando que se reabra el gigantesco diccionario de delitos y atropellos que se hicieron contra aquellos miles de presos que tuvieron que desfilar por ahí, que dejaron una parte grande de su juventud en esas mazmorras. No pedimos que a los verdugos, al psicólogo que los mortificaba, a los médicos que veían morir a su lado a los presos de enfermedades curables y no los mandaban al Hospital Militar, no pedimos que se reabran esas situaciones; la vigencia de los tratados internacionales remite a la situación de desaparición forzada de personas y crímenes.
Me parece que acabo de cometer un error: no sé si el caso de los que murieron no tendría que ser revisto; no soy experto, siento en el corazón que no se podría permitir lo que pasó con el diputado Gerardo Cuesta, que murió abandonado, sin asistencia médica en el Hospital Militar, y otras situaciones de ese tipo. Pero nosotros nos estamos refiriendo básicamente a los delitos de desaparición forzada de personas; un día la Policía o el ejército se lo llevó, nadie más supo acerca de él y finalmente se pretende que nos conformemos con una información trasmitida en forma oral, anónima, secreta, sin ningún respaldo material, que dice que fueron enterrados, después desenterrados, después quemados y después arrojados al mar. Eso nos parece una falta… si un gobierno progresista conviviera con esos parámetros de información sobre seres humanos desaparecidos no sería un fortalecimiento de la dignidad de este pueblo, que se merece otro tratamiento acerca del destino de sus propios hijos.
EC - Cuando se redactó en comisión esta moción, ¿todos los que la redactaron sabían o eran conscientes de esta interpretación que implica la obligación de derogar la ley de caducidad?
HC - Por supuesto.
EC - ¿Entonces? ¿Usted dice que existe implícitamente ese compromiso y no se lo está reconociendo? Porque explícitamente se rechazó esa posibilidad en el Congreso.
HC - Usted vio que yo hice todo lo posible para que esa situación adquiriera la mayor transparencia y sinceridad posibles, en la comisión, en el plenario del Congreso y aquí dialogando con usted. ¿Qué podría decir, qué orador, senador, diputado, edil o integrante de un comité de base, por más prestigio que tenga, quién se podría subir a una tribuna en este país para decir que Uruguay, ése que todos los días los propios dirigentes frenteamplistas dicen que hay que modernizar, que hay que integrar a un mundo que cambia, que hay que hacer que el mundo nos mire como un país civilizado, quién se subiría a una tribuna a decir: señores, nosotros que en el año 89 no votamos una ley de caducidad no la podemos mover, es inamovible, se nos diga lo que se nos diga, que entonces no lo sabíamos, no lo podemos hacer? Vamos a rechazar los tratados internacionales –implicaría eso–, nos vamos a exponer al público señalamiento como país y como ordenamiento jurídico porque no aceptamos los tratados internacionales, vamos a romper el Tratado de Viena, el Tratado de Ginebra, el Pacto de Costa Rica. Me gustaría saber qué sentiría Enrique Iglesias o Gros Espiell o los diplomáticos uruguayos que andan procurando mejorar el destino del país en el mundo si el FA adoptara la idea de no aceptar ningún compromiso internacional porque algunos señores militares –ni siquiera las Fuerzas Armadas– no están dispuestos a comparecer ante un magistrado civil y someterse a sus preguntas.
EC - Usted es dirigente de un partido minoritario dentro del Frente…
HC - Por ahora.
EC - Pese a eso, en la campaña electoral, usted y otros dirigentes de ese mismo sector, ¿van a bregar por esto, van a poner esto permanentemente en el tapete, con las incomodidades que implica desde el punto de vista del debate para el FA?
HC - Sí; no será el único tema, porque nosotros suscribimos buena parte de los documentos aprobados por el Congreso que comportan un programa nacional muy completo que incluye reactivación, preocupación por la pérdida de empleos, mejora del salario, reactivación productiva. Todas esas serán también temáticas de nuestro discurso, según se vayan presentando. Cuando haya que discutir y pronunciarse sobre la reactivación y país productivo como PVP también tenemos una opinión. País productivo y redistribución, mejora salarial; país productivo y creación de empleo; nos interesa el lado obrero, el lado laboral, el lado social –creo que al FA en su conjunto–; vamos a poner mucho el énfasis en ese aspecto, y en otras materias también.
29/10/03 Las confusiones
y los errores del compañero Astori
Material extraído del respaldo PC de HC. rodelu.net .
Hugo Cores - rodelu.net 29 de Octubre de 2003
Las confusiones
y los errores del compañero Astori
Hugo Cores *
A diferencia de lo que suele ocurrir cuando acomete temas de su ciencia económica, en esta oportunidad el compañero Danilo Astori no está brindando un mensaje claro a la ciudadanía. Sostiene que por el bien del país votará con blancos y colorados. Un error similar cometió en 1996, cuando apoyó la reforma de la Constitución que impuso el balotaje y creó las condiciones de un nuevo gobierno neoliberal, el de Batlle y Bensión.
Un buen tramo del razonamiento de Astori a favor del mantenimiento de la Ley de Ancap no responde a una línea de reflexión coherente con otras consideraciones suyas con relación a la misma norma.
Cuando la misma se debatió en el Senado, los senadores elegidos por el lema Frente Amplio-Encuentro Progresista la votaron negativamente. Negativamente en general y negativamente artículo por artículo. La mayoría de los compañeros culminaba así una oposición que habían expresado en el curso del debate, confrontando sus opiniones con las de los blancos y colorados que defendían la ley.
El compañero Astori, cuando como senador votó contra la Ley, en diciembre de 2001, lo hizo en función de la "disciplina partidaria". Dado que el Frente Amplio consideraba mala para el país la ley, la votaba en contra. Acompañando esa decisión, el senador de Asamblea Uruguay se sumaba al rechazo.
Primera confusión, si la "disciplina partidaria" era buena y valedera en 2001 ¿por qué ha perdido eficacia y legitimidad en el 2003? Si no se nos explicita, hay en esto una pérdida de sentido.
El otro aspecto donde el discurso del compañero se vuelve discontinuo remite a la valoración de la ley. Cuando el proyecto se aprobó en el Senado, Danilo Astori formuló un encendido elogio a la norma. Pero no lo hizo examinando cómo ésta contribuía a mejorar la gestión de Ancap y cómo beneficiaría al país. El discurso final puso el acento en otra cosa, que no era exactamente la materia de la ley.
Astori resaltó la importancia del acuerdo político que había hecho posible la norma. Elogió la búsqueda de consensos, la trabajosa construcción de un pensamiento común entre blancos, colorados y frenteamplistas.
El gran mérito de la ley, según el discurso de Astori de diciembre de 2001, era que se constituía en una muestra de la capacidad de constituir espacios de concordia nacional por encima de los partidos. La ley era un ejemplo de todas las buenaventuras que le esperaban al país si blancos, colorados y frentistas se ponían de acuerdo.
La Ley 17448, más que por las normas que aportaba, valía como símbolo, como expresión de una estrategia en "beneficio" de la cual se disolvían todas las diferencias partidarias y se iniciaba el ciclo de la armonía nacional. Desaparecían las ideologías y los antecedentes. Había llegado por fin la hora de los hombres de buena voluntad. Bien cuidado, el arrullo de la concordancia nos seguiría meciendo mucho tiempo, más allá incluso de las elecciones de 2004.
Ahora bien, ¿tiene sentido hoy seguir hablando de la ley como expresión de un nuevo tiempo de consensos políticos?
¿Qué hacer con el hecho, bien palpable por cierto, de que las organizaciones sociales y el Frente Amplio recogieron 700 mil firmas porque están en contra de la ley? ¿Se lo puede ignorar?
La ley no es prenda de concordia entre los partidos, sino de discordia.
Pero, ¿de discordia de quién? De una discordia sustentada por su propio partido, el Frente Amplio. Un partido que asume hoy la misma actitud que tuvo Astori cuando votó contra la ley en el Senado.
Lo de la concordia universal no sé si es una estrategia o ya tiene el espesor de una ideología. Lo que sí sé es que en los últimos años hay muchos políticos que la invocan. Y dicha por televisión queda bárbara. Dan ganas hasta de creer en ella. Eso sí, no ha habido un solo acto de gobierno importante que sea fruto de "los consensos" a los que tantos elogios sinfónicos se le brindan. Ni uno solo.
De ahí la importancia de la campaña que contra viento y marea lleva adelante el Frente. De la afirmación de su identidad clara y distinta. De su tesitura firme y neta de oposición. De su confianza en un programa opuesto al del gobierno, que responde a otras ideas y a otros intereses. De su reafirmación como opción de izquierda en la lucha democrática.
* Dirigente del PVP - Editorial de LA REPÚBLICA de Uruguay - 25 de Octubre de 2003
15/10/03 Matrices y trayectorias ideológicas de los partidos políticos uruguayos
Frente Amplio- 1959-1971
Ponencia en el Instituto de Ciencia Política.
27/06/03 El advenimiento de los militares Material extraído del respaldo PC de HC. Brecha.
de derogación de la Ley de Caducidad
Entrevista al dirigente del PVP Hugo Cores
Material extraído del respaldo PC de HC. CX 14 El Espectador.
En Perspectiva/espectador.com de Uruguay - 24 de Diciembre de 2003
Repercusiones del IV Congreso del Frente Amplio
Polémica en el FA por propuesta
de derogación de la Ley de Caducidad
Entrevista al dirigente del PVP Hugo Cores
El planteo de derogar la Ley de Caducidad si se accede al gobierno despertó un duro debate en el Congreso del Frente Amplio. Finalmente se optó por quitar la mención expresa de la derogación de la norma, manteniendo que “se promoverá la adecuación de la legislación interna a los tratados internacionales ratificados por el país”. Para el dirigente del PVP Hugo Cores la ley es incompatible con los tratados sobre Derechos Humanos y por tanto lo aprobado por el congreso igual obliga al Frente Amplio a la derogación del texto legal.
EN PERSPECTIVA
Martes 23.12.03, hora 9.07.
EMILIANO COTELO:
¿Qué hacer con la Ley de Caducidad en un eventual gobierno del Frente Amplio-Encuentro Progresista (FA-EP)? Ese fue uno de los temas más duramente discutidos durante el Congreso del FA del fin de semana pasado, que comenzamos a analizar ayer con en entrevista con el senador Enrique Rubio.
El domingo, en régimen de plenario, se presentó una moción que promovía explícitamente la derogación de la Ley de Caducidad en un gobierno encabezado por Tabaré Vázquez. Y a propósito de un agregado a la moción original surgida en comisión se produjo un debate particularmente enérgico y apasionado que tuvo dos protagonistas: el dirigente del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) Hugo Cores y el dirigente del Movimiento de Participación Popular (MPP) Eleuterio Fernández Huidobro.
José Irazábal tiene una síntesis de ese intercambio.
JOSÉ IRAZÁBAL:
Exactamente. Cores argumentó en el Congreso del FA que el punto sobre la Ley de Caducidad era uno de los más importantes que tenían para resolver el FA y el propio país. “Es la constatación –dijo– de que lo que se ha dicho por parte de la derecha durante 16 años no es cierto, que la ley de caducidad resolvía para siempre el tema de los derechos humanos”. Dijo también que una muestra clara de esto son, por ejemplo, las marchas que se hacen los 20 de mayo, las protestas que han hecho los familiares, las acciones de la justicia –nombró la actuación de los jueces Cavalli y Recarey– y señaló que la herida en este sentido no está cerrada y que los gobiernos después de la salida de la dictadura actuaron como defensores de la impunidad y no de la reconciliación nacional. “No podemos ser, como ha dicho la prensa de la región, un paraíso de la impunidad, donde nunca nadie ha sido llamado ni siquiera como testigo”, afirmó en defensa de su planteo.
Luego se refirió a la respuesta concreta que se presentaba en ese momento, que era derogar la Ley de Caducidad.
(Grabación: )
“La moción que nosotros planteamos se remite a la existencia en el mundo y en la legislación interna uruguaya de un sistema de garantías que establece que hay delitos que por su naturaleza son permanentes. La desaparición forzada de personas es un delito permanente y por lo tanto una ley que caduca la pretensión punitiva del Estado está reñida con los tratados que el país ha suscrito –la Convención de Costa Rica, los tratados de Ginebra, la Convención de Viena–, que precisamente desarrollan in extenso la idea de que tienen la misma fuerza que las leyes interiores los compromisos que el Parlamento vota en materia internacional.
Nosotros creemos que es una señal imprescindible para hacerle al país: que con el FA no habrá normas que garanticen la impunidad. Y es una señal también para hacerle a una figura virtual, que no sabemos ni siquiera si existe, pero nosotros también tenemos que decir que el FA no es indiferente ante la conducta de algunos militares. El FA supo distinguir entre los militares que en los años 60 apoyaban a Pacheco y los militares como el general Seregni y el general Licandro, que se enfrentaron a Pacheco. Yo me pregunto: ¿las Fuerzas Armadas están todas alineadas con Gavazzo, con Silveira, con Cordero? ¿Son intocables estos sectores? ¿Qué señal les hacemos a los oficiales uruguayos que creen en la Constitución y en la ley, a los oficiales uruguayos que están dispuestos a respetar a un presidente de la República como va a ser Tabaré, apoyado por el voto democrático de los uruguayos?”
(Fin de la grabación)
EC - Así hablaba Hugo Cores durante el Congreso del FA el domingo en el Palacio Peñarol, defendiendo la necesidad de derogar la ley de caducidad en un gobierno encabezado por Vázquez.
JI - Inmediatamente subió al estrado el senador Eleuterio Fernández Huidobro, que fue el encargado de argumentar en contra de esta propuesta. El representante del MPP comenzó esa defensa recordando los compromisos asumidos por el FA en el plebiscito de 1989 sobre la ley de caducidad.
“Esta fuerza política que hoy levanta su palabra rumbo a 2005, rumbo a la campaña electoral y a un gobierno, estos documentos que estamos aprobando en este Congreso no pueden dar el mensaje al país de que cuando tenemos mayorías parlamentarias circunstanciales dejamos de respetar los compromisos”, decía Fernández Huidobro.
(Grabación: )
“Cuando se votó esta ley en diciembre de 1986 salimos casi de inmediato a juntar firmas durante lo que quedaba de diciembre, el 87 y el 88; ratificamos aquellas firmas eludiendo la última valla tramposa que nos puso aquella Corte Electoral, y luego salimos a convocar votos rumbo al 16 de abril. Recorrimos el país de punta a punta, casa por casa, utilizamos todos los medios de prensa y fuimos muy severamente interpelados por los adversarios en torno a si íbamos a acatar el resultado, mientras ellos sostenían aquella pregunta amenazante del ‘¿Después qué?’. Y nosotros dijimos que íbamos a acatar el resultado popular, el veredicto popular, nos gustara o no nos gustara, y les pedíamos a los adversarios que hicieran una declaración parecida.
Perdimos, compañeros. Y en aquella amarga madrugada de la derrota del 16 de abril declaramos nuevamente ante la prensa que nuestra palabra estaba empeñada en el acatamiento y el cumplimiento de lo que el pueblo había decidido.
Después hay argumentos jurídicos en los que no me voy a meter, bibliotecas en torno a los asideros y a las consecuencias de las derogaciones o de las anulaciones (…).
También tenemos argumentos políticos, compañeros: le entregaríamos en bandeja –hoy ya lo vimos en los medios de prensa– a la derecha, mañana mismo, este argumento para colocarlo como tema central de la campaña electoral, desenfocando la campaña electoral de los problemas de nuestro pueblo y desde allí al día de las elecciones vamos a tener que estar discutiendo todos los días la crisis institucional en la que este partido puede colocar al país, aunque no sea verdad, con la derogación de la ley de impunidad.
Este es el congreso de la victoria, compañeros, y a todo se puede renunciar menos a la victoria, compañeros, y no les haríamos ningún favor a nuestro pueblo y a nuestros niños y a los que pasan hambre hoy arriesgando con una torpeza política como la que se nos propone la victoria que está allí, hoy, al alcance de la mano. Gracias compañeros.”
(Fin de la grabación.)
EC - Finalmente la moción que promovía la derogación de la ley de caducidad en un gobierno frenteamplista no prosperó; de todos modos la votación fue más pareja de lo que muchos pensaban, tuvo 569 votos a favor y 746 en contra. Sí se votó, en cambio, la moción original que provenía de la comisión, una moción que a propósito de la ley de caducidad dice, entre otras cosas, que “el gobierno progresista reafirma la posición clara de que las normas de tratados internacionales sobre derechos humanos tienen igual valor que las leyes nacionales, y al respecto se promoverá la adecuación de la legislación interna a los tratados internacionales ratificados por el país”.
Cito estas dos frases de la moción votada porque, por ejemplo el profesor Hugo Cores, dirigente del PVP, dirigentes del PIT-CNT, de su Comisión de Derechos Humanos, y representantes de desaparecidos, entienden que con esa frase se está diciendo lo mismo que en la votación se rechazó. O sea, que a partir de esas frases, el gobierno del FA se vería obligado de todos modos a derogar la ley de caducidad.
La discusión se ha reabierto entonces.
Profesor Cores, ¿por qué sostiene usted que de todos modos un gobierno del Frente estaría obligado a derogar la ley?
HUGO CORES:
Para empezar porque nosotros creemos que existe en Uruguay un extendido sentimiento contra la impunidad y contra la ley que la regula, que ha habilitado la existencia de esa impunidad.
En la comisión en la que yo trabajé, que fue la que preparó la moción que finalmente fue sometida a la sesión plenaria del IV Congreso, a los pocos minutos de haberse iniciado el debate –una comisión en la que participaron alrededor de 130 compañeros– una vieja militante del Partido Socialista propuso eliminar de las resoluciones unos cuatro párrafos de valoración positiva, muy positiva, de la labor hecha por la Comisión para la Paz. Esta propuesta de la militante socialista del interior hubiera recibido el apoyo, quizás, de la mayoría, pero intervino un diputado de la Vertiente Artiguista que propuso que en lugar de eliminar todas las referencias a la Comisión para la Paz, se eliminaran sólo las elogiosas, las que establecían una valoración positiva de lo actuado.
Ahí ya tuve la visión, la percepción, de que esto estaba muy extendido –incluso en los sectores que se han proclamado partidarios de no incursionar en este tema–, de que hay un sentimiento extendido y arraigado que refleja –los congresos del Frente expresan muchas veces los comités de base, el sentir de los militantes de base de los partidos que están representados en el Parlamento y en el gobierno del Frente– el rechazo a esta ley.
Creo que es lógico: punto final, obediencia debida, decretos de perdón hubo en Argentina, en Chile, en toda la región; sin embargo la presión de los pueblos y el desarrollo de un pensamiento internacional humanitario que tiende a sancionar los crímenes de guerra, la instalación del Tribunal Penal en Roma, los acuerdos que lo habilitaron, la legislación que obliga a los países a adecuar sus normas internas a esos avances que existen de carácter libertario y humanitario en el derecho internacional, son un factor que obliga –de la misma manera que la economía obliga a modernizarse y hay panegiristas de todos los pelos; y constantemente se nos habla de que hay que adecuar tecnológicamente el país– a adecuar el reloj de las normas que regulan la vigencia de los derechos de la persona y las libertades políticas a lo que en el mundo está ocurriendo.
EC - Claro, pero el tema era si esto se resolvía expresamente en el Congreso del FA; y expresamente se rechazó la posibilidad de derogar la ley de caducidad en un gobierno encabezado por Vázquez.
HC - A nosotros no nos parece que el Congreso estuviera a punto de cometer ninguna torpeza política, como se ha argumentado. No nos parece que se trate de eso. Si el hecho está en la sociedad, si la insatisfacción frente a la ley de caducidad está en la sociedad, la nombremos o no, la problemática de esa ley nos golpea la puerta.
Obsérvese lo siguiente: se dice, se argumenta, como una argumentación “política”, de “sabiduría política” –entre otra serie de comillas–, que no hay que mentar la cuerda en la casa del ahorcado, como si no existieran los familiares que todos los 20 de mayo salen y la gente que está solidaria con ellos, como si no existieran los jueces, como si no existieran Cavalli, Alejandro Recarey.
EC - Pero Fernández Huidobro insistía en que si éste es uno de los temas del programa del FA, la fuerza política y sus candidatos se van a ver expuestos a lo largo de todo el año que viene a la interpelación de los rivales en la campaña electoral, a la interpelación periodística, a propósito de qué se va a hacer, si se va a derogar la ley y qué consecuencias tendrá desde el punto de vista de la inestabilidad institucional, como diciendo que eso podría llevar a poner en riesgo el triunfo del FA.
HC - Creo que eso no es así. El FA no está en condiciones de dirigir la agenda nacional, no está en condiciones de dirigir lo que los medios de comunicación priorizan; los medios de comunicación en su conjunto, para bien o para mal –creo que hoy para mal–, son los que fijan la agenda; excepcionalmente es un magistrado, una fuerza política, excepcionalmente el Frente, y abierta la agenda hay que opinar. Tanto hay que opinar ante estos hechos que media hora después de que Eleuterio Fernández Huidobro hizo esa argumentación en nombre de la sabiduría política y de que no hay que mentar la cuerda en la casa del ahorcado, el Congreso votó por unanimidad una moción presentada por el PVP donde se historian a lo largo de tres páginas los episodios recientes con relación a los destinos de los restos de Elena Quinteros, la presumible existencia de un cementerio clandestino en un terreno fiscal uruguayo, los obstáculos que al ejercicio del Poder Judicial ejerció el Poder Ejecutivo con intromisiones groseras. Fueron groseras cuando Cavalli procesó a Juan Carlos Blanco, de todo tipo, hasta un editorial del diario El País que ocupó casi una página donde se lo trataba de “caballo”; agresiones de todo tipo acerca de la trayectoria de un magistrado. ¿Cómo? ¿Cuándo un poder político, el presidente de la República puede presionar a un magistrado que tiene que resolver sobre una cuestión de la manera en que se hizo? ¿Hay seguridad política en un país donde desde el poder político hace una intromisión tan flagrante en el ámbito natural establecido por la Constitución? Constitución cuya separación de poderes está protegida por las normas, las costumbres y las ideas de los uruguayos, según engolamos la voz para decir.
Media hora después de que se invocara la sensatez política para no referirnos a este tema, para no decir una cosa obvia, porque si el FA se negara a votar esta moción… Detengámonos; desde hace un rato estoy tentado de explicarle a usted que esta moción, la que fue aprobada, fue redactada por nosotros, o sea esta moción de actualizar las normas internas de acuerdo a los avances del derecho internacional, fue redactada por nosotros, la expusimos nosotros. ¿Cuál fue la moción presentada por el diputado Bayardi y el senador Huidobro? Fue eliminar un párrafo que nosotros habíamos escrito, que mencionaba expresamente la ley de caducidad. Donde decía: “Se promoverá la adecuación de la legislación interna a los tratados internacionales ratificados por el país”, nosotros agregábamos: “anulando las normas que la contradigan, sobre las cuales existen fundados cuestionamientos en los organismos internacionales de derechos humanos”. La moción que finalmente resultó triunfante es ésta, menos esa frase que acabo de leer. ¿Por qué? Porque cuando se puso a votación la moción Huidobro-Bayardi, tampoco tenía los dos tercios de los votos; entonces para habilitar que surgiera alguna, nosotros también votamos, por eso salió prácticamente por unanimidad.
EC - La que quedó dice: “El gobierno progresista reafirma la posición clara de que las normas de tratados internacionales sobre derechos humanos tienen igual valor que las leyes nacionales. Al respecto se promoverá la adecuación de la legislación interna a los tratados internacionales ratificados por el país”. Así quedó; y usted dice que esto, así como está, implica que va a existir la obligación de derogar. ¿Por qué?
HC - Yo no soy experto en esto, como Eleuterio Fernández Huidobro, tampoco soy experto en cuestiones constitucionales; se lo oí al doctor Héctor Gros Espiell, se lo oí a alguien que me enseña mucho en este terreno que es Raúl Olivera, el compañero que está en la Comisión de Derechos Humanos del PIT-CNT. La normativa internacional, incluso regulada por el Tratado de Viena… ¿A qué viene esto del Tratado de Viena? Viene porque todos los países del mundo, exigidos por una especie de conciencia universal humanitaria y contraria a la impunidad, están procesando su adhesión a los tratados que garantizan la no existencia de delitos permanentes, como por ejemplo no se puede desaparecer a alguien y después muerto el perro se acabó la rabia y a eso hay que agregarle el olvido. Esa situación es rechazada porque el mundo ya atravesó estas cuestiones, primero en la Segunda Guerra Mundial y después en otras guerras recientes, y se está instalando en Europa un tribunal donde se aspira a sentar a los criminales y a los genocidas. La adecuación a esas normas implica la dilución de las anteriores.
EC - Por más que éstas hayan sido ratificadas en un referéndum, por más que hayan sido sometidas a la votación de la población y ésta las haya convalidado.
HC - Exactamente. Un hombre que sabe mucho de todo esto, el doctor Alejandro Artucio –actual presidente de la Comisión de Derechos Humanos de nuestro FA–, ha sostenido que no existe una ley con más fuerza que otra, las leyes son todas iguales, con o sin plebiscito, cosa que en materia de derecho tiene una racionalidad bastante lógica. No ha habido ningún debate doctrinario –en esto funcionan la doctrina y el debate al más alto nivel– y ninguna otra autoridad en derecho lo ha discutido.
EC - Fernández Huidobro –usted escuchó– argumentaba: “Nosotros nos habíamos comprometido a respetar el resultado del referéndum, que fuera cual fuera lo respetaríamos”. Y aquí se estaría promoviendo la derogación de una ley que la gente quiso que quedara. ¿Por qué? ¿Porque cambió el tiempo, porque es otro momento? ¿De eso está hablando usted?
HC - Las normas no son para tejer en torno a ellas elogios verbales, son para cumplirlas. La Ley de Caducidad no se cumplió, en primer lugar no la cumplió Sanguinetti que no aplicó su Artículo 4º; segundo, las normas, que no son para prosternarse frente a ellas sino que son formas que procuran regular la vida cambiante de las sociedades, también se actualizan y se derogan, como se derogan las constituciones. ¿Cuántos cambios constitucionales tuvimos entre la Ley de Caducidad y hoy? Con plebiscitos, por supuesto, con nuevas consultas populares. En tercer lugar, ¿fue tan libre como se dice la elección de 1989? Cuando se terminaba la campaña publicitaria del voto verde, cuyo último spot publicitario era un testimonio lacónico, sereno, de Sara, donde decía: “Busco a mi hijo. Ayúdeme a encontrarlo”, hubo tal presión sobre los medios que finalmente ese mensaje no se pudo difundir. Sara Méndez había sido hostigada, primero le robaron el hijo, después la tuvieron presa años, cuando salió la hostigaron todos los gobiernos, el de Sanguinetti, el de Lacalle, el de Sanguinetti de nuevo y el de Batlle. Todos hostigaron la búsqueda que hacía de su hijo.
Entonces no es cierto que todos recorrimos y aquello fue una especie de club de filósofos donde unos hablábamos del voto verde y otros del voto amarillo en igualdad de condiciones. No. Incluso se anunció –revisemos la prensa de la época– que provocaría malestar militar el hecho de que aquella ley fuera anulada por la voluntad popular.
Yo me pregunto si en el año 89 no existían zonas de la ciudadanía que se sentían presionadas por la amenaza militar de interferir en el curso de las instituciones. Entre 1989 y hoy han nacido muchos miles y miles de uruguayos que tienen derecho a opinar sobre todo eso; si tienen derecho para todo, si tienen todas las obligaciones que emanan del orden establecido, ¿por qué no pueden opinar sobre la Ley de Caducidad?
EC - Usted insiste en que lo que se votó en el Congreso del FA igual, en principio, obliga a derogar la norma porque es incompatible con los tratados internacionales sobre derechos humanos que nuestro país ha suscrito. ¿En qué sentido es incompatible? Un par de ejemplos de lo que habría que derogar de la Ley de Caducidad. ¿Qué habría que eliminar?
HC - Habría que eliminar todo lo que establece la caducidad de la acción estatal sobre los crímenes que los tratados establecen como imprescriptibles por su naturaleza. No son todos los crímenes.
EC - ¿Usted dice que a partir de esa derogación pasarían a ser juzgables y condenables todos los autores de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura?
HC - No todas las violaciones; hay violaciones que han prescripto; torturas, malos tratos son delitos gravísimos… Entre otras cosas, permítame que haga otro argumento, en este año 2003 han aparecido por lo menos dos textos y en los años anteriores habían aparecido dos o tres más; me refiero a libros, por primera vez en 18 años tenemos un libro que nos cuenta qué pasaba en el Penal de Libertad, un libro que se llama “Vivir en Libertad”, que agotó tres ediciones, y “Las crónicas de una derrota”, de José Jorge Martínez, donde hay una crónica terrible de cómo fue sometido a tortura este periodista y luchador. Por primera vez los uruguayos, los jóvenes uruguayos conocen testimonios de cómo vivió gente 12 años en el Penal de Libertad.
No estamos planteando que se reabra el gigantesco diccionario de delitos y atropellos que se hicieron contra aquellos miles de presos que tuvieron que desfilar por ahí, que dejaron una parte grande de su juventud en esas mazmorras. No pedimos que a los verdugos, al psicólogo que los mortificaba, a los médicos que veían morir a su lado a los presos de enfermedades curables y no los mandaban al Hospital Militar, no pedimos que se reabran esas situaciones; la vigencia de los tratados internacionales remite a la situación de desaparición forzada de personas y crímenes.
Me parece que acabo de cometer un error: no sé si el caso de los que murieron no tendría que ser revisto; no soy experto, siento en el corazón que no se podría permitir lo que pasó con el diputado Gerardo Cuesta, que murió abandonado, sin asistencia médica en el Hospital Militar, y otras situaciones de ese tipo. Pero nosotros nos estamos refiriendo básicamente a los delitos de desaparición forzada de personas; un día la Policía o el ejército se lo llevó, nadie más supo acerca de él y finalmente se pretende que nos conformemos con una información trasmitida en forma oral, anónima, secreta, sin ningún respaldo material, que dice que fueron enterrados, después desenterrados, después quemados y después arrojados al mar. Eso nos parece una falta… si un gobierno progresista conviviera con esos parámetros de información sobre seres humanos desaparecidos no sería un fortalecimiento de la dignidad de este pueblo, que se merece otro tratamiento acerca del destino de sus propios hijos.
EC - Cuando se redactó en comisión esta moción, ¿todos los que la redactaron sabían o eran conscientes de esta interpretación que implica la obligación de derogar la ley de caducidad?
HC - Por supuesto.
EC - ¿Entonces? ¿Usted dice que existe implícitamente ese compromiso y no se lo está reconociendo? Porque explícitamente se rechazó esa posibilidad en el Congreso.
HC - Usted vio que yo hice todo lo posible para que esa situación adquiriera la mayor transparencia y sinceridad posibles, en la comisión, en el plenario del Congreso y aquí dialogando con usted. ¿Qué podría decir, qué orador, senador, diputado, edil o integrante de un comité de base, por más prestigio que tenga, quién se podría subir a una tribuna en este país para decir que Uruguay, ése que todos los días los propios dirigentes frenteamplistas dicen que hay que modernizar, que hay que integrar a un mundo que cambia, que hay que hacer que el mundo nos mire como un país civilizado, quién se subiría a una tribuna a decir: señores, nosotros que en el año 89 no votamos una ley de caducidad no la podemos mover, es inamovible, se nos diga lo que se nos diga, que entonces no lo sabíamos, no lo podemos hacer? Vamos a rechazar los tratados internacionales –implicaría eso–, nos vamos a exponer al público señalamiento como país y como ordenamiento jurídico porque no aceptamos los tratados internacionales, vamos a romper el Tratado de Viena, el Tratado de Ginebra, el Pacto de Costa Rica. Me gustaría saber qué sentiría Enrique Iglesias o Gros Espiell o los diplomáticos uruguayos que andan procurando mejorar el destino del país en el mundo si el FA adoptara la idea de no aceptar ningún compromiso internacional porque algunos señores militares –ni siquiera las Fuerzas Armadas– no están dispuestos a comparecer ante un magistrado civil y someterse a sus preguntas.
EC - Usted es dirigente de un partido minoritario dentro del Frente…
HC - Por ahora.
EC - Pese a eso, en la campaña electoral, usted y otros dirigentes de ese mismo sector, ¿van a bregar por esto, van a poner esto permanentemente en el tapete, con las incomodidades que implica desde el punto de vista del debate para el FA?
HC - Sí; no será el único tema, porque nosotros suscribimos buena parte de los documentos aprobados por el Congreso que comportan un programa nacional muy completo que incluye reactivación, preocupación por la pérdida de empleos, mejora del salario, reactivación productiva. Todas esas serán también temáticas de nuestro discurso, según se vayan presentando. Cuando haya que discutir y pronunciarse sobre la reactivación y país productivo como PVP también tenemos una opinión. País productivo y redistribución, mejora salarial; país productivo y creación de empleo; nos interesa el lado obrero, el lado laboral, el lado social –creo que al FA en su conjunto–; vamos a poner mucho el énfasis en ese aspecto, y en otras materias también.
29/10/03 Las confusiones
y los errores del compañero Astori
Material extraído del respaldo PC de HC. rodelu.net .
Hugo Cores - rodelu.net 29 de Octubre de 2003
Las confusiones
y los errores del compañero Astori
Hugo Cores *
A diferencia de lo que suele ocurrir cuando acomete temas de su ciencia económica, en esta oportunidad el compañero Danilo Astori no está brindando un mensaje claro a la ciudadanía. Sostiene que por el bien del país votará con blancos y colorados. Un error similar cometió en 1996, cuando apoyó la reforma de la Constitución que impuso el balotaje y creó las condiciones de un nuevo gobierno neoliberal, el de Batlle y Bensión.
Un buen tramo del razonamiento de Astori a favor del mantenimiento de la Ley de Ancap no responde a una línea de reflexión coherente con otras consideraciones suyas con relación a la misma norma.
Cuando la misma se debatió en el Senado, los senadores elegidos por el lema Frente Amplio-Encuentro Progresista la votaron negativamente. Negativamente en general y negativamente artículo por artículo. La mayoría de los compañeros culminaba así una oposición que habían expresado en el curso del debate, confrontando sus opiniones con las de los blancos y colorados que defendían la ley.
El compañero Astori, cuando como senador votó contra la Ley, en diciembre de 2001, lo hizo en función de la "disciplina partidaria". Dado que el Frente Amplio consideraba mala para el país la ley, la votaba en contra. Acompañando esa decisión, el senador de Asamblea Uruguay se sumaba al rechazo.
Primera confusión, si la "disciplina partidaria" era buena y valedera en 2001 ¿por qué ha perdido eficacia y legitimidad en el 2003? Si no se nos explicita, hay en esto una pérdida de sentido.
El otro aspecto donde el discurso del compañero se vuelve discontinuo remite a la valoración de la ley. Cuando el proyecto se aprobó en el Senado, Danilo Astori formuló un encendido elogio a la norma. Pero no lo hizo examinando cómo ésta contribuía a mejorar la gestión de Ancap y cómo beneficiaría al país. El discurso final puso el acento en otra cosa, que no era exactamente la materia de la ley.
Astori resaltó la importancia del acuerdo político que había hecho posible la norma. Elogió la búsqueda de consensos, la trabajosa construcción de un pensamiento común entre blancos, colorados y frenteamplistas.
El gran mérito de la ley, según el discurso de Astori de diciembre de 2001, era que se constituía en una muestra de la capacidad de constituir espacios de concordia nacional por encima de los partidos. La ley era un ejemplo de todas las buenaventuras que le esperaban al país si blancos, colorados y frentistas se ponían de acuerdo.
La Ley 17448, más que por las normas que aportaba, valía como símbolo, como expresión de una estrategia en "beneficio" de la cual se disolvían todas las diferencias partidarias y se iniciaba el ciclo de la armonía nacional. Desaparecían las ideologías y los antecedentes. Había llegado por fin la hora de los hombres de buena voluntad. Bien cuidado, el arrullo de la concordancia nos seguiría meciendo mucho tiempo, más allá incluso de las elecciones de 2004.
Ahora bien, ¿tiene sentido hoy seguir hablando de la ley como expresión de un nuevo tiempo de consensos políticos?
¿Qué hacer con el hecho, bien palpable por cierto, de que las organizaciones sociales y el Frente Amplio recogieron 700 mil firmas porque están en contra de la ley? ¿Se lo puede ignorar?
La ley no es prenda de concordia entre los partidos, sino de discordia.
Pero, ¿de discordia de quién? De una discordia sustentada por su propio partido, el Frente Amplio. Un partido que asume hoy la misma actitud que tuvo Astori cuando votó contra la ley en el Senado.
Lo de la concordia universal no sé si es una estrategia o ya tiene el espesor de una ideología. Lo que sí sé es que en los últimos años hay muchos políticos que la invocan. Y dicha por televisión queda bárbara. Dan ganas hasta de creer en ella. Eso sí, no ha habido un solo acto de gobierno importante que sea fruto de "los consensos" a los que tantos elogios sinfónicos se le brindan. Ni uno solo.
De ahí la importancia de la campaña que contra viento y marea lleva adelante el Frente. De la afirmación de su identidad clara y distinta. De su tesitura firme y neta de oposición. De su confianza en un programa opuesto al del gobierno, que responde a otras ideas y a otros intereses. De su reafirmación como opción de izquierda en la lucha democrática.
* Dirigente del PVP - Editorial de LA REPÚBLICA de Uruguay - 25 de Octubre de 2003
15/10/03 Matrices y trayectorias ideológicas de los partidos políticos uruguayos
Frente Amplio- 1959-1971
Ponencia en el Instituto de Ciencia Política.
Instituto de Ciencia Política
Matrices y trayectorias ideológicas de los partidos políticos uruguayos
Frente Amplio- 1959-1971
Hugo Cores 15-10-03
Es acertado fijar como punto de referencia el año 1959, tanto por sus connotaciones internacionales –triunfo de la revolución cubana- como por su significado en la historia nacional: primer gobierno blanco después de 94 años de gobiernos colorados y después de la derrota del modelo neobatllista.
Han pasado más de 40 años de aquellos episodios. En estos días la lectura de algunas cartas enviadas a sección "Ecos" del diario El País nos muestran hasta qué punto algunos temas nacionales de la historia reciente siguen conteniendo un cierto grado, en este caso un pequeño margen, de controversia. El día 7 de agosto pasado el contador Juan Eduardo Azzini, Ministro de Hacienda (Economía) del aquel primer gobierno blanco, cuestionó las afirmaciones contenidas en un texto histórico de Benjamín Nahum, la "Breve Historia del Uruguay", editado en 1999.
En su respuesta Nahum reafirmó y amplió sus afirmaciones a mi entender de manera convincente. No deseo entrar en la materia de esta discusión sino en sus aspectos, digamos, operativos y más generales. El punto de vista de Nahum está respaldado a) por documentos de la época que él mismo publica o ha publicado o a los que remite contenidos en otras obras, b) por la referencia a los trabajos de otros historiadores.
Con independencia del pensamiento teórico que los anima, en relación con los hechos, los historiadores "se controlan unos a otros". Cuando, en cambio, los aportes referidos a los acontecimientos de hace 30 o 40 años provienen del testimonio actual de los protagonistas, la construcción del relato histórico se hace más complicada.
La respuesta de Benjamín Nahum contiene otro elemento ilustrativo: criticando la aceptación en 1960 de las imposiciones del FMI, agrega, (creo que) esa línea no ha sido la mejor para el país, "visto los frutos que Uruguay ha recogido en los 40 años de coincidencia con el Fondo Monetario". Creo que ordena el concepto del historiador que habla de un ciclo largo bajo el FMI, 40 años de historia, permite abordar el acontecer reciente del país desde un eje central: las relaciones de dependencia, la subordinación internacional del país. Bajo las directivas del FMI, con colegiados o con Presidencia unipersonal, con gobiernos blancos y colorados, con guerrilla y sin ella, con dictadura o con democracia. Toda una vida. Contra eso se ha venido luchado y es de eso de lo que hay que salir.
Procuraremos observar esos años desde el punto de vista de la consideración de los grupos sociales que actuaron con eficacia en el plano económico, político e ideológico. Un análisis, digamos, en términos históricos y de clase. Existen varias obras que aportan reflexiones valiosas para una interpretación de los años 60: Carlos Real de Azúa, en un texto de 1971 que no se ha vuelto a reeditar, Rosa Alonso y Carlos Demassi, Nahum, Frega, Trochón y Maronna, para las visiones más generales; Álvaro Rico para la cuestión del Estado y las ideologías políticas; Selva López Chirico y Gabriel Ramírez para el proceso en las Fuerzas Armadas; el Instituto de Economía, Jorge Notaro, Alberto Couriel, Samuel Lichtensztejn, Henry Fynch, Walter Cancela y Alicia Melgar, para la evolución económica; Alfredo Errandonea, Gerónimo de Sierra y Héctor Rodríguez para la evolución social y del sindicalismo.
Aunque no se han desarrollado demasiado, es posible discernir debates interesantes acerca de hechos y proyectos políticos surgidos en el período que nos toca abordar: la crisis del Estado paternalista, del neobatllismo, de cierto nacionalismo económico y del proteccionismo industrial y agrícola y de la política de búsqueda de acuerdos para resolver la cuestión del salario, las condiciones de trabajo y la seguridad social. También son interesantes las analogías y proximidades cronológicas con la crisis y derrumbe de otros modelos de ese tipo en la región como el modelo de Getulio Vargas o el peronismo. Y la vinculación de estos derrumbes con una nueva vuelta de tuerca de la presión norteamericana en la región
Contra el Estado neobatllista se aliaron fracciones políticas representativas de los sectores ganaderos, del movimiento ruralista y del capital financiero. La derrota del gobierno de Luis Batlle en 1958, el ascenso del Partido Nacional y la Liga Federal se plasmó en la reforma cambiaria y monetaria y en una conducción económica que tendió a la desprotección de la industria, y al acatamiento de las recomendaciones del FMI. En el período que se abrió, creció la inflación, la desocupación y el endeudamiento y todo transcurrió, significativamente, sin demasiada resistencia por parte de los empresarios industriales.
La clase obrera se había triplicado desde los años 30 y junto con el transporte y la construcción sumaban más de 200 mil trabajadores. Este es un aspecto esencial de la sociología que aquellas confrontaciones. La nueva política económica rebajará los salarios y empeorará las condiciones de vida de esa porción del pueblo trabajador que había conocido por experiencia propia salarios mejores, mejores condiciones de vida y un más amplio acceso a la educación y a la cultura. En los cuarenta años que siguieren, salvo en algún pequeño período preelectoral, la tendencia fue a perder, a empeorar, a ser despojado de lo que se tuvo, legítimamente.
La respuesta de los sindicatos fue enérgica e inteligente, su unificación es una dato clave que no puede ser subestimado. A diferencia del sindicalismo en las demás naciones de Latinoamérica, el movimiento obrero uruguayo se unió por encima de las tendencias.
El informe de la CIDE, en 1963 fue impulsado durante el segundo gobierno blanco. Los datos recogidos dieron una visión sin maquillajes de la situación del país y el Plan propuesto evidenció la toma de conciencia de la gravedad del estancamiento por parte de algunos sectores lúcidos de las elites dirigentes.
Enrique Iglesias, Wilson Ferreira en el Ministerio y un sinnúmero de buenas cabezas, incluyendo a muchos de izquierda, trazaron los lineamientos del Plan de Desarrollo. Se anotó la existencia de "problemas estructurales", en la industria y sobre todo en el agro, referidos a la tenencia de la tierra. Las leyes de reforma agraria propuestas por Wilson Ferreira se enterraron en el Senado. El plan de desarrollo de la CIDE fracasó. Y esa derrota, que fue también el primer gran fracaso de Wilson, las clases dirigentes no se lo pueden endilgar a nadie sino a su propia miopía, a su codicia insaciable y su falta de patriotismo.
Concentración de la riqueza y del capital bancario, endeudamiento externo y fuga de capitales, inflación, rebaja del salario real. Imposibilidad de los gobiernos de revertir la situación de estancamiento. Frente a esa realidad, unidad sindical, movilización obrera y represión estatal. Este cuadro constituirá el telón de fondo de todo el período. Los años sesenta, en Uruguay, son ante todo esa secuencia. Las MPS se impusieron bajo los gobiernos colegiados del Partido Nacional en 1959, 1961, 1963 y 1965. Bajo los gobiernos colorados y presidencialistas: 1967, 1968, 1969, 1970 y 1971. La evolución de la economía acentuaba el malestar popular. La expresión de las demandas gremiales alteraba las reglas de juego de la institucionalidad democrática. La crisis económica hacía vulnerable a la democracia. El "enemigo" del orden era el sindicalismo.
En ese contexto se procesa el surgimiento de la CNT, el Congreso del Pueblo y la elaboración del programa alternativo en 1964, 1965 y 1966. Sin golpe militar como en Argentina y Brasil, en Uruguay para aplicar la remodelación conservadora, que baja el salario y disminuye el gasto social en salud y educación, se configura una democracia política con autoritarismo creciente. Es a partir de la agravación de ese cuadro y en esos contextos que se dan los orígenes de la respuesta armada.
El contexto latinoamericano, las demandas nacionales y sociales
Los procesos anteriores de cambio: las experiencias latinoamericanas desde Balmaceda en Chile a Prestes en Brasil, desde Flores Magón y la revolución mejicana a la experiencia del APRA y Víctor Raúl Haya de la Torre en Perú, desde Farabundo Martí y la insurrecciones salvadoreña en 1932 hasta la República Socialista de Chile de Marmaduke Glove , desde el 17 de octubre, con Perón y Evita, hasta del Bogotazo y el comienzo de la guerra civil en Colombia, desde la revolución boliviana de 1952 hasta la guatemalteca de 1944 a 1954, desde el golpe contra Perón y el suicidio de Vargas, todos esos procesos habían culminado con la derrota de los movimientos populares y antiimperialistas, tanto en sus demandas nacionales como sociales. Con la instalación de dictaduras o democracias subordinadas que perpetuaban las condiciones de atraso y dependencia.
La Revolución Cubana importa no por los fundamentos a que apelan las truculentas versiones conspirativas de la derecha (entrega de armas y dinero, entrenamiento militar para desarrollar la subversión en el Uruguay) sino porque instaló en América Latina dos elementos nuevos:
La victoria de una revolución nacional y democrática que se transforma en revolución social. La última revolución nacional y la primera revolución socialista.
Con ella, casi de inmediato, la contrarrevolución impulsada por los Estados Unidos será la línea ordenadora de toda la política exterior norteamericana hacia la región en los 40 años siguientes;
Las repercusiones de esta "acción preventiva" en nuestro país operaron reforzadas por el peso de los regímenes militares en Argentina y Brasil. Una de sus proyecciones mejor conocidas es su influencia directa en la constitución del pensamiento de las Fuerzas Armadas, elaborado en torno a la idea de la lucha "contra el enemigo interior".
A menudo se le reprocha al sindicalismo y a la izquierda haber incurrido en aquel período en una desvalorización de la democracia. No lo vemos así. En realidad desde 1968, gobernando por decreto y avasallando las potestades de los demás poderes del Estado, Pacheco actuó bajo un régimen de dictadura constitucional.
Cuando la crisis de las instituciones se agravó, la conducción conservadora de los partidos tradicionales y el gobierno adoptaron la inteligente actitud de convocar a "elecciones pese a quien pese". La decisión de las clases dirigentes de dirimir en el terreno electoral, con elecciones "libres" y gente presa, las contradicciones que habían aflorado con el movimiento sindical y con la contestación armada, tuvo un convidado de piedra, el Frente Amplio. Fueron unas elecciones con absoluto monopolio mediático, clima de intimidación y muchas denuncias de irregularidades y en la que la oposición fue dividida.
Convocando a elecciones, el gobierno colorado de Pacheco, bloqueó el camino que desde la contestación armada se intentaba transitar hacia la presentación de la insurgencia como una revolución con objetivos democráticos. En cierto sentido, se alteró la lógica rutinaria de las democracias latinoamericanas. No se dio un golpe neto y visible, pero se llamó a elecciones y se puso todo el aparato del Estado y su política económica para asegurar la victoria del continuismo: salario electoral, dólar electoral. Y esa victoria se logró.
La fundación del Frente Amplio como proyecto político global, capaz de ordenar -desde los intereses populares- una acción del Estado con sentido nacional, social y democrático fue un paso decisivo; una identidad político-partidaria unitaria, con un programa común. Se constituyó así el cauce principal de actuación para figuras y sectores políticos escindidos de los partidos tradicionales que, junto a los partidos históricos, PCU, PS y PDC se fusionan en la expresión política y simbólica de una propuesta alternativa.
La incorporación al FA de los sectores políticos más comprometidos con la causa popular dentro de los partidos tradicionales se sumó a la inclusión del PDC, lo que significó un aporte interesante, sobre todo en ese momento latinoamericano donde en Chile los democristianos aparecían como antagonistas de la unión de las izquierdas plasmada en la Unidad Popular.
En lo programático, definiendo su perfil como resueltamente antioligárquico y antiimperialista, el FA actuó, en esos primeros años de existencia, desarrollando una oposición frontal al modelo.
A la vez, aunque el FA no levantaba, como la UP de Allende, la bandera del socialismo, aparecía como transitando la variante uruguaya de la vía chilena, las elecciones como una alternativa a la violencia revolucionaria.
Las miradas históricas
Hay una historia elaborada desde las derechas que está contenida en los libros de la Junta de Comandantes y que, con algunos matices, repite la conducción de los partidos tradicionales. Hay, además, una bastante incompleta historia desde la izquierda. Y una bastante consistente historia académica.
En estos últimos años, en el campo de la edición, han tendido a prevalecer las visiones discontinuas, anecdóticas, literarias, en relatos y a los que a menudo se incorporan nuevos testimonios sin cotejar críticamente con los datos anteriores.
El debate se ha ido centrando en la pertinencia o no del surgimiento de la guerrilla. A menudo se aborda el tema desde un ángulo impresionístico, sin demasiada preocupación por el orden temporal de los acontecimientos, con un proclamado desdén por la teoría, construyendo el relato con la guía de cómo se inserta en el lenguaje político y en el discurso de hoy, con las reglas que comporta el lenguaje de la televisión.
Dado que, trasmutados al lenguaje mediático, todos los discursos se parecen, no termina de entenderse muy bien a que respondieron las tensiones y enfrentamientos del pasado ni, por lo mismo, la importancia de conocerlos e identificar sus raíces. La experiencia final del fresco "histórico" queda así sintetizada en algunas admoniciones fáciles y sencillas: se deben evitar los excesos y las radicalizaciones, tanto de derecha como de izquierda.
Otra línea de reflexión reciente, entre periodística y académica, tiende a proponer líneas interpretativas de la insurgencia desde un ángulo de condena, en tanto apuntan a explicar el desarrollo de la lucha armada en Uruguay a partir de la imitación del proceso cubano, como "producto del huracán revolucionario que soplaba desde Cuba" y como resultado de la decepción producida por resultados adversos en las elecciones de 1962. Estas visiones dejan sin responder la interrogante de por qué, a partir de 1968-70 se extendió a miles y decenas de miles la adhesión a la propuesta del MLN y cómo se explica la simpatía que suscitó en sectores de la Iglesia y la intelectualidad.
Los que simpatizan o reivindican la acción guerrillera no la defienden como expresión de una de las vías al socialismo, tópico por cierto muy discutido en los años 60 y 70, sino que la fundan en el hecho de haber interpretado la necesidad de defender al pueblo y enfrentar con las armas al golpismo que se preveía desde 1964.
Presentado como una guerra de aparatos, con aportes testimoniales de uno y otro lado, se construye un relato histórico en el que se desvanece la presencia de la sociedad y sus luchas, particularmente las del movimiento obrero, sin las cuales es incomprensible el período histórico de los años 60 y principios de los 70.
En los últimos años, a esto se suman las dificultades de elaboración de una historia escrita que remita a la experiencia de las luchas populares desde el ángulo y con el aporte de la memoria de los ciudadanos corrientes, de los obreros y obreras organizados, que de cuenta de su capacidad de resistencia y su creatividad.
A la vez, la producción historiográfica más modulada y cuidadosa, que nutre en gran medida al pensamiento universitario y educativo, se desempeña soportando un handicap pesado: no es desde las obras académicas que se elabora el discurso histórico para las masas, el que se ilustra con imágenes y se reproduce en la televisión sino el otro que, justamente, se va configurando y retocando para ese fin.
En estos últimos años ha surgido otra vertiente de elaboración de la memoria histórica que apunta a poner el énfasis en los hechos cotidianos, en los heroísmos de la vida común durante aquellos años de lucha por la democracia, la justicia y la libertad. En esos años y en los que siguieron en los que los trabajadores uruguayos protagonizaron tantos episodios dignos de orgullo y se transitaron por experiencias tan ricas en enseñanzas.
Pensando desde las perspectivas y los requerimientos de la izquierda hoy y del futuro próximo,
-donde además de votos se va a necesitar una ciudadanía activa- la descripción, el análisis y la reivindicación del papel jugado por los militantes de base y por la gente común; la historia y lo que importa para comprender esa historia, de los hombres y mujeres que forjaron los sindicatos y los comités de base, hicieron las huelgas, las colectas y las manifestaciones en los años sesenta y setenta, me parece una tarea ideológica y política de primer orden.
09/07/03 Pareceres y compromisos
La República.
Matrices y trayectorias ideológicas de los partidos políticos uruguayos
Frente Amplio- 1959-1971
Hugo Cores 15-10-03
Es acertado fijar como punto de referencia el año 1959, tanto por sus connotaciones internacionales –triunfo de la revolución cubana- como por su significado en la historia nacional: primer gobierno blanco después de 94 años de gobiernos colorados y después de la derrota del modelo neobatllista.
Han pasado más de 40 años de aquellos episodios. En estos días la lectura de algunas cartas enviadas a sección "Ecos" del diario El País nos muestran hasta qué punto algunos temas nacionales de la historia reciente siguen conteniendo un cierto grado, en este caso un pequeño margen, de controversia. El día 7 de agosto pasado el contador Juan Eduardo Azzini, Ministro de Hacienda (Economía) del aquel primer gobierno blanco, cuestionó las afirmaciones contenidas en un texto histórico de Benjamín Nahum, la "Breve Historia del Uruguay", editado en 1999.
En su respuesta Nahum reafirmó y amplió sus afirmaciones a mi entender de manera convincente. No deseo entrar en la materia de esta discusión sino en sus aspectos, digamos, operativos y más generales. El punto de vista de Nahum está respaldado a) por documentos de la época que él mismo publica o ha publicado o a los que remite contenidos en otras obras, b) por la referencia a los trabajos de otros historiadores.
Con independencia del pensamiento teórico que los anima, en relación con los hechos, los historiadores "se controlan unos a otros". Cuando, en cambio, los aportes referidos a los acontecimientos de hace 30 o 40 años provienen del testimonio actual de los protagonistas, la construcción del relato histórico se hace más complicada.
La respuesta de Benjamín Nahum contiene otro elemento ilustrativo: criticando la aceptación en 1960 de las imposiciones del FMI, agrega, (creo que) esa línea no ha sido la mejor para el país, "visto los frutos que Uruguay ha recogido en los 40 años de coincidencia con el Fondo Monetario". Creo que ordena el concepto del historiador que habla de un ciclo largo bajo el FMI, 40 años de historia, permite abordar el acontecer reciente del país desde un eje central: las relaciones de dependencia, la subordinación internacional del país. Bajo las directivas del FMI, con colegiados o con Presidencia unipersonal, con gobiernos blancos y colorados, con guerrilla y sin ella, con dictadura o con democracia. Toda una vida. Contra eso se ha venido luchado y es de eso de lo que hay que salir.
Procuraremos observar esos años desde el punto de vista de la consideración de los grupos sociales que actuaron con eficacia en el plano económico, político e ideológico. Un análisis, digamos, en términos históricos y de clase. Existen varias obras que aportan reflexiones valiosas para una interpretación de los años 60: Carlos Real de Azúa, en un texto de 1971 que no se ha vuelto a reeditar, Rosa Alonso y Carlos Demassi, Nahum, Frega, Trochón y Maronna, para las visiones más generales; Álvaro Rico para la cuestión del Estado y las ideologías políticas; Selva López Chirico y Gabriel Ramírez para el proceso en las Fuerzas Armadas; el Instituto de Economía, Jorge Notaro, Alberto Couriel, Samuel Lichtensztejn, Henry Fynch, Walter Cancela y Alicia Melgar, para la evolución económica; Alfredo Errandonea, Gerónimo de Sierra y Héctor Rodríguez para la evolución social y del sindicalismo.
Aunque no se han desarrollado demasiado, es posible discernir debates interesantes acerca de hechos y proyectos políticos surgidos en el período que nos toca abordar: la crisis del Estado paternalista, del neobatllismo, de cierto nacionalismo económico y del proteccionismo industrial y agrícola y de la política de búsqueda de acuerdos para resolver la cuestión del salario, las condiciones de trabajo y la seguridad social. También son interesantes las analogías y proximidades cronológicas con la crisis y derrumbe de otros modelos de ese tipo en la región como el modelo de Getulio Vargas o el peronismo. Y la vinculación de estos derrumbes con una nueva vuelta de tuerca de la presión norteamericana en la región
Contra el Estado neobatllista se aliaron fracciones políticas representativas de los sectores ganaderos, del movimiento ruralista y del capital financiero. La derrota del gobierno de Luis Batlle en 1958, el ascenso del Partido Nacional y la Liga Federal se plasmó en la reforma cambiaria y monetaria y en una conducción económica que tendió a la desprotección de la industria, y al acatamiento de las recomendaciones del FMI. En el período que se abrió, creció la inflación, la desocupación y el endeudamiento y todo transcurrió, significativamente, sin demasiada resistencia por parte de los empresarios industriales.
La clase obrera se había triplicado desde los años 30 y junto con el transporte y la construcción sumaban más de 200 mil trabajadores. Este es un aspecto esencial de la sociología que aquellas confrontaciones. La nueva política económica rebajará los salarios y empeorará las condiciones de vida de esa porción del pueblo trabajador que había conocido por experiencia propia salarios mejores, mejores condiciones de vida y un más amplio acceso a la educación y a la cultura. En los cuarenta años que siguieren, salvo en algún pequeño período preelectoral, la tendencia fue a perder, a empeorar, a ser despojado de lo que se tuvo, legítimamente.
La respuesta de los sindicatos fue enérgica e inteligente, su unificación es una dato clave que no puede ser subestimado. A diferencia del sindicalismo en las demás naciones de Latinoamérica, el movimiento obrero uruguayo se unió por encima de las tendencias.
El informe de la CIDE, en 1963 fue impulsado durante el segundo gobierno blanco. Los datos recogidos dieron una visión sin maquillajes de la situación del país y el Plan propuesto evidenció la toma de conciencia de la gravedad del estancamiento por parte de algunos sectores lúcidos de las elites dirigentes.
Enrique Iglesias, Wilson Ferreira en el Ministerio y un sinnúmero de buenas cabezas, incluyendo a muchos de izquierda, trazaron los lineamientos del Plan de Desarrollo. Se anotó la existencia de "problemas estructurales", en la industria y sobre todo en el agro, referidos a la tenencia de la tierra. Las leyes de reforma agraria propuestas por Wilson Ferreira se enterraron en el Senado. El plan de desarrollo de la CIDE fracasó. Y esa derrota, que fue también el primer gran fracaso de Wilson, las clases dirigentes no se lo pueden endilgar a nadie sino a su propia miopía, a su codicia insaciable y su falta de patriotismo.
Concentración de la riqueza y del capital bancario, endeudamiento externo y fuga de capitales, inflación, rebaja del salario real. Imposibilidad de los gobiernos de revertir la situación de estancamiento. Frente a esa realidad, unidad sindical, movilización obrera y represión estatal. Este cuadro constituirá el telón de fondo de todo el período. Los años sesenta, en Uruguay, son ante todo esa secuencia. Las MPS se impusieron bajo los gobiernos colegiados del Partido Nacional en 1959, 1961, 1963 y 1965. Bajo los gobiernos colorados y presidencialistas: 1967, 1968, 1969, 1970 y 1971. La evolución de la economía acentuaba el malestar popular. La expresión de las demandas gremiales alteraba las reglas de juego de la institucionalidad democrática. La crisis económica hacía vulnerable a la democracia. El "enemigo" del orden era el sindicalismo.
En ese contexto se procesa el surgimiento de la CNT, el Congreso del Pueblo y la elaboración del programa alternativo en 1964, 1965 y 1966. Sin golpe militar como en Argentina y Brasil, en Uruguay para aplicar la remodelación conservadora, que baja el salario y disminuye el gasto social en salud y educación, se configura una democracia política con autoritarismo creciente. Es a partir de la agravación de ese cuadro y en esos contextos que se dan los orígenes de la respuesta armada.
El contexto latinoamericano, las demandas nacionales y sociales
Los procesos anteriores de cambio: las experiencias latinoamericanas desde Balmaceda en Chile a Prestes en Brasil, desde Flores Magón y la revolución mejicana a la experiencia del APRA y Víctor Raúl Haya de la Torre en Perú, desde Farabundo Martí y la insurrecciones salvadoreña en 1932 hasta la República Socialista de Chile de Marmaduke Glove , desde el 17 de octubre, con Perón y Evita, hasta del Bogotazo y el comienzo de la guerra civil en Colombia, desde la revolución boliviana de 1952 hasta la guatemalteca de 1944 a 1954, desde el golpe contra Perón y el suicidio de Vargas, todos esos procesos habían culminado con la derrota de los movimientos populares y antiimperialistas, tanto en sus demandas nacionales como sociales. Con la instalación de dictaduras o democracias subordinadas que perpetuaban las condiciones de atraso y dependencia.
La Revolución Cubana importa no por los fundamentos a que apelan las truculentas versiones conspirativas de la derecha (entrega de armas y dinero, entrenamiento militar para desarrollar la subversión en el Uruguay) sino porque instaló en América Latina dos elementos nuevos:
La victoria de una revolución nacional y democrática que se transforma en revolución social. La última revolución nacional y la primera revolución socialista.
Con ella, casi de inmediato, la contrarrevolución impulsada por los Estados Unidos será la línea ordenadora de toda la política exterior norteamericana hacia la región en los 40 años siguientes;
Las repercusiones de esta "acción preventiva" en nuestro país operaron reforzadas por el peso de los regímenes militares en Argentina y Brasil. Una de sus proyecciones mejor conocidas es su influencia directa en la constitución del pensamiento de las Fuerzas Armadas, elaborado en torno a la idea de la lucha "contra el enemigo interior".
A menudo se le reprocha al sindicalismo y a la izquierda haber incurrido en aquel período en una desvalorización de la democracia. No lo vemos así. En realidad desde 1968, gobernando por decreto y avasallando las potestades de los demás poderes del Estado, Pacheco actuó bajo un régimen de dictadura constitucional.
Cuando la crisis de las instituciones se agravó, la conducción conservadora de los partidos tradicionales y el gobierno adoptaron la inteligente actitud de convocar a "elecciones pese a quien pese". La decisión de las clases dirigentes de dirimir en el terreno electoral, con elecciones "libres" y gente presa, las contradicciones que habían aflorado con el movimiento sindical y con la contestación armada, tuvo un convidado de piedra, el Frente Amplio. Fueron unas elecciones con absoluto monopolio mediático, clima de intimidación y muchas denuncias de irregularidades y en la que la oposición fue dividida.
Convocando a elecciones, el gobierno colorado de Pacheco, bloqueó el camino que desde la contestación armada se intentaba transitar hacia la presentación de la insurgencia como una revolución con objetivos democráticos. En cierto sentido, se alteró la lógica rutinaria de las democracias latinoamericanas. No se dio un golpe neto y visible, pero se llamó a elecciones y se puso todo el aparato del Estado y su política económica para asegurar la victoria del continuismo: salario electoral, dólar electoral. Y esa victoria se logró.
La fundación del Frente Amplio como proyecto político global, capaz de ordenar -desde los intereses populares- una acción del Estado con sentido nacional, social y democrático fue un paso decisivo; una identidad político-partidaria unitaria, con un programa común. Se constituyó así el cauce principal de actuación para figuras y sectores políticos escindidos de los partidos tradicionales que, junto a los partidos históricos, PCU, PS y PDC se fusionan en la expresión política y simbólica de una propuesta alternativa.
La incorporación al FA de los sectores políticos más comprometidos con la causa popular dentro de los partidos tradicionales se sumó a la inclusión del PDC, lo que significó un aporte interesante, sobre todo en ese momento latinoamericano donde en Chile los democristianos aparecían como antagonistas de la unión de las izquierdas plasmada en la Unidad Popular.
En lo programático, definiendo su perfil como resueltamente antioligárquico y antiimperialista, el FA actuó, en esos primeros años de existencia, desarrollando una oposición frontal al modelo.
A la vez, aunque el FA no levantaba, como la UP de Allende, la bandera del socialismo, aparecía como transitando la variante uruguaya de la vía chilena, las elecciones como una alternativa a la violencia revolucionaria.
Las miradas históricas
Hay una historia elaborada desde las derechas que está contenida en los libros de la Junta de Comandantes y que, con algunos matices, repite la conducción de los partidos tradicionales. Hay, además, una bastante incompleta historia desde la izquierda. Y una bastante consistente historia académica.
En estos últimos años, en el campo de la edición, han tendido a prevalecer las visiones discontinuas, anecdóticas, literarias, en relatos y a los que a menudo se incorporan nuevos testimonios sin cotejar críticamente con los datos anteriores.
El debate se ha ido centrando en la pertinencia o no del surgimiento de la guerrilla. A menudo se aborda el tema desde un ángulo impresionístico, sin demasiada preocupación por el orden temporal de los acontecimientos, con un proclamado desdén por la teoría, construyendo el relato con la guía de cómo se inserta en el lenguaje político y en el discurso de hoy, con las reglas que comporta el lenguaje de la televisión.
Dado que, trasmutados al lenguaje mediático, todos los discursos se parecen, no termina de entenderse muy bien a que respondieron las tensiones y enfrentamientos del pasado ni, por lo mismo, la importancia de conocerlos e identificar sus raíces. La experiencia final del fresco "histórico" queda así sintetizada en algunas admoniciones fáciles y sencillas: se deben evitar los excesos y las radicalizaciones, tanto de derecha como de izquierda.
Otra línea de reflexión reciente, entre periodística y académica, tiende a proponer líneas interpretativas de la insurgencia desde un ángulo de condena, en tanto apuntan a explicar el desarrollo de la lucha armada en Uruguay a partir de la imitación del proceso cubano, como "producto del huracán revolucionario que soplaba desde Cuba" y como resultado de la decepción producida por resultados adversos en las elecciones de 1962. Estas visiones dejan sin responder la interrogante de por qué, a partir de 1968-70 se extendió a miles y decenas de miles la adhesión a la propuesta del MLN y cómo se explica la simpatía que suscitó en sectores de la Iglesia y la intelectualidad.
Los que simpatizan o reivindican la acción guerrillera no la defienden como expresión de una de las vías al socialismo, tópico por cierto muy discutido en los años 60 y 70, sino que la fundan en el hecho de haber interpretado la necesidad de defender al pueblo y enfrentar con las armas al golpismo que se preveía desde 1964.
Presentado como una guerra de aparatos, con aportes testimoniales de uno y otro lado, se construye un relato histórico en el que se desvanece la presencia de la sociedad y sus luchas, particularmente las del movimiento obrero, sin las cuales es incomprensible el período histórico de los años 60 y principios de los 70.
En los últimos años, a esto se suman las dificultades de elaboración de una historia escrita que remita a la experiencia de las luchas populares desde el ángulo y con el aporte de la memoria de los ciudadanos corrientes, de los obreros y obreras organizados, que de cuenta de su capacidad de resistencia y su creatividad.
A la vez, la producción historiográfica más modulada y cuidadosa, que nutre en gran medida al pensamiento universitario y educativo, se desempeña soportando un handicap pesado: no es desde las obras académicas que se elabora el discurso histórico para las masas, el que se ilustra con imágenes y se reproduce en la televisión sino el otro que, justamente, se va configurando y retocando para ese fin.
En estos últimos años ha surgido otra vertiente de elaboración de la memoria histórica que apunta a poner el énfasis en los hechos cotidianos, en los heroísmos de la vida común durante aquellos años de lucha por la democracia, la justicia y la libertad. En esos años y en los que siguieron en los que los trabajadores uruguayos protagonizaron tantos episodios dignos de orgullo y se transitaron por experiencias tan ricas en enseñanzas.
Pensando desde las perspectivas y los requerimientos de la izquierda hoy y del futuro próximo,
-donde además de votos se va a necesitar una ciudadanía activa- la descripción, el análisis y la reivindicación del papel jugado por los militantes de base y por la gente común; la historia y lo que importa para comprender esa historia, de los hombres y mujeres que forjaron los sindicatos y los comités de base, hicieron las huelgas, las colectas y las manifestaciones en los años sesenta y setenta, me parece una tarea ideológica y política de primer orden.
09/07/03 Pareceres y compromisos
La República.
Pareceres y compromisos
Hugo Cores
1- Pedir la palabra en estas páginas me impone la necesidad de trasmitir algunas opiniones sobre el diario acontecer que tienen su importancia. Comprometer opinión, por ejemplo, a favor de Mario Handler y su notable aporte al conocimiento de lo que está pasando en esta sociedad. Los rechazos oficialistas a la película "Aparte" dieron muestra de los altos índices de hipocresía que se han apoderado del hablar político actual. Algo nauseabundo que contamina todo el decir político y lo envuelve en esa atmósfera de farsa y cuento del tío con que lo percibe un número creciente de compatriotas. Y en eso marchamos todos.2- Comprometer también opinión a favor de las sentencias recientes del Tribunal de Conducta Política, ¡que nunca nos falte!. Y de reivindicación del contenido de los lineamientos éticos aprobados por el Frente en 1990, lineamientos acerca de los cuales no podría sustentarse una opinión (un documento "antiguo" se ha dicho) sin explicitar urbi et orbi en que sentido se lo quiere "modernizar". 3- El trigésimo aniversario del golpe coincidió con un incremento de los encuentros y reuniones donde se examinó el episodio y a partir de ahí se retomaron algunos debates interesantes. Asistí a varias de esas mesas redondas y creo que en general han sido provechosas, han permitido debatir en torno a las orientaciones que presidían la acción de la izquierda y el movimiento obrero. Que no resulta fácil reconocer los errores propios ha quedado expuesto una vez más.Los golpistas o para-golpistas civiles y militares reiteraron que lo volverían a hacer. Para la derecha, se trató de una conspiración a dos puntas entre la subversión armada y los mandos del Ejército; tampoco creen haberse equivocado.En la izquierda, algunos como el PVP o el MLN reconocen sus errores y carencias, otros se omiten como si entonces no hubieran desplegado su propia orientación y no faltan quienes consideran que entonces tenían, como ahora tienen, toda la razón.Creo que en este despertar han influido varios esfuerzos, entre otros los trabajos publicados por las mujeres de "memorias para armar" en sus distintas ediciones que aportaron nuevas miradas sobre la realidad de la dictadura. También la existencia de actuaciones judiciales (contra Blanco, contra Bordaberry) que muestran que los nervios de la indignación de nuestra sociedad no están paralizados y que la lucha contra la impunidad continúa, pese a que sobre el punto no todos venimos aportando con el mismo entusiasmo.4- Desde el ángulo que reflexiono, estos balances importan por su contribución al quehacer de hoy, a los desafíos inéditos que enfrenta la izquierda, en una sociedad a la que el capitalismo está destruyendo de manera acelerada. En estos días una información de la Intendencia M. de Montevideo da cuenta que hoy la comuna tiene registrado 6.386 carritos de hurgadores. Cada día se suman dos más. La mitad de las personas censadas tiene menos de 18 años. Se registraron 778 niños menores de 5 años. El 80% de las personan que realizan esta actividad no tienen otra ocupación y el 60% de ellas realizan la clasificación de los residuos en su propia casa. En la vida reciente del país ningún guarismo creció más rápido que los que cuantifican la miseria uruguaya. Entre 1984 y el 2002 la población de los asentamientos marginales se multiplicó por 14.De ese brutal fenómeno social (o anti social) no tenemos referencias. Es un martirio que ocurre sin que tomen estado público los nombres de los mártires. Un drama sin fecha, sin lugares. Un despido, después un desalojo. Todo silencioso, todo solapado, todo "bajo el imperio de la ley" en una sociedad democrática. Del barrio obrero al "cantegril", de la fábrica al carrito. "¡Y hay que mantener la boca cerrada!", cantaría la Falta. 5- Las tareas de elaboración de programas en el FA-EP siguen con constancia y dedicación. Algo del futuro de nuestra sociedad se está definiendo ahí, en ese programa. Vale más un paso del movimiento, decía un barbudo, que diez programas. Pero los programas importan y mucho. Permiten discutir desde ahora los caminos, las dificultades y prepararnos para vencerlas.En los próximos meses habrá instancias importantes en este terreno. Tendrá mucha importancia el peso de los trabajadores en los debates programáticos de la izquierda. El próximo gobierno no será un gobierno de los sindicatos, pero será el primero desde la época de José Batlle que no militará contra los sindicatos. Un gobierno que hará que se respete en el país el principio constitucional que garantiza los fueros sindicales y la negociación colectiva. Y que pondrá la cuestión de la recuperación salarial como uno de los primeros puntos de cualquier agenda nacional. Para los trabajadores será la hora de apoyar, exigir, criticar, en un escenario completamente nuevo para el que todos debemos ir preparando nuestras perezosas cabezas. * Hugo Cores es dirigente del PVP La República, Miércoles 9-7-03.
Hugo Cores
1- Pedir la palabra en estas páginas me impone la necesidad de trasmitir algunas opiniones sobre el diario acontecer que tienen su importancia. Comprometer opinión, por ejemplo, a favor de Mario Handler y su notable aporte al conocimiento de lo que está pasando en esta sociedad. Los rechazos oficialistas a la película "Aparte" dieron muestra de los altos índices de hipocresía que se han apoderado del hablar político actual. Algo nauseabundo que contamina todo el decir político y lo envuelve en esa atmósfera de farsa y cuento del tío con que lo percibe un número creciente de compatriotas. Y en eso marchamos todos.2- Comprometer también opinión a favor de las sentencias recientes del Tribunal de Conducta Política, ¡que nunca nos falte!. Y de reivindicación del contenido de los lineamientos éticos aprobados por el Frente en 1990, lineamientos acerca de los cuales no podría sustentarse una opinión (un documento "antiguo" se ha dicho) sin explicitar urbi et orbi en que sentido se lo quiere "modernizar". 3- El trigésimo aniversario del golpe coincidió con un incremento de los encuentros y reuniones donde se examinó el episodio y a partir de ahí se retomaron algunos debates interesantes. Asistí a varias de esas mesas redondas y creo que en general han sido provechosas, han permitido debatir en torno a las orientaciones que presidían la acción de la izquierda y el movimiento obrero. Que no resulta fácil reconocer los errores propios ha quedado expuesto una vez más.Los golpistas o para-golpistas civiles y militares reiteraron que lo volverían a hacer. Para la derecha, se trató de una conspiración a dos puntas entre la subversión armada y los mandos del Ejército; tampoco creen haberse equivocado.En la izquierda, algunos como el PVP o el MLN reconocen sus errores y carencias, otros se omiten como si entonces no hubieran desplegado su propia orientación y no faltan quienes consideran que entonces tenían, como ahora tienen, toda la razón.Creo que en este despertar han influido varios esfuerzos, entre otros los trabajos publicados por las mujeres de "memorias para armar" en sus distintas ediciones que aportaron nuevas miradas sobre la realidad de la dictadura. También la existencia de actuaciones judiciales (contra Blanco, contra Bordaberry) que muestran que los nervios de la indignación de nuestra sociedad no están paralizados y que la lucha contra la impunidad continúa, pese a que sobre el punto no todos venimos aportando con el mismo entusiasmo.4- Desde el ángulo que reflexiono, estos balances importan por su contribución al quehacer de hoy, a los desafíos inéditos que enfrenta la izquierda, en una sociedad a la que el capitalismo está destruyendo de manera acelerada. En estos días una información de la Intendencia M. de Montevideo da cuenta que hoy la comuna tiene registrado 6.386 carritos de hurgadores. Cada día se suman dos más. La mitad de las personas censadas tiene menos de 18 años. Se registraron 778 niños menores de 5 años. El 80% de las personan que realizan esta actividad no tienen otra ocupación y el 60% de ellas realizan la clasificación de los residuos en su propia casa. En la vida reciente del país ningún guarismo creció más rápido que los que cuantifican la miseria uruguaya. Entre 1984 y el 2002 la población de los asentamientos marginales se multiplicó por 14.De ese brutal fenómeno social (o anti social) no tenemos referencias. Es un martirio que ocurre sin que tomen estado público los nombres de los mártires. Un drama sin fecha, sin lugares. Un despido, después un desalojo. Todo silencioso, todo solapado, todo "bajo el imperio de la ley" en una sociedad democrática. Del barrio obrero al "cantegril", de la fábrica al carrito. "¡Y hay que mantener la boca cerrada!", cantaría la Falta. 5- Las tareas de elaboración de programas en el FA-EP siguen con constancia y dedicación. Algo del futuro de nuestra sociedad se está definiendo ahí, en ese programa. Vale más un paso del movimiento, decía un barbudo, que diez programas. Pero los programas importan y mucho. Permiten discutir desde ahora los caminos, las dificultades y prepararnos para vencerlas.En los próximos meses habrá instancias importantes en este terreno. Tendrá mucha importancia el peso de los trabajadores en los debates programáticos de la izquierda. El próximo gobierno no será un gobierno de los sindicatos, pero será el primero desde la época de José Batlle que no militará contra los sindicatos. Un gobierno que hará que se respete en el país el principio constitucional que garantiza los fueros sindicales y la negociación colectiva. Y que pondrá la cuestión de la recuperación salarial como uno de los primeros puntos de cualquier agenda nacional. Para los trabajadores será la hora de apoyar, exigir, criticar, en un escenario completamente nuevo para el que todos debemos ir preparando nuestras perezosas cabezas. * Hugo Cores es dirigente del PVP La República, Miércoles 9-7-03.
27/06/03 El advenimiento de los militares Material extraído del respaldo PC de HC. Brecha.
Uruguay 27 de Junio de 2003
Brecha de Uruguay - Junio de 2003
Protagonista:
El advenimiento de los militares
Hugo Cores *
Entre setiembre de 1971, cuando un decreto de Jorge Pacheco coloca la "lucha contra la subversión" en manos de la Junta de Comandantes, y el golpe de junio del 73 se desarrolla la última etapa de un proceso de desvirtuación de la democracia que por entonces Raúl Cariboni definía como de "dictadura constitucional". Así resume el período Hugo Cores* en la entrevista con BRECHA que se extracta a continuación.
Como suele ocurrir no faltaron los que veían aquel presente con conceptos viejos, y así algunos, desde la izquierda, saludaron ya en setiembre de 1971 el advenimiento de los militares a un nuevo rol. Unos meses después otros, desde un liberalismo político al que no le faltó luego pasión, aceptaron e hicieron posible una ley de seguridad del Estado que ponía en manos de los militares la investigación, la captura, el interrogatorio, la acusación, la defensa y la sentencia a los acusados por delitos políticos. Ah, y también el confinamiento de los condenados. Por esa vía miles de personas quedaron expuestas a un sistema arbitrario, vengativo e irracional.
Dictadura constitucional, democracia con tortura y "justicia" militar, y un Parlamento con mayorías dóciles a los requerimientos de los grupos de tareas. "Los militares no tienen nada de qué quejarse -diría después un senador colorado-, hemos puesto en sus manos todo lo que nos pidieron para el combate a la subversión."
EL MIEDO URUGUAYO. Desde una mirada histórica aquellos meses presentan esa condición ambigua, escurridiza. Los resultados más que exiguos de la actual Comisión para la Paz muestran otra arista de los cerrojos que bloquean aún hoy el conocimiento de la verdad.
A partir de abril de 1972 el miedo se fue extendiendo por el país. Un miedo sordo, que provocó silencios demasiado largos. Algunos duran hasta el presente. Por muchos años se instaló un experimento institucional novedoso: el terrorismo de Estado. Por esto laboraron no sólo los militares. La mayoría de los dirigentes colorados, buena parte de los blancos y también la mayoría de los empresarios agrupados en las cámaras que, así como lo habían hecho cuando Pacheco impuso las medidas de seguridad, formaron fila para saludar a los militares cuando el golpe de junio de 1973.
En el Parlamento la izquierda, con una representación que era la mitad de la actual, dio batallas ejemplares. Durante meses las intervenciones de Zelmar Michelini, Enrique Erro, Rodney Arismendi, Enrique Rodríguez, Juan Pablo Terra, Vivian Trías, para nombrar apenas a los más activos, fueron la única forma de dar a conocer denuncias sobre los graves atropellos a que se estaba sometiendo a una parte de la población.
El objetivo declarado de las acciones represivas eran las organizaciones subversivas, básicamente el MLN y la opr 33. De paso, toda la prensa que desafiara a lo que ya aparecía como un férreo control sobre los medios.
LA HORA DE LA VERDAD. El advenimiento de Bordaberry traía además otras "colas". Antes, en la campaña electoral del 71, el gobierno, que con Pacheco lo controlaba todo, había frenado el alza del dólar y concedido mejoras salariales por encima de lo demandado por la Convención Nacional de Trabajadores (CNT). Bordaberry terminó de manera tajante con aquello: hubo una devaluación gigante y los precios se dispararon. Todos los salarios fueron disminuidos en forma abrupta.
Por entonces en el país no había pleno empleo, pero alrededor del 25 por ciento de la población económicamente activa trabajaba en fábricas, en la construcción o el transporte y estaba organizada.
Una larga experiencia de lucha había fogueado un sindicalismo que pesaba en la vida del país y era un punto de referencia fundamental para los partidos, para la Universidad y para buena parte de la población, sobre todo la de los barrios fabriles.
LA RESISTENCIA OBRERA. El principal escollo social que tuvo el avance autoritario provino justamente del sindicalismo, sobre todo de sus sectores más combativos.
Si bien el MLN había definido expresamente su no compromiso con la actividad sindical ("lo que decide es el foco militar"), parte de los gremialistas participaba de la acción de los tupamaros. Cuando llegó el momento álgido de la represión, muchos sindicalistas vinculados al MLN fueron encarcelados y torturados. Otros, acusados de pertenecer a la opr 33 -que en cambio sí desarrollaba una acción sindical que se entendía concurrente con otras formas de lucha-, alentaron una acción desde lo sindical que resistió el avance militar.
Los "presos por luchar" generaron un duro debate dentro de la CNT que logró, sin embargo, mantener su unidad. En algunos sindicatos, las luchas y las ocupaciones por la libertad de los presos y contra la tortura fueron impresionantes, como lo atestigua una formidable crónica de Hugo Alfaro en Marcha del 7 de julio de 1972. Imposible no evocar, ligadas a estos episodios, algunas figuras de aquella resistencia obrera y popular: León Duarte y Gerardo Gatti, Héctor Rodríguez y Adrián Montañés.
"SIN TREGUAS NI TRANSACCIONES." Hasta el 27 de agosto, en que fui requerido por las Fuerzas Conjuntas, participé como dirigente de la roe (Resistencia Obrero Estudiantil) en innumerables asambleas: en PHUASA, en la planta de funsa en camino Corrales, en sedes de bancos públicos o privados, en sanatorios o fábricas de cerveza.
Unas decenas de miles de personas sintieron que el desenlace de aquella resistencia iba a marcar no sólo los destinos de aquellos primeros presos del Estado terrorista uruguayo por cuya libertad reclamaban, sino también de lo que aún sobrevivía de la institucionalidad democrática uruguaya. No se equivocaron.
Al principio pudo parecer que estaban aislados. En poco tiempo fue la resistencia más extendida de toda la izquierda. El 18 de julio, en un acto central del Frente Amplio, Liber Seregni dijo: "Ninguna fuerza popular ha podido enfrentar al fascismo disminuyendo el nivel de su lucha. (...) No hay treguas ni transacciones posibles con la oligarquía, el imperialismo y los métodos fascistas con que opera: o se los vence o nos derrotan".
De eso se trataba.
Brecha de Uruguay - Junio de 2003
Protagonista:
El advenimiento de los militares
Hugo Cores *
Entre setiembre de 1971, cuando un decreto de Jorge Pacheco coloca la "lucha contra la subversión" en manos de la Junta de Comandantes, y el golpe de junio del 73 se desarrolla la última etapa de un proceso de desvirtuación de la democracia que por entonces Raúl Cariboni definía como de "dictadura constitucional". Así resume el período Hugo Cores* en la entrevista con BRECHA que se extracta a continuación.
Como suele ocurrir no faltaron los que veían aquel presente con conceptos viejos, y así algunos, desde la izquierda, saludaron ya en setiembre de 1971 el advenimiento de los militares a un nuevo rol. Unos meses después otros, desde un liberalismo político al que no le faltó luego pasión, aceptaron e hicieron posible una ley de seguridad del Estado que ponía en manos de los militares la investigación, la captura, el interrogatorio, la acusación, la defensa y la sentencia a los acusados por delitos políticos. Ah, y también el confinamiento de los condenados. Por esa vía miles de personas quedaron expuestas a un sistema arbitrario, vengativo e irracional.
Dictadura constitucional, democracia con tortura y "justicia" militar, y un Parlamento con mayorías dóciles a los requerimientos de los grupos de tareas. "Los militares no tienen nada de qué quejarse -diría después un senador colorado-, hemos puesto en sus manos todo lo que nos pidieron para el combate a la subversión."
EL MIEDO URUGUAYO. Desde una mirada histórica aquellos meses presentan esa condición ambigua, escurridiza. Los resultados más que exiguos de la actual Comisión para la Paz muestran otra arista de los cerrojos que bloquean aún hoy el conocimiento de la verdad.
A partir de abril de 1972 el miedo se fue extendiendo por el país. Un miedo sordo, que provocó silencios demasiado largos. Algunos duran hasta el presente. Por muchos años se instaló un experimento institucional novedoso: el terrorismo de Estado. Por esto laboraron no sólo los militares. La mayoría de los dirigentes colorados, buena parte de los blancos y también la mayoría de los empresarios agrupados en las cámaras que, así como lo habían hecho cuando Pacheco impuso las medidas de seguridad, formaron fila para saludar a los militares cuando el golpe de junio de 1973.
En el Parlamento la izquierda, con una representación que era la mitad de la actual, dio batallas ejemplares. Durante meses las intervenciones de Zelmar Michelini, Enrique Erro, Rodney Arismendi, Enrique Rodríguez, Juan Pablo Terra, Vivian Trías, para nombrar apenas a los más activos, fueron la única forma de dar a conocer denuncias sobre los graves atropellos a que se estaba sometiendo a una parte de la población.
El objetivo declarado de las acciones represivas eran las organizaciones subversivas, básicamente el MLN y la opr 33. De paso, toda la prensa que desafiara a lo que ya aparecía como un férreo control sobre los medios.
LA HORA DE LA VERDAD. El advenimiento de Bordaberry traía además otras "colas". Antes, en la campaña electoral del 71, el gobierno, que con Pacheco lo controlaba todo, había frenado el alza del dólar y concedido mejoras salariales por encima de lo demandado por la Convención Nacional de Trabajadores (CNT). Bordaberry terminó de manera tajante con aquello: hubo una devaluación gigante y los precios se dispararon. Todos los salarios fueron disminuidos en forma abrupta.
Por entonces en el país no había pleno empleo, pero alrededor del 25 por ciento de la población económicamente activa trabajaba en fábricas, en la construcción o el transporte y estaba organizada.
Una larga experiencia de lucha había fogueado un sindicalismo que pesaba en la vida del país y era un punto de referencia fundamental para los partidos, para la Universidad y para buena parte de la población, sobre todo la de los barrios fabriles.
LA RESISTENCIA OBRERA. El principal escollo social que tuvo el avance autoritario provino justamente del sindicalismo, sobre todo de sus sectores más combativos.
Si bien el MLN había definido expresamente su no compromiso con la actividad sindical ("lo que decide es el foco militar"), parte de los gremialistas participaba de la acción de los tupamaros. Cuando llegó el momento álgido de la represión, muchos sindicalistas vinculados al MLN fueron encarcelados y torturados. Otros, acusados de pertenecer a la opr 33 -que en cambio sí desarrollaba una acción sindical que se entendía concurrente con otras formas de lucha-, alentaron una acción desde lo sindical que resistió el avance militar.
Los "presos por luchar" generaron un duro debate dentro de la CNT que logró, sin embargo, mantener su unidad. En algunos sindicatos, las luchas y las ocupaciones por la libertad de los presos y contra la tortura fueron impresionantes, como lo atestigua una formidable crónica de Hugo Alfaro en Marcha del 7 de julio de 1972. Imposible no evocar, ligadas a estos episodios, algunas figuras de aquella resistencia obrera y popular: León Duarte y Gerardo Gatti, Héctor Rodríguez y Adrián Montañés.
"SIN TREGUAS NI TRANSACCIONES." Hasta el 27 de agosto, en que fui requerido por las Fuerzas Conjuntas, participé como dirigente de la roe (Resistencia Obrero Estudiantil) en innumerables asambleas: en PHUASA, en la planta de funsa en camino Corrales, en sedes de bancos públicos o privados, en sanatorios o fábricas de cerveza.
Unas decenas de miles de personas sintieron que el desenlace de aquella resistencia iba a marcar no sólo los destinos de aquellos primeros presos del Estado terrorista uruguayo por cuya libertad reclamaban, sino también de lo que aún sobrevivía de la institucionalidad democrática uruguaya. No se equivocaron.
Al principio pudo parecer que estaban aislados. En poco tiempo fue la resistencia más extendida de toda la izquierda. El 18 de julio, en un acto central del Frente Amplio, Liber Seregni dijo: "Ninguna fuerza popular ha podido enfrentar al fascismo disminuyendo el nivel de su lucha. (...) No hay treguas ni transacciones posibles con la oligarquía, el imperialismo y los métodos fascistas con que opera: o se los vence o nos derrotan".
De eso se trataba.
